Las economías criminales desbordan la frontera entre Colombia y Ecuador: "La paz quedó muy fragmentada"
Las economías criminales desbordan la frontera entre Colombia y Ecuador: "La paz quedó muy fragmentada"
Sputnik Mundo
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el riesgo de una escalada de violencia en dos municipios del piedemonte costero de Nariño, donde coexisten... 29.10.2026, Sputnik Mundo
El informe de esta institución refleja datos alarmantes, como la tasa de homicidios que alcanza 67,37 por cada 100.000 habitantes en Mallama durante 2026. Expertos en el conflicto armado de este país consultados por Sputnik argumentan que la existencia de esta violencia responde, entre otras cosas, a la persistencia de las economías criminales.En todo el departamento de Nariño viven más de 1.700.000 habitantes —según estadísticas oficiales—, pero específicamente en Ricaurte y Mallama habitan alrededor de 16.000 y 9.000 habitantes, respectivamente. Ahumada hace referencia a la geografía de Nariño, que conecta la cordillera, el litoral Pacífico y la frontera con Ecuador de unos 586 kilómetros, por donde, dice, transita la droga hacía América del Norte y Europa. Su importancia no se limita a los pasos terrestres: incluye zonas de producción, áreas de acopio y rutas que pueden enlazarse con puertos y redes internacionales de distribución de drogas y oro.Por su parte, el investigador Ricardo Vargas plantea que la transformación del papel de Ecuador en el comercio de cocaína es fundamental para entender el conflictoEl cambio incrementó la violencia en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Vargas sostiene que, en el caso de Colombia, la confrontación ha cambiado de naturaleza: las economías ilegales ya no funcionan solamente como mecanismos para financiar un conflicto con objetivos políticos, sino que también constituyen recursos por los cuales compiten organizaciones armadas. El narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones se convierten así en factores de control territorial.¿Una estrategia pacificadora errónea?La alerta emitida describe un escenario de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), junto con estructuras de crimen organizado que han adquirido visibilidad en la zona.La Institución advierte, además, que la terminación de los diálogos con la CNEB puede aumentar el riesgo de enfrentamientos y contempla la posibilidad de nuevas incursiones de otras facciones armadas.Durante el Gobierno de Gustavo Petro, los diálogos con Comuneros del Sur y los intentos de negociación con estructuras armadas abrieron una vía para reducir la confrontación y promover transformaciones territoriales. En febrero de 2026, Petro informó sobre una reducción de los homicidios, que atribuyó a la erradicación voluntaria de 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, sustituidos por cultivos lícitosPara abril de este mismo año, el Ministerio de Defensa anunció la llegada de cerca de 500 uniformados adicionales a Nariño y la posibilidad de que unas 14.000 familias accedieran a beneficios sociales y de infraestructura para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La meta de sustitución voluntaria era llegar a 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, según los acuerdos en las negociaciones con la CNEB.Para Vargas, el aumento de la violencia pasa por el fracaso de la política de Paz Total del expresidente colombiano. A su juicio, la incertidumbre sobre la continuidad del proceso con la llegada de un nuevo gobierno también desincentivó la participación de algunas estructuras armadas.Consuelo Ahumada, por su parte, interpreta la situación como una consecuencia de la política de sometimiento del Gobierno actual de Abelardo de la Espriella. En su opinión, la salida de integrantes de las zonas de concentración y la interrupción de la negociación pueden agravar la confrontación.Desde la llegada al poder, el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado seis bombardeos, uno de ellos contra el Frente de Guerra Suroccidental, que dejó un saldo de ocho combatientes muertos. La 'multicriminalidad' es difícil de combatirEl presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó al poder para su segundo mandato en mayo de 2025, prometiendo mano dura contra los grupos criminales. Para ello, decretó toques de queda y estados de excepción sin que esto se reflejara directamente en este país, que se convirtió en uno de los más inseguros de América Latina.Vargas identifica la consolidación de redes criminales en Ecuador con la capacidad de éstas para intermediar en el tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, y señala que la disputa por las rutas y los puertos contribuye a intensificar la violencia.El lavado de activos completa la cadena económica: los beneficios del narcotráfico requieren mecanismos para ocultar su origen e introducirlos en circuitos financieros o patrimoniales legales.La estrategia de seguridad estadounidense constituye otra dimensión del debate. Ahumada vincula la orientación militar del Gobierno colombiano con la política regional de Washington y con la iniciativa conocida como El Escudo de las Américas.Desde su perspectiva, la presión para privilegiar las operaciones militares reproduce una lógica aplicada durante décadas mediante planes antidrogas que no han resuelto las causas estructurales del conflicto.
La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió sobre el riesgo de una escalada de violencia en dos municipios del piedemonte costero de Nariño, donde coexisten estructuras armadas que disputan o ejercen control sobre corredores estratégicos y rentas de las economías ilícitas.
El informe de esta institución refleja datos alarmantes, como la tasa de homicidios que alcanza 67,37 por cada 100.000 habitantes en Mallama durante 2026. Expertos en el conflicto armado de este país consultados por Sputnik argumentan que la existencia de esta violencia responde, entre otras cosas, a la persistencia de las economías criminales.
