¿Podrá Ecuador eficientar el aparato gubernamental con la reducción de ministerios?
¿Podrá Ecuador eficientar el aparato gubernamental con la reducción de ministerios?
Sputnik Mundo
El Gobierno ecuatoriano pasó de tener una estructura de 20 ministerios en 2024 a tan solo 10 este año. Con ello se busca optimizar recursos, fortalecer la... 09.06.2026, Sputnik Mundo
Sin embargo, expertos en derecho constitucional y gestión pública advierten que esta medida podría derivar en una precariedad de los servicios ciudadanos.La reestructuración del Ejecutivo contempla la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, resultado de la fusión de los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.La reducción del tamaño del Estado no es una política novedosa en Ecuador. Marcos Ortiz, abogado constitucionalista y docente universitario, señala en diálogo con Sputnik que esta dinámica ha sido recurrente durante la última década."Es toda una dinámica ya bastante recurrente, la disminución del Estado, al menos desde el Gobierno de Lenín Moreno. En el año 2024 comenzó ya con 20 ministerios, los redujo a 14, las secretarías también las redujo", explica.Para Anita Mora, abogada y asesora legislativa, expresó también para este medio sus reservas respecto al argumento de eficientar el aparato gubernamental: "Sobre la evidencia que existe de una disminución del tamaño del Estado y que esto mejore efectivamente la eficiencia institucional, no hay ningún estudio técnico que haya confirmado esto".Entre la presión del FMI y el costo socialLa reestructuración se da en un contexto marcado por los compromisos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Ortiz, lo que sucede actualmente es una desarticulación de las instituciones y una desinstitucionalización del Estado.En mayo de 2024, Ecuador firmó un acuerdo con el FMI. Tras revisiones y ampliaciones en el 2025, el programa se estructuró por un monto total de aproximadamente 5.000 millones de dólares. El Gobierno ha negado que el organismo dicte la estructura ministerial, pero para los analistas existe una conexión directa."El FMI no redacta como tal decretos ejecutivos ni ordena cuántos ministerios debe tener un país. Cada gobierno elige este mecanismo de adaptación a lo que dicte el FMI. Obedecer al Fondo es políticamente costoso", señala Mora.El déficit fiscal global del Estado ecuatoriano cerró superando los $5.300 millones en 2025, cifras que fueron advertidas como una profunda brecha estructural por el Observatorio de Gasto Público. El Gobierno proyecta un ahorro estatal de $140 millones anuales mediante la reestructuración y fusión de carteras de Estado.Además, el Gobierno ha vinculado estas medidas a un marco de disciplina fiscal necesario para cumplir con los objetivos del acuerdo vigente con el FMI y ha destacado la reducción del riesgo país, que a junio de 2026 se situó en 396 puntos. Según la actual Administración, es un indicador de la confianza que estas reformas generan en los mercados internacionales.Riesgos operativos La nueva estructura ministerial —que incluye fusiones altamente cuestionadas como la del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente— genera temores sobre la capacidad de respuesta estatal.Mora advierte que colocar el control ambiental bajo una cartera con agenda extractiva "genera conflictos de intereses" evidentes. Según los expertos, la falta de ejecución presupuestaria es el problema real en el país.Según cifras promedio del sector público ecuatoriano, de ahí se emplean de 460.000 a 500.000 personas. Para el experto, la reestructuración puede afectar a cerca de 20.000 trabajadores de las entidades fusionadas.Según el experto, disminuir el consumo de este sector de clase media "desacelera" la economía, afectándolo aún más en un país golpeado por la inseguridad y el costo de vida.La transformación digital es otro pilar anunciado por el Gobierno. Según Ortiz, la brecha tecnológica en Ecuador llega al 76%, donde la mayor impregnación del acceso a tecnologías está en la zona urbana, donde llega cerca del 79%, pero en el sector rural tiene apenas una impregnación de más o menos del 55%.Estudios del Laboratorio ÁPICE de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) evidencian que el analfabetismo digital en el campo supera ampliamente al urbano, a pesar de los esfuerzos estatales."El riesgo central me parece que es que la digitalización se convierta en una nueva forma de exclusión", alerta Mora.¿100 días de comunicación política?Finalmente, los expertos coinciden en que el plazo de 100 días para esta reforma tiene una intención más electoral que administrativa, considerando la proximidad de las elecciones seccionales de noviembre.Para Mora, se espera generar la percepción de un Gobierno que actúa con decisión, pero que no puede mostrar resultados esperados o resultados eficientes y eficaces en el plazo que se ha previsto. Sin embargo, la experta cree que este anuncio se hace con base en un contexto de elecciones seccionales anticipadas.Ortiz también hace una lectura de corte político, lo cual genera un debate en los diferentes medios de comunicación sobre la capacidad de acción del Gobierno previo a elecciones."A mí me parece, más que todo por el tema de vista coyuntural político, que estamos próximos a las elecciones seccionales, que esto repercute en generar más debate dentro de la dinámica político-electoral", concluye Ortiz.Esta transición hacia un aparato estatal más compacto plantea una paradoja central en la gestión pública ecuatoriana: la tensión entre la austeridad fiscal y la operatividad real de este Estado. Mientras el Gobierno argumenta que está en búsqueda de la eficiencia administrativa y la digitalización, el ciudadano queda a la expectativa de si esta nueva reducción logrará dinamizar al Gobierno o si, como temen los analistas, terminará profundizando la falta de servicios básicos.
