¿Qué requiere el Gobierno de Paz para lograr la descentralización de los recursos del Estado boliviano?
¿Qué requiere el Gobierno de Paz para lograr la descentralización de los recursos del Estado boliviano?
Sputnik Mundo
Gobernaciones, alcaldías y universidades le exigen al Gobierno boliviano que cumpla con su promesa de campaña y avance en la distribución de los recursos del... 22.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-22T03:09+0000
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Durante la campaña por la presidencia, en 2025, Paz sostuvo que, de llegar a la Casa Grande del Pueblo, redistribuiría los recursos de Bolivia de una manera más equitativa, de modo que el 50% quedara bajo la gestión del Estado central y el 50% para las gobernaciones, alcaldías y universidades.Actualmente, el Ejecutivo maneja hasta el 88% de los fondos estatales, mientras el 12% queda para los gobiernos subnacionales y otras instituciones. Ahora, los nueve gobernadores le reclaman al jefe de Estado que cumpla con su compromiso. Equilibrar la distribución de recursos en un 50-50 requeriría de una inmensa reingeniería del Estado. Varias funciones del Gobierno central deberían cederse a las gobernaciones, alcaldías y universidades. Para ello, inevitablemente se tendría que modificar la Constitución, para lo cual se necesitarían dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.En enero pasado, recién asumido como presidente, Paz sostuvo que la meta del 50-50 se alcanzaría hasta la finalización de su mandato, en 2030. Tanto legisladores como gobernadores coinciden en que esta meta se logrará gradualmente.El próximo 5 de agosto, previo a la celebración del Día de la Independencia, el mandatario se reunirá con los gobernadores en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, para avanzar en este rediseño institucional.Paz advirtió que el avance hacia el nuevo modelo requerirá de la distribución de ingresos que ahora maneja el Gobierno central, pero a la vez, los departamentos deberán asumir nuevas responsabilidades y obligaciones.El presidente se expresó en sus redes sociales: "La transformación del Estado es una tarea de todos. No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de cambiar la forma en que nuestras instituciones responden y sirven a los ciudadanos".El pasado 16 de julio, siete de los nueve gobernadores se reunieron en la ciudad de El Alto para compartir criterios. Allí arribaron a cuatro puntos de acuerdo. El primero, previsto para 2027, consiste en compartir con el Ejecutivo en un 50% y 50% la recaudación del Impuesto a las Transacciones.También propusieron que el Gobierno transfiera a las gobernaciones la administración de instituciones públicas como el Servicio de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y el Servicio Geológico Minero, entre otras.Propuestas en marchaEn diálogo por Sputnik, Humberto Guarayo, asambleísta de Chuquisaca por el pueblo indígena Yampara, dijo cuáles son los pasos para avanzar hacia el 50-50. Comentó que, actualmente, cinco departamentos carecen de estos estatutos, que deberían elaborar a la brevedad para avanzar en el proceso.Para Guarayo, se trata de avanzar en el régimen de autonomías, previsto por la Constitución, pero aún sin un marco legal para desarrollarlas. En los estatutos departamentales "va a estar definida la visión y la configuración de institucionalidad autonómica para cada departamento".Al ser cuestionado sobre su postura frente a la reforma constitucional que rige en el país sudamericano desde 2009, destacó que su espíritu respondía a la coyuntura de aquel momento, en el que había "bonanza económica" y "muchos ingresos de regalías de la venta de hidrocarburos".Consideró que la actual Constitución está marcada "por una visión a corto plazo. Por eso no se ha terminado de rediseñar la nueva institucionalidad ni el Estado plurinacional, porque no hay nueva institucionalidad, ni una Bolivia autonómica. En las leyes, ese desarrollo no se ha materializado".El legislador evaluó que, si se modifica la Constitución, "tiene que ser para un progreso en cuestión de derechos. No puede ser para un retroceso". Por ello, apuntó que será fundamental el diálogo a inaugurar el próximo 5 de agosto en Sucre, que junto a La Paz conforman las dos capitales bolivianas.Retraso en el presupuestoEl analista Fernando Romero dijo por su parte a este medio que en Bolivia aún no fue aprobado el Presupuesto General del Estado para 2026, el cual podría tratarse en