Una reforma y una gran inconformidad: ¿qué hay detrás del paro del Poder Judicial en México?
04:45 GMT 22.08.2024 (actualizado: 08:12 GMT 22.08.2024)
© AP Photo / Fernando Llano
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Los integrantes del Poder Judicial mexicano suspendieron indefinidamente sus actividades esta semana, en protesta por la propuesta de reforma del presidente de la nación latinoamericana, Andrés Manuel López Obrador, para modificar este rubro del Gobierno federal.
En punto de las 00:00 horas (06:00 GMT) del 19 de agosto de 2024, los integrantes administrativos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) frenaron sus actividades.
En una primera etapa, las protestas se extendieron, al menos, por cinco entidades del territorio mexicano, incluyendo la Ciudad de México, capital de la nación latinoamericana. Dos días más tarde, los jueces y magistrados mexicanos se sumaron a las movilizaciones.
Los únicos organismos que continúan con sus actividades son la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La causa, además de la inconformidad ante la propuesta de reforma al Poder Judicial mexicano, es que esta iniciativa será discutida el 26 de agosto en la Cámara de Diputados nacional (Cámara Alta).
Si bien habían existido protestas por parte de integrantes del Poder Judicial a lo largo de la historia de México, esta es la primera suspensión de labores indefinida en lo que va del siglo XXI.
El freno de actividades en el Poder Judicial de México es criticado por López Obrador, quien ha señalado que son actos ilegales frente a una iniciativa que busca erradicar la corrupción en todos los niveles de ese sector.
Para entender mejor lo que ocurre, Sputnik te muestra un recuento de las causas de las movilizaciones, las posibles secuelas y soluciones al tema.
¿En qué momento inició el debate?
El tema de la reforma al Poder Judicial mexicano comenzó a aparecer en la agenda del presidente en turno durante su primer año al frente del Gobierno federal. En aquella época, el jefe de Estado del país latinoamericano consideraba que los ajustes dentro de ese ámbito debían ser impulsados desde el interior de sus organismos, esto después de escuchar las quejas y sugerencias de la ciudadanía.
Un año más tarde, López Obrador envió una iniciativa de reforma al Congreso mexicano sobre este Poder, pero se enfocaba solamente en incrementar la cartera de abogados de oficio para ayudar a la población.
Sin embargo, para mediados de 2021, el debate sobre las modificaciones al ámbito judicial mexicano comenzó a centrarse en los sueldos de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En esa época, cuando la Corte mexicana era encabezada por el ministro Arturo Zaldívar, el presidente mexicano pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) realizar acciones para evitar privilegios.
De acuerdo con el Manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación (PJF) de 2021, en esa temporada, los integrantes de la SCJN tenían un sueldo neto mensual de 205.599 pesos (cerca de 10.668 dólares), mientras que López Obrador recibía un salario de 112.122 pesos (5.817 dólares, aproximadamente).
En una comparativa con algunos funcionarios internacionales en ese año, y con base en fuentes gubernamentales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenía un salario neto al mes de más de 33.333 dólares, mientras que los integrantes de la Corte Suprema de la nación norteamericana ganaban 23.375 dólares.
Asimismo, en 2021, el entonces primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, contaba con un sueldo neto mensual de 13.114 libras esterlinas (17.172 dólares), donde ya se sumaba su pago como integrante del Parlamento. Por su parte, el presidente de las Cortes y Tribunales de Inglaterra y Gales, que asume la titularidad del Poder Judicial de Reino Unido, detentaba un salario al mes de 22.292 libras (29.190 dólares). El cargo era detentado por Ian Duncan Burnett.
El quiebre por la reforma
El punto de quiebre entre los poderes Judicial y Ejecutivo mexicanos inició el 3 de marzo de 2023, cuando el mandatario mexicano insistió en que la reforma al Poder Judicial debía salir del interior de sus organismos, pero sugirió que, en caso de que esto no ocurriese, la persona que encabezara la Presidencia a partir del 1 de octubre de 2024, enviara una iniciativa de ley al Congreso mexicano para llevar a cabo los cambios.
Mientras esto pasaba, legisladores como Ignacio Mier y Ricardo Monreal, pertenecientes al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), también insistían en la reconfiguración del Poder Judicial.
Finalmente, el 5 de febrero de 2024, López Obrador presentó la propuesta de reforma, dentro de su paquete de iniciativas para diversos órdenes. El proyecto del presidente mexicano tiene cuatro ejes:
1.
Una nueva integración de la Corte mexicana, buscando mayor eficiencia, austeridad y transparencia. 2.
Elección popular de ministros, magistrados y jueces, lo que, de acuerdo con López Obrador, brinda legitimidad a los impartidores de justicia.3.
Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un Tribunal de Disciplina y un Órgano de Administración judiciales, que funcionarían de manera independiente.4.
Nuevas reglas procesales, donde se estipulan las reglas para la elección de jueces y magistrados, plazos máximos para resolver temas fiscales y penales (seis meses y un año, respectivamente), así como la prohibición de otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos y controversias constitucionales.En el sentido de la austeridad en la SCJN mexicana, se propone la reducción del salario neto mensual que reciben sus ministros, con el fin de que gane menos que quien esté al frente del Poder Ejecutivo. Según el Manual de remuneraciones del PJF de 2024, este es de 206.948 pesos (10.735 dólares), mientras que el sueldo de López Obrador es de 128.205 pesos (6.650 dólares).