El Gobierno ecuatoriano pasó de tener una estructura de 20 ministerios en 2024 a tan solo 10 este año. Con ello se busca optimizar recursos, fortalecer la gestión pública y acelerar la transformación digital. El Ejecutivo se ha comprometido a implementar este plan en un plazo de 100 días.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional y gestión pública advierten que esta medida podría derivar en una precariedad de los servicios ciudadanos.
La reestructuración del Ejecutivo contempla la creación del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, resultado de la fusión de los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción.
La reducción del tamaño del Estado no es una política novedosa en Ecuador. Marcos Ortiz, abogado constitucionalista y docente universitario, señala en diálogo con Sputnik que esta dinámica ha sido recurrente durante la última década.
"Es toda una dinámica ya bastante recurrente, la disminución del Estado, al menos desde el Gobierno de Lenín Moreno. En el año 2024 comenzó ya con 20 ministerios, los redujo a 14, las secretarías también las redujo", explica.
Para Anita Mora, abogada y asesora legislativa, expresó también para este medio sus reservas respecto al argumento de eficientar el aparato gubernamental: "Sobre la evidencia que existe de una disminución del tamaño del Estado y que esto mejore efectivamente la eficiencia institucional, no hay ningún estudio técnico que haya confirmado esto".
Entre la presión del FMI y el costo social
La reestructuración se da en un contexto marcado por los compromisos suscritos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según Ortiz, lo que sucede actualmente es una desarticulación de las instituciones y una desinstitucionalización del Estado.
En mayo de 2024, Ecuador firmó un acuerdo con el FMI. Tras revisiones y ampliaciones en el 2025, el programa se estructuró por un monto total de aproximadamente 5.000 millones de dólares. El Gobierno ha negado que el organismo dicte la estructura ministerial, pero para los analistas existe una conexión directa.
"El FMI no redacta como tal decretos ejecutivos ni ordena cuántos ministerios debe tener un país. Cada gobierno elige este mecanismo de adaptación a lo que dicte el FMI. Obedecer al Fondo es políticamente costoso", señala Mora.
El déficit fiscal global del Estado ecuatoriano cerró superando los $5.300 millones en 2025, cifras que fueron advertidas como una profunda brecha estructural por el Observatorio de Gasto Público. El Gobierno proyecta un ahorro estatal de $140 millones anuales mediante la reestructuración y fusión de carteras de Estado.
Además, el Gobierno ha vinculado estas medidas a un marco de disciplina fiscal necesario para cumplir con los objetivos del acuerdo vigente con el FMI y ha destacado la reducción del riesgo país, que a junio de 2026 se situó en 396 puntos. Según la actual Administración, es un indicador de la confianza que estas reformas generan en los mercados internacionales.
Riesgos operativos
La nueva estructura ministerial —que incluye fusiones altamente cuestionadas como la del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente— genera temores sobre la capacidad de respuesta estatal.
Mora advierte que colocar el control ambiental bajo una cartera con agenda extractiva "genera conflictos de intereses" evidentes. Según los expertos, la falta de ejecución presupuestaria es el problema real en el país.
"El anterior año, de manera general, no llegaron ni un promedio de 70 a 60% los diversos ministerios y hubo otros que estuvieron por debajo del 15%. Lo que ha conllevado a eso es la falta de obras, la falta de prestación de servicios de salud o de educación [o] el desabastecimiento", enfatiza Ortiz.
Según cifras promedio del sector público ecuatoriano, de ahí se emplean de 460.000 a 500.000 personas. Para el experto, la reestructuración puede afectar a cerca de 20.000 trabajadores de las entidades fusionadas.
Según el experto, disminuir el consumo de este sector de clase media "desacelera" la economía, afectándolo aún más en un país golpeado por la inseguridad y el costo de vida.
La transformación digital es otro pilar anunciado por el Gobierno. Según Ortiz, la brecha tecnológica en Ecuador llega al 76%, donde la mayor impregnación del acceso a tecnologías está en la zona urbana, donde llega cerca del 79%, pero en el sector rural tiene apenas una impregnación de más o menos del 55%.
Estudios del Laboratorio ÁPICE de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) evidencian que el analfabetismo digital en el campo supera ampliamente al urbano, a pesar de los esfuerzos estatales.
"El riesgo central me parece que es que la digitalización se convierta en una nueva forma de exclusión", alerta Mora.
¿100 días de comunicación política?
Finalmente, los expertos coinciden en que el plazo de 100 días para esta reforma tiene una intención más electoral que administrativa, considerando la proximidad de las elecciones seccionales de noviembre.
Para Mora, se espera generar la percepción de un Gobierno que actúa con decisión, pero que no puede mostrar resultados esperados o resultados eficientes y eficaces en el plazo que se ha previsto. Sin embargo, la experta cree que este anuncio se hace con base en un contexto de elecciones seccionales anticipadas.
Ortiz también hace una lectura de corte político, lo cual genera un debate en los diferentes medios de comunicación sobre la capacidad de acción del Gobierno previo a elecciones.
"A mí me parece, más que todo por el tema de vista coyuntural político, que estamos próximos a las elecciones seccionales, que esto repercute en generar más debate dentro de la dinámica político-electoral", concluye Ortiz.
Esta transición hacia un aparato estatal más compacto plantea una paradoja central en la gestión pública ecuatoriana: la tensión entre la austeridad fiscal y la operatividad real de este Estado. Mientras el Gobierno argumenta que está en búsqueda de la eficiencia administrativa y la digitalización, el ciudadano queda a la expectativa de si esta nueva reducción logrará dinamizar al Gobierno o si, como temen los analistas, terminará profundizando la falta de servicios básicos.
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