Fiscalía de Bolivia "ha sido subordinada al control del Ejecutivo", señala experto
Fiscalía de Bolivia "ha sido subordinada al control del Ejecutivo", señala experto
Sputnik Mundo
Los poderes Ejecutivo y Legislativo consensuaron la designación de José Antonio Urioste al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución dañada por... 07.10.2026, Sputnik Mundo
Con la toma de protesta del nuevo fiscal general del Estado, José Antonio Urioste, el Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo que se daba inicio a la "reforma de la justicia", impulsada en varias ocasiones en los últimos años, pero sin los resultados buscados. El exfiscal Roger Mariaca está detenido por presuntamente liderar una organización criminal para proteger a narcotraficantes a cambio de sumas millonarias de dinero, de la cual participaban las nueve fiscalías departamentales, según el Ejecutivo.En sus apariciones públicas, Urioste sostuvo que fue elegido por la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional por su trayectoria, sin que hubiera comprado votos ni ofrecido favores políticos. En el mismo sentido, aseguró que desarrollará su trabajo de manera independiente, aunque ello implique un perjuicio para el Gobierno de Paz (salpicado por el escándalo del exasesor presidencial Fernando Cerimedo) o para los seguidores del expresidente Evo Morales, sobre quien pesan dos órdenes de detención.Urioste fue designado de manera interina por 90 días, hasta el 5 de enero de 2027, cuando la Asamblea nombrará al nuevo titular del Ministerio Público. El fiscal interino adelantó que se postulará para continuar en el cargo el año que viene.Tanto el Gobierno como Urioste presentaron un panorama deplorable para la justicia, en cuyo ámbito la corrupción sería la moneda corriente. Como muestra, señalaron el caso de Mariaca, quien, junto con otros 13 detenidos (entre funcionarios fiscales y policiales), está acusado de mover millones de pesos bolivianos y miles de dólares provenientes de actividades ilícitas, como lo constataron las investigaciones.En este contexto, las fuerzas políticas de la Asamblea preparan una reforma constitucional, que también incluirá las modificaciones en la impartición de justicia que consideran necesarias.El fiscal general y el Gobierno resaltaron, por separado, el rol del Escudo de las Américas, creado y liderado por Estados Unidos. "Hay organismos internacionales con los que tenemos tratados internacionales, entonces están viniendo expertos que nos van a colaborar. Hemos hablado con el Escudo de las Américas, hemos hablado con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses y nos están cooperando. Va a venir gente especializada en todo este tema", dijo Urioste sobre el caso Mariaca.Institucionalidad perdidaEn diálogo con Sputnik, el analista Emilio Rodas destacó que Mariaca "pertenece a una estructura criminal" y que su detención "es parte de esta caída sin fondo de la institucionalidad del Estado boliviano".La operación para capturar a Mariaca fue hecha al margen del Ministerio Público, ante la sospecha de actos de corrupción en sus más altos niveles. Por ello, "no hubo un fiscal en la detención, no hubo una orden judicial que determinara su privación de la libertad, porque según el sistema penal boliviano solo un juez puede privar de la libertad".Asimismo, la nueva ley establece que un fiscal puede ser destituido solo con una denuncia, sin que aún exista una sentencia ejecutoriada, lo cual contradice el principio jurídico de presunción de inocencia. "Por lo cual se colige que la Fiscalía en este momento ha sido subordinada al control del Ejecutivo a partir de una operación parlamentaria", consideró el analista.Rodas señaló que las tres fuerzas principales, el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC); la Alianza Libre, liderada por Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), y la Alianza Unidad, bajo el mando de Samuel Doria Medina, "han actuado de manera coordinada y han decidido suplantar el ordenamiento jurídico nacional para subordinarse al Ejecutivo".Reformas en caminoLos asambleístas ya trabajan en la reforma constitucional, pero no podrá tratarse mientras continúe el estado de excepción, que concluirá a finales de 2026. Aún no se conocen los puntos a modificar en la justicia, pero hay consenso en eliminar la elección popular de los jueces de los máximos tribunales, como se había implementado a partir de 2011.Para Rodas, la reforma debe llevarse adelante escuchando a la población, "porque estas transformaciones