¿Por qué Ecuador se posiciona como un "caldo de cultivo" para las economías ilícitas?
© AP Photo / Rodrigo Abd
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El avance de las estructuras delictivas en el Ecuador de 2026 no es un fenómeno puramente policial, sino que también se impulsa ante los problemas económicos que enfrenta el país. Este año, por ejemplo, la tasa de los trabajadores que perciben ingresos inferiores al Salario Básico Unificado (SBU) o laboran menos de la jornada legal escaló al 34,8%.
Las cifras más recientes publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) confirman un estancamiento en el mercado laboral: el empleo adecuado apenas cubre a un tercio de la población económicamente activa, mientras que la informalidad y el subempleo absorben a más del 55% de los trabajadores.
El Salario Básico Unificado (SBU) es de 482 dólares mensuales, mientras que el costo de la canasta familiar básica ronda los $829. Esta diferencia deja un déficit superior a los $340 mensuales para un hogar promedio, lo que obliga a la suma de varios ingresos en la familia para poder cubrirla.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de marzo de 2026 indica que solo el 32,1% de la población económicamente activa (PEA) tiene empleo adecuado, es decir, trabaja jornada completa y percibe al menos el salario básico unificado.
En este escenario, las economías ilegales han dejado de operar en la periferia social para consolidarse como un empleador de última instancia.
¿Estado insuficiente?
Para Diego Pérez, politólogo y docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la crisis actual refleja una renuncia implícita del aparato estatal a sus funciones básicas de protección y bienestar.
"Lamentablemente el Estado ecuatoriano ha perdido la capacidad para crear condiciones favorables para la generación del empleo. Esto se revela efectivamente en estos datos de pérdida de capacidades, de pérdida de posibilidades de respuesta desde el Estado frente a las necesidades que enfrentamos", explica Pérez a Sputnik.
Esta lectura es compartida por Leonardo Jaramillo, internacionalista y analista en seguridad nacional, quien vincula la contracción económica directamente con el reclutamiento de mano de obra por parte de las bandas delictivas. El experto advierte que las medidas de recorte fiscal empujan a los ciudadanos a la desesperación económica.
"El momento en que el crecimiento económico es pobre, es débil, o en casos de contracción económica, cuando este crecimiento no se da, el Estado tiende a replegarse y tiende a cortar empleo, tiende a dejar en el desempleo a ciertas personas, etc. Y estas personas se vuelcan básicamente a buscar quién les da alternativas y en algunos casos sí termina siendo en este caso el crimen organizado. Esto pasa, por ejemplo, cuando el Estado debilita la inversión en educación, en el caso de los jóvenes, en el caso de programas justamente también que los involucren", afirma.
El analista cuestiona además el criterio de rentabilidad financiera con el que el Ejecutivo evalúa la inversión social, lo que ha provocado el cierre de espacios de contención comunitaria. "Este es el caso de cualquier programa de cualquier naturaleza. Programas culturales, deportivos, sí, también de empleo, de microemprendimiento, etc., que el Estado termina cortando justamente porque los ve como poco redituables" explica Jaramillo.
Este ecosistema se ha visto agravado por las políticas de austeridad fiscal que, si bien no entran dentro del mercado laboral, son una inversión social a largo plazo para consolidar una sociedad en búsqueda de oportunidades lícitas en el país.
Desde el 2025, se han traducido en una severa reducción del presupuesto para la educación pública. Por ejemplo, las universidades y otras instituciones de nivel superior en Ecuador cuentan con un presupuesto de 1.523 millones de dólares en el 2026, según detalla el Presupuesto General del Estado, aprobado por la Asamblea Nacional en el 2025. Se trata de una reducción de alrededor de $99 millones frente al presupuesto para sus gastos de 2025.
Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) experimentó recortes drásticos en los últimos años. En el 2023 contaba con $3.219 millones como presupuesto anual, en el 2024 fue de $2.959 millones y en el 2025 se designaron $2.798 millones. Esto significa que el presupuesto de la cartera se redujo en más de $300 millones en tres años.
Además, el Ministerio de Salud Pública (MSP) experimentó recortes drásticos en los últimos años. En el 2023 contaba con $3.219 millones como presupuesto anual, en el 2024 fue de $2.959 millones y en el 2025 se designaron $2.798 millones. Esto significa que el presupuesto de la cartera se redujo en más de $300 millones en tres años.
Para Jaramillo, estos programas terminan siendo eliminados y las personas terminan volviéndose hacia actividades un poco más al sector informal como una alternativa de empleo o incluso en algunos casos, especialmente en el caso de jóvenes, a organizaciones criminales o de alguna naturaleza ilícita.
"En la teoría política se sostiene que no existen los espacios vacíos. Eso quiere decir que todo aquel espacio que no sea administrado por el Estado va a ser eventualmente administrado por alguna organización criminal", ahondó Pérez.
