Tan solo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 112.111 desapariciones. - Sputnik Mundo

Hijos que buscan a sus padres desaparecidos: una historia heredada por generaciones en México

México se enfrenta a una crisis de desapariciones, con más de 130.000 casos registrados.
Mariano Yberry
Sputnik presenta un análisis sobre el impacto de la emergencia nacional por las desapariciones en hogares que se ven atravesados por esta problemática.

Con tan solo 10 años de edad, Mateo forma parte de los activistas del colectivo de búsqueda Una Luz en el Camino. Tras la desaparición de su madre, Monserrat Uribe Palmeros, en julio de 2020, acompaña a su abuela, Jacky Palmeros, en su lucha para encontrar a las más de 133.000 personas cuyo paradero se desconoce en México.

Esta organización ha acompañado en su lucha a Jacky Palmeros y su familia, conformada por tres hijos menores de 18 años y sus dos nietos, quienes tenían uno y cuatro años cuando su madre desapareció en la Ciudad de México. Casi un lustro después, las autoridades capitalinas hallarían los restos de Monserrat Uribe en la zona del Ajusco (sur de la capital), en un proceso complejo que incluso obligó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a ofrecer una disculpa por la negligencia que mostraron ante el caso.
En un contexto de lucha y búsqueda constante, colectivos como Una Luz en el Camino también deben ocuparse de los niños que han quedado en situación de orfandad por este crimen que, en la mayoría de las veces, es perpetrado por miembros de la delincuencia organizada en impunidad.
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"Nosotros acompañamos a 70 familias hasta el momento, de las cuales se desprenden 60 niñas, niños y adolescentes. Había más, pero ahora esos niños y esos adolescentes ya son adultos, ya tienen hijos. Ha sido la verdad muy desgastante para ellos porque también el Estado ha hecho caso omiso de todas las recomendaciones que se han obtenido, inclusive por organizaciones internacionales, acerca de la atención a la infancia", explica Jacky Palmeros en diálogo con Sputnik.
Aunque la desaparición de personas cobró fuerza a partir de la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el expresidente de México, Felipe Calderón, en 2006, se trata de una problemática que, a lo largo de décadas y generaciones, ha dejado en la orfandad a miles de niños, sin que hasta la fecha exista un censo oficial que refleje esta realidad.

"Lo que no se nombra no existe. ¿Por qué no hacen un censo de niños, de niñas, que se encuentran vulnerables? Dejen de censar a los desaparecidos, porque la verdad es que nunca van a tener el número real. Existen los que ustedes creen, los que son y la cifra negra. Nunca vamos a poder manejar una cifra real de personas desaparecidas en el país. Pero si algo sí está en sus manos es censar a los niños de los más de 133.000 personas desaparecidas que sí sabemos que existen", opina Jacky Palmeros.

