¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?
¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?
Sputnik Mundo
Los indicadores de violencia durante el Gobierno en Colombia de Gustavo Petro (2022-2026) dan indicios importantes sobre el fracaso de la política de Paz... 19.10.2026, Sputnik Mundo
Ahora, el actual mandatario sudamericano, Abelardo de la Espriella, apuesta por una política de sometimiento, con rebajas de penas condicionadas, así como una ofensiva directa contra las organizaciones criminales. Expertos consultados por Sputnik, señalaron los riesgos sobre este modelo enfocado en desmantelar las economías ilícitas y beneficios penales para los integrantes de los grupos armados.¿Qué pasó con la Paz Total?Esta institución de la nación sudamericana también reportó 128.825 personas confinadas en 99 eventos ocurridos en distintas regiones del país durante el año pasado. Esto equivale a un aumento de 19,4% respecto a 2024. Asimismo, documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio del presente año.La Misión de Verificación de la ONU confirmó 13 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en 2026, del 27 de junio al 26 de septiembre. Además, registró 15 intentos de homicidio durante ese año, frente a cinco en 2025.Cambio de rumbo para enfrentar el conflictoEl actual Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso su proyecto de Ley de Sometimiento que, según el texto oficial, busca "garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral". El documento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de "actores armados ilegales o terroristas".Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando, como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y a la población civil.Esta ley supone un cambio de enfoque: el Gobierno propone pasar de una política de paz basada en negociaciones políticas con grupos armados a un modelo de sometimiento, con beneficios penales condicionados a la entrega de armas, la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de las economías criminales.Entre ellos se encuentra una rebaja de 50% de la pena acumulada para los integrantes que cumplan las condiciones, en función de sus aportes verificables a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones.Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción sería de 30%. El proyecto también prevé modalidades especiales de cumplimiento de las penas y supuestos de libertad condicional o suspensión de su ejecución.De acuerdo con el proyecto de ley, la Fiscalía colombiana mantendrá sus funciones de investigación y acusación, mientras que los jueces y tribunales controlarán los acuerdos y los beneficios. Asimismo, se contempla la creación de una unidad especializada en la Fiscalía y de programas de tránsito a la legalidad.Además, el presidente de la nación sudamericana plantea recortar 100.000 millones de pesos (31.398 dólares) del presupuesto de la Jurisdicción Especial Para la Paz, argumentando que los recursos públicos no son infinitos. Al respecto, el titular de ese tribunal transicional, Alejandro Ramelli, sostiene que la medida constituye una violación de los compromisos internacionales."Ya es un obstáculo"Así como la Paz Total no dejó indicadores alentadores respecto al fin del conflicto armado interno en Colombia, durante los primeros meses de la actual Administración, las acciones criminales han cobrado fuerza, según los expertos."La violencia se está incrementando", sentenció Huérfano Ordóñez, quien enumeró algunos de los ataques registrados en los últimos meses: atentados contra una patrulla de Policía, carros bomba instalados en peajes y ataques con drones, entre otros. "Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", dijo De la Espriella durante su discurso de posesión, el 7 de agosto de este año.Sobre este planteamiento, Toloza explicó que la apuesta del Gobierno supone "una salida guerrerista", que profundiza el conflicto y golpea a las comunidades que lo sufren.En ese sentido, el politólogo y sociólogo señaló que existe un vínculo entre Colombia y la necesidad de Estados Unidos de insuflar esta tensión, para legitimar y posicionar su estrategia de Escudo de las Américas.Por su parte, Huérfano indicó que el combate directo contra los grupos criminales no ha logrado mermar el poder de estos actores en 60 años, "ni con las tecnologías de EEUU", pese a que distintos presidentes han mantenido el discurso de "arrasar" con ellos."Históricamente, en Colombia se ha visto que nada por imposición y a la fuerza ha funcionado", sentenció. Asimismo, recordó que esa política "ha terminado con los falsos positivos", en referencia al asesinato de jóvenes que fueron presentados como integrantes de grupos armados. "La propia ley es un obstáculo ya", agregó.Perspectivas de la reconciliaciónLo que ocurre en Colombia, refirió Toloza, no es una "guerra única y exclusivamente del narcotráfico". Precisó que el trasiego de enervantes financia una parte del conflicto, pero que el plátano, el petróleo y la minería ilegal también contribuyen a estas economías de la violencia.Esto podría sustentarse con las cifras reveladas recientemente en un informe publicado recientemente, basado en datos de inteligencia. Según el documento, la minería ilegal genera ingresos que podrían alcanzar los 8,4 mil millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.Advirtió que "han llegado estructuras extranjeras a fortalecer las estructuras criminales, en este caso, las estructuras urbanas". También expresó que el complejo escenario del conflicto armado interno puede hacer que esta situación pase de las zonas rurales a las urbanas, lo que podría traducirse en atentados como los registrados en los últimos días en algunas ciudades del país.
