Decreto en México contra contenido digital violento debe acabar con modelo "que monetiza el odio", dice analista
Decreto en México contra contenido digital violento debe acabar con modelo "que monetiza el odio", dice analista
Sputnik Mundo
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 2 de octubre un decreto para prohibir el contenido que incite a la violencia en redes sociales, a raíz... 08.10.2026, Sputnik Mundo
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el decreto establecerá "obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes".García Harfuch agregó que, adicional a esta prohibición, el Centro Nacional de Inteligencia reforzará el monitoreo de comunidades digitales para detectar de forma más oportuna expresiones violentas que pudieran representar una amenaza."Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata", agregó.Será este 9 de octubre cuando, de manera oficial, se presente el decreto, que forma parte de una estrategia impulsada desde el Gobierno federal para promover un uso más consciente y responsable de las plataformas digitales, principalmente entre menores de edad.Una de las medidas aprobadas en este sentido fue la prohibición explícita del uso de dispositivos móviles en escuelas de nivel básico.El trasfondo de la violenciaJuan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, recordó en entrevista para Sputnik que "la violencia no surgió en los entornos digitales", sino que más bien, en estos espacios se reproducen los actos de esta índole de la cotidianidad.De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de los 38 millones de niños y adolescentes que viven en México, el 63% ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación.A esto se suma que muchos niños y adolescentes han crecido en contextos de alta violencia criminal, lo cual, para el especialista, es una consecuencia directa de la militarización y el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la cual data del 2006.En este contexto, aparecen menores "reproduciendo juegos criminales, fiestas infantiles con motivos de sicarios, niños jugando a los retenes criminales y a desaparecer y torturar personas".El problema: la monetizaciónAl respecto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia opina que, ante este tipo de realidad social, el problema central no es la difusión de expresiones que inciten a la violencia, sino su monetización. Como ejemplo, el especialista menciona los corridos tumbados, un género musical que sigue generando ganancias millonarias en México, a pesar de estar prohibido en varios estados.Una situación similar ocurre con influencers que promueven discursos de odio contra las mujeres y que encuentran eco en los llamados foros "incels", de los cuales también han surgido jóvenes que terminan cometiendo delitos en sus escuelas.Por ello, Juan Martín Pérez considera que el foco central de regulaciones que busquen desinhibir la difusión de contenidos violentos en redes digitales debe centrarse en atajar el modelo de negocios de las plataformas digitales.Pérez recordó que, cuando se empezó a hablar en México de las regulaciones en la materia, no se incluyó el propio funcionamiento de las redes sociales que, según especialistas, genera adicción, y se trató del tema principal de la demanda que se inició en Estados Unidos en contra de las dueñas de las plataformas digitales.Incluso, el experto advierte que ya existen mecanismos de coordinación directa con las empresas que manejan las redes sociales y la Policía Cibernética para denunciar contenido peligroso, por lo que desconoce exactamente qué otra medida similar podría establecer este decreto.El coordinador de Tejiendo Redes Infancia indicó que algo que sí podría generar un cambio positivo es aumentar la capacidad para la verificación humana, es decir, personas dedicadas exclusivamente a revisar las publicaciones denunciadas por contenido agravante, ya que las propias compañías reconocen que esta labor los supera.Lo anterior, sin olvidar la atención a temas estructurales como la crisis de desaparecidos o la tipificación del delito de reclutamiento forzado (un acto que no se considera como tal un delito y en el que se involucran a jóvenes en comunidades digitales y de videojuegos en línea)."El número de personas que hacen revisión humana de lo que detecta el algoritmo es realmente insuficiente para el volumen de contenido. Si el compromiso, en el caso mexicano, es que van a tener un número 1.000, 2.000 personas humanas verificando contenido, eso sí puede hacer diferencia", concluyó Juan Martín Pérez.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el 2 de octubre un decreto para prohibir el contenido que incite a la violencia en redes sociales, a raíz del ataque armado que dos jóvenes realizaron en una secundaria en Torreón, en el estado de Coahuila (norte).
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que el decreto establecerá "obligaciones para las plataformas digitales en materia de detección, reporte y remoción oportuna de contenidos y comentarios que inciten directamente a la violencia, así como mecanismos de coordinación con las autoridades competentes".
García Harfuch agregó que, adicional a esta prohibición, el Centro Nacional de Inteligencia reforzará el monitoreo de comunidades digitales para detectar de forma más oportuna expresiones violentas que pudieran representar una amenaza.
