Ecuador apuesta por una reclasificación de reos: ¿servirá para atajar el control criminal de las cárceles?
Ecuador apuesta por una reclasificación de reos: ¿servirá para atajar el control criminal de las cárceles?
Sputnik Mundo
El sistema penitenciario ecuatoriano busca frenar el control criminal y las fugas mediante una nueva clasificación de las personas privadas de la libertad... 16.10.2026, Sputnik Mundo
La medida combina el análisis individualizado con información de inteligencia para asignar restricciones según el perfil de cada detenido. No obstante, expertos en seguridad y derecho penal debaten si este reglamento representa una solución o si sus vacíos normativos abren la puerta a la discrecionalidad y al abuso de poder.Más allá del delitoEn Ecuador, existen 39.300 personas privadas de la libertad (PPL) distribuidas en 33 centros, según los últimos datos oficiales. Hasta la fecha, la adscripción a un determinado pabellón dependía en gran medida de la tipología del delito imputado. Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), superar esa lógica tradicional es un paso indispensable, aunque complejo de ejecutar.El especialista sostiene que una clasificación técnica exige examinar el comportamiento intrapenitenciario, el perfil de inteligencia, la ausencia de antecedentes penales y la condición de no reincidencia. No obstante, enfatiza que esta tarea requiere capacidades administrativas e infraestructura que chocan con la realidad del sistema.Por su parte, Nicolás Díaz Torres, abogado penalista, coincide en que la segmentación es conceptualmente acertada para evitar que delincuentes primarios o de menor peligrosidad sean reclutados por bandas transnacionales."Separar a los presos según su peligrosidad puede evitar que los delitos menores escalen. No puede ser lo mismo que una persona sentenciada por abuso de confianza, un delito patrimonial de tres años de pena, esté mezclada con líderes de grupos de delincuencia organizada", señala Díaz Torres para Sputnik.Para el analista, lo que debe observar la clasificación es la proporcionalidad en dimensiones como la jurídico-penal, la vinculación criminal, la seguridad e inteligencia y la peligrosidad individual.Los "comodines" del reglamentoPese a respaldar el espíritu de la medida, Díaz Torres advierte que la redacción del reglamento padece de vacíos normativos que otorgan facultades a las autoridades que pueden vulnerar la seguridad jurídica.Uno de los aspectos más críticos radica en el uso de informes de inteligencia de carácter confidencial como sustento exclusivo para enviar a un detenido al régimen de máxima restricción."Me preocupa que la redacción del reglamento prevea muchas arbitrariedades. Una persona no vinculada a GDO [Grupos de Delincuencia Organizada], ni acusada formalmente, puede ser ubicada en este régimen especial —que ni siquiera prevé visitas— bajo supuestos informes de inteligencia que son privados, reservados y que nadie conoce. Cualquier persona puede ser trasladada bajo estas premisas sin control. Lo principal que nos falta es tener certeza y previsibilidad, y no 'comodines' en el reglamento que permitan a la autoridad tomar decisiones arbitrarias", alerta el penalista.Según Díaz, a esto se suman las barreras para impugnar las decisiones administrativas. Quienes sean clasificados en el régimen especial no pueden solicitar la reclasificación de forma administrativa. Mientras que en el régimen ordinario de alto riesgo, los privados de libertad solo podrán pedir un cambio de categoría tras cumplir tres años desde su asignación inicial.Barreras estructuralesUno de los objetivos prioritarios de la reorganización es contener las evasiones de cabecillas. Entre enero y septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Ecuador registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga de personas privadas de la libertad (PPL).La concentración de reclusos de alto riesgo en pabellones o centros de máxima seguridad facilita la instalación de inhibidores de señal, muros perimetrales de mayor altura y aislamiento total.Para Díaz Torres, el aislamiento efectivo reduce significativamente el riesgo de fuga en infraestructuras de