Brasil y Colombia delinean pasos a seguir en América Latina ante deportaciones emprendidas por EEUU
Brasil y Colombia delinean pasos a seguir en América Latina ante deportaciones emprendidas por EEUU
Sputnik Mundo
Tal como prometió durante su campaña presidencial, el flamante presidente Donald Trump ha impulsado la deportación masiva de inmigrantes ilegales... 31.01.2025, Sputnik Mundo
Si bien los vuelos de deportación de migrantes entre EEUU y países latinoamericanos ya existían, el Gobierno de Donald Trump ha tensado al límite las políticas de cooperación internacional que, de acuerdo a los expertos, deberían primar en estos casos.La imagen se repite, desde mediados de enero, en muchos países de América Latina: hombres, mujeres y niños migrantes que son detenidos en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son enviados en aviones militares y llegan a sus países. Entre ellos hay quienes denuncian haber sido separados de sus pertenencias y viajado, al menos gran parte del vuelo, esposados."Un discurso de criminalización"Santiago Carranco, especialista en Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE), explicó a Sputnik que uno de los cambios políticos de esta etapa es que existe "una criminalización de la migración" que crea una especie de estigma por el estatus de ilegalidad.Para Carranco, es importante tener en cuenta que este cambio de filosofía detrás de los migrantes se sustenta en un incremento de un "nacionalismo estadounidense" y el fuerte respaldo que tiene Trump en las dos cámaras del Congreso y las élites económicas estadounidenses e internacionales.Ese discurso permitió al Gobierno de Trump eliminar "el financiamiento a la ayuda internacional que había a los migrantes dentro de EEUU" y que hacía un seguimiento de los deportados en sus países para que pudieran reinsertarse en sus territorios de origen. Eso, consideró, afecta especialmente a los "migrantes económicos", que no pueden acogerse al estatus de refugiados, a quienes sí ampara el derecho internacional.Si bien Carranco reconoce que deportar a los migrantes económicos que se encuentran en situación ilegal "es una potestad del país", considera que la política que está llevando adelante el Gobierno de Trump "roza lo ilegítimo" porque "si vamos a los principios fundamentales de los derechos humanos, no se puede criminalizar a alguien simplemente porque viaja en busca de una mejor vida".Violación de acuerdos previosPara la colombiana Paula Ruiz, especialista en Cooperación Internacional y docente de la Universidad Externado de Colombia, la gran diferencia de esta nueva ola de deportaciones radica en que Washington "está violando los acuerdos previos que hacen los Estados en relación con las deportaciones".En diálogo con Sputnik, la académica coincidió en que EEUU tiene potestad para decidir a qué personas permite el ingreso a su territorio y recordó que las políticas de deportación han aumentado desde la última gestión del demócrata Barack Obama (2009-2017), aunque variando entre posturas "más garantistas o más restrictivas". La experta consignó que en 2024, aún con Joe Biden como mandatario, EEUU deportó a casi 15.000 colombianos en 124 vuelos, según cifras migratorias de dicho país latinoamericano.En ese marco, Ruiz advirtió que sí puede existir "una violación al derecho de cada individuo" al ser considerados criminales independientemente de si tienen antecedentes o acusaciones en su contra en EEUU o su país de origen, además de tener que viajar esposados o con medidas de seguridad sin haber cometido delito alguno.De hecho, remarcó la experta, uno de los problemas que Colombia debe afrontar a partir de los envíos masivos de deportados es que, al estar todos catalogados como "criminales", se hace difícil establecer cuáles tenían antecedentes y cuáles no. Esto genera problemas tanto para el seguimiento que el país receptor debe darle al regresar como en el propio vuelo.¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos?Para ambos analistas, uno de los ejemplos de una buena respuesta ante la crisis de los vuelos de deportación está en la reacción de Brasil, que pidió oficialmente explicaciones a EEUU por el "trato degradante" que habían recibido 88 deportados que llegaron a suelo brasileño con esposas en sus manos.Carranco consideró que la postura adoptada por Brasil es una opción dentro de un panorama en el que "América Latina queda en una posición extremadamente difícil y vulnerable", entre otras cuestiones porque los países latinoamericanos no pueden, por sus propias constituciones, negarse a recibir a sus propios connacionales.El otro camino, señaló el experto, es el adoptado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, al negarse a recibir a los migrantes esposados, aunque este tipo de posturas puede recibir como respuesta "una bomba atómica económica" como incrementos extraordinarios de aranceles, algo que podría ser letal para cualquier economía de la región.Ruiz también consideró que la postura de Brasil puede ser más efectiva, haciendo una protesta formal que busque, al menos, mejorar la manera en que los deportados son enviados a sus países.Para la académica, la manera de que este tipo de reclamos tenga éxito es que los gobiernos latinoamericanos generen coordinaciones "con sus consulados y el personal técnico" estadounidense, dado que "a nivel presidencial no va a suavizarse, sino que se mantendrá esa línea dura y radical".Por otro lado, Ruiz no fue optimista en relación con el éxito de demandas contra EEUU interpuestas por los propios deportados, debido al derecho de Washington de establecer sus propias políticas de migración.
Tal como prometió durante su campaña presidencial, el flamante presidente Donald Trump ha impulsado la deportación masiva de inmigrantes ilegales, principalmente hacia países de América Latina. Expertos consultados por Sputnik analizan las fallas legales que enfrenta el plan del mandatario, así como la respuesta que debe esperarse de la región.
