Extensión del estado de excepción en Bolivia da "una suerte de supervivencia al Gobierno", según experto
00:35 GMT 18.09.2026 (actualizado: 00:37 GMT 18.09.2026)
© Foto : Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia (redes sociales oficiales)
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La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló el pedido del Gobierno nacional y extendió el estado de excepción en Bolivia por tres meses, es decir, hasta finales de este año.
Los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dieron un informe de siete horas, donde sustentaron la solicitud en el riesgo latente de que vuelvan las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, como sucedió durante los bloqueos que mantuvieron paralizado al país sudamericano en mayo y junio. Desde el Ejecutivo indicaron que, de esta manera, tendrán el camino allanado para aplicar nuevas reformas económicas.
En junio de este año, cuando entró en vigencia el estado de excepción, el mandatario boliviano contó con el consenso de la Asamblea para implementarlo. Tres meses después, el Gobierno perdió el apoyo de aliados importantes como Samuel Doria Medina, líder de la Alianza Unidad, tercera fuerza en el Legislativo.
También se alejó más de la Alianza Libre, dirigida por Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), quien en los últimos meses cuestionó la pericia del Gobierno para lidiar con la situación. Pero, luego de horas de cuestionamientos y reproches al Ejecutivo, la mayoría de los legisladores apoyó extender la medida. Fueron cien votos a favor y 58 en contra.
Los ministros locales plantearon un panorama preocupante: el avance de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico en la frontera con Brasil que, a diario, cobra vidas del lado boliviano.
Argumentaron que también sigue la falta de sintonía con las organizaciones campesinas, algunas de las cuales bloquearon recientemente las carreteras para protestar por el alza del precio del diésel, que pasó de costar 9,80 pesos bolivianos (0,96 dólares) a 18 unidades (1,77 dólares). Según los movilizados, esto implicaría aumentar el valor de sus productos.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 17, 2026
🏛 La Asamblea Legislativa Plurinacional avaló el pedido del Gobierno nacional y aumentó esta medida en Bolivia por tres meses, es decir, hasta finales de este año.
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El acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.900 millones de dólares, prevé terminar del todo con la subvención a los combustibles en enero de 2027, entre otras medidas de ajuste, que según el Gobierno podrían resentir aún más el clima social.
Justiniano y Oviedo respaldaron la solicitud con 12 informes: ocho del Comando General de la Policía, dos del Ministerio de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y otro del Ministerio de Defensa. Entre otras amenazas, identificaron anuncios de nuevos bloqueos, así como evidencias de delincuencia organizada en el Trópico de Cochabamba (centro) y en el departamento de Santa Cruz (este).
"Todavía tenemos algunas metas que cumplir para levantar el país desde el punto de vista social, económico, y necesitamos que el estado de excepción nos dé esa sensación de tranquilidad, de normalidad para que Bolivia salga adelante", dijo el titular del Ministerio de Defensa.
Una problemática más profunda
En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa consideró que el pedido "no se sustenta tanto en que se viene una movilización social que va a ser determinante para el Gobierno de Rodrigo Paz, sino más bien en que el Gobierno se siente internamente muy débil. Para tener más oxígeno político, ha elegido buscar la ampliación del estado de excepción".
Ante ello, la extensión de la medida obedece más a "una suerte de supervivencia del Ejecutivo para buscar cierta gobernabilidad, antes que para atender un plan que ya estaría organizado y que sería casi fulminante para el Gobierno en las protestas", dijo.
El analista explicó que el pedido de ampliar el estado de excepción se da en medio de negociaciones en la Asamblea para reformar la Constitución. Pero, legalmente, no se puede avanzar en este sentido, ello mientras esté vigente el decreto para enfrentar las protestas.
Por ello en la Alianza Libre propusieron extender la medida por 60 días en vez de 90, para avanzar en este año con los ajustes a la Carta Magna.
Ante este panorama, "Libre va a buscar afianzar aún más el liderazgo de Jorge Quiroga, en la idea de que la Constitución tiene que reformarse, pero bajo su propio proyecto. Para ello necesita que el Gobierno esté distraído, atendiendo otras cuestiones (...) y así, [la fuerza política] crezca como alternativa dentro del país", resaltó Arequipa.
