Gobierno de Bolivia comienza a cimentar el camino hacia la autonomía de los departamentos
Gobierno de Bolivia comienza a cimentar el camino hacia la autonomía de los departamentos
Sputnik Mundo
El Gobierno boliviano y los nueve departamentos nacionales reflotaron el plan autonómico, planteado hace 20 años. De esta manera apuntan a mejorar la... 07.08.2026, Sputnik Mundo
Veinte años atrás, en Santa Cruz comenzó a sonar una palabra nueva: autonomía. Durante décadas, el Gobierno boliviano tomó decisiones por todos los departamentos, que ni siquiera elegían a sus gobernantes democráticamente. El concepto de autonomía resumía las necesidades y las exigencias de gran parte del país. El llamado centralismo ha sido percibido como una condicionante para el desarrollo de las regiones. Pronto, el planteamiento de la autonomía excedió los límites cruceños para volverse un llamado nacional.En esos tiempos, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) hizo amplias concesiones para acallar la demanda. En los sectores más radicales, este reclamo derivó en propuestas para desmembrar Bolivia, fundamentalmente entre una mitad de departamentos del oriente (liderados por Santa Cruz) y la otra mitad de la región andina.En 2008, las manifestaciones derivaron en el recordado "intento de golpe de Estado cívico-prefectural", como lo llamó Morales, quien pudo desactivar este movimiento con negociaciones y promesas, también con un alto costo humano. En el departamento de Pando, una decena de campesinos fueron asesinados en septiembre de ese año, en enfrentamientos con opositores nucleados en la entonces prefectura pandina.Hasta ese momento, las gobernaciones se llamaban prefecturas y sus dirigentes eran elegidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con la Constitución aprobada en 2009 se incluyó la figura del gobernador electo por voto popular. La Carta Magna también estableció un andamiaje para la implementación de las autonomías, pero los vaivenes políticos impidieron darle el desarrollo requerido. Por varios años, este planteamiento quedó sepultado.Este 5 de agosto, en la ciudad de Sucre se concretó un acuerdo considerado "histórico", como lo calificó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. El presidente Paz y los nueve gobernadores determinaron recuperar el concepto de autonomía para impulsar el desarrollo de los departamentos, esto mediante el traspaso de atribuciones que actualmente tiene el Gobierno central con el fin de dar más protagonismo y capacidad de decisión a las gobernaciones.Al concluir la reunión, Paz declaró: "Más allá de los posicionamientos políticos, hoy se firmó un acuerdo por la patria. Se firmó un acuerdo para construir entre las nueve regiones el desarrollo de la patria, con equidad, de forma solidaria, de forma transparente".El "50-50" fue una de las promesas de campaña, que en la reunión en la Casa de la Libertad comenzó a concretarse. El planteamiento consiste en que los recursos de Bolivia se repartan en forma equitativa: la mitad para el Gobierno nacional y la mitad para las administraciones subnacionales. Actualmente, la proporción es de 85%-15%, por lo cual alcanzar la igualdad requerirá una profunda reingeniería del Estado boliviano.¿Con qué se paga?La aplicación de este plan depende de un tema fundamental: que ingresen recursos para el funcionamiento del Estado. En diálogo con medios, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue concreto: "Es muy difícil hablar ahora de satisfacer demandas y necesidades cuando las finanzas públicas están tan debilitadas. Pero se va a encontrar el camino. Siempre hay un camino cuando hay voluntad política".El funcionario comentó que el acuerdo fue elaborado en reuniones previas con equipos técnicos de los gobernadores y del Ejecutivo. "No ha sido un discurso: ha sido un anuncio. Hay un resultado, hay un acta que se ha firmado. Van a haber un conjunto de reuniones más adelante, porque este es un proceso", añadió.A partir de 2027 "se va a iniciar el proceso de transición que dé materialidad al famoso 50-50. Pero es gradual ordenar las finanzas, plantear un modelo autonómico", explicó.El modelo autonómicoEn la década de 2000, la mayoría de los departamentos bolivianos intentaron avanzar mediante mecanismos democráticos en la aplicación de la autonomía. Una de esas regiones fue Tarija, en el sur. Su gobernadora, María René Soruco Campero, dijo a Sputnik: "Hay mucha esperanza. Hemos estado 20 años a la espera, desde el referéndum departamental de 2006. No venimos a estirar la mano ni a pedir dádivas. Esta es una reivindicación de los departamentos".De aquí en adelante queda avanzar en "tres pilares: soberanía fiscal, que se nos deje de confiscar recursos a través de leyes como la que nos quita el 12% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para financiar tareas de exploración petrolífera, que son competencias que no nos corresponden".Actualmente, las gobernaciones no reciben recursos por coparticipación tributaria. "Queremos pasar de cero a un porcentaje. No podemos avanzar hacia el futuro con miradas viejas y centralistas. Tenemos legitimidad para hacer estos pedidos. Hay departamentos que están a la espera; necesitamos recursos económicos para poner en marcha nuestros programas de gobierno".