La imagen se repite, desde mediados de enero, en muchos países de América Latina: hombres, mujeres y niños migrantes que son detenidos en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son enviados en aviones militares y llegan a sus países. Entre ellos hay quienes denuncian haber sido separados de sus pertenencias y viajado, al menos gran parte del vuelo, esposados.
Santiago Carranco, especialista en Relaciones Internacionales y coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Ecuador (UIDE), explicó a Sputnik que uno de los cambios políticos de esta etapa es que existe "una criminalización de la migración" que crea una especie de estigma por el estatus de ilegalidad.
Para Carranco, es importante tener en cuenta que este cambio de filosofía detrás de los migrantes se sustenta en un incremento de un "nacionalismo estadounidense" y el fuerte respaldo que tiene Trump en las dos cámaras del Congreso y las élites económicas estadounidenses e internacionales.
"Ya ha habido deportaciones grandes en el pasado, pero esta viene cargada de un discurso de criminalización y este simbolismo especial de llegar esposados o haber sido esposados en el avión", subrayó Carranco.
Ese discurso permitió al Gobierno de Trump eliminar "el financiamiento a la ayuda internacional que había a los migrantes dentro de EEUU" y que hacía un seguimiento de los deportados en sus países para que pudieran reinsertarse en sus territorios de origen. Eso, consideró, afecta especialmente a los "migrantes económicos", que no pueden acogerse al estatus de refugiados, a quienes sí ampara el derecho internacional.
Si bien Carranco reconoce que deportar a los migrantes económicos que se encuentran en situación ilegal "es una potestad del país", considera que la política que está llevando adelante el Gobierno de Trump "roza lo ilegítimo" porque "si vamos a los principios fundamentales de los derechos humanos, no se puede criminalizar a alguien simplemente porque viaja en busca de una mejor vida".
Para la colombiana Paula Ruiz, especialista en Cooperación Internacional y docente de la Universidad Externado de Colombia, la gran diferencia de esta nueva ola de deportaciones radica en que Washington "está violando los acuerdos previos que hacen los Estados en relación con las deportaciones".
En diálogo con Sputnik, la académica coincidió en que EEUU tiene potestad para decidir a qué personas permite el ingreso a su territorio y recordó que las políticas de deportación han aumentado desde la última gestión del demócrata Barack Obama (2009-2017), aunque variando entre posturas "más garantistas o más restrictivas".
La experta consignó que en 2024, aún con Joe Biden como mandatario, EEUU deportó a casi 15.000 colombianos en 124 vuelos, según cifras migratorias de dicho país latinoamericano.
"Lo que cambia es que antes los deportados eran enviados en aviones civiles y ahora en aviones militares. Trump está mostrando cuál es el tono de la conversación y la negociación que quiere con los países latinoamericanos y mostrando a sus propios ciudadanos que tiene una política de mano dura", opinó.
En ese marco, Ruiz advirtió que sí puede existir "una violación al derecho de cada individuo" al ser considerados criminales independientemente de si tienen antecedentes o acusaciones en su contra en EEUU o su país de origen, además de tener que viajar esposados o con medidas de seguridad sin haber cometido delito alguno.
De hecho, remarcó la experta, uno de los problemas que Colombia debe afrontar a partir de los envíos masivos de deportados es que, al estar todos catalogados como "criminales", se hace difícil establecer cuáles tenían antecedentes y cuáles no. Esto genera problemas tanto para el seguimiento que el país receptor debe darle al regresar como en el propio vuelo.
"Si hubiera personas a las que le han demostrado delitos, no deberían viajar junto con migrantes comunes y corrientes que solo fueron a buscar mejores oportunidades. Se tendrían que elevar los protocolos de seguridad y haber un diálogo entre los ministerios de Justicia de ambos países y los consulados de las respectivas ciudades", planteó Ruiz.
¿Qué pueden hacer los países latinoamericanos?
Para ambos analistas, uno de los ejemplos de una buena respuesta ante la crisis de los vuelos de deportación está en la reacción de Brasil, que pidió oficialmente explicaciones a EEUU por el "trato degradante" que habían recibido 88 deportados que llegaron a suelo brasileño con esposas en sus manos.
Carranco consideró que la postura adoptada por Brasil es una opción dentro de un panorama en el que "América Latina queda en una posición extremadamente difícil y vulnerable", entre otras cuestiones porque los países latinoamericanos no pueden, por sus propias constituciones, negarse a recibir a sus propios connacionales.
El otro camino, señaló el experto, es el adoptado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, al negarse a recibir a los migrantes esposados, aunque este tipo de posturas puede recibir como respuesta "una bomba atómica económica" como incrementos extraordinarios de aranceles, algo que podría ser letal para cualquier economía de la región.
Ruiz también consideró que la postura de Brasil puede ser más efectiva, haciendo una protesta formal que busque, al menos, mejorar la manera en que los deportados son enviados a sus países.
"Lo que podemos observar es lo que hizo Brasil, elevar una nota de protesta y exigir que en los próximos vuelos se informe oportunamente a los gobiernos quiénes regresan con antecedentes y quiénes no y se les de un trato distinto", propuso.
Para la académica, la manera de que este tipo de reclamos tenga éxito es que los gobiernos latinoamericanos generen coordinaciones "con sus consulados y el personal técnico" estadounidense, dado que "a nivel presidencial no va a suavizarse, sino que se mantendrá esa línea dura y radical".
Por otro lado, Ruiz no fue optimista en relación con el éxito de demandas contra EEUU interpuestas por los propios deportados, debido al derecho de Washington de establecer sus propias políticas de migración.
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