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Justicia boliviana busca garantizar la realización de las elecciones generales

© AP Photo / Jorge SaenzLas elecciones en Bolivia serán en agosto.
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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) boliviana intervino en la inscripción de candidatos para las elecciones generales de agosto, misma que fue mermada por una decena de recursos judiciales que ponen en riesgo la realización de los comicios, así como la participación de todas las fuerzas políticas.
Desde este organismo, instruyeron a los tribunales departamentales a dirimir cuanto antes estos casos, a la vez que garantizaron la realización de la jornada electoral en el tiempo definido.
Desde la entrada en vigencia de la actual Constitución, en 2009, Bolivia pasó a contar con cuatro poderes, ahora denominados órganos: el Judicial, el Legislativo, el Ejecutivo y el más nuevo, el Órgano Electoral.
A pesar de que este cuarto poder del Estado es independiente de los demás, en las elecciones judiciales de 2024 contó con la intervención de varios juzgados. Por ello, en el TCP todavía no se puede renovar a cuatro de sus nueve magistrados.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reclamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de una ley estacionada en el Senado, destinada a "blindar" las elecciones de este año. Particularmente, se refiere a las acciones de los siete integrantes de este tribunal.
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Francisco Vargas, vocal del TSE indicó que pensaba renunciar a su cargo, porque no tendrían las condiciones para trabajar. Entrevistado por El Deber Radio, detalló por qué quería alejarse de este proceso electoral: "Porque no quiero ir preso", aclaró. Posteriormente, mencionó que podía caberles el delito de "desobediencia de acciones y resoluciones constitucionales".
Entonces, "si este tribunal electoral no cumple una resolución y una sentencia, va a ser sujeto a persecución judicial. Por eso hemos pedido el blindaje institucional, por eso hemos pedido que se nos incorpore en el juicio de responsabilidades. ¿Por qué las altas autoridades del Estado gozan de este juicio de responsabilidades y no el TSE? Esa es la principal razón", explicó el vocal.

La Ley de Preclusión, ya aprobada en Diputados, está dirigida a garantizar la independencia del TSE ante los demás poderes, especialmente el Judicial. En el Senado, que aún es encabezado por el abanderado de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, prevén su tratamiento la última semana de mayo.

Pero varios asambleístas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) evaluaron que no es necesaria tal legislación, ya que el Órgano Electoral es independiente y no corresponde la interferencia de otros poderes del Estado en su funcionamiento.
"Hay cuatro órganos del Estado que son independientes. Por ello, el TSE tiene su propia competencia. No lo pueden interferir otros órganos. Deben dejarle que actúe conforme a sus propias leyes. Por eso creemos que no necesitan ningún blindaje los vocales. Los órganos del Estado tienen todas sus competencias para actuar apegados a la Constitución", dijo a Sputnik Mario Seña, secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones fundadoras del MAS.
Con tantos obstáculos judiciales, en Bolivia hasta ahora no se registran campañas electorales para los comicios donde, además del sucesor de Luis Arce, la ciudadanía votará por 166 integrantes de la Asamblea Legislativa.

"Es lamentable la incertidumbre total en que está la sociedad boliviana. Mucha gente piensa que no habrá elecciones. Pero debemos hacer valer la decisión democrática del pueblo, que debe primar por encima del interés de cualquier persona o grupo. Ya basta de la intromisión de otros actores o intereses políticos", reflexionó Seña.

"La realización de las elecciones nacionales es decisión del pueblo soberano, no quisiéramos que se judicialice, que haya otros intereses. Pero hay incertidumbre en la población boliviana (...). [La ciudadanía] necesita decidir quién estará en el Gobierno, a quien le tiene confianza para que, en los próximos cinco años, trabaje en la recuperación de la economía", agregó.
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Declaración del Tribunal Constitucional

El TCP dispuso un instructivo para los juzgados y salas constitucionales, con la finalidad de que los recursos judiciales se resuelvan de inmediato. El presidente del tribunal, Gonzalo Hurtado, dijo en conferencia de prensa: "Ninguno de los recursos judiciales debe alterar o modificar el calendario electoral y tampoco podrá retrotraer acciones que hayan sido superadas en el calendario electoral".
En este rubro, ser se referiría a la inscripción de los partidos que participarán en la jornada electoral el 17 de agosto.
"En ese marco, se ha instruido a las salas constitucionales y jueces de garantías de todo el país que tramiten y resuelvan de forma inmediata los diferentes recursos y acciones vinculadas al proceso electoral que son de su conocimiento, en estricto apego a la Constitución Política del Estado y a los principios que rigen los procesos electorales", expresó Hurtado.
En este sentido, aclaró que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolverá de manera prioritaria y con celeridad los acuerdos constitucionales, compromiso que se refrenda con la no alteración de lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad en la materia.
El líder del TCP instó a los participantes en las elecciones a dejar de judicializar este proceso y a enfocarse en mostrar sus propuestas a la ciudadanía boliviana, en pos de un mejor futuro.
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Optar por la calma