La activista sostiene que, aun cuando las autoridades mexicanas reconocen como víctimas indirectas a sus nietos, esto no se traduce en ayudas concretas (más allá de las becas escolares para la población en general) que permitan atender necesidades primarias como lo son alimentación, educación, odontología y atención psicológica especializada. En el caso de su núcleo familiar, Monse Palmeros era el único sustento de los niños, ya que a su padre solo lo conocen por fotografías.
Incluso, sostiene que en algún momento recibieron apoyo psicológico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero lo suspendieron luego de que el especialista asignado recetó medicamentos psiquiátricos, sin tener la autorización para ello.
En este contexto, a su corta edad, Mateo ya forma parte de las reuniones que Una Luz en el Camino sostiene con instituciones como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH), una historia que se ha repetido por décadas en México en la vida de miles de jóvenes.
Una de ellas es Anau Hernández, quien tenía 14 años cuando su padre fue desaparecido por militares mexicanos en la década de 1970. Más de medio siglo después, rememora el momento en el que su vida cambió para siempre para aportar sus recuerdos a un acto de memoria colectiva impulsado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), el histórico colectivo fundado por la activista Tita Radilla.
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El libro "Moviendo montañas", que será presentado este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, recopila las historias de decenas de pobladores de Atoyac (incluida la de Anau), municipio del estado sureño de Guerrero, que narran una vida marcada por este crimen. Hoy, como adultos en sus 50 o 60 años, hacen un profundo trabajo de memoria para luchar contra el olvido y recordar cómo era el rostro de sus padres, dibujarlos y así dejar al menos una prueba gráfica de sus familiares desaparecidos por fuerzas del Estado en la llamada Guerra Sucia.
"Hazte cuenta de que fue ayer, porque recuerdas ese dolor, esa tristeza, ese sufrimiento de la vida, porque tuviste que sacrificar tu niñez, tu juventud. Ahora así, como adulto, como 'viejito', ¿verdad?, llevas ese dolor en tu corazón. Te lo digo porque mi testimonio que di hasta la fecha me hace sentir un poquito mal. Se quiebra la voz, pero quizás de dolor o de coraje o de impotencia. De que en aquel momento nunca pudiste hacer nada y hasta la fecha no podemos hacer nada", cuenta Anau Hernández en entrevista para Sputnik.
En su relato, Hernández recuerda que el día que desapareció su padre, Diógenes Hernández Martínez, nació su hermana. Incluso, rememora que le compró un vestido para la recién nacida, a quien nunca conoció.
"En la familia, hoy que ya somos mayores de edad, dividimos los trabajos de búsqueda y acudimos a las reuniones por separado. En las marchas que se realizan afuera del municipio, nos coordinamos; en la Ciudad de México, Chilapa, Veracruz, Chilpancingo y aquí mismo en Atoyac", se lee en su testimonio incluido en "Moviendo montañas".
Este proyecto, al igual que el museo inaugurado en las instalaciones de AFADEM, en Atoyac, en 2024, forma parte de un proceso de memoria con el cual Radilla busca que su lucha de 50 años no quede en el olvido y pueda aportar algo a quienes hoy buscan a sus familiares desaparecidos.

"Se ha estado alargando el tiempo; le están dando largas y largas. Es muy complicado y son miles de familias; si en aquel momento, poco, porque las familias, por ejemplo, las mamás, era una sola familia, ahora los hijos ya tienen su propia familia, los nietos ya tienen su propia familia, entonces las familias se han multiplicado", explica Radilla en conversación con Sputnik.

Una vida marcada por la desaparición
La trayectoria política de Tita Radilla es clave para entender el problema de desaparición forzada a nivel nacional. Cuando tenía 22 años, su padre, Rosendo Radilla, fue víctima de este crimen a manos de elementos militares. Hasta la fecha, se desconoce a ciencia cierta su paradero. Este caso no fue el único en Atoyac, ni en Guerrero, ni en México, ya que formó parte de una estrategia de contrainsurgencia impulsada desde las fuerzas armadas, con apoyo de la extinta Dirección Federal de Seguridad, en contra de presuntos guerrilleros y luchadores sociales y campesinos, principalmente durante las décadas de 1970 y 1980, bajo los parámetros del llamado Plan Cóndor.

"La gente ha sufrido por algo que no tenía que haber pasado, porque mucha gente no tenía nada que ver. Yo creo que más del 90% nada tenía que ver con los grupos armados. Muchos de los que estuvieron en los grupos armados están ahí, todavía viven, algunos metiéndose de diputados o en puestos de elección popular", sostiene Radilla.

La herida sigue abierta para varias familias de Atoyac, un municipio en el estado de Guerrero ilustrativo de este periodo histórico, y para quienes hoy mismo son víctimas de desaparición cometida por el crimen organizado.
El tema de las desapariciones forzadas durante la década de 1970 es aún un tema sensible para el Gobierno de México, a pesar de que desde el sexenio pasado se impulsaron medidas con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la verdad de quienes fueron víctimas del Estado en la Guerra Sucia.

"México no es como otros países, no es quizás como Argentina, como Chile, en donde hay muchísimo trabajo de memoria y la gente sabe perfectamente que hubo una labor de contrainsurgencia muy grande y que hubo mucha desaparición en estas décadas, los [19]60, [19]70. Hay como un eslabón perdido en la parte histórica que explica, pienso yo, la genealogía de las desapariciones de hoy", asegura Gabriela Espejo, activista y editora independiente que colabora en la edición de "Moviendo montañas".