"La reforma toca intereses muy profundos de ciertos grupos de poder y a núcleos de corrupción de larga data (...). Como ha mencionado el mandatario [mexicano], los propios trabajadores del Poder Judicial se deben dar cuenta que la iniciativa busca romper esos diques [de prácticas deshonestas]", menciona en entrevista para Sputnik Hugo Sánchez Gudiño, doctor en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En contraste, el doctor en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), David Morales-González, comenta en una charla para este medio que, aunque las modificaciones al Poder Judicial son necesarias, es importante que se hagan de manera integral y con información clara no solo para quienes están dentro de este ámbito, sino para la población en general.
"Es importante hablar de una reforma al Poder Judicial porque sí la necesita. Pero no considero que sea [adecuado] que se haga desde uno de los propios poderes, en este caso, desde el Ejecutivo (...); necesita un gran consenso más allá de los foros con expertos [que se hicieron en estos meses] porque es un tema técnicamente complicado y desconocemos qué implica la aplicación de las reglas del juego", puntualiza.
Detalles y posibles consecuencias del paro
La suspensión de labores por parte de los integrantes del Poder Judicial mexicano lleva apenas tres días y, en ellos, actores involucrados y expertos en la materia han dado sus opiniones a favor y en contra.
De acuerdo con la jueza Juana Fuentes, directora de la Jufed, indicó en el inicio del paro de jueces y magistrados, que las movilizaciones se realizan porque se pone en riesgo no solo la independencia de este sector, sino de la sociedad.
#NoticiasPJF | "Nos encaminamos a una crisis constitucional sin precedentes", así lo expresó la Jueza Juana Fuentes, Directora de @jufed_org durante la declaratoria de paro de personas juzgadoras del #PJF
— JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) August 21, 2024
Escucha su discurso completo aquí 🔽https://t.co/ucKI5mz941 pic.twitter.com/ad68Hmd4vC
Sin embargo, el jefe de Estado mexicano ha reiterado que la reforma al Poder Judicial no busca perjudiciar a sus integrantes, sino que pretende eliminar los privilegios dentro de este rubro.
"No estamos en contra de los trabajadores de México. Estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y [los empleados] lo saben. Lo que queremos es corregir, que desaparezcan [estas prácticas en este ámbito], sobre todo", con jueces, magistrados y ministros de la Corte mexicana, aseveró el 19 de agosto.
Durante este periodo, las consecuencias versarán en distintos ámbitos, coinciden los expertos en temas políticos. El primer aspecto es hacia la ciudadanía, ya que sus trámites no serán atendidos, a menos de que sean calificados como urgentes.
Asimismo, las secuelas ante los sectores empresariales y económicos comienzan a hacerse visibles. Por ejemplo, la agencia calificadora Fitch Ratings amenazó con rebajar la nota soberana de la nación latinoamericana, mientras que la multinacional financiera Morgan Stanley degradó las recomendaciones para invertir en renta variable dentro del territorio mexicano.
"Quiero hacer énfasis en que el Poder Judicial y todas las entidades con las que se conforman, aplican e interpretan las reglas del juego económico, social, las de convivencia. Interpretan la Constitución también. un diseño [de propuesta de reforma] con estas características no es sencillo", precisa Morales-González.
¿Qué pasará con el Poder Judicial mexicano?
Los especialistas coinciden en que el siguiente paso para resolver las diatribas derivadas de la iniciativa de reforma al Poder Judicial es que, tanto los inconformes como el Gobierno federal establezcan un diálogo.
"Pueden ocurrir dos escenarios. El primero es que el Gobierno mexicano explique con detalle a los trabajadores que no serán afectados en sus salarios ni en nada, alentando al levantamiento del paro, ya que afectan a la comunidad en su conjunto. Por otro lado, las autoridades podrían endurecer su postura, indicando una fecha límite para finalizar la suspensión de actividades y que, en caso contrario, se actúe en contra de los manifestantes", estima Sánchez Gudiño.
Por otro lado, Morales-González sugiere que una manera de destrabar el conflicto existente es suspender, por el momento, la discusión y posible aprobación de la reforma en esta materia, mismo que está previsto en las próximas semanas.
"Creo que la iniciativa, como la conocemos, no está consensada, ni bien procesada. No sabemos si, ya en el poder, [la mandataria electa de México, Claudia Sheinbaum], la cambie o la redirija en otro sentido. También puede tener la oportunidad de mandar otra propuesta o una contrarreforma, pero herederá un conflicto", precisa.
"Debemos evitar una crisis política. Más allá de la movilización, de los derechos de los trabajadores y de los ministros, lo que preocupa es que pueda generarse una crisis política que lleve a la ingobernabilidad", subraya el doctor en estudios sociales por la UAM.
Anteriormente, Sheinbaum, quien asumirá el cargo de manera oficial el 1 de octubre, se había pronunciado a favor de la reforma al Poder Judicial.
Debido a las presiones del mercado bursátil, mismo que reaccionó de manera negativa ante el triunfo de Morena no solo en la Presidencia, sino en la Cámara de Diputados (Cámara Baja) mexicana por la posible aprobación de la iniciativa en materia jurídica, días después de los comicios del 2 de junio, realizó una encuesta donde el resultado fue que más del 80% de los mexicanos avalaban las modificaciones.
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