Bolivia firmará contratos directamente con empresas internacionales
Bolivia firmará contratos directamente con empresas internacionales
Sputnik Mundo
El decreto 5503, firmado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eliminó la subvención a los combustibles. A dos semanas de su aplicación, el país... 28.12.2025, Sputnik Mundo
Mediante diálogos con sectores productivos, organizaciones sociales y sindicatos de transportistas, el Gobierno logró explicar los alcances del documento, además de ofrecer beneficios a los diferentes actores, con lo cual garantizó que no se realizaran protestas.Pero el decreto no habla solamente de la quita de la subvención a los combustibles. Consta de 120 artículos, varios de los cuales establecen una nueva manera de relacionamiento entre las autoridades locales y las empresas extranjeras que deseen explotar recursos naturales en el país. La Constitución, vigente desde 2009, estableció que todo contrato para explotar recursos de Bolivia con empresas internacionales debía contar con el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.Este mecanismo de control legislativo tuvo a menudo un uso político. Así quedó demostrado con los contratos firmados por el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de Rusia y China para la explotación de litio, los cuales quedaron varados en la Asamblea a merced de los conflictos entre los pasados oficialismo y oposición, pero con la nueva composición legislativa estos acuerdos podrían finalmente entrar en vigencia.Con el mencionado decreto, quedó de lado la Asamblea como instancia fundamental para el ingreso de inversiones a Bolivia. Así, el Gobierno de Paz procura generar un marco favorable para la llegada de divisas, que escasean en el país desde 2023.En este sentido, el documento considera "imprescindible agilizar, flexibilizar y modernizar el marco jurídico aplicable a la inversión, creando condiciones favorables y competitivas para la atracción de capitales nacionales y extranjeros en sectores estratégicos de la economía".Y cita a la Constitución cuando determina que el Estado debe "promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".Un nuevo modeloEn síntesis, de aquí en adelante, el Gobierno entregará concesiones a empresas internacionales sin pasar por el tamiz de la Asamblea. Los nuevos contratos tendrán rango de ley mediante decreto. Y garantizan que, durante 15 años de actividad, las corporaciones no tendrán modificaciones impositivas ni de otro tipo, que no sean las acordadas al momento de la firma.Organizaciones sociales e indígenas exigen que se retire esta parte del decreto 5503, porque consideran que pone en riesgo los territorios indígenas y reservas naturales, que podrían vulnerarse mediante el nuevo método de contratación.Economistas consultados por Sputnik evaluaron esta iniciativa de las autoridades bolivianas, que podría atraer inversiones, pero también podría vulnerar la soberanía de la población sobre los recursos del país, si no se respetan los mecanismos de control y los derechos ya consagrados.El Gobierno de Paz definió una serie de "inversiones estratégicas prioritarias", que serían las destinadas "al desarrollo de los circuitos productivos de los recursos naturales estratégicos y a las actividades económicas en el marco de la planificación del desarrollo económico y social del país".Estas inversiones incluyen "minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte; manufactura con orientación exportadora".Beneficios para las empresasEn diálogo con este medio, el economista Omar Velasco evaluó que el decreto define "una agenda que facilita la llegada de empresas y da grandes ventajas a las compañías ya establecidas en el país"."Estos contratos nuevos tratan de establecer una nueva relación contractual entre el Estado y la [firma] privada extranjera, cediendo los recursos naturales más valiosos que tiene la economía nacional, los cuales deberían estar bajo control del Estado, como lo estipula la Constitución".Velasco explicó que el decreto establece el mecanismo de fast track. El mismo decreto menciona que la estrategia comprende:El plazo máximo para la aprobación técnica de un proyecto fast track será de 30 días calendario. Pasado este plazo, si no hay una respuesta desde el Gobierno, la inversión se da por aprobada de facto.Para el economista Martín Moreira, "hablamos de que, si viene una empresa a invertir en tierras raras, o si va a hacer explotación a cielo abierto, va a estar avalada su actividad ante cualquier juzgado. Se trata de una privatización encubierta, promovida por el Gobierno, que ya no va a tener que preguntar nada a la Asamblea: solamente va a ejecutar", dijo a Sputnik.Seguridad jurídicaEl artículo 9 del decreto, sobre la "estabilidad jurídica y tributaria reforzada", establece que "las inversiones acogidas al presente régimen gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por un plazo de hasta 15 años, respecto de alícuotas y estructura de los tributos vigentes; regímenes arancelarios aplicables; normativa de comercio exterior; reglas de acceso, uso y repatriación de divisas; incentivos