El expresidente Andrés Manuel López Obrador instauró en 2021 la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (COVEH) y se hizo un reconocimiento oficial de la participación de las fuerzas armadas en la cacería de activistas y luchadores sociales, pero también de población en general que, en algunos casos, fue recluida en campos militares o fue víctima de los llamados "vuelos de la muerte": con los ojos vendados y completamente atados de manos y pies, eran arrojados al mar.
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Como parte de las acciones de la COVEH, se realizó un evento especial en el Campo Militar 1, en la Ciudad de México, donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) marcaría el inicio de la reparación del daño, entre las que se incluía la apertura de los archivos de ese lugar en el que se presume fueron encerradas miles de personas bajo la política de Estado implementada en el marco del Plan Cóndor.
No obstante, el entonces titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, aprovechó para informar que también se incluiría a militares como parte de las víctimas, al grado que se analizaría si también se incluirían en los programas de atención, lo que provocó el abucheo inmediato de los familiares de desaparecidos presentes.
Poco después, se presentaría el informe final de la COVEH en medio de señalamientos de sus integrantes de opacidades y negativa por parte del Estado a brindar información oficial sobre un hecho histórico que se buscaba esclarecer. Pese a ello, se destacó que más de 8.000 civiles habrían sido víctimas de la Guerra Sucia.
Actualmente, Radilla busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de su padre para que las autoridades investiguen su desaparición como parte de una política de terrorismo de Estado, al margen de que varias instancias gubernamentales impugnaron una primera resolución, en 2024.

"Son seres humanos que merecen tener un lugar donde descansar finalmente. Nosotros también merecemos tener ese duelo", opina.

En contextos distintos y con décadas de diferencia, Jackie Palmeros narra cómo es ella quien ahora se encarga de sus dos nietos, además de sus otros tres hijos, mientras dedica tiempo a las labores de búsqueda que realiza Una Luz en el Camino.

"Nosotros como vivimos en un duelo suspendido y obviamente ya violentadas, estamos en un estado de violencia; se nos va, digamos, cerrando el mundo", describe Jackie Palmeros al hablar sobre cómo viven su vida tanto ella como su familia mientras continúan sus labores de búsqueda, a pesar del miedo y las amenazas.

Sin importar las reuniones que han sostenido con autoridades locales y federales, la activista ve poca voluntad por atender las necesidades de sus niños y adolescentes, por lo que dependen del apoyo de organizaciones civiles y universidades privadas para cubrir todo tipo de necesidades médicas, psicológicas, alimentarias y lúdicas.

"La mayoría de los pequeños sufren de bullying. Nosotros, en algún momento, propusimos que se hiciera un hospital para víctimas indirectas, no solo de desaparición, sino de algunos otros delitos de alto impacto. El Gobierno ha incautado muchísimos terrenos y, pues, que en uno de esos terrenos, amplio, se hiciera un hospital exclusivo para infancias y adolescencias, víctimas indirectas de delitos de alto impacto, cosa que fue negada. No nos hicieron caso", cuenta Palmeros.

