¿Qué le espera a Ecuador con los nuevos ajustes del FMI?
04:30 GMT 22.05.2026 (actualizado: 07:37 GMT 22.05.2026)
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El cierre del 2025 dejó un sabor amargo para las finanzas públicas ecuatorianas. Tras el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que expone un déficit fiscal que supera los 5.000 millones de dólares, el país se adentra en un período marcado por la austeridad impuesta, la búsqueda desesperada de liquidez y un descontento social latente.
Expertos advierten que, sin reformas estructurales profundas y un crecimiento sostenido, Ecuador corre el riesgo de quedar atrapado en una espiral de endeudamiento.
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Una brecha que duplica la meta inicial
Ecuador transita por un camino estrecho. Con un déficit que, según el exministro de Economía y Finanzas Mauricio Pozo, alcanzó los 5.300 millones de dólares en 2025, la capacidad de maniobra del Estado se ha reducido a su mínima expresión. Aunque la actual Administración, encabezada por el presidente Daniel Noboa, ha intentado presentar cifras más optimistas mediante mecanismos contables
"El Gobierno habla de un déficit de 4.500 millones porque está registrada una operación de deuda condonada entre Petroecuador, que es una empresa estatal, que está fuera del gobierno central, pero estatal, que le debía al Estado. Se aplicó la condonación y por eso bajó el déficit en esa proporción. Sin embargo, eso representa algo más del 4% del PIB de desequilibrio, y eso, obviamente, no va en la línea de buscar reducir el desfase fiscal", advierte el exfuncionario a Sputnik.
Para Félix Andueza, especialista en Relaciones Internacionales, el problema central no es solo el número absoluto del déficit.
"En este caso es su peso relativo frente a los ingresos. El Estado debe pagar alrededor de 4.400 millones este año y por amortización de capital por lo menos es alrededor de los 8.500 millones, lo que en este caso representa más o menos un 70% de los ingresos tributarios proyectados del año," explica.
La trampa de la deuda
Ante la falta de ingresos propios suficientes, Ecuador se ve forzado a recurrir nuevamente al financiamiento externo. Andueza sostiene que el país está atrapado en un ciclo peligroso:
"Hoy por lo menos somos el tercer país con mayor deuda, detrás de Argentina y Ucrania. Esta espiral que nosotros tenemos de endeudarnos para pagar es una trampa que impide solucionar esas deudas," analiza el experto.
Esta dependencia de multilaterales como el FMI trae consigo condicionamientos que limitan la soberanía económica. Las medidas adoptadas, como la reducción de personal en el sector público y el ajuste en el IVA —que ya afecta a productos procesados—, buscan recaudar fondos, pero resultan insuficientes. El Gobierno ha comenzado a explorar la reducción de los subsidios a los combustibles de bajo octanaje como una opción para equilibrar las cuentas.
"Una de las vías más sencillas es quitar gran parte de los subsidios que se tienen como una carga muy grande. Pero si en este caso lo que se aplica es más deuda para solucionar los pagos, pero no se hace uno de forma estructural, va a seguir pasando lo mismo y vamos a estar en esta trampa por muchos años", cuestiona Andueza.
La amenaza a la paz pública
La implementación de reformas estructurales tiene un costo político y social innegable. La reducción del poder adquisitivo en los hogares, especialmente en los sectores medios y populares que destinan gran parte de su presupuesto al consumo básico, ya está deprimiendo la demanda interna.
"Considero que, en el corto plazo, los efectos pueden ser de contracción económica, de grandes razones, porque por lo menos el hecho de que se alce el IVA o que en los productos procesados y la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles o subsidios en general, también terminan reduciendo el poder adquisitivo que tienen los hogares", advierte Andueza.
El riesgo es que estas medidas detonen un descontento social que limite la gobernabilidad. Existe un precedente histórico, desde la época de Lenin Moreno (2017-2021) hasta la administración actual, donde las políticas de ajuste han derivado en estallidos sociales.
En un país con estándares de seguridad comprometidos, la estabilidad macroeconómica es el cimiento necesario para la paz.
"Sin estabilidad económica no hay paz social y no hay recursos para atender a sectores sociales tampoco. Peor aún, temas como el de la seguridad", señala Pozo.
Perspectivas y restricciones
Hacia el futuro, el Gobierno se ha comprometido con metas de superávit fiscal para 2028. Sin embargo, la flexibilidad fiscal está altamente limitada no solo por los condicionamientos del FMI, sino también por los acuerdos con otros actores internacionales.
"Hay otros créditos que también están atados a proyectos de inversión, que en este caso son con China, con Corea del Sur, con Japón, y que son otra capa de cierta forma de condicionamiento, ya que estos fondos solo se pueden utilizar en los proyectos que son previamente acordados, que en este caso son buenos para el proyecto en sí, pero que puede llegar a ser como una restricción de la flexibilidad fiscal", reflexiona Andueza.
Para Pozo, la nación sudamericana no puede darse el lujo de crecer a tasas tan bajas: se requieren crecimientos del 5% anual durante, al menos, dos décadas para mejorar indicadores de empleo y pobreza.
Según el exministro, las reformas pendientes vendrían en tres aristas. La primera sería la seguridad social, donde Pozo advierte sobre el déficit actuarial y el problema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), calificándolo como un "problema institucional y fiscal" que requiere decisiones inmediatas.
Más allá de las tasas, el economista prevé la posibilidad de ampliar la base eliminando exenciones fiscales y finalmente, para el gobierno es imperativo corregir la brecha entre el ritmo de crecimiento del gasto y el ingreso.
"Hay actividades que están exentas de impuestos y que el día de mañana pasarían a pagar", señala Pozo.
Con las elecciones seccionales a la vuelta de la esquina, el Ejecutivo enfrenta una restricción política adicional que complica la toma de decisiones impopulares necesarias para sanear el Estado.
Desde esta perspectiva, esta espiral que exige nuevos préstamos para pagar antiguas deudas es una trampa que tiene implicaciones socioeconómicas para la población. El éxito de este programa depende de la capacidad del Estado para estabilizar su administración pública, frenar la caída de la producción petrolera y evitar que el ajuste fiscal termine desmantelando la paz social.
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