sectoriales expresamente reconocidos".Velasco observó que los beneficios están contemplados para grandes empresas internacionales, pero no llegan a la población boliviana, la cual podría resultar afectada económicamente por algunas de estas medidas.Los expertos coincidieron en que el decreto también podría provocar el aumento de precio de alimentos de primera necesidad al eliminarse las restricciones a la exportación, cuya finalidad era garantizar la provisión en el mercado nacional con un precio consensuado con las autoridades.Pero, "con el restablecimiento de la libre exportación, se está descuidando la garantía para que el mercado interno no se vea comprometido con estos períodos de especulación que hemos tenido en meses anteriores, vinculados a la volatilidad del dólar", mencionó Velasco."Si bien por un lado se apoya al sector productivo y al agroexportador, se está descuidando el eventual incremento de precio en el mercado doméstico por la disponibilidad de estos bienes", añadió.Ingresos de inversionesSobre los nuevos contratos, Moreira observó que "no se va a hacer ningún tipo de investigación sobre la procedencia de las fortunas que se traigan al país"."La gente cree que el gasolinazo es la medida más fuerte incluida en el decreto. Pero el mercado ha sabido absorber bien este golpe que hemos tenido con el alza de carburantes", agregó.Con la aplicación del decreto, el precio de la gasolina subió de 3,74 pesos bolivianos (unos 50 centavos de dólar) a 6,96 pesos bolivianos por litro (un dólar), lo cual representa un incremento del 86%. El diésel pasó de 3,72 a 9,80 pesos bolivianos (0,54 a 1,42 dólares), un aumento del 162%.Pero "hay un segundo ajuste implícito con la liberación de importaciones de alimentos", además de la nueva manera de hacer contratos con empresas internacionales.Velasco, por su parte, advirtió que "las nuevas medidas se asumen en un contexto de caída de ingresos tributarios", además que el Ministerio de Economía prevé cerrar el año con un déficit fiscal del 13%, lo cual representa un desequilibrio en las finanzas públicas de 6.000 millones de dólares."Todo esto puede llevar al país a un desajuste fiscal mucho más serio que con el que terminamos este 2025", dijo el economista. "Y el costo de la crisis puede trasladarse a la población boliviana".
El decreto 5503, firmado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, eliminó la subvención a los combustibles. A dos semanas de su aplicación, el país sudamericano sigue funcionando con normalidad, sin que el notable aumento de precios de la gasolina y el diésel hubiera tenido una resistencia social contundente.
Mediante diálogos con sectores productivos, organizaciones sociales y sindicatos de transportistas, el Gobierno logró explicar los alcances del documento, además de ofrecer beneficios a los diferentes actores, con lo cual garantizó que no se realizaran protestas.
Pero el decreto no habla solamente de la quita de la subvención a los combustibles. Consta de 120 artículos, varios de los cuales establecen una nueva manera de relacionamiento entre las autoridades locales y las empresas extranjeras que deseen explotar recursos naturales en el país.
La Constitución, vigente desde 2009, estableció que todo contrato para explotar recursos de Bolivia con empresas internacionales debía contar con el visto bueno de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Este mecanismo de control legislativo tuvo a menudo un uso político. Así quedó demostrado con los contratos firmados por el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) con empresas de Rusia y China para la explotación de litio, los cuales quedaron varados en la Asamblea a merced de los conflictos entre los pasados oficialismo y oposición, pero con la nueva composición legislativa estos acuerdos podrían finalmente entrar en vigencia.
Con el mencionado decreto, quedó de lado la Asamblea como instancia fundamental para el ingreso de inversiones a Bolivia. Así, el Gobierno de Paz procura generar un marco favorable para la llegada de divisas, que escasean en el país desde 2023.
En este sentido, el documento considera "imprescindible agilizar, flexibilizar y modernizar el marco jurídico aplicable a la inversión, creando condiciones favorables y competitivas para la atracción de capitales nacionales y extranjeros en sectores estratégicos de la economía".
Y cita a la Constitución cuando determina que el Estado debe "promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras".
Un nuevo modelo
En síntesis, de aquí en adelante, el Gobierno entregará concesiones a empresas internacionales sin pasar por el tamiz de la Asamblea. Los nuevos contratos tendrán rango de ley mediante decreto. Y garantizan que, durante 15 años de actividad, las corporaciones no tendrán modificaciones impositivas ni de otro tipo, que no sean las acordadas al momento de la firma.
Organizaciones sociales e indígenas exigen que se retire esta parte del decreto 5503, porque consideran que pone en riesgo los territorios indígenas y reservas naturales, que podrían vulnerarse mediante el nuevo método de contratación.