Búsquedas que se heredan
A raíz del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006, estos casos comenzaron a asociarse principalmente a la delincuencia organizada. Las desapariciones forzadas, aunque documentadas en ese periodo y hasta 2018, disminuyeron sobre todo a raíz de la disolución de instituciones como la Dirección Federal de Seguridad.
Jóvenes secuestrados por sicarios para realizar trabajos forzados y ser entrenados como parte de sus organizaciones criminales se volvieron parte de las historias cotidianas, como ocurrió con aquellos que fueron llevados al Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, detectado por madres buscadoras en 2024.
Según cifras del Gobierno de México, actualmente existen más de 133.000 personas desaparecidas a nivel nacional, de las cuales, se presume, casi 47.000 estarían completamente fuera del radar de sus familiares y autoridades, es decir, no se tiene información completa para realizar labores de búsqueda efectivas.
A pesar de que recientemente se hizo una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (una base de datos impulsada desde la gestión pasada), no se desagregaron datos para conocer, de manera precisa, cuántos menores de edad se encuentran en situación de orfandad por esta problemática social, a pesar de que sí se tienen registros sobre la materia.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen más de 1,6 millones de niños en situación de orfandad. Organizaciones como la Red por los Derechos de las Infancias (Redim) estiman que, de este universo, cerca de 150.000 estarían en esta situación porque sus padres desaparecieron, es decir, poco más del número de personas no localizadas en todo el país.
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En entrevista para este medio, la doctora en gestión educativa, Xóchitl Rangel Romero, afirma que se trata de "un tópico alejado de la esfera del Estado", lo que ha traído como consecuencia que no se tenga una dimensión del problema y, por tanto, no se puedan crear políticas públicas en la materia.
La exconsejera de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, detalló que tampoco existen protocolos específicos para atender a niños en esta situación, a pesar de que existe una Ley General de Víctimas.
La legislación, advierte la especialista, no contempla a los menores como víctimas directas, lo que complica aún más el acceso a programas gubernamentales etiquetados para este rubro.
"Ante el fenómeno complejo de la desaparición, obviamente va a haber una alteración a la trayectoria de vida. La situación de vida y el entorno del niño van a alterarse, no solamente porque va a entrar a un proceso de un nuevo hogar, va a entrar a una nueva dinámica familiar, si es que en todo caso existe quien pueda quedarse o no con este niño o esta niña", asevera Rangel Romero.
Algunos medios reportaron que, según las solicitudes de transparencia realizadas a las comisiones estatales de búsqueda de todos los estados, hasta 2023 solo se habían otorgado 51 apoyos de reparación integral del daño a menores de edad que tienen a un familiar desaparecido. Sputnik solicitó dicha información a la CEAV, sin que se haya provisto hasta el cierre de la edición.
Hasta el momento, pese a los avances en la materia de combate a la desaparición (como la instalación del Centro de Mando Nacional para la búsqueda de personas), no existen programas o planes a futuro para atender esta problemática en específico.

"El aspecto amplio de la política pública diferenciada para la niñez nos va a permitir entonces encontrar esos modelos que le permitan a los niños y las niñas transitar de este fenómeno complejo a una regularidad, que la trayectoria de vida no se vea más alterada de lo que ya está. Y obviamente, la necesidad efectiva se da desde el reconocimiento normativo, la efectividad de la norma y cómo lo podemos desarrollar a través del ejercicio de la política pública, pero creo que algo inmediato sería el reconocimiento de que existe el fenómeno de la orfandad por desaparición", opina Xóchitl Rangel.

Al desaparecer sus padres, los menores se enfrentan a dos grandes retos. El primero, formar parte de una agotadora labor de búsqueda que incluye procesos hostiles ante las fiscalías y ante el Ministerio Público. Pero, sobre todo, se enfrentan al desafío de enfrentar una vida adulta con responsabilidades económicas a una corta edad, sobre todo si quien desaparece es el único sustento de la familia.
"Yo trabajaba también en una empresa chocolatera, era gerente de ventas. A mí me despiden porque frecuentemente pedía permisos en el trabajo para para buscar a mi hija. Tú sabes que en este país o sales a buscar o las autoridades no lo van a hacer por ti", sostiene Jacky Palmeros.
En estados con altos índices de violencia criminal como Chiapas, Michoacán y Guerrero, se estima que la deserción escolar asociada a la criminalidad llega a porcentajes cercanos al 44,9%, 40% y 39,3%, respectivamente, acorde con datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Los menores, además, se enfrentan a problemas de salud mental vinculados directamente a la forma en la que la violencia trastocó sus vidas. Ante el temor de volver a vivir la desaparición de uno de sus familiares, sus tutores son extremadamente cuidadosos con sus niños y jóvenes, al grado que ellos mismos se vuelven un poco asociales y son privados de muchas formas de ocio y entretenimiento.