última generación."Si trasladamos a estos peligrosos delincuentes al régimen especial y los inhibimos de la sociedad, va a ser mucho más difícil que se escapen. Por ejemplo, actualmente es casi un 99% imposible que una persona se fugue de un centro como la Cárcel del Encuentro", señala el abogado.Sin embargo, ambos expertos aclaran que el diseño de una prisión no garantiza por sí solo el control si la corrupción interna y las fallas de custodia persisten. Pontón recuerda antecedentes históricos como la cárcel de La Roca, donde en 2013 se registraron fugas masivas a pesar de su diseño de máxima seguridad."Una cárcel segura no depende únicamente de su diseño; se necesita tecnología, muros altos y aislamiento, pero si no hay una política integral, la infraestructura cede", recuerda el académico.Díaz Torres añade que eventos recientes, como las evasiones registradas en el centro penitenciario, demuestran que el aislamiento de los líderes no resuelve las vulnerabilidades del resto del sistema.El penalista menciona que las fugas no solo conllevan responsabilidad administrativa para las autoridades encargadas de la custodia, sino también responsabilidad penal. Se pueden configurar delitos de evasión o incluso de asociación ilícita y delincuencia organizada si se comprueba que agentes del Estado colaboraron activamente en las estructuras de fuga.Finalmente, para el Pontón, esta política de reorganización debe ser articulada con una correcta política pública que implique normas, procedimientos y recursos. Si eso no existe, no va a servir en el corto plazo. El sistema penitenciario es corrupto, y en esa corrupción funcionan el miedo, la limitación de recursos y la falta de capacidades técnicas. "Termina imperando un sistema donde se hace lo que se puede y no lo que se debe", concluye.
El sistema penitenciario ecuatoriano busca frenar el control criminal y las fugas mediante una nueva clasificación de las personas privadas de la libertad. Desde finales de septiembre, las autoridades implementan una reestructuración de los centros penitenciarios del país dividida en cuatro niveles: alto con régimen especial, alto, medio y bajo.
La medida combina el análisis individualizado con información de inteligencia para asignar restricciones según el perfil de cada detenido. No obstante, expertos en seguridad y derecho penal debaten si este reglamento representa una solución o si sus vacíos normativos abren la puerta a la discrecionalidad y al abuso de poder.
Más allá del delito
En Ecuador, existen 39.300 personas privadas de la libertad (PPL) distribuidas en 33 centros, según los últimos datos oficiales. Hasta la fecha, la adscripción a un determinado pabellón dependía en gran medida de la tipología del delito imputado. Para Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), superar esa lógica tradicional es un paso indispensable, aunque complejo de ejecutar.
"En su momento, la peligrosidad la marcaba el tipo de delito del que se le acusaba. Si era un asesinato, iba a una cárcel de más seguridad; si cometía un robo, a una menor. Pero eso es bastante engañoso, porque una persona atrapada por robo puede ser un criminal peligroso, o alguien cometer un homicidio por un tema pasional y no ser un ladrón peligroso en el mundo penitenciario", explica Pontón en diálogo con Sputnik.
El especialista sostiene que una clasificación técnica exige examinar el comportamiento intrapenitenciario, el perfil de inteligencia, la ausencia de antecedentes penales y la condición de no reincidencia. No obstante, enfatiza que esta tarea requiere capacidades administrativas e infraestructura que chocan con la realidad del sistema.
Por su parte, Nicolás Díaz Torres, abogado penalista, coincide en que la segmentación es conceptualmente acertada para evitar que delincuentes primarios o de menor peligrosidad sean reclutados por bandas transnacionales.
"Separar a los presos según su peligrosidad puede evitar que los delitos menores escalen. No puede ser lo mismo que una persona sentenciada por abuso de confianza, un delito patrimonial de tres años de pena, esté mezclada con líderes de grupos de delincuencia organizada", señala Díaz Torres para Sputnik.
