Detención de excandidata presidencial en Ecuador deja ver fines "más políticos y electorales", dice experto
Detención de excandidata presidencial en Ecuador deja ver fines "más políticos y electorales", dice experto
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La detención de la excandidata Luisa González, de Revolución Ciudadana, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2023 vuelve a... 24.10.2026, Sputnik Mundo
Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de actuaciones autónomas del órgano de control, la oposición denuncia una estrategia de judicialización de la política previa al arranque del calendario de los comicios seccionales.Los retos de la carga probatoriaEl caso Laberinto indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. Desde la perspectiva del derecho penal, sostener una imputación por lavado de activos impone estándares rigurosos de probatoria que van más allá de inconsistencias administrativas en el gasto electoral. Fernando José Yumi, abogado penalista ecuatoriano, remarca que la Fiscalía debe demostrar la existencia de un delito previo que haya originado los recursos investigados.A la identificación del delito predicho se suma la exigencia de probar los elementos subjetivos del tipo penal en cada uno de los procesados."Debe acreditarse por parte de la Fiscalía que las personas procesadas, número uno, conocían el origen ilícito de esos fondos y que, conociendo el origen ilícito de esos fondos, voluntariamente decidieron ejecutar el verbo rector que impute la Fiscalía, que podría ser beneficiarse de estos dineros. Es decir, el conocimiento y la voluntad", resalta.Adicionalmente, el jurista subraya que un tercer reto en el que deberá también la Fiscalía enfocarse es en el aspecto de la delimitación del rol y de las esferas de participación de las personas. Es decir, si estaba dentro del rol de las personas procesadas realizar esa actividad de la que se les está acusando o si era una competencia de otra persona en la cual no tenían ninguna influencia las personas procesadas.La lógica del antagonismo políticoEn el ámbito político, el procesamiento de una de las principales figuras de la oposición altera la dinámica de fuerzas de cara al próximo ciclo de comicios seccionales. Renato Villavicencio, doctor en Ciencias Políticas, sostiene que la coyuntura refleja una dinámica de confrontación permanente impulsada desde el Ejecutivo."El contexto en general es esta lógica de antagonismo que existe entre el Gobierno nacional y sus rivales políticos, particularmente la Revolución Ciudadana. Entonces, la frontera política de amigo-enemigo la ha marcado con la Revolución Ciudadana", relata el experto en una entrevista con este medio.Villavicencio advierte que la derivación de esfuerzos hacia la defensa legal erosiona directamente la capacidad operativa de la tienda opositora."Creo que la consecuencia más obvia es que se van a tener que dividir aún más los esfuerzos que se tienen en estos momentos en una etapa electoral. Lo que también se puede prever es que se busca una eliminación o proscripción permanente de la Revolución Ciudadana como organización política. Ahora mismo está temporalmente proscrita por el Tribunal Contencioso Electoral y en las elecciones se participa a través de alianzas", menciona el analista.Según el politólogo, situar el foco en las causas penales contra la oposición le permite al Gobierno colocar al correísmo (corriente política afín al expresidente Rafael Correa) como el eje central del debate público, desplazando otros temas de la agenda."En este sentido, sí creo que la Revolución Ciudadana va otra vez a ubicarse en la discusión social como la principal problemática; es lo que busca el Gobierno", interpreta Villavicencio.Presunción de inocencia y desconfianzaUno de los factores que avivan las suspicacias sobre el uso instrumental del sistema de justicia es la coincidencia temporal entre los hitos del proceso penal y el cronograma electoral. Las elecciones seccionales de Ecuador de 2026 se realizarán el 29 de noviembre de 2026 para designar prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos, rurales y vocales principales de las juntas parroquiales."Cuando la presunción de inocencia se utiliza tan a la ligera, es la señal más clara de que el proceso judicial ya no es tan legítimo, sino que se utiliza utilitariamente para otros fines más políticos y electorales", añade.De cara a los comicios seccionales, el analista anticipa que las elecciones locales operarán en un entorno desigual, funcionando como una medición sobre la gestión del Gobierno central.
política, fernando villavicencio, luisa gonzález, seguridad, sputnik (medio de comunicación), tribunal contencioso electoral (tce) de ecuador, 💬 opinión y análisis
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Detención de excandidata presidencial en Ecuador deja ver fines "más políticos y electorales", dice experto
La detención de la excandidata Luisa González, de Revolución Ciudadana, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2023 vuelve a tensar el tablero político nacional. En el marco del denominado caso Laberinto, la acción judicial indagará presuntas conductas ligadas al delito de lavado de activos y aportes no declarados.
