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¿Qué representa el exilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia para el Gobierno de Paz?

© Foto : Romer Saucedo (redes sociales oficiales)El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo. - Sputnik Mundo, 1920, 06.11.2026
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país y se declaró "en el exilio", ante una orden de captura por delitos como narcotráfico y participación de una organización criminal. Analistas consultados por Sputnik señalaron que este caso es "síntoma de la descomposición de la justicia" a nivel nacional.
El clima político y judicial en este Estado sudamericano no deja de enrarecerse. Saucedo se fue de suelo boliviano, dada la supuesta persecución del Gobierno nacional. Ante ello, la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, acusado de narcotráfico y de participar de una organización criminal.
Analistas consultados por Sputnik señalaron que este y otros casos generan suspicacias sobre el rol del Ejecutivo.
El Gobierno encabezado por Rodrigo Paz tuvo dos posturas ante la huida del presidente del TSJ. En un primer momento, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el magistrado no estaba bajo investigación.
Horas más tarde, al conocerse de la orden de aprehender a Saucedo, en el Ejecutivo comenzaron a ligarlo con el exfiscal general de Estado Roger Mariaca, detenido hace un mes por delitos similares a los endilgados al magistrado.
Saucedo se despidió del país a través de las redes sociales. "Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte".
En este punto, Saucedo se refería a Nadia Beller, la política cruceña que en agosto de este año sufrió un atentado con sicarios que intentaron matarla. Las investigaciones determinaron que el autor intelectual habría sido quien hasta el momento era su pareja, Fernando Cerimedo, quien también fungía como asesor presidencial. Desde entonces, el sujeto está detenido por este caso y también por el incremento desmedido de su patrimonio, con dinero cuya legitimidad está bajo sospecha.
En diálogo con Sputnik, el analista Emilio Rodas consideró que este caso marcó el inicio de la crisis política y judicial que aún transita el país sudamericano. Recordó que Saucedo estuvo entre los primeros en solidarizarse con Beller, quien resultó herida en el atentado contra su vida orquestado —según las investigaciones— por el presunto padre del bebé que ella está gestando.

¿Qué ocurrió?

Saucedo siempre se mostró cercano a Paz, pero "esa frontalidad y sinceridad para decir las cosas causó molestias desde el inicio, incluyendo al anterior Gobierno, pero los actuales —en el Ejecutivo— empezaron un ataque sistemático y gradual: primero para desacreditarme ante mi pueblo con esos relatos construidos en base a la mentira", publicó el magistrado.

"Estoy seguro de que pretenderán utilizar elementos de convicción que serán fabricados a la medida de algunos políticos, para luego convertirme en un objetivo judicial y así ser el trofeo con el que celebren la toma del Órgano Judicial que tanto ansían", agregó.

Según el magistrado exiliado, "se vienen construyendo relatos en base a mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme. Pero no solamente a mí: lo harán además con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales, para después de haberlos desacreditado en redes sociales y medios de comunicación, darles la estocada judicial final".
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El Gobierno boliviano trató de desligarse de estas acusaciones. "El Ejecutivo no inicia investigaciones, no está investigando al señor Saucedo, pero tampoco va a impedir que la justicia investigue donde hay indicios y, al parecer, eso ha sucedido", dijo el vocero presidencial.

"Que quede claro que el Gobierno no persigue jueces; no pretende intervenir la justicia. Queremos que el proceso que está en curso llegue a puerto y a los bolivianos nos dé luces respecto a cuán penetrada estaba la justicia por estas estructuras criminales", subrayó Gálvez.

El control total

Para Rodas, "está en ejecución el plan del Gobierno de control total del aparato judicial. No va a permitir que se dé ningún tipo de autonomía o independencia al interior de los órganos u organismos que tengan vida propia en cualquier otra instancia que no sea la que el Gobierno defina".
"El control del Órgano Judicial, incluida la Fiscalía, forma parte de esa necesidad que tenía el Gobierno para sobrevivir políticamente. Porque la captura de Cerimedo comprometía la continuidad del Gobierno y no se podía dar la supervivencia sin el control total del aparato judicial", reflexionó el experto.
La cercanía entre Mariaca y Saucedo fue real, según el analista. "Se conoce y se sabe que tanto Mariaca como Saucedo y otras autoridades vienen con un fuerte viento de cola que se llama PCC", el Primer Comando de la Capital, la organización criminal brasileña de creciente operación en el departamento de Santa Cruz (este).
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Rodas coincidió con el Gobierno nacional, desde donde señalaron que la elección de Mariaca por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en 2024, tuvo el supuesto apoyo del PCC.
"La elección de Mariaca representó una máxima intervención del crimen organizado al nivel político porque, probablemente, era uno de los peores candidatos, con el peor currículum. Además, venía del departamento (Santa Cruz) donde la actuación de la fiscalía era criminal", apuntó.
Pese a ello, "se impuso, y fue el único acuerdo, que tuvo el Parlamento por dos tercios en la gestión pasada", dijo el analista.

La causa "Radares"

Según Rodas, otro signo de la fragilidad institucional en Bolivia se evidencia en el caso "Radares".
La Fiscalía de la nación sudamericana procesó a cuatro exministros de Defensa desde 2015 por supuesta defraudación económica al Estado en la contratación y ejecución de 13 radares franceses.
Días atrás, el exministro Edmundo Novillo se presentó a declarar voluntariamente y quedó detenido.
"Esto va a ser recurrente, de someterse a una declaración informativa y ser detenido. Hoy, la política, sobre todo de estos gobiernos que predominan en América Latina, hace mucho tiempo que han adoptado esta práctica. [Actualmente], la política no se concibe sin la actuación judicial", sostuvo Rodas.
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Síntoma de descomposición de la justicia

En noviembre de 2025, ingresaron a suelo boliviano vía aérea 31 maletas que no pasaron los controles migratorios; provenían de Estados Unidos. Se les siguió el trazo hasta un galpón en la ciudad de Santa Cruz, donde la Policía encontró 79 kilos de marihuana líquida.
Este 5 de noviembre, una de las imputadas, la exdiputada Laura Rojas, declaró al respecto.
"El dueño de las maletas era el señor Romer Saucedo Gómez, alias el Alemán, el que se dio a la fuga", afirmó ante la prensa. Sostuvo que no había dado ese dato hasta este momento por temor. "Si callé fue porque temía por mi seguridad. Yo tenía que hacer prevalecer la seguridad de mis hijas, de mi familia y la mía".

Para el analista Juan Pablo Marca, "la salida de Saucedo es un síntoma de la descomposición y desinstitucionalidad de la justicia en Bolivia", dijo a Sputnik. Asimismo, mencionó que "al inicio de la gestión de Rodrigo Paz, Saucedo elogiaba al Gobierno".

Consideró que este caso "es una muestra de la captación del Ejecutivo de operadores del Órgano Judicial. El Gobierno debió implementar desde el inicio de su gestión una reforma del Órgano Judicial, pero ni siquiera movió un dedo por completar las acefalías" en este rubro.
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"Desde lo que pasó con el exfiscal Mariaca, no se investigan las denuncias que existen sobre el Gobierno de Rodrigo Paz, su esposa, su principal asesor, Fernando Cerimedo. Hoy nadie investiga nada. Al Gobierno no le interesa sanear la justicia, sino que esté a su servicio. Y al servicio de los sectores y capitales que el Gobierno defiende", precisó.
Según el vocero presidencial boliviano, ahora "no hay intocables, no hay blindajes, no hay cargo que proteja y, si lo tengo que decir en este contexto, no hay toga que proteja. La influencia política no protege".
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