Para el analista, lo que debe observar la clasificación es la proporcionalidad en dimensiones como la jurídico-penal, la vinculación criminal, la seguridad e inteligencia y la peligrosidad individual.
Pese a respaldar el espíritu de la medida, Díaz Torres advierte que la redacción del reglamento padece de vacíos normativos que otorgan facultades a las autoridades que pueden vulnerar la seguridad jurídica.
Uno de los aspectos más críticos radica en el uso de informes de inteligencia de carácter confidencial como sustento exclusivo para enviar a un detenido al régimen de máxima restricción.
"Me preocupa que la redacción del reglamento prevea muchas arbitrariedades. Una persona no vinculada a GDO [Grupos de Delincuencia Organizada], ni acusada formalmente, puede ser ubicada en este régimen especial —que ni siquiera prevé visitas— bajo supuestos informes de inteligencia que son privados, reservados y que nadie conoce. Cualquier persona puede ser trasladada bajo estas premisas sin control. Lo principal que nos falta es tener certeza y previsibilidad, y no 'comodines' en el reglamento que permitan a la autoridad tomar decisiones arbitrarias", alerta el penalista.
Según Díaz, a esto se suman las barreras para impugnar las decisiones administrativas. Quienes sean clasificados en el régimen especial no pueden solicitar la reclasificación de forma administrativa. Mientras que en el régimen ordinario de alto riesgo, los privados de libertad solo podrán pedir un cambio de categoría tras cumplir tres años desde su asignación inicial.
Uno de los objetivos prioritarios de la reorganización es contener las evasiones de cabecillas. Entre enero y septiembre de 2026, la Fiscalía General del Estado de Ecuador registró al menos 63 denuncias por evasión o fuga de personas privadas de la libertad (PPL).
La concentración de reclusos de alto riesgo en pabellones o centros de máxima seguridad facilita la instalación de inhibidores de señal, muros perimetrales de mayor altura y aislamiento total.
Para Díaz Torres, el aislamiento efectivo reduce significativamente el riesgo de fuga en infraestructuras de última generación.
"Si trasladamos a estos peligrosos delincuentes al régimen especial y los inhibimos de la sociedad, va a ser mucho más difícil que se escapen. Por ejemplo, actualmente es casi un 99% imposible que una persona se fugue de un centro como la Cárcel del Encuentro", señala el abogado.
Sin embargo, ambos expertos aclaran que el diseño de una prisión no garantiza por sí solo el control si la corrupción interna y las fallas de custodia persisten. Pontón recuerda antecedentes históricos como la cárcel de La Roca, donde en 2013 se registraron fugas masivas a pesar de su diseño de máxima seguridad.
"Una cárcel segura no depende únicamente de su diseño; se necesita tecnología, muros altos y aislamiento, pero si no hay una política integral, la infraestructura cede", recuerda el académico.
Díaz Torres añade que eventos recientes, como las evasiones registradas en el centro penitenciario, demuestran que el aislamiento de los líderes no resuelve las vulnerabilidades del resto del sistema.
"Si aislamos a los cabecillas, pero no corregimos el sistema en general, todavía van a existir esos flancos que incluso personas que no representan un riesgo real pueden aprovechar para fugarse", precisa.
El penalista menciona que las fugas no solo conllevan responsabilidad administrativa para las autoridades encargadas de la custodia, sino también responsabilidad penal. Se pueden configurar delitos de evasión o incluso de asociación ilícita y delincuencia organizada si se comprueba que agentes del Estado colaboraron activamente en las estructuras de fuga.
Finalmente, para el Pontón, esta política de reorganización debe ser articulada con una correcta política pública que implique normas, procedimientos y recursos. Si eso no existe, no va a servir en el corto plazo. El sistema penitenciario es corrupto, y en esa corrupción funcionan el miedo, la limitación de recursos y la falta de capacidades técnicas. "Termina imperando un sistema donde se hace lo que se puede y no lo que se debe", concluye.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