profundas y estructurales no son producto del voluntarismo. Es un proceso de acumulación de capital social que la sociedad va construyendo en función del sistema de justicia que necesita".Y resaltó: "Esta crisis de la justicia proviene de la crisis política que estamos viviendo en el país. No tenemos una democracia consolidada, no tenemos una institucionalidad reforzada. Más bien, las instituciones se han caído, las instituciones se han debilitado. Todo el mundo relaciona a la Policía Boliviana con el ilícito. Todo el mundo sabe que los jueces, fiscales y demás son absolutamente permeables al soborno".Embajadas en la AsambleaLa analista y escritora Quya Reina recordó en conversación con este medio que cuando la Asamblea trató la destitución de Mariaca, en el hemiciclo había representantes de las embajadas de EEUU y Perú, quienes supuestamente buscaban influir en el proceso, según se denunció en el Legislativo.Reina dijo que el conflicto entre el Gobierno y la Fiscalía comenzó el agosto pasado, cuando fue detenido el argentino Cerimedo por el intento de femicidio de su entonces pareja Nadia Beller. Al exasesor se le sumaron nuevas acusaciones por enriquecimiento ilícito. No obstante, la analista consideró que las pruebas contra Mariaca son contundentes, sobre todo en lo relacionado al cobro de sobornos al narco uruguayo Sebastián Marset, preso en EEUU.Para la especialista, existe la posibilidad de que "con el nuevo fiscal y el desplazamiento de Roger Mariaca se busque minimizar, reducir, ocultar información o, por último, liberar a Fernando Cerimedo", actualmente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.En el contexto del estado de excepción, también sería una ventaja para el Gobierno "tener un Ministerio Público funcional para imputar, arrestar o perseguir a cualquier enemigo u opositor. Es lo que dijo el ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo) en conferencia de prensa: que van a hacer una persecución a todas las personas que estén del lado del delito, y usó la palabra narcoterrorismo".
Los poderes Ejecutivo y Legislativo consensuaron la designación de José Antonio Urioste al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución dañada por casos de corrupción, como lo demuestra la detención del exfiscal Roger Mariaca. ¿Está garantizada la independencia de este cuerpo investigativo?
Con la toma de protesta del nuevo fiscal general del Estado, José Antonio Urioste, el Gobierno de Rodrigo Paz sostuvo que se daba inicio a la "reforma de la justicia", impulsada en varias ocasiones en los últimos años, pero sin los resultados buscados.
El exfiscal Roger Mariaca está detenido por presuntamente liderar una organización criminalpara proteger a narcotraficantes a cambio de sumas millonarias de dinero, de la cual participaban las nueve fiscalías departamentales, según el Ejecutivo.
En sus apariciones públicas, Urioste sostuvo que fue elegido por la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional por su trayectoria, sin que hubiera comprado votos ni ofrecido favores políticos.
En el mismo sentido, aseguró que desarrollará su trabajo de manera independiente, aunque ello implique un perjuicio para el Gobierno de Paz (salpicado por el escándalo del exasesor presidencial Fernando Cerimedo) o para los seguidores del expresidente Evo Morales, sobre quien pesan dos órdenes de detención.
Urioste fue designado de manera interina por 90 días, hasta el 5 de enero de 2027, cuando la Asamblea nombrará al nuevo titular del Ministerio Público. El fiscal interino adelantó que se postulará para continuar en el cargo el año que viene.
Tanto el Gobierno como Urioste presentaron un panorama deplorable para la justicia, en cuyo ámbito la corrupción sería la moneda corriente. Como muestra, señalaron el caso de Mariaca, quien, junto con otros 13 detenidos (entre funcionarios fiscales y policiales), está acusado de mover millones de pesos bolivianos y miles de dólares provenientes de actividades ilícitas, como lo constataron las investigaciones.
En este contexto, las fuerzas políticas de la Asamblea preparan una reforma constitucional, que también incluirá las modificaciones en la impartición de justicia que consideran necesarias.
"Que se preocupen los delincuentes y los que tienen órdenes (de aprehensión). No estamos paralizando casos, ni el de Evo, ni el de Cerimedo, que son casos emblemáticos, ni las maletas, ni el oro. No hay caso que se haya paralizado y no se van a paralizar. Somos independientes", dijo Urioste en conferencia de prensa.
