Más de la mitad del oro que sale de Perú es de origen ilícito: "Es un reflejo de la inacción del Estado"
Más de la mitad del oro que sale de Perú es de origen ilícito: "Es un reflejo de la inacción del Estado"
Sputnik Mundo
El 54% del oro exportado por Perú en el primer semestre de 2026 tiene origen ilegal. Especialistas consultados advierten que la minería ilegal se ha convertido... 17.10.2026, Sputnik Mundo
Por primera vez, Perú exportó más oro de origen ilegal que formal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Durante el primer semestre de 2026, el metal procedente de actividades no registradas representó el 54% del volumen exportado, y superó al legal en 8,7 toneladas. Mientras los envíos de origen ilegal crecieron un 19,4%, los formales disminuyeron un 5,9%.El IPE calcula que el valor de estas exportaciones alcanzaría al menos 16.000 millones de dólares al cierre del año y podría superar los 18.000 millones. La minería ilegal se expande, favorecida por el elevado precio internacional del oro y por las debilidades de los gobiernos, según especialistas."Que la minería ilegal haya superado ampliamente esas actividades y que hoy produzca y exporte más que lo que registran las empresas formales es sin duda un reflejo de esta inacción del Estado", afirma a Sputnik Stephani Maita, economista sénior del IPE."Desde hace ya bastante tiempo, la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva del Perú y la que moviliza la mayor cantidad de dinero (...), sobre todo en zonas de frontera donde usualmente la actividad se asocia a organizaciones criminales de carácter transnacional", señala César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental.Ruta del oro ilegalDurante 2026, la cotización del oro ha tenido una trayectoria ascendente, con un precio promedio de 4.500 dólares por onza, un 44% superior al del mismo período del año previo. En Perú, donde el metal constituye uno de los principales productos de exportación, el negocio ilegal movilizó unos 11.500 millones de dólares en envíos al exterior durante 2025, según el IPE.Los expertos ubican uno de los principales problemas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 para permitir que pequeños mineros regularizaran sus operaciones. Tras cinco prórrogas, apenas el 2% de sus inscritos habría culminado el proceso, según el IPE.El registro permite a sus titulares mantenerse en un régimen transitorio, pero las deficiencias de fiscalización facilitan que la documentación se utilice para vender mineral extraído por terceros.Ese metal puede llegar a plantas procesadoras, pasar por comercializadoras y terminar en las exportaciones sin que se verifique adecuadamente de dónde salió.Maita advierte que incluso se han reportado venta y alquiler de registros REINFO a través de redes sociales. Este mecanismo permite que operadores sin inscripción comercialicen oro atribuyéndolo a la producción de un titular registrado.El crecimiento de esta actividad también coincide con cambios en los destinos de exportación. Maita señala que India y Emiratos Árabes Unidos —mercados que presentan menores exigencias para verificar la procedencia del metal— han ganado importancia frente a compradores tradicionales como EEUU y Canadá.Intereses políticosLa continuidad del REINFO, pese a sus escasos resultados, ha generado cuestionamientos. Para los especialistas, las sucesivas prórrogas se explican por la presión económica y política.En diciembre de 2025, tras protestas de mineros que exigían más tiempo para formalizarse, el Congreso aprobó extender el REINFO hasta finales de 2026. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones en una primera votación, y fue ratificada el 17 de diciembre con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.Entre los principales respaldos figuraron 16 legisladores de Fuerza Popular —partido de la actual presidenta—, nueve de Alianza para el Progreso y ocho de Podemos Perú. Los defensores invocaron el empleo y el riesgo de excluir a miles de trabajadores; mientras los críticos alertaron que otra ampliación prolongará la informalidad.Ipenza sostiene que antiguos asesores de organizaciones de mineros informales han ocupado puestos de decisión en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso. Según el abogado, algunos representantes de organizaciones mineras incluso llegaron a presidir el Legislativo."Todo este poder derivado del dinero que se genera por el lavado del oro, entre otros factores, en un país sin institucionalidad, termina infiltrándose y potencialmente capturando instituciones", afirma Maita.En áreas mineras de La Libertad, Puno y la Amazonía, los especialistas relacionan su avance con extorsiones, homicidios y otras actividades del crimen organizado, además de la destrucción de la biodiversidad.Respuesta del GobiernoLa expansión de la minería ilegal también amenaza a las inversiones formales, señala Maita. Advierte de proyectos afectados por mineros ilegales en zonas de concesión con una inversión conjunta de hasta 12.000 millones de dólares. Pese a las denuncias, el Estado no cuenta con una estrategia efectiva para retirarlos.El Gobierno de Keiko Fujimori propone sustituir el REINFO por una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La iniciativa plantea reforzar los controles sobre las plantas procesadoras y establecer un período transitorio de 18 meses para concluir la formalización.Sin embargo, Ipenza cuestiona que la propuesta represente un cambio con respecto al sistema anterior. El abogado considera que mantener un régimen especial para los inscritos podría prolongar los problemas.Maita señala que cualquier nuevo régimen deberá tener plazos definitivos y fiscalización efectiva, especialmente sobre plantas y comercializadoras. La economista advierte que la constante rotación de gobiernos y autoridades ha impedido desarrollar una estrategia sostenida frente a una actividad que ya moviliza miles de millones de dólares.
El 54% del oro exportado por Perú en el primer semestre de 2026 tiene origen ilegal. Especialistas consultados advierten que la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva del país y es asociada con organizaciones criminales.
