Las elecciones judiciales, programadas para el próximo 1 de diciembre, no son ajenas a la fragilidad institucional que afecta hoy a los poderes de Bolivia. Dos sentencias de juzgados departamentales de Beni y Pando pusieron en suspenso este proceso desarrollado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), desde donde se acusó que hay en marcha un "golpe a la democracia". Tendrá la última palabra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que analiza el caso.
Mientras tanto, otra sentencia de un juzgado de la ciudad de El Alto estableció que el proceso eleccionario debe continuar. Mediante un comunicado, el TCP sostuvo que estos casos "por su relevancia social, serán tratados con la celeridad debida, para de esta manera brindar certidumbre al pueblo boliviano".
Unos 7,3 millones de electores están convocados a las urnas para elegir a los 52 jueces titulares y suplentes de los máximos tribunales de Bolivia. Hasta el momento, el TSE ha invertido 7,8 millones de dólares en el avance del proceso eleccionario.
Para dilucidar este enredo judicial, Sputnik conversó con José Luis Exeni, quien fue presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) a partir de 2008. Participó de los cambios profundos que transformaron a la corte en el TSE, organismo del cual también fue vicepresidente hasta 2018.
"El hecho de que un juzgado o sala constitucional, en este caso, tenga la posibilidad de paralizar e incluso echar abajo una elección ya convocada atenta contra un principio fundamental del sistema electoral, que es principio de preclusión establecido en la ley", como fue la preselección de los 139 candidatos por dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo cual ocurrió en agosto de este año.
Los amparos fueron emitidos a raíz de denuncias de excandidatos que finalmente no fueron seleccionados por la Asamblea, lo cual consideraron injusto a la luz de sus méritos.
En las últimas horas fue retirado el caso de Pando, porque el excandidato en cuestión no quiso ya retrasar ni entorpecer este proceso. Había realizado su presentación el pasado 5 de agosto.
Si prevalece la postura de la sala constitucional de Beni, "estaríamos en un escenario muy crítico para el sistema electoral y la democracia", consideró Exeni.
"El proceso sigue"
El TSE, a través de un comunicado, dejó en claro que el proceso sigue.
"La elección de autoridades del TCP, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura no fue suspendida ni paralizada", subrayan a tiempo de agregar que "se tiene conocimiento de que actualmente se encuentra en vigencia una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto, que dispone la prosecución del proceso electoral".
El defensor Pedro Callisaya se manifestó porque "preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país, ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales".
El mandato de los actuales magistrados comenzó en 2017 y debía concluir a finales de 2023. Pero las diferencias de criterio dentro de la Asamblea imposibilitaron lograr, en tiempo y forma, los dos tercios de votos necesarios para aprobar el pliego de candidatos en el país sudamericano.
Exeni consideró que en ese momento "se activaron recursos para boicotear las elecciones judiciales e impedir que se realizaran en los plazos previstos por mandato constitucional".
Por este motivo, los mismos magistrados determinaron autoprorrogar sus mandatos hasta la celebración de las próximas elecciones.
El exvicepresidente del TSE evaluó que "no son las mejores listas, no solo por la calidad de los candidatos, sino porque no se cumplieron requisitos como la paridad de género y el número mínimo de candidatos por departamento para algunos órganos".
Sin embargo, "son las listas que se lograron concretar; si hubiera que anular elecciones porque no son buenos los candidatos, no sé cuántas elecciones podríamos tener", comentó.
Las elecciones judiciales fueron establecidas en la Constitución vigente, aprobada en 2009. Hasta el momento se llevaron adelante en dos ocasiones: en 2011 y 2017.
"Tengo una doble lectura. Por un lado, representan un avance en la ampliación democrática, por el hecho de que se puedan elegir directamente a nuestras autoridades". A la vez, "creo que es una idea mal lograda porque en las anteriores elecciones y en esta, el proceso de preselección en la Asamblea ha sido muy politizado, muy cuestionado, con poca legitimidad, muy instrumentalizado", señaló.
En las elecciones de 2011 hubo un elevado ausentismo, asimismo, los votos nulos y blancos alcanzaron el 60%. Cifras similares se obtuvieron en 2017. Para Exeni, esto se debe a que "la legitimidad de origen de estas autoridades está cuestionada y se pierde el espíritu mismo de la decisión constitucional de esta elección popular".
Una buena idea, a pesar de todo
En opinión de Exeni, la elección popular de altos magistrados es "una buena idea". Recientemente, México aprobó una reforma para implementar también las elecciones judiciales, aunque "con un carácter mucho más amplio. Realmente creo que es una buena idea de expansión democrática", aseguró.
"Creo que si se logra garantizar un proceso de preselección que sea meritocrática, que tenga legitimidad, que llegue a las urnas con las mejores opciones, que quienes se postulen sean los mejores que puedan optar por el cargo… Si se logra garantizar eso, creo que las urnas pueden ser muy buenas", concluyó.
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