Mientras el Ejecutivo sostiene que se trata de actuaciones autónomas del órgano de control, la oposición denuncia una estrategia de judicialización de la política previa al arranque del calendario de los comicios seccionales.
Los retos de la carga probatoria
El caso Laberinto indaga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. Desde la perspectiva del derecho penal, sostener una imputación por lavado de activos impone estándares rigurosos de probatoria que van más allá de inconsistencias administrativas en el gasto electoral.
Fernando José Yumi, abogado penalista ecuatoriano, remarca que la Fiscalía debe demostrar la existencia de un delito previo que haya originado los recursos investigados.
"Porque solo se puede lavar aquel dinero que se encuentra sucio, es decir, aquel dinero que proviene de una actividad ilícita. Entonces yo debo identificar cuál es ese delito precedente que produjo este dinero sucio y que posteriormente este dinero fue lavado y utilizado dentro de un aspecto específico", sostiene el abogado en una conversación con Sputnik.
A la identificación del delito predicho se suma la exigencia de probar los elementos subjetivos del tipo penal en cada uno de los procesados.
"Debe acreditarse por parte de la Fiscalía que las personas procesadas, número uno, conocían el origen ilícito de esos fondos y que, conociendo el origen ilícito de esos fondos, voluntariamente decidieron ejecutar el verbo rector que impute la Fiscalía, que podría ser beneficiarse de estos dineros. Es decir, el conocimiento y la voluntad", resalta.
Adicionalmente, el jurista subraya que un tercer reto en el que deberá también la Fiscalía enfocarse es en el aspecto de la delimitación del rol y de las esferas de participación de las personas. Es decir, si estaba dentro del rol de las personas procesadas realizar esa actividad de la que se les está acusando o si era una competencia de otra persona en la cual no tenían ninguna influencia las personas procesadas.
La lógica del antagonismo político
En el ámbito político, el procesamiento de una de las principales figuras de la oposición altera la dinámica de fuerzas de cara al próximo ciclo de comicios seccionales. Renato Villavicencio, doctor en Ciencias Políticas, sostiene que la coyuntura refleja una dinámica de confrontación permanente impulsada desde el Ejecutivo.
"El contexto en general es esta lógica de antagonismo que existe entre el Gobierno nacional y sus rivales políticos, particularmente la Revolución Ciudadana. Entonces, la frontera política de amigo-enemigo la ha marcado con la Revolución Ciudadana", relata el experto en una entrevista con este medio.
Villavicencio advierte que la derivación de esfuerzos hacia la defensa legal erosiona directamente la capacidad operativa de la tienda opositora.
"Creo que la consecuencia más obvia es que se van a tener que dividir aún más los esfuerzos que se tienen en estos momentos en una etapa electoral. Lo que también se puede prever es que se busca una eliminación o proscripción permanente de la Revolución Ciudadana como organización política. Ahora mismo está temporalmente proscrita por el Tribunal Contencioso Electoral y en las elecciones se participa a través de alianzas", menciona el analista.
Según el politólogo, situar el foco en las causas penales contra la oposición le permite al Gobierno colocar al correísmo (corriente política afín al expresidente Rafael Correa) como el eje central del debate público, desplazando otros temas de la agenda.
"En este sentido, sí creo que la Revolución Ciudadana va otra vez a ubicarse en la discusión social como la principal problemática; es lo que busca el Gobierno", interpreta Villavicencio.
Uno de los factores que avivan las suspicacias sobre el uso instrumental del sistema de justicia es la coincidencia temporal entre los hitos del proceso penal y el cronograma electoral. Las elecciones seccionales de Ecuador de 2026 se realizarán el 29 de noviembre de 2026 para designar prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos, rurales y vocales principales de las juntas parroquiales.
"Cuando se empiezan a sincronizar tiempos judiciales y tiempos electorales, y especialmente cuando el Gobierno de turno empieza a utilizar esos momentos o esos casos judiciales a su favor, pues esa ya es una principal señal para analizar la legitimidad del proceso, porque el Gobierno empieza a utilizarlo como distractor o condicionando el momento electoral", dice el experto.
"Cuando la presunción de inocencia se utiliza tan a la ligera, es la señal más clara de que el proceso judicial ya no es tan legítimo, sino que se utiliza utilitariamente para otros fines más políticos y electorales", añade.
De cara a los comicios seccionales, el analista anticipa que las elecciones locales operarán en un entorno desigual, funcionando como una medición sobre la gestión del Gobierno central.
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