¿Hacia la consagración de la autonomía?El analista Fernando Romero dijo a Sputnik que este "es el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo autonómico y fiscal vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009. El documento reconoce que el proceso autonómico permanece inconcluso y que las gobernaciones continúan enfrentando limitaciones en materia de generación de ingresos, autonomía presupuestaria y ejercicio efectivo de sus competencias".No obstante, "el acuerdo no establece todavía una coparticipación tributaria 50-50 inmediata, sino una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo".El analista destacó que "por primera vez en muchos años existe un reconocimiento expreso de que las autonomías departamentales no han alcanzado plenamente las facultades económicas y financieras previstas en la Constitución. El acuerdo plantea revisar competencias, financiamiento y potestades tributarias para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales".Por ello, "los beneficios financieros reales podrían tardar varios años en materializarse. Desde una perspectiva presupuestaria, esto limita significativamente el impacto inmediato del acuerdo", consideró Romero.
El Gobierno boliviano y los nueve departamentos nacionales reflotaron el plan autonómico, planteado hace 20 años. De esta manera apuntan a mejorar la distribución de recursos del Estado, hasta llegar al 50% para el Ejecutivo y el 50% para las gobernaciones, como se había comprometido el presidente en su campaña electoral.
Veinte años atrás, en Santa Cruz comenzó a sonar una palabra nueva: autonomía. Durante décadas, el Gobierno boliviano tomó decisiones por todos los departamentos, que ni siquiera elegían a sus gobernantes democráticamente. El concepto de autonomía resumía las necesidades y las exigencias de gran parte del país.
El llamado centralismo ha sido percibido como una condicionante para el desarrollo de las regiones. Pronto, el planteamiento de la autonomía excedió los límites cruceños para volverse un llamado nacional.
En esos tiempos, el entonces presidente Evo Morales (2006-2019) hizo amplias concesiones para acallar la demanda. En los sectores más radicales, este reclamo derivó en propuestas para desmembrar Bolivia, fundamentalmente entre una mitad de departamentos del oriente (liderados por Santa Cruz) y la otra mitad de la región andina.
En 2008, las manifestaciones derivaron en el recordado "intento de golpe de Estado cívico-prefectural", como lo llamó Morales, quien pudo desactivar este movimiento con negociaciones y promesas, también con un alto costo humano. En el departamento de Pando, una decena de campesinos fueron asesinados en septiembre de ese año, en enfrentamientos con opositores nucleados en la entonces prefectura pandina.
Hasta ese momento, las gobernaciones se llamaban prefecturas y sus dirigentes eran elegidos por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con la Constitución aprobada en 2009 se incluyó la figura del gobernador electo por voto popular. La Carta Magna también estableció un andamiaje para la implementación de las autonomías, pero los vaivenes políticos impidieron darle el desarrollo requerido. Por varios años, este planteamiento quedó sepultado.
Este 5 de agosto, en la ciudad de Sucre se concretó un acuerdo considerado "histórico", como lo calificó el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco. El presidente Paz y los nueve gobernadores determinaron recuperar el concepto de autonomía para impulsar el desarrollo de los departamentos, esto mediante el traspaso de atribuciones que actualmente tiene el Gobierno central con el fin de dar más protagonismo y capacidad de decisión a las gobernaciones.
Al concluir la reunión, Paz declaró: "Más allá de los posicionamientos políticos, hoy se firmó un acuerdo por la patria. Se firmó un acuerdo para construir entre las nueve regiones el desarrollo de la patria, con equidad, de forma solidaria, de forma transparente".
Y agregó: "Nosotros vamos a culminar el ciclo del centralismo. Pero reitero, como lo dije muchas veces: de forma ordenada, con un 50-50 que sea de forma ordenada".
