A tres meses de comenzar, el Gobierno de Paz "debe terminar de aterrizar en la realidad boliviana"

El Gobierno de Rodrigo Paz cumplió sus primeros tres meses de gestión, en los cuales logró revertir un escenario adverso luego de dos décadas de mandato del Movimiento Al Socialismo (MAS), el cual cedió la Casa Grande del Pueblo en 2025 en medio de una formidable crisis económica.

El nuevo presidente eliminó la subvención a los combustibles con apoyo de la población, reinsertó al país en espacios de negociación internacional sin descuidar los vínculos construidos con Rusia y China, entre otros actores del mundo multipolar, y acordó la llegada de más de 8.000 millones de dólares en créditos internacionales.

Analistas consultados por Sputnik evaluaron que el panorama es desafiante, con varios pasos a dar para lograr una recuperación concreta de la economía, evitando que el país vuelva a estancarse, además de quedar millonariamente endeudado con organismos internacionales. Todo depende de la astucia con la que se mueva el Gobierno de Paz en los próximos meses, sostuvieron.

El nuevo Gobierno asumió el 8 de noviembre de 2025 con dos enormes problemas adelante: la falta de combustible y la escasez de divisas. La carencia de gasolina y diésel provocó durante dos años filas de kilómetros ante las estaciones de servicio del país, lo cual minó la confianza ciudadana en la anterior administración de Luis Arce (2020-2025).

En ese momento, el Estado no contaba con los recursos necesarios para importar combustibles, tampoco tenía la producción petrolera necesaria para refinarlos en el país, causada por la dejadez en años anteriores por descubrir y explotar nuevos pozos hidrocarburíferos.

Ni bien asumió la presidencia, Paz hizo público que mantenía un diálogo con el Gobierno de Donald Trump, quien se comprometió a apoyar al país de su nuevo aliado. En un contexto de injerencia creciente de Estados Unidos en América Latina, Bolivia abrió las puertas al regreso de las operaciones de la DEA, la agencia antidroga de la nación norteamericana, en el territorio nacional.

Durante 2024 y 2025, la escasez de dólares promovió la aparición de una cotización paralela, la cual llegó a los 23 pesos bolivianos por cada dólar, mientras el precio oficial era (y todavía se mantiene) en 6,96 unidades. La buena sintonía con el sector empresario exportador, sumado a la adquisición de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (por 4.500 millones de dólares) y con la Corporación Andina de Fomento (por 3.100 millones de dólares) dio oxígeno al mercado cambiario, de modo que su costo informal se redujo a alrededor de nueve pesos por cada dólar.

Pero ¿podrá Paz reactivar el aparato productivo para asumir los costos de la deuda? Este interrogante se develará en los próximos meses, en un 2026 crucial para el Gobierno y la población boliviana.

En un diálogo con Sputnik, el politólogo Marcelo Arequipa evaluó que el nuevo Gobierno todavía está en "un proceso de aprendizaje". Consideró que el Ejecutivo debe afinar su vínculo con la Asamblea Legislativa, donde hasta el momento no pudo motorizar las normativas que necesita para desarrollar su proyecto económico. La misma falta de piel se evidencia con los sectores sociales, a los cuales el mismo presidente señaló como sus contrincantes.

El primer gran conflicto social que enfrentó Paz se inició a finales de diciembre pasado, con la firma del decreto 5503, el cual dispuso el fin de la subvención a los carburantes, que en 2025 costó al Estado un total de 3.500 millones de dólares.

Esta medida contó con apoyo mayoritario de la población, pero entre los 120 artículos del decreto se incluían varias medidas económicas polémicas, como el establecimiento de la firma exprés de contratos con empresas internacionales para la explotación de recursos naturales, prescindiendo del visto bueno de la Asamblea, como lo establece la Constitución.

Luego de semanas de protestas y negociación con la Central Obrera Boliviana (COB), con más de 70 puntos de bloqueo en las carreteras del país, el Gobierno aceptó abrogar el 5503, pero manteniendo la eliminación de la subvención a los carburantes. Los puntos urticantes de este decreto se pospusieron para su debate en la Asamblea, lo cual aún no ha ocurrido.

Con la abrogación del decreto, el Gobierno de Paz "perdió la posibilidad de implementar transformaciones profundas en el país. Ahora su trabajo se ve limitado a implementar un conjunto de reformas", que llevan al Ejecutivo a pensar "una nueva estrategia política y una nueva estrategia comunicacional" para lograr imponerlas, señaló el analista.

Arequipa resaltó que la crisis por la falta de combustibles aún tiene aliento. Si bien las largas filas ante las estaciones de servicio desaparecieron, en las últimas semanas varios sindicatos de choferes y transportistas iniciaron protestas por la mala calidad de la gasolina, lo cual provocó el mal funcionamiento de miles de vehículos en todo el país.