Los indicadores de violencia durante el Gobierno en Colombia de Gustavo Petro (2022-2026) dan indicios importantes sobre el fracaso de la política de Paz Total.
Ahora, el actual mandatario sudamericano, Abelardo de la Espriella, apuesta por una política de sometimiento, con rebajas de penas condicionadas, así como una ofensiva directa contra las organizaciones criminales.
Expertos consultados por Sputnik, señalaron los riesgos sobre este modelo enfocado en desmantelar las economías ilícitas y beneficios penales para los integrantes de los grupos armados.
🇨🇴❓ ¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?
📊 Los indicadores de violencia durante el Gobierno en Colombia de Gustavo Petro (2022-2026), dan indicios importantes sobre las deficiencias en la estrategia para combatir al crimen.
🚓 Ahora, el actual mandatario sudamericano, Abelardo de la Espriella, apuesta por una política de sometimiento, con recortes de penas condicionadas, así como una ofensiva directa contra las organizaciones criminales.
🗣 "En algunos escenarios, la paz total fracasó. De hecho, gran parte de la discusión del país es hasta qué punto realmente se le cumplió a la nación frente a [ese rubro]", afirmó Edilson Huérfano Ordóñez, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en una entrevista con Sputnik.
El experto refirió que, a pesar del cambio de Gobierno, durante los primeros meses del mandato de De la Espriella, "la violencia se está incrementando". Ante ello, Huérfano Ordóñez enumeró algunos de los ataques registrados recientemente: atentados contra una patrulla de Policía, carros bomba instalados en peajes y ataques con drones, entre otros.
El número de personas víctimas de desplazamiento forzado masivo durante 2025 en suelo colombiano fue de 107.924, según los registros de la Defensoría del Pueblo, que documentó 133 eventos de esta índole. Esta cifra representa un aumento de 318,3% en el número de individuos en esta situación frente a 2024.
Esta institución de la nación sudamericana también reportó 128.825 personas confinadas en 99 eventos ocurridos en distintas regiones del país durante el año pasado. Esto equivale a un aumento de 19,4% respecto a 2024. Asimismo, documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio del presente año.
La Misión de Verificación de la ONU confirmó 13 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en 2026, del 27 de junio al 26 de septiembre. Además, registró 15 intentos de homicidio durante ese año, frente a cinco en 2025.
"En algunos escenarios, la paz total fracasó. De hecho, gran parte de la discusión del país es hasta qué punto realmente se le cumplió a la nación frente a [ese rubro]", afirmó Edilson Huérfano Ordóñez, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en una entrevista con Sputnik.
El actual Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso su proyecto de Ley de Sometimiento que, según el texto oficial, busca "garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral". El documento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de "actores armados ilegales o terroristas".
Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando, como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y a la población civil.
"Así como hay actores ligados directamente con el narcotráfico, los únicos [sujetos] del conflicto no son los cárteles de las drogas, sino que acá hay guerrillas históricas como el ELN (Ejército de Liberación Nacional); hay grupos paramilitares que tienen otro cariz más allá del meramente ligado al tráfico de drogas, y que difícilmente van a desmovilizarse", argumentó el docente universitario Francisco Toloza, consultado por esta agencia.
