El Congreso mexicano discutirá la iniciativa que propone desaparecer un grupo de órganos autónomos. - Sputnik Mundo

¿Estamos frente al adiós de los órganos autónomos en México?

Sputnik te muestra los detalles de la iniciativa que enfrenta a AMLO con siete organismos.
Angélica Ferrer
La Cámara de Diputados de México (Cámara Baja) se aproxima a discutir la reforma de simplificación orgánica, con la que desaparecerían siete órganos autónomos federales de la nación latinoamericana.
La propuesta enviada al Congreso nacional por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en febrero de este año, señala que, al desaparecer estos organismos, sus funciones pondrían repartirse entre los institutos nacionales de Estadística y Geografía (INEGI) y Electoral (INE), y también otras dependencias federales.
Igualmente, se contempla la eliminación de los organismos autónomos estatales encargados del acceso a la información y de protección de datos personales.
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Sin embargo, esto ha causado una fuerte disputa dentro y fuera de estos organismos, debido a lo que puede representar para la nación latinoamericana, especialmente para la población que ha recurrido a algunos de ellos para resolver diversos temas.
A continuación, Sputnik te muestra lo que debes saber sobre la iniciativa, así como las posturas a favor y en contra de la misma, que podría ser discutida, y posiblemente avalada, en las primeras semanas de septiembre de este año.
¿Qué órganos autónomos desaparecerían?
De acuerdo con el proyecto de ley, los órganos autónomos mexicanos que podrían desaparecer son:
1

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

2

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

3

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)

4

Comisión Reguladora de Energía (CRE)

5

Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

6

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)

7

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

8

Organismos autónomos estatales que velan por el acceso a la información y de protección de datos personales

Cada caso tiene cambios particulares. Por ejemplo, en el caso del INAI, se modificarían los artículos 41 y 123 de la Constitución Política nacional, con el fin de que el INE y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral se encarguen de garantizar el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos y de sindicatos, respectivamente.
En lo que respecta al CONEVAL, cambiaría el artículo 26 de la Carta Magna, para derogar el apartado relativo a la estructura y funciones del mismo. A la sección B, se agregaría que el INEGI velará por las acciones que lleva a cabo este organismo.
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Para la CRE y la CNH mexicanas se contempla modificar el artículo 28 constitucional, con el propósito de que la directriz de sus labores sea desde el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía (Sener) que, para el sexenio de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, será encabezada por Luz Elena González. "Contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, al igual que la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley", se lee en la propuesta.
Ese mismo artículo de la Carta Magna mexicana cambiaría para las competencias de la COFECE y el IFT. En ese caso, el Ejecutivo también se encargaría de velar en materia económica para los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Además, otorgaría, revocaría y autorizaría cesiones o cambios de control accionarios, así como la titularidad u operación de sociedades ligadas a concesiones. En esto, también se contempla la creación de un Sistema Nacional de Información de Infraestructura.
En lo que respecta a la MEJOREDU, se derogaría la fracción IX del artículo tercero constitucional, que habla de la estructura, funciones y facultades de la Comisión centrada en cuestiones educativas del país latinoamericano.
Para los organismos autónomos estatales relacionados con acceso a la información y protección de datos personales, se estipularía cambiar el artículo 116 de la Constitución mexicana, donde se elimina esta figura. No obstante, dejaría en manos de las leyes estatales el definir cómo se reparten las actividades de los órganos eliminados.
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Ajustes extra dentro de la propuesta
La propuesta de reforma sobre la simplificación orgánica en México también abarca otros sectores.
Por ejemplo, contempla hacer ajustes en el artículo 41 de la Carta Magna para que el Comité Técnico de Evaluación, dedicado a la elección de consejeros electorales, esté integrado por solo cinco personas, tres nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de la nación latinoamericana. En la actualidad, son siete quienes conforman este grupo.
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Asimismo, estipula definir dentro del artículo 123 constitucional que los conflictos suscitados entre el Poder Judicial y sus servidores, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados, solo se resuelvan en un Tribunal de Disciplina Judicial.
Igualmente, señala que, de aprobarse la iniciativa y la reforma al Poder Judicial mexicano, se cambiará la fracción I del artículo 113, donde se hace referencia al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para sustituir su nombre por el tribunal judicial mencionado anteriormente.
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Las voces a favor
El primer personaje que se ha pronunciado a favor de la aprobación de esta iniciativa es López Obrador, quien propuso el proyecto.
Sin embargo, al iniciar su mandato, el presidente mexicano no deseaba modificar los órganos autónomos, a pesar de que tenía una tensa relación con ellos por cuestiones presupuestales.

