Pese a avances, persisten pendientes en la atención a la desaparición forzada de personas en México: expertos
Pese a avances, persisten pendientes en la atención a la desaparición forzada de personas en México: expertos
Sputnik Mundo
A pesar de los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la falta de transparencia... 22.10.2026, Sputnik Mundo
El 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó ante la Asamblea General del ente internacional un informe en el que dio cuenta de los trabajos realizados en México tras la aplicación por primera vez del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.El presidente del CDF, Juan Pablo Albán, resaltó que el Gobierno mexicano ha mostrado avances en la materia. No obstante, indicó que aún persisten prácticas de desaparición forzada, sin que exista evidencia de que se inscriban en una política federal.En este sentido, Albán reiteró la disposición de la ONU de activar el artículo 34 para garantizar que México pueda recibir asistencia internacional en la materia.Como respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, declaró que los casos de desaparición forzada se limitan al ámbito municipal, en contraste con gobiernos anteriores donde estos crímenes se ordenaban desde las "altas esferas del poder".Por ello, el representante de México afirmó que no coinciden en la interpretación que hace Naciones Unidas sobre la aplicación del artículo, aunque reiteró la disposición de las autoridades mexicanas a mantener la cooperación internacional como lo hace actualmente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el informe en su conferencia matutina más reciente. Aseguró que la ONU pasó de criticar a su gobierno a reconocerlo, un hecho que adjudicó a las reformas legales que se emprendieron a principios de año y a los esfuerzos encabezados por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.Falta de detalles en la estrategia nacionalEn entrevista para Sputnik, el activista y miembro del colectivo Hasta Encontrarles, Jorge Verástegui, comentó que la activación del artículo 34 es algo positivo, pero criticó el actuar de las autoridades mexicanas que, a su consideración, no han mostrado a detalle las acciones que presumen como logros.Verástegui puso como ejemplo la cifra de más de 16.000 personas que fueron localizadas a lo largo de 2026, según las autoridades mexicanas. El dato se dio a conocer días antes de la presentación del informe, sin precisar quiénes de estas personas fueron víctimas de algún delito y quienes habrían desaparecido de forma voluntaria. Incluso, cuestionó que no se haya dado a conocer si existen carpetas de investigación o datos para conocer quiénes fueron los individuos hallados.Otro ejemplo de esta falta de transparencia es la revisión que realiza la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana, acompañada de especialistas independientes, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la segunda después de la que se anunció en marzo. En ninguna de las inspecciones llevadas a cabo, el Gobierno del país latinoamericano ha informado a las familias y colectivos de búsqueda sobre la metodología con la que se hace la revisión y tampoco quiénes son los expertos o si están cobrando por esta labor.Para Verástegui, instancias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU están validando las acciones de las autoridades mexicanas, mismas cuyo alcance no se conoce y deja de lado demandas de los colectivos, encaminadas a mejorar la atención de las denuncias por desaparición en las fiscalías.De igual modo, el activista refirió que, al centrar la problemática en el lado de las desapariciones forzadas, se dejan de lado aquellas cometidas por particulares o que son perpetradas por colusión u omisión de las autoridades, en todos los niveles, no solo a nivel municipal.México "trata de dejar de lado la gravedad de tener un país con más de 130.000 personas desaparecidas, así como un nivel de impunidad de arriba del 95% en estos casos", sentenció.Una oportunidad históricaAcadémicos especializados en el tema coincidieron en que lo sucedido el 20 de octubre es un hecho histórico que abre a México una oportunidad para reforzar su estrategia en el combate a la desaparición, aunque también evidencia que aún existe reticencia en atender algunas de las demandas de los colectivos de búsqueda.La maestra en Estudios Políticos y Sociales, Alejandra Ortega, consideró en charla para este medio que la presentación del informe tiene un peso político y simbólico importante, pero lamentó que aún falten "acciones contundentes y claras respecto a esta apertura al diálogo, al escrutinio" que el Gobierno de la nación latinoamericana afirma tener con instancias internacionales para atender el tema.Asimismo, la académica opinó que, al centrar el tema en la desaparición forzada, se deja de lado que muchas de las cometidas en el ámbito privado ocurren debido a la omisión o inacción de las autoridades, esto por complicidad o corrupción.En este sentido, aun cuando el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce que no existe una política federal en la materia, sí hay evidencias de "la colusión entre autoridades y crimen organizado".Por ello, la experta se pronunció en favor de que México reciba la ayuda internacional que provee la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, con lo cual, por ejemplo, se podría obtener el apoyo de equipos forenses especializados que permitan aminorar la crisis forense que existe en el territorio, una acción mucho más útil que determinar qué desapariciones se cometieron en este o en sexenios anteriores.En un sentido similar se expresó el doctor en ciencias sociales, Édgar Guerra, quien opinó ante este medio que el Gobierno mexicano tiene una oportunidad histórica para recibir el apoyo técnico que requiere, pero cree que es poco probable que el Estado acepte esta ayuda.El especialista comentó que, si bien "hubo una mesura por ambas partes", quedaron fuera de la discusión la participación u omisión de agentes del Estado en el problema de la desaparición.Guerra indicó que, aunque es importante precisar que la desaparición forzada mayoritariamente se comete en el ámbito municipal y no como una política federal, lo cierto es que este delito también tiene alcances a nivel estatal, aunque no se reconozca."Habrá que verlo con el tiempo sobre las responsabilidades y sobre dirimir en dónde están [esas obligaciones] en los tres niveles de Gobierno. Eso es muy importante en México porque el compromiso federal, o la de la República, es amplio", recordó.El académico reflexionó que el factor determinante para dar una solución integral al problema debe centrarse en el tema de las investigaciones y los altos niveles de impunidad, dado que "no podemos decir que hay casos resueltos cuando las personas no han sido presentados ni en vida ni en muerte"."Cuando ellos plantean que esto pudiera estar enfocado solo desde un ángulo, se están olvidando de que la crisis es más amplia, que tiene que ver con un tema de trabajo interinstitucional, interestatal, de la comunicación entre las fiscalías y, por supuesto, de la labor que implica el que haya una investigación efectiva y que las carpetas de investigación den con responsables también", concluyó Guerra.