Por primera vez, Perú exportó más oro de origen ilegal que formal, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Durante el primer semestre de 2026, el metal procedente de actividades no registradas representó el 54% del volumen exportado, y superó al legal en 8,7 toneladas. Mientras los envíos de origen ilegal crecieron un 19,4%, los formales disminuyeron un 5,9%.
El IPE calcula que el valor de estas exportaciones alcanzaría al menos 16.000 millones de dólares al cierre del año y podría superar los 18.000 millones. La minería ilegal se expande, favorecida por el elevado precio internacional del oro y por las debilidades de los gobiernos, según especialistas.
"Que la minería ilegal haya superado ampliamente esas actividades y que hoy produzca y exporte más que lo que registran las empresas formales es sin duda un reflejo de esta inacción del Estado", afirma a Sputnik Stephani Maita, economista sénior del IPE.
"Desde hace ya bastante tiempo, la minería ilegal se ha convertido en la principal actividad delictiva del Perú y la que moviliza la mayor cantidad de dinero (...), sobre todo en zonas de frontera donde usualmente la actividad se asocia a organizaciones criminales de carácter transnacional", señala César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental.
Ruta del oro ilegal
Durante 2026, la cotización del oro ha tenido una trayectoria ascendente, con un precio promedio de 4.500 dólares por onza, un 44% superior al del mismo período del año previo. En Perú, donde el metal constituye uno de los principales productos de exportación, el negocio ilegal movilizó unos 11.500 millones de dólares en envíos al exterior durante 2025, según el IPE.
Los expertos ubican uno de los principales problemas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 para permitir que pequeños mineros regularizaran sus operaciones. Tras cinco prórrogas, apenas el 2% de sus inscritos habría culminado el proceso, según el IPE.
El registro permite a sus titulares mantenerse en un régimen transitorio, pero las deficiencias de fiscalización facilitan que la documentación se utilice para vender mineral extraído por terceros.
"Los papeles que tiene el REINFO permiten lavar oro de extracción ilegal (...) y hacerlos pasar como oro del proceso de formalización", señala Ipenza. El especialista explica que esto ocurre porque el Estado carece de un sistema efectivo para comprobar que las cantidades comercializadas correspondan realmente a la producción declarada.
Ese metal puede llegar a plantas procesadoras, pasar por comercializadoras y terminar en las exportaciones sin que se verifique adecuadamente de dónde salió.
Maita advierte que incluso se han reportado venta y alquiler de registros REINFO a través de redes sociales. Este mecanismo permite que operadores sin inscripción comercialicen oro atribuyéndolo a la producción de un titular registrado.
El crecimiento de esta actividad también coincide con cambios en los destinos de exportación. Maita señala que India y Emiratos Árabes Unidos —mercados que presentan menores exigencias para verificar la procedencia del metal— han ganado importancia frente a compradores tradicionales como EEUU y Canadá.
Intereses políticos
La continuidad del REINFO, pese a sus escasos resultados, ha generado cuestionamientos. Para los especialistas, las sucesivas prórrogas se explican por la presión económica y política.
"La minería ilegal e informal ha copado espacios de poder en nuestro país. Hemos visto que en un pasado no muy lejano había una bancada multipartidaria que representaba los intereses de los mineros informales e ilegales en el Congreso", sostiene Ipenza.
En diciembre de 2025, tras protestas de mineros que exigían más tiempo para formalizarse, el Congreso aprobó extender el REINFO hasta finales de 2026. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones en una primera votación, y fue ratificada el 17 de diciembre con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.
Entre los principales respaldos figuraron 16 legisladores de Fuerza Popular —partido de la actual presidenta—, nueve de Alianza para el Progreso y ocho de Podemos Perú. Los defensores invocaron el empleo y el riesgo de excluir a miles de trabajadores; mientras los críticos alertaron que otra ampliación prolongará la informalidad.
Ipenza sostiene que antiguos asesores de organizaciones de mineros informales han ocupado puestos de decisión en el Ministerio de Energía y Minas y en el Congreso. Según el abogado, algunos representantes de organizaciones mineras incluso llegaron a presidir el Legislativo.
"Todo este poder derivado del dinero que se genera por el lavado del oro, entre otros factores, en un país sin institucionalidad, termina infiltrándose y potencialmente capturando instituciones", afirma Maita.
En áreas mineras de La Libertad, Puno y la Amazonía, los especialistas relacionan su avance con extorsiones, homicidios y otras actividades del crimen organizado, además de la destrucción de la biodiversidad.
Respuesta del Gobierno
La expansión de la minería ilegal también amenaza a las inversiones formales, señala Maita. Advierte de proyectos afectados por mineros ilegales en zonas de concesión con una inversión conjunta de hasta 12.000 millones de dólares. Pese a las denuncias, el Estado no cuenta con una estrategia efectiva para retirarlos.
El Gobierno de Keiko Fujimori propone sustituir el REINFO por una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). La iniciativa plantea reforzar los controles sobre las plantas procesadoras y establecer un período transitorio de 18 meses para concluir la formalización.
Sin embargo, Ipenza cuestiona que la propuesta represente un cambio con respecto al sistema anterior. El abogado considera que mantener un régimen especial para los inscritos podría prolongar los problemas.
Maita señala que cualquier nuevo régimen deberá tener plazos definitivos y fiscalización efectiva, especialmente sobre plantas y comercializadoras. La economista advierte que la constante rotación de gobiernos y autoridades ha impedido desarrollar una estrategia sostenida frente a una actividad que ya moviliza miles de millones de dólares.
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