"No queremos nosotros intervenir en organismos autónomos. No está en el plan nuestro el que se reestructuren, se achiquen o desaparezcan organismos o instituciones autónomas. Tenemos diferencias, pero no es eso para nosotros prioritario", expresó en su conferencia matutina del 4 de enero de 2019.

Pero la situación cambió un mes más tarde, cuando comenzó una disputa con organizaciones de diversos sectores para recortar sus ingresos y la más grave fue con la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Entre 2021 y 2023, el mandatario mexicano hizo énfasis en que era necesario revisar el trabajo de los organismos autónomos y sus partidas presupuestales, ya que consideró que beneficiaban a empresas y opositores a su Gobierno. Finalmente, en febrero de este año, presentó ante el Congreso nacional la iniciativa para eliminar a la CRE y otros del mismo orden.
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Otro de los personajes que se ha posicionado a favor es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el 30 de julio de 2024, apuntó que esta reforma no era una prioridad en el arranque de su Gobierno.

"Vamos a esperar, son 18 reformas constitucionales, más dos legales. Primero iría la judicial, más el tema de pueblos indígenas y afromexicanos, y programas sociales, que se eleven a rango constitucional, y después ya estaríamos revisando las demás", comentó.

Las posturas en contra
La mayor parte de las opiniones en contra de la iniciativa propuesta por López Obrador vienen de parte de los órganos autónomos proclives a desaparecer. Por ejemplo, el INAI publicó el 30 de agosto un comunicado donde expone un decálogo sobre casos que, gracias a su sistema, pudieron ser resueltos.
El INAI, "el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) han sido fundamentales para que la sociedad obtenga información de interés público sobre el actuar de las autoridades, se entere y denuncie casos de corrupción, pregunte e investigue sobre políticas públicas de educación, salud, energía, seguridad, contrataciones públicas y militarización", se lee en el documento.
Entre los ejemplos que señaló el organismo están el caso Ayotzinapa, la masacre de San Fernando, información sobre la matanza de Tlatelolco y sobre Odebrecht en México.
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De igual manera, el CONEVAL realizó un planteamiento sobre la iniciativa de simplificación orgánica y solicitó un diálogo con los diputados que analizarán el proyecto.
"La propuesta de reforma pone en riesgo la capacidad del Estado para apuntalar la lucha contra la pobreza y la promoción de los derechos sociales porque no ofrece un espacio ni un modelo de gobernanza que asegure la continuidad de las funciones especializadas del Consejo, claramente diferenciadas de las del INEGI", expuso en un comunicado de prensa.
Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), una de las agrupaciones más importantes del sector empresarial en el país latinoamericano, consideró que la reforma puede poner en peligro ámbitos como "la protección de datos y la competencia económica".

"La eliminación de estos organismos no solo debilitaría la competencia económica, sino que socava los principios fundamentales de la democracia al eliminar los contrapesos que aseguran la rendición de cuentas y el ejercicio de derechos fundamentales como la protección de datos personales y el acceso a la información", acotó en un boletín.

"Los organismos autónomos desempeñan funciones esenciales que requieren especialización, contribuyen a agilizar las tareas del Estado. Su autonomía se basa en la necesidad de que puedan funcionar y tomar decisiones de manera independiente de los ciclos políticos, evitando así conflictos de interés en sus acciones y decisiones", precisó.
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