A pesar de los avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la falta de transparencia en las estrategias emprendidas por el Gobierno de México deja dudas sobre el alcance de dichas acciones, coincidieron especialistas y activistas consultados por Sputnik.
El 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó ante la Asamblea General del ente internacional un informe en el que dio cuenta de los trabajos realizados en México tras la aplicación por primera vez del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
El presidente del CDF, Juan Pablo Albán, resaltó que el Gobierno mexicano ha mostrado avances en la materia. No obstante, indicó que aún persisten prácticas de desaparición forzada, sin que exista evidencia de que se inscriban en una política federal.
En este sentido, Albán reiteró la disposición de la ONU de activar el artículo 34 para garantizar que México pueda recibir asistencia internacional en la materia.
🇲🇽🔎 Pese a avances, persisten pendientes en la atención a la desaparición forzada de personas en México: expertos
❓ La falta de transparencia en las estrategias emprendidas por el Gobierno de México en esta materia, deja dudas sobre el alcance de dichas acciones, coincidieron especialistas y activistas consultados por Sputnik.
🇺🇳 El 20 de octubre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU presentó ante la Asamblea General un informe en el expuso los trabajos realizados por la nación latinoamericana, ello tras la aplicación por primera vez del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. No obstante, el presidente del CDF, Juan Pablo Albán, indicó que aún persisten prácticas de esta índole, sin que exista evidencia de que se inscriban en una política federal.
🗣 Ese hecho "parecería algo positivo en un primer momento. Sin embargo, hacerlo en este contexto particular, donde México está siendo objeto de revisión en la Asamblea General, deja la sensación de que no se está haciendo con una finalidad positiva, sino simplemente (...) ir a comparecer a Naciones Unidas", consideró el integrante del colectivo Hasta Encontrarles, Jorge Verástegui.
⚖️ En esta materia, la politóloga Alejandra Ortega resaltó en diálogo con este medio que "aún faltan acciones contundentes y claras respecto a esta apertura al diálogo, al escrutinio" que el Gobierno de la nación latinoamericana afirma tener con instancias internacionales para atender el tema. Por su parte, el investigador Édgar Guerra comentó en charla con esta agencia que el factor determinante para dar una solución integral al problema, debe centrarse en el tema de las investigaciones y los altos niveles de impunidad, dado que "no podemos decir que hay casos resueltos cuando las personas no han sido presentados ni en vida ni en muerte".
Como respuesta, el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, declaró que los casos de desaparición forzada se limitan al ámbito municipal, en contraste con gobiernos anteriores donde estos crímenes se ordenaban desde las "altas esferas del poder".
Por ello, el representante de México afirmó que no coinciden en la interpretación que hace Naciones Unidas sobre la aplicación del artículo, aunque reiteró la disposición de las autoridades mexicanas a mantener la cooperación internacional como lo hace actualmente con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el informe en su conferencia matutina más reciente. Aseguró que la ONU pasó de criticar a su gobierno a reconocerlo, un hecho que adjudicó a las reformas legales que se emprendieron a principios de año y a los esfuerzos encabezados por la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.
En entrevista para Sputnik, el activista y miembro del colectivo Hasta Encontrarles, Jorge Verástegui, comentó que la activación del artículo 34 es algo positivo, pero criticó el actuar de las autoridades mexicanas que, a su consideración, no han mostrado a detalle las acciones que presumen como logros.