El fiscal general y el Gobierno resaltaron, por separado, el rol del Escudo de las Américas, creado y liderado por Estados Unidos. "Hay organismos internacionales con los que tenemos tratados internacionales, entonces están viniendo expertos que nos van a colaborar. Hemos hablado con el Escudo de las Américas, hemos hablado con el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses y nos están cooperando. Va a venir gente especializada en todo este tema", dijo Urioste sobre el caso Mariaca.
Institucionalidad perdida
En diálogo con Sputnik, el analista Emilio Rodas destacó que Mariaca "pertenece a una estructura criminal" y que su detención "es parte de esta caída sin fondo de la institucionalidad del Estado boliviano".
La operación para capturar a Mariaca fue hecha al margen del Ministerio Público, ante la sospecha de actos de corrupción en sus más altos niveles. Por ello, "no hubo un fiscal en la detención, no hubo una orden judicial que determinara su privación de la libertad, porque según el sistema penal boliviano solo un juez puede privar de la libertad".
En este sentido, destacó el acuerdo de la Asamblea para aprobar una ley referida a la destitución de Mariaca. "Se creó otro marco normativo para dar legalidad a lo que ya se había actuado y eso está totalmente fuera de cualquier contexto legal", dijo Rodas.
Asimismo, la nueva ley establece que un fiscal puede ser destituido solo con una denuncia, sin que aún exista una sentencia ejecutoriada, lo cual contradice el principio jurídico de presunción de inocencia. "Por lo cual se colige que la Fiscalía en este momento ha sido subordinada al control del Ejecutivo a partir de una operación parlamentaria", consideró el analista.
Rodas señaló que las tres fuerzas principales, el oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC); la Alianza Libre, liderada por Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), y la Alianza Unidad, bajo el mando de Samuel Doria Medina, "han actuado de manera coordinada y han decidido suplantar el ordenamiento jurídico nacional para subordinarse al Ejecutivo".
Reformas en camino
Los asambleístas ya trabajan en la reforma constitucional, pero no podrá tratarse mientras continúe el estado de excepción, que concluirá a finales de 2026. Aún no se conocen los puntos a modificar en la justicia, pero hay consenso en eliminar la elección popular de los jueces de los máximos tribunales, como se había implementado a partir de 2011.
Para Rodas, la reforma debe llevarse adelante escuchando a la población, "porque estas transformaciones profundas y estructurales no son producto del voluntarismo. Es un proceso de acumulación de capital social que la sociedad va construyendo en función del sistema de justicia que necesita".
Y resaltó: "Esta crisis de la justicia proviene de la crisis política que estamos viviendo en el país. No tenemos una democracia consolidada, no tenemos una institucionalidad reforzada. Más bien, las instituciones se han caído, las instituciones se han debilitado. Todo el mundo relaciona a la Policía Boliviana con el ilícito. Todo el mundo sabe que los jueces, fiscales y demás son absolutamente permeables al soborno".
Embajadas en la Asamblea
La analista y escritora Quya Reina recordó en conversación con este medio que cuando la Asamblea trató la destitución de Mariaca, en el hemiciclo había representantes de las embajadas de EEUU y Perú, quienes supuestamente buscaban influir en el proceso, según se denunció en el Legislativo.
Reina dijo que el conflicto entre el Gobierno y la Fiscalía comenzó el agosto pasado, cuando fue detenido el argentino Cerimedo por el intento de femicidio de su entonces pareja Nadia Beller. Al exasesor se le sumaron nuevas acusaciones por enriquecimiento ilícito. No obstante, la analista consideró que las pruebas contra Mariaca son contundentes, sobre todo en lo relacionado al cobro de sobornos al narco uruguayo Sebastián Marset, preso en EEUU.
Para la especialista, existe la posibilidad de que "con el nuevo fiscal y el desplazamiento de Roger Mariaca se busque minimizar, reducir, ocultar información o, por último, liberar a Fernando Cerimedo", actualmente en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.
En el contexto del estado de excepción, también sería una ventaja para el Gobierno "tener un Ministerio Público funcional para imputar, arrestar o perseguir a cualquier enemigo u opositor. Es lo que dijo el ministro de Gobierno (Marco Antonio Oviedo) en conferencia de prensa: que van a hacer una persecución a todas las personas que estén del lado del delito, y usó la palabra narcoterrorismo".
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