"Es importante precisar que consultar determinados contenidos o realizar una expresión en redes sociales no significa por sí mismo que una persona vaya a cometer un delito. La tarea de inteligencia consiste precisamente en distinguir entre una expresión, un contenido de riesgo y una amenaza concreta que requiere atención inmediata", agregó.
Una de las medidas aprobadas en este sentido fue la prohibición explícita del uso de dispositivos móviles en escuelas de nivel básico.
El trasfondo de la violencia
Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia, recordó en entrevista para Sputnik que "la violencia no surgió en los entornos digitales", sino que más bien, en estos espacios se reproducen los actos de esta índole de la cotidianidad.
De acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de los 38 millones de niños y adolescentes que viven en México, el 63% ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación.
A esto se suma que muchos niños y adolescentes han crecido en contextos de alta violencia criminal, lo cual, para el especialista, es una consecuencia directa de la militarización y el inicio de la guerra contra el narcotráfico, la cual data del 2006.
En este contexto, aparecen menores "reproduciendo juegos criminales, fiestas infantiles con motivos de sicarios, niños jugando a los retenes criminales y a desaparecer y torturar personas".
"El juego en los niños y niñas, en el cerebro infantil, es una forma de ver la realidad, de tratar de darle una justificación a lo que vio en su entorno, y esa violencia dura, cruel, concreta está ahí en sus entornos digitales, en el control territorial que tienen grupos criminales, en la impunidad garantizada frente a todo lo que hacen", declaró Pérez.
El problema: la monetización
Al respecto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia opina que, ante este tipo de realidad social, el problema central no es la difusión de expresiones que inciten a la violencia, sino su monetización. Como ejemplo, el especialista menciona los corridos tumbados, un género musical que sigue generando ganancias millonarias en México, a pesar de estar prohibido en varios estados.
Una situación similar ocurre con influencers que promueven discursos de odio contra las mujeres y que encuentran eco en los llamados foros "incels", de los cuales también han surgido jóvenes que terminan cometiendo delitos en sus escuelas.
"El tema no es que existan [estas expresiones] porque forma parte incluso de la libertad de expresión. El problema es que eso monetice y el algoritmo lo promueva y las recomendaciones y el scroll infinito alimenten la caverna digital que atrapa sobre todo a adolescentes y a jóvenes en estas dinámicas de violencia, discursos de odio y desinformación", sostuvo el experto.
Por ello, Juan Martín Pérez considera que el foco central de regulaciones que busquen desinhibir la difusión de contenidos violentos en redes digitales debe centrarse en atajar el modelo de negocios de las plataformas digitales.
"Esperaríamos que el decreto pueda focalizarse en el modelo de negocios que monetiza el odio, que monetiza la violencia extrema y que se enriquece con la desinformación. Si no toca esto, va a ser letra muerta o las plataformas dirán tranquilamente (porque así es) que ya lo tienen resuelto", comentó.
Pérez recordó que, cuando se empezó a hablar en México de las regulaciones en la materia, no se incluyó el propio funcionamiento de las redes sociales que, según especialistas, genera adicción, y se trató del tema principal de la demanda que se inició en Estados Unidos en contra de las dueñas de las plataformas digitales.
Incluso, el experto advierte que ya existen mecanismos de coordinación directa con las empresas que manejan las redes sociales y la Policía Cibernética para denunciar contenido peligroso, por lo que desconoce exactamente qué otra medida similar podría establecer este decreto.
El coordinador de Tejiendo Redes Infancia indicó que algo que sí podría generar un cambio positivo es aumentar la capacidad para la verificación humana, es decir, personas dedicadas exclusivamente a revisar las publicaciones denunciadas por contenido agravante, ya que las propias compañías reconocen que esta labor los supera.
Lo anterior, sin olvidar la atención a temas estructurales como la crisis de desaparecidos o la tipificación del delito de reclutamiento forzado (un acto que no se considera como tal un delito y en el que se involucran a jóvenes en comunidades digitales y de videojuegos en línea).
"El número de personas que hacen revisión humana de lo que detecta el algoritmo es realmente insuficiente para el volumen de contenido. Si el compromiso, en el caso mexicano, es que van a tener un número 1.000, 2.000 personas humanas verificando contenido, eso sí puede hacer diferencia", concluyó Juan Martín Pérez.
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