Verástegui puso como ejemplo la cifra de más de 16.000 personas que fueron localizadas a lo largo de 2026, según las autoridades mexicanas. El dato se dio a conocer días antes de la presentación del informe, sin precisar quiénes de estas personas fueron víctimas de algún delito y quienes habrían desaparecido de forma voluntaria.
Incluso, cuestionó que no se haya dado a conocer si existen carpetas de investigación o datos para conocer quiénes fueron los individuos hallados.
"Parecería algo positivo en un primer momento. Sin embargo, hacerlo en este contexto particular, donde México está siendo objeto de revisión en la Asamblea General, deja la sensación de que no se está haciendo con una finalidad positiva, sino simplemente (...) ir a comparecer a Naciones Unidas", declaró el activista.
Otro ejemplo de esta falta de transparencia es la revisión que realiza la Secretaría de Gobernación (Segob) mexicana, acompañada de especialistas independientes, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la segunda después de la que se anunció en marzo.
En ninguna de las inspecciones llevadas a cabo, el Gobierno del país latinoamericano ha informado a las familias y colectivos de búsqueda sobre la metodología con la que se hace la revisión y tampoco quiénes son los expertos o si están cobrando por esta labor.
Para Verástegui, instancias como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU están validando las acciones de las autoridades mexicanas, mismas cuyo alcance no se conoce y deja de lado demandas de los colectivos, encaminadas a mejorar la atención de las denuncias por desaparición en las fiscalías.
De igual modo, el activista refirió que, al centrar la problemática en el lado de las desapariciones forzadas, se dejan de lado aquellas cometidas por particulares o que son perpetradas por colusión u omisión de las autoridades, en todos los niveles, no solo a nivel municipal.
México "trata de dejar de lado la gravedad de tener un país con más de 130.000 personas desaparecidas, así como un nivel de impunidad de arriba del 95% en estos casos", sentenció.
Una oportunidad histórica
Académicos especializados en el tema coincidieron en que lo sucedido el 20 de octubre es un hecho histórico que abre a México una oportunidad para reforzar su estrategia en el combate a la desaparición, aunque también evidencia que aún existe reticencia en atender algunas de las demandas de los colectivos de búsqueda.
La maestra en Estudios Políticos y Sociales, Alejandra Ortega, consideró en charla para este medio que la presentación del informe tiene un peso político y simbólico importante, pero lamentó que aún falten "acciones contundentes y claras respecto a esta apertura al diálogo, al escrutinio" que el Gobierno de la nación latinoamericana afirma tener con instancias internacionales para atender el tema.
Asimismo, la académica opinó que, al centrar el tema en la desaparición forzada, se deja de lado que muchas de las cometidas en el ámbito privado ocurren debido a la omisión o inacción de las autoridades, esto por complicidad o corrupción.
En este sentido, aun cuando el Comité contra la Desaparición Forzada reconoce que no existe una política federal en la materia, sí hay evidencias de "la colusión entre autoridades y crimen organizado".
"La cuestión es que es muy difícil determinar qué casos sí son legalmente establecidos como una desaparición forzada y cuáles no. Principalmente, porque no existe una investigación profunda para establecer responsabilidades de los casos", explicó Ortega.
Por ello, la experta se pronunció en favor de que México reciba la ayuda internacional que provee la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, con lo cual, por ejemplo, se podría obtener el apoyo de equipos forenses especializados que permitan aminorar la crisis forense que existe en el territorio, una acción mucho más útil que determinar qué desapariciones se cometieron en este o en sexenios anteriores.
En un sentido similar se expresó el doctor en ciencias sociales, Édgar Guerra, quien opinó ante este medio que el Gobierno mexicano tiene una oportunidad histórica para recibir el apoyo técnico que requiere, pero cree que es poco probable que el Estado acepte esta ayuda.
El especialista comentó que, si bien "hubo una mesura por ambas partes", quedaron fuera de la discusión la participación u omisión de agentes del Estado en el problema de la desaparición.
"Habrá que verlo con el tiempo sobre las responsabilidades y sobre dirimir en dónde están [esas obligaciones] en los tres niveles de Gobierno. Eso es muy importante en México porque el compromiso federal, o la de la República, es amplio", recordó.
El académico reflexionó que el factor determinante para dar una solución integral al problema debe centrarse en el tema de las investigaciones y los altos niveles de impunidad, dado que "no podemos decir que hay casos resueltos cuando las personas no han sido presentados ni en vida ni en muerte".
"Cuando ellos plantean que esto pudiera estar enfocado solo desde un ángulo, se están olvidando de que la crisis es más amplia, que tiene que ver con un tema de trabajo interinstitucional, interestatal, de la comunicación entre las fiscalías y, por supuesto, de la labor que implica el que haya una investigación efectiva y que las carpetas de investigación den con responsables también", concluyó Guerra.
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