El "50-50" fue una de las promesas de campaña, que en la reunión en la Casa de la Libertad comenzó a concretarse. El planteamiento consiste en que los recursos de Bolivia se repartan en forma equitativa: la mitad para el Gobierno nacional y la mitad para las administraciones subnacionales. Actualmente, la proporción es de 85%-15%, por lo cual alcanzar la igualdad requerirá una profunda reingeniería del Estado boliviano.
¿Con qué se paga?
La aplicación de este plan depende de un tema fundamental: que ingresen recursos para el funcionamiento del Estado. En diálogo con medios, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue concreto: "Es muy difícil hablar ahora de satisfacer demandas y necesidades cuando las finanzas públicas están tan debilitadas. Pero se va a encontrar el camino. Siempre hay un camino cuando hay voluntad política".
El funcionario comentó que el acuerdo fue elaborado en reuniones previas con equipos técnicos de los gobernadores y del Ejecutivo. "No ha sido un discurso: ha sido un anuncio. Hay un resultado, hay un acta que se ha firmado. Van a haber un conjunto de reuniones más adelante, porque este es un proceso", añadió.
A partir de 2027 "se va a iniciar el proceso de transición que dé materialidad al famoso 50-50. Pero es gradual ordenar las finanzas, plantear un modelo autonómico", explicó.
"Esto no se reduce a distribuir un dinero que no existe. Vinimos a replantearnos un modelo autonómico que nos permita cumplir las demandas y las necesidades de la gente. Porque al final la gente quiere un Estado que le responda, una democracia que resuelva sus problemas. Es el objetivo común que une al presidente y a los nueve gobernadores", agregó.
El modelo autonómico
En la década de 2000, la mayoría de los departamentos bolivianos intentaron avanzar mediante mecanismos democráticos en la aplicación de la autonomía. Una de esas regiones fue Tarija, en el sur. Su gobernadora, María René Soruco Campero, dijo a Sputnik: "Hay mucha esperanza. Hemos estado 20 años a la espera, desde el referéndum departamental de 2006. No venimos a estirar la mano ni a pedir dádivas. Esta es una reivindicación de los departamentos".
De aquí en adelante queda avanzar en "tres pilares: soberanía fiscal, que se nos deje de confiscar recursos a través de leyes como la que nos quita el 12% del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para financiar tareas de exploración petrolífera, que son competencias que no nos corresponden".
Y continuó: "También queremos alivio fiscal, queremos que se reprogramen nuestras deudas. En el caso de Tarija, hemos recibido la Gobernación en bancarrota".
Actualmente, las gobernaciones no reciben recursos por coparticipación tributaria. "Queremos pasar de cero a un porcentaje. No podemos avanzar hacia el futuro con miradas viejas y centralistas. Tenemos legitimidad para hacer estos pedidos. Hay departamentos que están a la espera; necesitamos recursos económicos para poner en marcha nuestros programas de gobierno".
¿Hacia la consagración de la autonomía?
El analista Fernando Romero dijo a Sputnik que este "es el primer acuerdo nacional orientado a reformar de manera integral el modelo autonómico y fiscal vigente desde la aprobación de la Constitución de 2009. El documento reconoce que el proceso autonómico permanece inconcluso y que las gobernaciones continúan enfrentando limitaciones en materia de generación de ingresos, autonomía presupuestaria y ejercicio efectivo de sus competencias".
No obstante, "el acuerdo no establece todavía una coparticipación tributaria 50-50 inmediata, sino una hoja de ruta para construir reformas legales, institucionales y fiscales que permitan avanzar progresivamente hacia ese objetivo".
El analista destacó que "por primera vez en muchos años existe un reconocimiento expreso de que las autonomías departamentales no han alcanzado plenamente las facultades económicas y financieras previstas en la Constitución. El acuerdo plantea revisar competencias, financiamiento y potestades tributarias para fortalecer la capacidad de gestión de los gobiernos departamentales".
Y contrastó: "Aunque el acuerdo plantea reformas profundas, no incorpora medidas concretas de transferencia de recursos en el corto plazo. Las gobernaciones continúan enfrentando problemas de liquidez, deuda y déficit mientras se desarrollan estudios, diagnósticos y mesas técnicas".
Por ello, "los beneficios financieros reales podrían tardar varios años en materializarse. Desde una perspectiva presupuestaria, esto limita significativamente el impacto inmediato del acuerdo", consideró Romero.
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