la Asamblea en agosto próximo, con lo cual tendría una vigencia de apenas cinco meses. Evidentemente, no hay margen técnico, financiero ni legal para que el 50-50 se aplique en esa gestión. Entonces, está descartado en este año".Para Romero, la elaboración de este plan "debe construirse en un proceso estratégico y sinérgico entre las gobernaciones, municipios, alcaldías, universidades y el Gobierno central". Pero el Ejecutivo "está pasando una situación muy complicada, por lo cual de buenas a primeras no va a soltar, digamos, la mamadera".Recordó que el Gobierno "está enfrentando un problema de déficit fiscal de dos años consecutivos, además de la escasez de divisas y las mayores necesidades de financiamiento del Tesoro General de la Nación (TGN), con presión sobre el gasto social y el pago del servicio de la deuda".Por ello, "creo que en ese momento es muy difícil que el Gobierno vaya a prescindir de sus recursos, porque gasta más de 200 millones de bolivianos al día", unos 18,5 millones de dólares.Para Romero, "no se debe creer que es una distribución como si fuese una torta. El 50-50 debe ser un proceso para crear un nuevo escenario de administración del presupuesto".En ese sentido, estimó que el Gobierno nacional debe librarse de atribuciones en temas como salud, educación y seguridad. "Otros aspectos, como la autonomía, la independencia y soberanía nacional, así como el manejo de los recursos naturales, deben ser sí o sí administrados y manejados por el Gobierno central", añadió.Romero coincidió con el asambleísta de Chuquisaca en el sentido de que "se debe hacer un cambio en la normativa madre, que es la Constitución, no solamente para hacer una reingeniería financiera, sino también para la administración y uso de recursos naturales, como litio e hidrocarburos".
Gobernaciones, alcaldías y universidades le exigen al Gobierno boliviano que cumpla con su promesa de campaña y avance en la distribución de los recursos del Estado en un 50% para el Ejecutivo y un 50% para las administraciones subnacionales. Actualmente, la gestión Paz administra hasta el 88% de los fondos públicos.
Durante la campaña por la presidencia, en 2025, Paz sostuvo que, de llegar a la Casa Grande del Pueblo, redistribuiría los recursos de Bolivia de una manera más equitativa, de modo que el 50% quedara bajo la gestión del Estado central y el 50% para las gobernaciones, alcaldías y universidades.
Actualmente, el Ejecutivo maneja hasta el 88% de los fondos estatales, mientras el 12% queda para los gobiernos subnacionales y otras instituciones. Ahora, los nueve gobernadores le reclaman al jefe de Estado que cumpla con su compromiso.
Equilibrar la distribución de recursos en un 50-50 requeriría de una inmensa reingeniería del Estado. Varias funciones del Gobierno central deberían cederse a las gobernaciones, alcaldías y universidades. Para ello, inevitablemente se tendría que modificar la Constitución, para lo cual se necesitarían dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En enero pasado, recién asumido como presidente, Paz sostuvo que la meta del 50-50 se alcanzaría hasta la finalización de su mandato, en 2030. Tanto legisladores como gobernadores coinciden en que esta meta se logrará gradualmente.
El próximo 5 de agosto, previo a la celebración del Día de la Independencia, el mandatario se reunirá con los gobernadores en la ciudad de Sucre, departamento de Chuquisaca, para avanzar en este rediseño institucional.
Paz advirtió que el avance hacia el nuevo modelo requerirá de la distribución de ingresos que ahora maneja el Gobierno central, pero a la vez, los departamentos deberán asumir nuevas responsabilidades y obligaciones.
El presidente se expresó en sus redes sociales: "La transformación del Estado es una tarea de todos. No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de cambiar la forma en que nuestras instituciones responden y sirven a los ciudadanos".
La transformación del Estado es una tarea de todos. No se trata únicamente de destinar más recursos, sino de cambiar la forma en que nuestras instituciones responden y sirven a los ciudadanos.
El Estado tranca no es un problema exclusivo del Gobierno central; también está…
El pasado 16 de julio, siete de los nueve gobernadores se reunieron en la ciudad de El Alto para compartir criterios. Allí arribaron a cuatro puntos de acuerdo. El primero, previsto para 2027, consiste en compartir con el Ejecutivo en un 50% y 50% la recaudación del Impuesto a las Transacciones.
