Mejora de la imagen de la Policía Nacional en Ecuador no implica "que la gente vea resultados", dice analista
Mejora de la imagen de la Policía Nacional en Ecuador no implica "que la gente vea resultados", dice analista
Sputnik Mundo
Según datos de la encuestadora ecuatoriana Click Research (antes Click Report), la desconfianza hacia la institución policial en 2022 alcanzaba un crítico 69%... 01.10.2026, Sputnik Mundo
En su más reciente estudio de opinión sobre la gestión de ocho actores clave (siete instituciones públicas y el presidente de la República), la Policía Nacional obtuvo un 60,49% de aprobación, una mejora de casi 10 puntos porcentuales.Del escándalo institucional al cambio de narrativaEl año 2022 marcó uno de los puntos más oscuros para la reputación de la Policía Nacional. Múltiples casos de corrupción y abusos erosionaron gravemente la fe pública en la institución de seguridad.Sin embargo, el punto de quiebre en la percepción no ocurrió por una reforma interna espontánea, sino por el drástico deterioro del orden público a escala nacional.El conflicto armado internoEsta declaratoria anunciada por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024 fue la respuesta del Estado a una escalada de violencia que incluyó la irrupción armada en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, fugas de líderes criminales de las cárceles y atentados a nivel nacional. Durante el proceso, se calificó a más de una docena de bandas narcodelictivas como grupos terroristas y se reconfiguró el rol de la fuerza pública en la imaginación colectiva.Han pasado dos años de esta declaratoria; Álvarez enfatiza que existe una diferencia conceptual clave entre confianza institucional y aprobación de gestión.La policía pasó de ser percibida como un factor del problema a situarse como parte de la solución. En este despliegue, las Fuerzas Armadas, que en la encuesta se consolidan a la cabeza con el 75,98% de respaldo, actuaron como soporte reputacional clave.A esto se suma un despliegue comunicacional enfocado en el alto impacto visual. Operativos tácticos, capturas mediáticas e incursiones combinadas comenzaron a difundirse masivamente en canales oficiales.Por su parte, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, analiza para este medio que la percepción actual está fuertemente moldeada por la comunicación pública.Eventos de resonancia internacional, como las sucesivas capturas y deportaciones del entorno familiar de alias Fito (personaje clave en la estructura de Los Choneros, un grupo de crimen organizado), desde la expulsión de su esposa e hija en Argentina a inicios de 2024 hasta sus recientes aprehensiones en Colombia, han sido presentados como triunfos decisivos de la fuerza pública.Entre la baja de homicidios y la ola de extorsionesLas cifras oficiales reflejan un panorama complejo y paradójico. Por un lado, Ecuador reporta una reducción de 6,4% en muertes violentas en lo que va de este año en comparación con el periodo anterior, impulsada en gran medida por la contención delictiva en sectores críticos de la costa. No obstante, esta disminución coexiste con el aumento masivo de otros delitos que afectan a la ciudadanía. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la violencia letal aumentó en 81 regiones del país.La brecha entre la aprobación de la fuerza pública y el sentimiento de seguridad en las calles constituye el mayor desafío.Adicionalmente, existe un desgaste ciudadano hacia la función judicial. Álvarez apunta que los ciudadanos tienen la idea de que la policía atrapa a criminales y el sistema de justicia los libera, trasladando la responsabilidad del fallo en la seguridad hacia los jueces y fiscales.Finalmente, los especialistas coinciden en que la aprobación, tal vez, no representa un cambio real en la seguridad.
Según datos de la encuestadora ecuatoriana Click Research (antes Click Report), la desconfianza hacia la institución policial en 2022 alcanzaba un crítico 69%. Sin embargo, para septiembre de 2026, el escenario dio un vuelco drástico.
En su más reciente estudio de opinión sobre la gestión de ocho actores clave (siete instituciones públicas y el presidente de la República), la Policía Nacional obtuvo un 60,49% de aprobación, una mejora de casi 10 puntos porcentuales.
Del escándalo institucional al cambio de narrativa
El año 2022 marcó uno de los puntos más oscuros para la reputación de la Policía Nacional. Múltiples casos de corrupción y abusos erosionaron gravemente la fe pública en la institución de seguridad.