Más allá de cálculos políticos, "en la medida en que el Gobierno siga sin dar respuesta clara y contundente a los problemas de los bolivianos en términos económicos especialmente, la situación de indignación, molestia y de baja credibilidad en el Gobierno va a continuar", destacó.
Según el informe de los ministros, en este momento el índice de conflictividad es muy alto en Santa Cruz (este); alto en La Paz (oeste), El Alto (oeste) y Cochabamba (centro); medio-alto en Beni (norte), Oruro (oeste), Potosí (sur), Chuquisaca (sur) y Tarija (sur). Solamente es bajo en Pando(norte).
La operación Evo Morales
Ya durante los 53 días de protestas, el Gobierno de Paz señaló al expresidente Evo Morales (2006-2019) como el ideólogo de las protestas que pedían la renuncia del mandatario. También mencionó la presunta participación de organizaciones criminales transnacionales.
Desde 2023, Morales está en las poblaciones del trópico cochabambino (centro), donde tiene apoyo mayoritario. Sobre él pesan órdenes de detención por su supuesto vínculo con una menor de edad en 2015, además de un proceso por su presunto liderazgo en las protestas que motivaron el decreto del estado de excepción.
En el debate en la Asamblea, la diputada Sandra Rivero cuestionó a Oviedo si el Gobierno va a "tener los pantalones" para ejecutar la orden de aprehender al exjefe del Estado boliviano.
El ministro repuso: "Sí vamos a detener a Evo Morales". Y agregó: "La operación Evo Morales se va a realizar".
"No hay que olvidarse, distinguida diputada, de que este Gobierno fue el que detuvo a uno de los más grandes narcotraficantes del mundo. Y no avisamos: simplemente ejecutamos una operación", precisó Oviedo, en referencia al uruguayo Sebastián Marset, capturado en Santa Cruz y enviado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia.
El dirigente campesino Omar Ramírez, vocero del grupo político Evo Pueblo, contó a Sputnik cómo recibieron estas declaraciones en el trópico. Evaluó que el país no tiene ninguna amenaza externa ni interna para avalar la continuidad del estado de excepción.
En la charla, sostuvo que en los tres meses que lleva aplicada esta medida, el Gobierno del país sudamericano no pudo solucionar la crisis económica ni la falta de combustibles.
"Dicen que el estado de excepción es para cuidar la economía del país, cuando en realidad quieren terminar de [saquearla], para proteger los recursos de los grandes terratenientes del oriente boliviano y de los ricos. Es decir, van a blindar la economía de los millonarios, empobreciendo más a la gente. Esto no es nuevo", subrayó.
Pero "si la población no tiene qué comer y no tiene recursos, se va a ver obligada a salir a las calles", opinó Ramírez.
En este sentido, el vocero aseguró que el estado de excepción "es para blindar, para dar seguridad jurídica a las decisiones que está tomando Bolivia en el afán de entregarse a EEUU mediante créditos como el del FMI, que prácticamente obliga a eliminar la subvención de los carburantes, lo cual implica que los precios de todos los productos se disparen al doble y al triple en el país".
Sobre la afirmación de aprehender a Morales, comentó: "Desde luego que la gente en el Trópico de Cochabamba está en emergencia, alerta, para responder ante cualquier provocación. La gente está muy cohesionada, precautelando la seguridad física del expresidente Morales".
Arequipa, por su parte, sostuvo que el Gobierno aún no ejecutará la orden contra el exmandatario sudamericano "porque la correlación de fuerzas, institucionales, formales y también de la calle, no es hoy día favorable para el Gobierno".
El Ejecutivo "probablemente tendrá alguna tentación de querer [capturar a Morales] para buscar remontar frente a la opinión pública. Pero, en lo concreto, al Gobierno le va a resultar una tarea casi imposible entrar al trópico sin que se movilicen [en la zona] y sin que el evismo movilice a sus fuerzas en el departamento de Cochabamba", concluyó.
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