También propusieron que el Gobierno transfiera a las gobernaciones la administración de instituciones públicas como el Servicio de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y el Servicio Geológico Minero, entre otras.
Propuestas en marcha
En diálogo por Sputnik, Humberto Guarayo, asambleísta de Chuquisaca por el pueblo indígena Yampara, dijo cuáles son los pasos para avanzar hacia el 50-50.
Las gobernaciones "están trabajando en propuestas. Se analizan las competencias de los gobiernos municipales, los gobiernos autónomos departamentales y el Gobierno central. Para nosotros no solamente se trata de pedir, sino que necesitamos una norma básica, que es el Estatuto Autonómico departamental", dijo.
Comentó que, actualmente, cinco departamentos carecen de estos estatutos, que deberían elaborar a la brevedad para avanzar en el proceso.
Para Guarayo, se trata de avanzar en el régimen de autonomías, previsto por la Constitución, pero aún sin un marco legal para desarrollarlas. En los estatutos departamentales "va a estar definida la visión y la configuración de institucionalidad autonómica para cada departamento".
Al ser cuestionado sobre su postura frente a la reforma constitucional que rige en el país sudamericano desde 2009, destacó que su espíritu respondía a la coyuntura de aquel momento, en el que había "bonanza económica" y "muchos ingresos de regalías de la venta de hidrocarburos".
"La ley era muy diferente. Quizás no hemos tenido una visión a largo plazo, una mirada de cómo va a ser Bolivia hoy y Bolivia en el futuro", añadió.
Consideró que la actual Constitución está marcada "por una visión a corto plazo. Por eso no se ha terminado de rediseñar la nueva institucionalidad ni el Estado plurinacional, porque no hay nueva institucionalidad, ni una Bolivia autonómica. En las leyes, ese desarrollo no se ha materializado".
El legislador evaluó que, si se modifica la Constitución, "tiene que ser para un progreso en cuestión de derechos. No puede ser para un retroceso". Por ello, apuntó que será fundamental el diálogo a inaugurar el próximo 5 de agosto en Sucre, que junto a La Paz conforman las dos capitales bolivianas.
El analista Fernando Romero dijo por su parte a este medio que en Bolivia aún no fue aprobado el Presupuesto General del Estado para 2026, el cual podría tratarse en la Asamblea en agosto próximo, con lo cual tendría una vigencia de apenas cinco meses. Evidentemente, no hay margen técnico, financiero ni legal para que el 50-50 se aplique en esa gestión. Entonces, está descartado en este año".
Para Romero, la elaboración de este plan "debe construirse en un proceso estratégico y sinérgico entre las gobernaciones, municipios, alcaldías, universidades y el Gobierno central". Pero el Ejecutivo "está pasando una situación muy complicada, por lo cual de buenas a primeras no va a soltar, digamos, la mamadera".
Recordó que el Gobierno "está enfrentando un problema de déficit fiscal de dos años consecutivos, además de la escasez de divisas y las mayores necesidades de financiamiento del Tesoro General de la Nación (TGN), con presión sobre el gasto social y el pago del servicio de la deuda".
Por ello, "creo que en ese momento es muy difícil que el Gobierno vaya a prescindir de sus recursos, porque gasta más de 200 millones de bolivianos al día", unos 18,5 millones de dólares.
Para Romero, "no se debe creer que es una distribución como si fuese una torta. El 50-50 debe ser un proceso para crear un nuevo escenario de administración del presupuesto".
En ese sentido, estimó que el Gobierno nacional debe librarse de atribuciones en temas como salud, educación y seguridad. "Otros aspectos, como la autonomía, la independencia y soberanía nacional, así como el manejo de los recursos naturales, deben ser sí o sí administrados y manejados por el Gobierno central", añadió.
Romero coincidió con el asambleísta de Chuquisaca en el sentido de que "se debe hacer un cambio en la normativa madre, que es la Constitución, no solamente para hacer una reingeniería financiera, sino también para la administración y uso de recursos naturales, como litio e hidrocarburos".
Y agregó: "Acá no se trata sólo de redistribuir, sino que se deben generar más recursos. Cada departamento tiene que generar dinero, atraer inversiones, generar empleo, para así depender cada vez menos de los recursos gubernamentales, que además son escasos".
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