"Ha existido un cambio porque en el 2022 hubo muchos escándalos en relación a la policía. Eso afectó su imagen policial", dice en una entrevista con Sputnik Carla Álvarez, doctora en estudios políticos y experta en seguridad.
Sin embargo, el punto de quiebre en la percepción no ocurrió por una reforma interna espontánea, sino por el drástico deterioro del orden público a escala nacional.
Esta declaratoria anunciada por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024 fue la respuesta del Estado a una escalada de violencia que incluyó la irrupción armada en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, fugas de líderes criminales de las cárceles y atentados a nivel nacional. Durante el proceso, se calificó a más de una docena de bandas narcodelictivas como grupos terroristas y se reconfiguró el rol de la fuerza pública en la imaginación colectiva.
Han pasado dos años de esta declaratoria; Álvarez enfatiza que existe una diferencia conceptual clave entre confianza institucional y aprobación de gestión.
"La confianza y la aprobación de gestión no son iguales. Ahora se está midiendo justamente si es que la población está conforme con las acciones que ha tomado la policía; la población es favorable ante las acciones de la policía", aclara la experta.
La policía pasó de ser percibida como un factor del problema a situarse como parte de la solución. En este despliegue, las Fuerzas Armadas, que en la encuesta se consolidan a la cabeza con el 75,98% de respaldo, actuaron como soporte reputacional clave.
A esto se suma un despliegue comunicacional enfocado en el alto impacto visual. Operativos tácticos, capturas mediáticas e incursiones combinadas comenzaron a difundirse masivamente en canales oficiales.
Por su parte, Jean Paul Pinto, experto en seguridad, analiza para este medio que la percepción actual está fuertemente moldeada por la comunicación pública.
"Puede deberse a un efecto de comunicación porque vemos muy seguido al ministro en muchas partes haciendo muchas cosas, pero eso es simplemente un efecto de comunicación, pero el gran problema es que, al final del día, los indicadores de impacto no acompañan", añade.
Eventos de resonancia internacional, como las sucesivas capturas y deportaciones del entorno familiar de alias Fito (personaje clave en la estructura de Los Choneros, un grupo de crimen organizado), desde la expulsión de su esposa e hija en Argentina a inicios de 2024 hasta sus recientes aprehensiones en Colombia, han sido presentados como triunfos decisivos de la fuerza pública.
"Depende de cuándo se hace una encuesta. Por ejemplo, tras la captura de la esposa e hija de Fito, la gente puede decir que tiene una alta confianza en la policía, pero es un efecto temporal", opina el experto.
Entre la baja de homicidios y la ola de extorsiones
Las cifras oficiales reflejan un panorama complejo y paradójico. Por un lado, Ecuador reporta una reducción de 6,4% en muertes violentas en lo que va de este año en comparación con el periodo anterior, impulsada en gran medida por la contención delictiva en sectores críticos de la costa.
No obstante, esta disminución coexiste con el aumento masivo de otros delitos que afectan a la ciudadanía. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la violencia letal aumentó en 81 regiones del país.
"Tenemos otros indicadores como las extorsiones, que han subido en un 38% este año. También hay un llamado de atención al Gobierno en el sentido de que un 25% de la población todavía dice que la inseguridad es el principal desacierto del Gobierno", detalla Álvarez.
La brecha entre la aprobación de la fuerza pública y el sentimiento de seguridad en las calles constituye el mayor desafío.
"La encuesta de violencia subjetiva implica si los ciudadanos en espacios públicos se sienten seguros o no. Ambos valores deberían estar correlacionados: un aumento de la confianza en la policía debería traducirse en un decremento de la percepción de inseguridad de la gente, pero no es el caso", resalta Pinto.
Adicionalmente, existe un desgaste ciudadano hacia la función judicial. Álvarez apunta que los ciudadanos tienen la idea de que la policía atrapa a criminales y el sistema de justicia los libera, trasladando la responsabilidad del fallo en la seguridad hacia los jueces y fiscales.
Finalmente, los especialistas coinciden en que la aprobación, tal vez, no representa un cambio real en la seguridad.
"Esto no es un cheque en blanco; nos dice que la policía está haciendo cosas que se necesitan en estas condiciones de mucho miedo, pero no quiere decir que la gente vea resultados. El apoyo a lo que está haciendo la policía podría revertirse si no hay mejoras," concluye Álvarez.
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