"Ellos no son niños normales, ellos crecen lejos de la sociedad; es decir, siguen creciendo ya como más protegidos, obviamente porque nosotras ya estamos tocadas […]. Crecen siendo niños asustados, crecen siendo niños que piensan que a ellos también les puede llegar a pasar", describe el activista.

Perder la infancia por la tragedia criminal ha sido una constante que atraviesa generaciones. Anau Hernández cuenta en el libro "Moviendo montañas" que, a sus 14 años, y ante la desaparición de su padre, el único proveedor de su familia, se vio en la necesidad de dedicarse de lleno a trabajar en el campo para sostener a su familia conformado por cuatro hermanos y una hermana, además de su mamá, quien se dedicó a buscar a su padre en distintos cuarteles militares del estado, sin éxito.
"A mis 14 años, comenzó el gran martirio. A trabajar el triple por ser el mayor de seis hermanos […]. A esa edad los niños quieren jugar, quieren irse a divertir, pero nosotros ya no nos divertimos. Había que buscar el pan con mamá", relata Hernández.
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Comunidad ante la tragedia
Ante la indiferencia institucional sobre el tema, los colectivos de búsqueda como el AFADEM han sostenido comunidades unidas por la tragedia, pero motivadas por el cuidado y la búsqueda de justicia.
En Una Luz en el Camino, además de las constantes jornadas de búsqueda en campo y en los servicios forenses, organizan trueques para que los niños que van creciendo puedan heredar su ropa a los más pequeños del grupo. El colectivo organiza actividades para la integración de los menores en días festivos infantiles (como el Día del Niño o el Día de Reyes) con apoyo de universidades privadas y organizaciones sin fines de lucro.

"Son poco los colectivos que se preocupan por sus infancias. Yo al tener tantas, porque te digo, llego a los 60 niños, han sido una motivación para ver alternativas de una reestructuración del tejido social para ellos y por ellos", declara Jacky Palmeros sobre la crianza en contextos violentos.

Para investigadores como el doctor Alberto Colín, del Departamento de Investigación Educativa (DIE) del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav), estos contextos "muy complejos" generan "nuevos aprendizajes" y "redes afectivas movilizadas por el amor y la esperanza" que trascienden estas comunidades y se extienden a la sociedad.
"Nos están educando a la sociedad en general en la solidaridad, pero también en la búsqueda de verdad y justicia", declaró Colín para La Jornada al presentar el foro Pedagogías de la Búsqueda Frente a la Desaparición Forzada.
Para Valeria Molina, integrante del Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), grupo encargado de la producción de "Moviendo montañas", uno de los aportes más valiosos de esta obra es precisamente los saberes que aportan activistas que han buscado a sus familiares en los últimos 50 años, pero también su experiencia humana en medio de una tragedia de esta magnitud

"Dentro de los textos también hablaron de la forma en que buscaron, por ejemplo, hablan de cómo buscan a su ser querido desde la memoria de las flores que les decían a cada una de las familias o desde el sueño que tuvieron y que recuerdan; recuerdan la casa donde vivían de niños. Entonces, creo que esas memorias hablan de una búsqueda tan profunda que me parece hermoso, conmovedor también a leerlas", comenta Molina.

El esfuerzo para la producción y difusión del libro es colectivo. Gabriela Espejo destaca que se trata de una obra escrita en primera persona y en cuyos procesos editoriales colaboraron todos los integrantes de AFADEM para contar de viva voz sus historias, incluso con el reto de que algunos no saben ni leer ni escribir.
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Sin embargo, el tiempo se vuelve un factor en contra. Después de una vida de búsqueda, heredada a las siguientes generaciones, los activistas de AFADEM buscan que estos crímenes no queden en el olvido a través del ejercicio de la memoria.
"Creo que dejar escrita la memoria es importante, sobre todo para que no se vuelva a repetir, para que las personas, las nuevas generaciones, no permitan que esto siga ocurriendo y que se conozcan esos crímenes terribles que ocurrieron en aquel momento, para que también las familias de los perpetradores sientan lo que hicieron sus familiares", concluye Tita Radilla.
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