"Esta alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo es muy grave y advierte sobre los riesgos, la violencia, todo lo que pasa en dos municipios de Nariño, que son Ricaurte y Mallama, que están situados estratégicamente", afirma a este medio Consuelo Ahumada, docente e investigadora con doctorado en Ciencia Política.
En todo el departamento de Nariño viven más de 1.700.000 habitantes —según estadísticas oficiales—, pero específicamente en Ricaurte y Mallama habitan alrededor de 16.000 y 9.000 habitantes, respectivamente.
Ahumada hace referencia a la geografía de Nariño, que conecta la cordillera, el litoral Pacífico y la frontera con Ecuador de unos 586 kilómetros, por donde, dice, transita la droga hacía América del Norte y Europa. Su importancia no se limita a los pasos terrestres: incluye zonas de producción, áreas de acopio y rutas que pueden enlazarse con puertos y redes internacionales de distribución de drogas y oro.
Por su parte, el investigador Ricardo Vargas plantea que la transformación del papel de Ecuador en el comercio de cocaína es fundamental para entender el conflicto
"Cuando se vuelve importante Guayaquil y los puertos del norte de Ecuador para la salida de cocaína, obviamente se incrementa la expectativa y la importancia de los cultivos en Nariño. Y el tema de seguridad también, de protección de esas rutas de salida. Entonces, los grupos colombianos tienen ahí una posibilidad de financiación fuerte", dice.
El cambio incrementó la violencia en las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Vargas sostiene que, en el caso de Colombia, la confrontación ha cambiado de naturaleza: las economías ilegales ya no funcionan solamente como mecanismos para financiar un conflicto con objetivos políticos, sino que también constituyen recursos por los cuales compiten organizaciones armadas. El narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones se convierten así en factores de control territorial.
¿Una estrategia pacificadora errónea?
La alerta emitida describe un escenario de coexistencia armada entre Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), junto con estructuras de crimen organizado que han adquirido visibilidad en la zona.
La Institución advierte, además, que la terminación de los diálogos con la CNEB puede aumentar el riesgo de enfrentamientos y contempla la posibilidad de nuevas incursiones de otras facciones armadas.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, los diálogos con Comuneros del Sur y los intentos de negociación con estructuras armadas abrieron una vía para reducir la confrontación y promover transformaciones territoriales. En febrero de 2026, Petro informó sobre una reducción de los homicidios, que atribuyó a la erradicación voluntaria de 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, sustituidos por cultivos lícitos
Para abril de este mismo año, el Ministerio de Defensa anunció la llegada de cerca de 500 uniformados adicionales a Nariño y la posibilidad de que unas 14.000 familias accedieran a beneficios sociales y de infraestructura para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. La meta de sustitución voluntaria era llegar a 30.000 hectáreas de cultivos de coca en Nariño y Putumayo, según los acuerdos en las negociaciones con la CNEB.
Para Vargas, el aumento de la violencia pasa por el fracaso de la política de Paz Total del expresidente colombiano.
"Yo creo que esa paz quedó muy fragmentada. [...] Tuvo muchos errores en su diseño inicial y en la implementación. [...] Se generalizaron unas pautas sin abrirse a especificidades locales, sobre todo en territorios complejos como Nariño”, sentenció.
A su juicio, la incertidumbre sobre la continuidad del proceso con la llegada de un nuevo gobierno también desincentivó la participación de algunas estructuras armadas.
Consuelo Ahumada, por su parte, interpreta la situación como una consecuencia de la política de sometimiento del Gobierno actual de Abelardo de la Espriella. En su opinión, la salida de integrantes de las zonas de concentración y la interrupción de la negociación pueden agravar la confrontación.
Desde la llegada al poder, el presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado seis bombardeos, uno de ellos contra el Frente de Guerra Suroccidental, que dejó un saldo de ocho combatientes muertos.
“No quiere nada de diálogo, su principio es reforzar lo militar, entonces se ha activado el conflicto ahí”, dice.
La 'multicriminalidad' es difícil de combatir
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó al poder para su segundo mandato en mayo de 2025, prometiendo mano dura contra los grupos criminales. Para ello, decretó toques de queda y estados de excepción sin que esto se reflejara directamente en este país, que se convirtió en uno de los más inseguros de América Latina.
Vargas identifica la consolidación de redes criminales en Ecuador con la capacidad de éstas para intermediar en el tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, y señala que la disputa por las rutas y los puertos contribuye a intensificar la violencia.
"La multicriminalidad se ha convertido en un fenómeno muy complejo, imposible de controlar en un solo país, porque no hablamos sólo del narcotráfico, hablamos del petróleo, del oro; hablamos de la trata de personas, de minerales estratégicos", añade.
El lavado de activos completa la cadena económica: los beneficios del narcotráfico requieren mecanismos para ocultar su origen e introducirlos en circuitos financieros o patrimoniales legales.
La estrategia de seguridad estadounidense constituye otra dimensión del debate. Ahumada vincula la orientación militar del Gobierno colombiano con la política regional de Washington y con la iniciativa conocida como El Escudo de las Américas.
Desde su perspectiva, la presión para privilegiar las operaciones militares reproduce una lógica aplicada durante décadas mediante planes antidrogas que no han resuelto las causas estructurales del conflicto.
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