Asimismo, el Gobierno denunció que durante la anterior gestión se compró gasolina con sobreprecio, tema que está bajo investigación de la justicia. Por este motivo tiene orden de detención el expresidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia), Armin Dorgathen, quien ya no está en el país.

Pero este 10 de febrero se informó que la actual Administración adquirió combustibles con un sobreprecio de cuatro millones de dólares en comparación a los números de 2025, lo cual también será materia de investigación. "Entonces, el nivel de tensión no ha desaparecido del todo", comentó Arequipa.

Aunque Paz llegó a la presidencia con el 55% de votos en balotaje, en las elecciones generales obtuvo el 27%, lo cual le depara ese porcentaje de legisladores en la Asamblea Legislativa. Ello no le garantiza la mayoría absoluta para impulsar proyectos de ley, además que dentro de sus abigarradas filas no hay criterios de apoyo pleno a lo establecido por el nuevo Gobierno.

"No veo un movimiento activo desde el Ejecutivo para aprobar proyectos de ley comprometidos durante la campaña. Hemos visto más bien una seguidilla de firmas de decretos", dijo el analista. Por ello indicó que este es un punto a fortalecer, así como la comprensión de las organizaciones sociales: "El Gobierno debe terminar de aterrizar en la realidad boliviana, en la que una pata de la gobernabilidad está sostenida por la calle. No debe negarla".

El Gobierno de Paz enfrentará un gran desafío político en las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo, cuando se elegirán nueve gobernadores, 340 alcaldes y miles de concejales municipales, entre otros puestos a cubrir. Es una oportunidad para el nuevo mandatario, quien necesita contar con apoyo territorial concreto en barrios y comunidades del país.

El analista Francisco Tupaj García dijo a Sputnik que el nuevo Gobierno priorizó algunas plazas para dar pelea, mientras parte importante del país quedará en manos de la oposición.

"El Gobierno no juega en todas las canchas nacionales. Ha elegido algunas, las más importantes", advirtió. Mencionó la Gobernación y la alcaldía de La Paz, porque controlar estos espacios podría eventualmente blindar a la sede de Gobierno ante posibles protestas sociales.

También se apunta a conquistar la Gobernación y la alcaldía de Tarija, de donde Paz es originario (aunque nació en el exilio en España). También están en marcha "algunos intentos sólidos para ganar los departamentos de Chuquisaca y Oruro. En el resto del país, Paz tiene candidatos cuya intención de voto está por debajo del 5%", comentó García.

El analista consideró que el nuevo Gobierno es consciente de que en el resto de los departamentos y ciudades "existen presiones y tensiones internas entre élites empresariales locales" que dificultarían el triunfo de los candidatos avalados por el presidente.

García pronosticó que para marzo próximo son acotadas las posibilidades del disgregado bloque de izquierda, que supo en años anteriores sostener a los Gobiernos del MAS. Aunque tendría posibilidades el exsenador evista Leonardo Loza de ganar la Gobernación de Cochabamba. Con su líder en la clandestinidad desde hace más de un mes, un eventual triunfo en este departamento les daría a las fuerzas populares un piso desde el cual reorganizarse, juzgó el experto.

Según una reciente encuesta de Ciesmori, el presidente Paz goza de un 65% de apoyo en todo el país. Pero esta cifra no se trasladaría a los resultados de las subnacionales: "Debemos recordar que en las elecciones de 2014 Evo ganó con el 61%, pero un año después (en las subnacionales) perdió en las 10 ciudades más importantes del país", advirtió García.

Esto se debe a que "el voto en las subnacionales corresponde a intereses locales, donde se pone en juego el prestigio de los candidatos del lugar. Son otras trayectorias. En última instancia, si el Gobierno pierde puede llegar a acuerdos con los gobiernos locales".

En estos días, el presidente Paz dejó varias reflexiones sobre sus primeros tres meses de ejercicio: "No se puede volver a ese pasado (el del MAS). Hay una vieja política, hay una vieja forma también de las organizaciones que están intentando derrumbar este Gobierno, están intentando sacudir este Gobierno porque no entienden que se acabó un ciclo", dijo en un encuentro con empresarios en La Paz. La Asamblea debate en estos días una ley "antibloqueos" que impediría las manifestaciones como las de enero pasado, que echaron por tierra el decreto 5503.

Paz calificó la recuperación económica registrada en 90 días como "un milagro que solo se ha dado porque hay un pueblo maduro, que entiende que la estabilidad es un bien público", sostuvo en un acto de entrega de un tomógrafo al Hospital Obrero de Tarija.

Consultado sobre cuáles son los principales desafíos que le quedan a Paz hasta 2030, Arequipa señaló que "primero debe terminar de administrar los problemas económicos del país para luego privilegiar la generación de ingresos. Porque hasta ahora solamente vemos que se contrae deuda, pero esos no son ingresos".