"El despliegue militar podría agravar el problema de seguridad" en América Latina, según especialista
"El despliegue militar podría agravar el problema de seguridad" en América Latina, según especialista
Sputnik Mundo
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, pidió en la ONU tratar al crimen organizado como terrorismo, mientras Ecuador, El Salvador, Chile y Colombia repiten el... 26.09.2026, Sputnik Mundo
Desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mandataria sudamericana sostuvo que el continente americano no vive guerras entre países, pero sí "afronta otro tipo de guerra" contra organizaciones criminales transnacionales, que han impuesto el terror a la población.Fujimori pidió que estas bandas delictivas sean tratadas como grupos terroristas y defendió que las Fuerzas Armadas actúen "en apoyo" a la Policía Nacional. Horas después, en la reunión del Escudo de las Américas liderada por Donald Trump, el propio mandatario estadounidense resumió la postura: "Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta", subrayó.La militarización del crimen es una tendencia que se amplía en América Latina, y ese lenguaje lo comparten varios mandatarios de la región: Ecuador con Daniel Noboa, El Salvador con Nayib Bukele, Chile con José Antonio Kast y Colombia con Abelardo de la Espriella, entre otros. La receta se repite, aunque los resultados, según expertos consultados por Sputnik, no acompañan al discurso.El caso peruano: una policía sin reformaEl presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, José Manuel Saavedra, sostiene en diálogo para este medio que, detrás del giro militar, hay un diagnóstico más incómodo. La Policía peruana arrastra fallas estructurales que ningún despliegue castrense resuelve. El proceso de admisión, explica, se ha convertido en una "coladera" por la que ingresan jóvenes reclutados por organizaciones criminales, en apenas ocho meses de formación.A eso se suma una Dirección Nacional de Inteligencia debilitada por la alta rotación política de sus directores, así como una capacidad forense que solo llega al lugar de un crimen cuando hay un muerto de por medio, pero no ante un robo.El resultado es que ni el Ministerio del Interior ni los alcaldes de las regiones tienen metas claras de reducción del sicariato o la extorsión. Además, nadie sabe a dónde se quiere llegar en políticas de seguridad, indica Saavedra.El experto pone como ejemplo a Ecuador, que en 2021 tenía 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy roza los cuarenta. Pese al despliegue militar y al modelo de "control territorial", el país no logró revertir la violencia porque enfrenta cárteles mexicanos, que operan a través de bandas locales en un territorio extenso y complejo.El Salvador, en cambio, funcionó por razones que no son trasladables: un país pequeño, pandillas identificables por tatuajes y una megacárcel. Ni esa fórmula ni la ecuatoriana calzan, advierte, con la geografía de costa, sierra y selva de Perú, ni con las más de 800 bandas que operan solo en Lima.Otro punto relevante es que la capital peruana suele estar bajo sucesivos estados de emergencia, en los que militares patrullan puntos como Larcomar, estaciones del Metro o la Vía de Evitamiento pero, según Saavedra, no logran intervenir en las zonas más críticas: van armados con fusiles de largo alcance pensados para el campo de batalla, no para labores de detención urbana. El efecto, sostiene, es más disuasivo que operativo y responde a la lógica del "titular del día siguiente" antes que a una estrategia de largo plazo, advierte el experto en seguridad.Un patrón regionalAmérica Latina y el Caribe concentran apenas el 8,3% de la población mundial. No obstante, registran el 28,9% de los homicidios globales. Una investigación académica reciente estima que entre 77 y 101 millones de personas en la región viven bajo alguna forma de gobernanza criminal, en zonas donde el Estado ha sido desplazado, cooptado o simplemente no llegó.Óscar Vidarte, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene a Sputnik que el giro militar en la región se podría explicar por el desprestigio histórico que tiene la Policía frente a unas FFAA percibidas como más profesionales. Para el especialista, el mecanismo del Escudo de las Américas habilita un marco de "guerra contra el terrorismo", que termina legitimando el intervencionismo militar de Estados Unidos en la región, con Venezuela como antecedente y Panamá como episodio reciente de presión.Asimismo, Vidarte considera que esta coalición política se construye cada vez más en función de contener a China, algo que, advierte, no beneficia por igual a economías como la peruana o la chilena, donde la relación con Pekín pesa distinto que en México.Crisis de seguridad en el continenteAlonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, indica en charla para esta agencia que multiplicar operativos y detenciones no equivale a aumentar la capacidad real de investigar delitos. Si no se mejora la policía local, "el despliegue militar podría agravar el problema, en términos de violación a los DDHH e incremento de la corrupción de las FFAA", remarca a Sputnik.Por otro lado, el politólogo señala que los intereses de Estados Unidos no son idénticos a las necesidades de seguridad de cada país. "Para Perú, la prioridad debería ser reducir la extorsión, atacar a la minería ilegal y proteger a la población y recuperar la capacidad del Estado para investigar y sancionar. Eso requiere cooperación internacional, sí, pero también instituciones civiles fuertes y decisiones sujetas a control democrático", destaca.Vidarte admite que, en el corto plazo, la cooperación con Estados Unidos puede mostrar resultados, pero duda de que el mecanismo aguante en el tiempo y se pregunta qué pasará con el Escudo de las Américas cuando Trump ya no esté en el poder. Para el analista, la pregunta más allá de la "mano dura" es si conviene atar la política de seguridad de la región a un proyecto que depende de quién gobierne en Washington.
La presidenta peruana, Keiko Fujimori, pidió en la ONU tratar al crimen organizado como terrorismo, mientras Ecuador, El Salvador, Chile y Colombia repiten el mismo discurso de guerra. Expertos explican a Sputnik por qué la fórmula, pese a su popularidad, no ataca el problema de fondo.
Desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la mandataria sudamericana sostuvo que el continente americano no vive guerras entre países, pero sí "afronta otro tipo de guerra" contra organizaciones criminales transnacionales, que han impuesto el terror a la población.
Fujimori pidió que estas bandas delictivas sean tratadas como grupos terroristas y defendió que las Fuerzas Armadas actúen "en apoyo" a la Policía Nacional. Horas después, en la reunión del Escudo de las Américas liderada por Donald Trump, el propio mandatario estadounidense resumió la postura: "Háganoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta", subrayó.
La militarización del crimen es una tendencia que se amplía en América Latina, y ese lenguaje lo comparten varios mandatarios de la región: Ecuador con Daniel Noboa, El Salvador con Nayib Bukele, Chile con José Antonio Kast y Colombia con Abelardo de la Espriella, entre otros. La receta se repite, aunque los resultados, según expertos consultados por Sputnik, no acompañan al discurso.
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🇵🇪 La presidenta peruana, Keiko Fujimori, pidió en la ONU tratar al crimen organizado como terrorismo, mientras Ecuador, El Salvador, Chile y Colombia repiten el mismo… pic.twitter.com/VZQDO0GaPV
El presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, José Manuel Saavedra, sostiene en diálogo para este medio que, detrás del giro militar, hay un diagnóstico más incómodo.
A eso se suma una Dirección Nacional de Inteligencia debilitada por la alta rotación política de sus directores, así como una capacidad forense que solo llega al lugar de un crimen cuando hay un muerto de por medio, pero no ante un robo.
El resultado es que ni el Ministerio del Interior ni los alcaldes de las regiones tienen metas claras de reducción del sicariato o la extorsión. Además, nadie sabe a dónde se quiere llegar en políticas de seguridad, indica Saavedra.
El experto pone como ejemplo a Ecuador, que en 2021 tenía 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy roza los cuarenta. Pese al despliegue militar y al modelo de "control territorial", el país no logró revertir la violencia porque enfrenta cárteles mexicanos, que operan a través de bandas locales en un territorio extenso y complejo.
El Salvador, en cambio, funcionó por razones que no son trasladables: un país pequeño, pandillas identificables por tatuajes y una megacárcel. Ni esa fórmula ni la ecuatoriana calzan, advierte, con la geografía de costa, sierra y selva de Perú, ni con las más de 800 bandas que operan solo en Lima.
Otro punto relevante es que la capital peruana suele estar bajo sucesivos estados de emergencia, en los que militares patrullan puntos como Larcomar, estaciones del Metro o la Vía de Evitamiento pero, según Saavedra, no logran intervenir en las zonas más críticas: van armados con fusiles de largo alcance pensados para el campo de batalla, no para labores de detención urbana.
El efecto, sostiene, es más disuasivo que operativo y responde a la lógica del "titular del día siguiente" antes que a una estrategia de largo plazo, advierte el experto en seguridad.
Un patrón regional
América Latina y el Caribe concentran apenas el 8,3% de la población mundial. No obstante, registran el 28,9% de los homicidios globales. Una investigación académica reciente estima que entre 77 y 101 millones de personas en la región viven bajo alguna forma de gobernanza criminal, en zonas donde el Estado ha sido desplazado, cooptado o simplemente no llegó.
Óscar Vidarte, internacionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene a Sputnik que el giro militar en la región se podría explicar por el desprestigio histórico que tiene la Policía frente a unas FFAA percibidas como más profesionales.
"Es más atractivo, vende más hablar de militares y de guerra", señala, aunque reconoce que las Fuerzas Armadas "no han sido formadas" para tareas de seguridad ciudadana.
Para el especialista, el mecanismo del Escudo de las Américas habilita un marco de "guerra contra el terrorismo", que termina legitimando el intervencionismo militar de Estados Unidos en la región, con Venezuela como antecedente y Panamá como episodio reciente de presión.
Asimismo, Vidarte considera que esta coalición política se construye cada vez más en función de contener a China, algo que, advierte, no beneficia por igual a economías como la peruana o la chilena, donde la relación con Pekín pesa distinto que en México.
Crisis de seguridad en el continente
Alonso Cárdenas, politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, indica en charla para esta agencia que multiplicar operativos y detenciones no equivale a aumentar la capacidad real de investigar delitos.
Si no se mejora la policía local, "el despliegue militar podría agravar el problema, en términos de violación a los DDHH e incremento de la corrupción de las FFAA", remarca a Sputnik.
"Los gobiernos de la región enfrentan una demanda urgente de seguridad y desplegar militares es una decisión visible, efectista e inmediata. En cambio, mejorar la investigación policial, depurar instituciones y fortalecer a fiscales y jueces toma años", analiza Cárdenas.
Por otro lado, el politólogo señala que los intereses de Estados Unidos no son idénticos a las necesidades de seguridad de cada país.
"Para Perú, la prioridad debería ser reducir la extorsión, atacar a la minería ilegal y proteger a la población y recuperar la capacidad del Estado para investigar y sancionar. Eso requiere cooperación internacional, sí, pero también instituciones civiles fuertes y decisiones sujetas a control democrático", destaca.
Vidarte admite que, en el corto plazo, la cooperación con Estados Unidos puede mostrar resultados, pero duda de que el mecanismo aguante en el tiempo y se pregunta qué pasará con el Escudo de las Américas cuando Trump ya no esté en el poder.
Para el analista, la pregunta más allá de la "mano dura" es si conviene atar la política de seguridad de la región a un proyecto que depende de quién gobierne en Washington.
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