Economistas consultados por Sputnik evaluaron esta iniciativa de las autoridades bolivianas, que podría atraer inversiones, pero también podría vulnerar la soberanía de la población sobre los recursos del país, si no se respetan los mecanismos de control y los derechos ya consagrados.
El Gobierno de Paz definió una serie de "inversiones estratégicas prioritarias", que serían las destinadas "al desarrollo de los circuitos productivos de los recursos naturales estratégicos y a las actividades económicas en el marco de la planificación del desarrollo económico y social del país".
Estas inversiones incluyen "minería y metalurgia formal; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura logística y transporte; manufactura con orientación exportadora".
Beneficios para las empresas
En diálogo con este medio, el economista Omar Velasco evaluó que el decreto define "una agenda que facilita la llegada de empresas y da grandes ventajas a las compañías ya establecidas en el país".
"Estos contratos nuevos tratan de establecer una nueva relación contractual entre el Estado y la [firma] privada extranjera, cediendo los recursos naturales más valiosos que tiene la economía nacional, los cuales deberían estar bajo control del Estado, como lo estipula la Constitución".
Velasco explicó que el decreto establece el mecanismo de fast track. El mismo decreto menciona que la estrategia comprende:
Tramitación prioritaria y concentrada de autorizaciones sectoriales
Ventanilla única de evaluación y aprobación técnica;
Plazos perentorios y preclusivos para la administración pública;
Aplicación del silencio administrativo positivo como regla general".
El plazo máximo para la aprobación técnica de un proyecto fast trackserá de 30 días calendario. Pasado este plazo, si no hay una respuesta desde el Gobierno, la inversión se da por aprobada de facto.
Para el economista Martín Moreira, "hablamos de que, si viene una empresa a invertir en tierras raras, o si va a hacer explotación a cielo abierto, va a estar avalada su actividad ante cualquier juzgado. Se trata de una privatización encubierta, promovida por el Gobierno, que ya no va a tener que preguntar nada a la Asamblea: solamente va a ejecutar", dijo a Sputnik.
Seguridad jurídica
El artículo 9 del decreto, sobre la "estabilidad jurídica y tributaria reforzada", establece que "las inversiones acogidas al presente régimen gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por un plazo de hasta 15 años, respecto de alícuotas y estructura de los tributos vigentes; regímenes arancelarios aplicables; normativa de comercio exterior; reglas de acceso, uso y repatriación de divisas; incentivos sectoriales expresamente reconocidos".
Velasco observó que los beneficios están contemplados para grandes empresas internacionales, pero no llegan a la población boliviana, la cual podría resultar afectada económicamente por algunas de estas medidas.
Los expertos coincidieron en que el decreto también podría provocar el aumento de precio de alimentos de primera necesidad al eliminarse las restricciones a la exportación, cuya finalidad era garantizar la provisión en el mercado nacional con un precio consensuado con las autoridades.
Pero, "con el restablecimiento de la libre exportación, se está descuidando la garantía para que el mercado interno no se vea comprometido con estos períodos de especulación que hemos tenido en meses anteriores, vinculados a la volatilidad del dólar", mencionó Velasco.
"Si bien por un lado se apoya al sector productivo y al agroexportador, se está descuidando el eventual incremento de precio en el mercado doméstico por la disponibilidad de estos bienes", añadió.
Ingresos de inversiones
Sobre los nuevos contratos, Moreira observó que "no se va a hacer ningún tipo de investigación sobre la procedencia de las fortunas que se traigan al país".
"La gente cree que el gasolinazo es la medida más fuerte incluida en el decreto. Pero el mercado ha sabido absorber bien este golpe que hemos tenido con el alza de carburantes", agregó.
Con la aplicación del decreto, el precio de la gasolina subió de 3,74 pesos bolivianos (unos 50 centavos de dólar) a 6,96 pesos bolivianos por litro (un dólar), lo cual representa un incremento del 86%. El diésel pasó de 3,72 a 9,80 pesos bolivianos (0,54 a 1,42 dólares), un aumento del 162%.
Pero "hay un segundo ajuste implícito con la liberación de importaciones de alimentos", además de la nueva manera de hacer contratos con empresas internacionales.
Velasco, por su parte, advirtió que "las nuevas medidas se asumen en un contexto de caída de ingresos tributarios", además que el Ministerio de Economía prevé cerrar el año con un déficit fiscal del 13%, lo cual representa un desequilibrio en las finanzas públicas de 6.000 millones de dólares.
"Todo esto puede llevar al país a un desajuste fiscal mucho más serio que con el que terminamos este 2025", dijo el economista. "Y el costo de la crisis puede trasladarse a la población boliviana".
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