Rodríguez fue alentado por el MAS para postularse con esta fuerza política, que lo llevó al Senado en 2020, cuando todavía estaba bajo el ala del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien quedó fuera de la contienda porque no consiguió un partido con el cual postularse a un cuarto mandato, cuestión que también fue prohibida por el TCP.
El candidato por Alianza Popular se manifestó en sus redes sociales sobre el panorama electoral garantizado por el TCP.
"En un momento de incertidumbre y desorden, la mejor virtud a tomar es la calma y la paciencia, y no la desesperación. Estamos en una batalla jurídica contra una corporación de poder que quiere afectar al sistema democrático del país", aseveró.
Según las encuestas realizadas hasta el momento, Rodríguez es el candidato del arco popular —lo que era el MAS— mejor posicionado en las encuestas, con una intención de voto que superaría el 20%.
En las últimas horas, fueron apartados de Alianza Popular el abogado Israel Quino, asesor de Rodríguez, y el jefe de campaña Mario Cronenbold, hasta semanas atrás ligado al expresidente Morales. En el primer caso, fue alejado mientras resuelve una denuncia por abuso sexual.
Para el aún líder del Senado de Bolivia, "el verdadero objetivo de toda esta monumental arremetida contra la Alianza, más allá de las denuncias que han surgido, es afectar directamente a mi persona. Por tanto, pedimos a todas nuestras organizaciones y sectores sociales mantenerse en pie de lucha, atentos y vigilantes. Agotaremos todas las instancias y, en los próximos días, tomaremos decisiones oportunas de manera colectiva".
La decena de partidos y alianzas a presentarse en los comicios de agosto tienen pugnas internas u obstáculos judiciales por resolver para garantizar su participación en la jornada electoral.
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Racismo de cara a las elecciones

Los problemas que deben enfrentar no se dirimen solamente en la justicia. El racismo y la discriminación, fundamentalmente hacia las personas nacidas en la región andina, es una rémora apegada, sobre todo a los partidos de la oposición tradicional.
El general Hugo Banzer fue dictador de Bolivia entre 1971 y 1978. En 1998 se postuló a las elecciones democráticas con Acción Democrática Nacionalista (ADN) y ganó. Pero en 2001, a los 74 años, tuvo que abandonar la presidencia debido a problemas de salud. Murió al año siguiente. Siguió el mandato quien era su vicepresidente: Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).
Quiroga se volverá a postular a la presidencia en agosto con la Alianza Libre (Libertad y República). Su intención de voto rondaría el 15%, según las mejores perspectivas.
El 23 de mayo, en un acto político de Libre en el departamento de Beni, Arnoldo Méndez, vicepresidente del Concejo Municipal de Trinidad y cercano a esta alianza, dijo públicamente: "Si Tuto es presidente electo, las 53 instituciones que se manejan en el departamento serán para el pueblo, para que no venga ningún colla de m... a adueñarse y faltarnos el respeto". Sus palabras fueron aplaudidas por la multitud, según los videos que circulan de este hecho.
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Esa referencia es un insulto común en el oriente boliviano, adonde constantemente llegan familias migrantes de la región andina en busca de mejores oportunidades.
"La Alianza Libre manifiesta su más enérgico repudio a las expresiones xenófobas, racistas y discriminatorias vertidas por el señor Méndez", declararon en un comunicado.
Y subrayaron que el concejal beniano "no forma parte de la estructura ni de las decisiones de la [fuerza política], por lo tanto, no representa en modo alguno nuestras posturas".
La Defensoría del Pueblo de Bolivia también se expresó: "Estas manifestaciones constituyen claros discursos de odio, no admitidos bajo ningún concepto a título de libertad de expresión, menos cuando vienen de servidores públicos electos y candidatos que disputarán las próximas elecciones, al ser por sí mismos una flagrante violación de derechos humanos y un acto deplorable que no debe tolerarse en ninguna institución pública", detalló.
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