La precariedad institucional se agudiza al alejarse de los centros urbanos principales. Jaramillo destaca que el Estado tiene una "presencia bastante pobre en algunos espacios, especialmente en zonas como las fronteras, donde definitivamente ya de por sí hay pocos o nulos programas económicos, sociales, de asistencia a las personas, y en este caso les deja muy pocas alternativas".
Esta desconexión obliga a delegar tareas civiles en las Fuerzas Armadas, una distorsión operativa que no resuelve las carencias estructurales de la población. "En sus instalaciones básicamente termina de hacerse cargo de medios de comunicación, de salud pública, etcétera, que no es un rol que le corresponde a las Fuerzas Armadas, sin embargo, lo terminan haciendo", pormenoriza Jaramillo.
La paradoja de la dolarización
Uno de los puntos de mayor coincidencia y preocupación entre ambos expertos es el papel que juega la dolarización dentro de este entramado delictivo. Lejos de ser una barrera, la moneda estadounidense facilita el blanqueo de capitales a escala internacional, así como la expansión de cárteles en el país aprovechando la laxitud de los controles financieros.
Diego Pérez expone datos alarmantes sobre la magnitud de la filtración de dinero ilícito en el torrente económico nacional, citando investigaciones académicas: "Un estudio de la doctora María Laura Patiño mencionaba que entre 65 y 75 centavos de cada dólar que circula en el Ecuador tenía un origen directo o indirecto de las economías criminales. Y en todo caso hay un problema de permanencia y de incidencia de las economías ilegales en el sistema financiero ecuatoriano".
El experto detalla que actividades como las actividades ilícitas en el país producen ingentes recursos que se insertan sin dificultad en la economía formal a través de canales comerciales específicos.
"Para el crimen organizado una de las necesidades urgentes suele ser limpiar los recursos y en los contextos como el ecuatoriano una buena forma de lavar, de limpiar los recursos es a través de inversiones inmobiliarias, a través de compra-venta de autos, el establecimiento de negocios medianos y pequeños que quedan exentos del rigor" describe.
Jaramillo señala por su parte que la economía lícita e ilícita no compiten, sino que se confunden en las transacciones del día a día, beneficiando colateralmente la liquidez del modelo económico y, por ende, siendo un atractivo para cualquier ciudadano desempleado que busque una forma buscar una fuente de ingreso.
"El lavado de activos en dólares resulta bastante provechoso para las organizaciones criminales. Una buena parte del dinero que ingresa para el lavado no vuelve a salir necesariamente, sino que se queda aquí mismo, digamos, como la parte del pastel que les corresponde a los intermediarios, a los lavadores, micro traficantes, etcétera," dice el experto.
El fantasma de la impunidad
La Superintendencia de Bancos en Ecuador ha advertido sobre decenas de entidades y plataformas digitales que operan de manera ilegal captando dinero del público sin autorización.
Jaramillo explica que la propia naturaleza de las economías abiertas y con alta circulación de dinero dificulta la fiscalización, un escenario idóneo para el crimen en un entorno con supervisión deficiente, y añade que la aparente reactivación de ciertos sectores comerciales esconde una realidad más compleja.
"Lo que hace la economía dolarizada es añadir un valor agregado a esta posibilidad, porque ya no solamente hay que lavar en pesos o en alguna moneda local, sino que lavar en dólares, para decirlo de alguna manera, lava un poco 'más limpio'. Esto da como resultado una divisa más fuerte, más interesante, más atractiva, que se puede transar no solamente localmente, sino que en cualquier otro país," explica Jaramillo
Para Diego Pérez, este ocultamiento es posible gracias a un entramado político e institucional que permite la evasión de la justicia, donde los liderazgos locales juegan un papel clave en la protección de las redes delictivas.
"El Ecuador es una economía dolarizada, llevamos 26 años de dolarización y tenemos un sistema institucional débil, corrompible y además con grandes incentivos para la impunidad, pero no es un problema solamente de los individuos, sino que es un problema de las estructuras institucionales que favorecen la impunidad, que generan marcos regulatorios imposibles de aplicar", explica.
Esta debilidad estructural facilita la cooptación de los gobiernos locales descentralizados, donde el control de la información municipal o parroquial se convierte en un activo estratégico para el crimen organizado.
¿Cómo actúa el Gobierno?
Desde la perspectiva del Gobierno nacional, se argumenta que la lucha contra el crimen organizado se enfoca en desarticular las finanzas de las bandas criminales mediante el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), así como operativos coordinados con el eje de seguridad.
Carondelet defiende que los ajustes presupuestarios son medidas de optimización fiscal necesarias para estabilizar las cuentas del Estado heredadas de Administraciones previas y la reducción del gasto social es necesario e insiste en que la generación de empleo formal llegará a través de la atracción de inversiones extranjeras y las reformas normativas laborales vigentes, posicionando la seguridad armada como el requisito previo indispensable para la reactivación económica del país.
Sin embargo, el análisis técnico de los especialistas sugiere que mientras las opciones de empleo formal sigan siendo un privilegio inaccesible para la mayoría, y el presupuesto social continúe su tendencia a la baja, las economías ilícitas mantendrán su rol como salvavidas financiero.
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