Esta ley supone un cambio de enfoque: el Gobierno propone pasar de una política de paz basada en negociaciones políticas con grupos armados a un modelo de sometimiento, con beneficios penales condicionados a la entrega de armas, la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de las economías criminales.
Entre ellos se encuentra una rebaja de 50% de la pena acumulada para los integrantes que cumplan las condiciones, en función de sus aportes verificables a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones.
Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción sería de 30%. El proyecto también prevé modalidades especiales de cumplimiento de las penas y supuestos de libertad condicional o suspensión de su ejecución.
De acuerdo con el proyecto de ley, la Fiscalía colombiana mantendrá sus funciones de investigación y acusación, mientras que los jueces y tribunales controlarán los acuerdos y los beneficios. Asimismo, se contempla la creación de una unidad especializada en la Fiscalía y de programas de tránsito a la legalidad.
Además, el presidente de la nación sudamericana plantea recortar 100.000 millones de pesos (31.398 dólares) del presupuesto de la Jurisdicción Especial Para la Paz, argumentando que los recursos públicos no son infinitos. Al respecto, el titular de ese tribunal transicional, Alejandro Ramelli, sostiene que la medida constituye una violación de los compromisos internacionales.
"Ya es un obstáculo"
Así como la Paz Total no dejó indicadores alentadores respecto al fin del conflicto armado interno en Colombia, durante los primeros meses de la actual Administración, las acciones criminales han cobrado fuerza, según los expertos.
"La violencia se está incrementando", sentenció Huérfano Ordóñez, quien enumeró algunos de los ataques registrados en los últimos meses: atentados contra una patrulla de Policía, carros bomba instalados en peajes y ataques con drones, entre otros.
"Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", dijo De la Espriella durante su discurso de posesión, el 7 de agosto de este año.
Sobre este planteamiento, Toloza explicó que la apuesta del Gobierno supone "una salida guerrerista", que profundiza el conflicto y golpea a las comunidades que lo sufren.
En ese sentido, el politólogo y sociólogo señaló que existe un vínculo entre Colombia y la necesidad de Estados Unidos de insuflar esta tensión, para legitimar y posicionar su estrategia de Escudo de las Américas.
"La confrontación colombiana deja de ser un fenómeno [local]; es, por lo menos, transfronterizo, tanto hacia Venezuela o hacia Ecuador. Está ligado directamente con las necesidades del complejo militar económico norteamericano y, más recientemente, como novedad, con las del complejo militar industrial israelí", aseguró Toloza.
Por su parte, Huérfano indicó que el combate directo contra los grupos criminales no ha logrado mermar el poder de estos actores en 60 años, "ni con las tecnologías de EEUU", pese a que distintos presidentes han mantenido el discurso de "arrasar" con ellos.
"Históricamente, en Colombia se ha visto que nada por imposición y a la fuerza ha funcionado", sentenció. Asimismo, recordó que esa política "ha terminado con los falsos positivos", en referencia al asesinato de jóvenes que fueron presentados como integrantes de grupos armados. "La propia ley es un obstáculo ya", agregó.
Perspectivas de la reconciliación
Lo que ocurre en Colombia, refirió Toloza, no es una "guerra única y exclusivamente del narcotráfico". Precisó que el trasiego de enervantes financia una parte del conflicto, pero que el plátano, el petróleo y la minería ilegal también contribuyen a estas economías de la violencia.
Esto podría sustentarse con las cifras reveladas recientemente en un informe publicado recientemente, basado en datos de inteligencia. Según el documento, la minería ilegal genera ingresos que podrían alcanzar los 8,4 mil millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.
Para Huérfano Ordóñez, es necesaria "una mejora verificable en la seguridad de los territorios, en lugar de limitarse a reducir las penas" de los miembros de los grupos armados.
Advirtió que "han llegado estructuras extranjeras a fortalecer las estructuras criminales, en este caso, las estructuras urbanas".
También expresó que el complejo escenario del conflicto armado interno puede hacer que esta situación pase de las zonas rurales a las urbanas, lo que podría traducirse en atentados como los registrados en los últimos días en algunas ciudades del país.
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