Formalmente, la razón para las manifestaciones ha sido la polémica amnistía que buscó liberar a muchos presos vinculados con la corrupción. La sociedad rumana, donde el problema de la corrupción se percibe como una barrera para el desarrollo, se puso en contra.
Reciente cambio de Gobierno
La tarea de formar gabinete recayó sobre el ex ministro de Comunicaciones Sorin Grindeanu. Como nuevo primer ministro envió al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una carta en la que confirmó su compromiso de luchar contra la corrupción en Rumania.
Inicio de las protestas
El 18 de enero, el Ministerio de Justicia emitió un decreto de amnistía de los presos con libertad condicional y de los condenados a prisión hasta cinco años, a menos que se trate de delitos graves.
Esta decisión del Gobierno provocó un descontento masivo y desató una ola de protestas de los ciudadanos frustrados por la decisión.
El presidente Klaus Iohannis instó al Gobierno a retirar el decreto. Lo mismo hicieron los líderes de algunos partidos políticos.
Las razones de las protestas
"En la sociedad rumana existe una pronunciada lucha contra la corrupción, la cual, según los rumanos, impide el bienestar del país y los ciudadanos", opina Pável Tarusin, profesor de la facultad de gestión estatal de la Universidad Lomonósov de Moscú, entrevistado por Sputnik.
"Es un ejemplo de cómo una decisión inoportuna y mal pensada conduce a la inestabilidad política. Es que el Gobierno rumano simplemente se ha apresurado con la toma de la decisión y su aprobación", añadió.
El experto considera que el Gobierno de Rumanía también se ha equivocado en la forma de hacer enmiendas.
"El Gobierno no tomó la decisión tras un debate o votación en el Parlamento, sino por decreto. En este caso, no se debe hacer enmiendas de esta manera. No hubo consultas con las instituciones judiciales, ni con la sociedad civil, ni con otros jugadores del escenario político. Como resultado, surgió un potencial de protesta".
Una Rumanía dividida
Los manifestantes fueron apoyados por el presidente rumano Klaus Iohannis. El primer ministro Sorin Grindeanu lo calificó inmediatamente de "intentona golpista".
Los manifestantes también contaron con el apoyo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien afirmó que "la lucha contra la corrupción debe ser reforzada".
El 5 de febrero, el Gobierno abolió las enmiendas de la ley de amnistía, y el primer ministro, Sorin Grindyanu, propuso iniciar un debate público sobre temas sensibles relacionados con este documento.
Sin embargo, los protestantes no se conformaron con la sola cancelación del decreto. El 6 de febrero, el número de manifestantes alcanzó medio millón de personas, que exigen destituir al Gobierno y repetir las elecciones, lo que en el PSD califican de pretexto para forzar el cambio del poder.
Consecuencias posibles
Una destitución del Gobierno no es imposible, conocida la experiencia política de Rumanía, opinó al medio ruso Izvestia la politóloga Tamara Guzenkova, vicedirectora del Instituto de Estudios Estratégicos ruso.
"Un presidente de derechas está en conflicto con el Gobierno de izquierdas. La corrupción es un pretexto formal ya que, para Bucarest, es un problema de actualidad, y la sociedad es muy sensible a estos temas", comentó.
Pero no se debe esperar ningún cambio drástico en el curso político de la nación.
"Las posturas euroescépticas son débiles en Rumanía, a diferencia de, por ejemplo, en Francia o Alemania. Tampoco será discutida la membresía en la OTAN o el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles en el país. Esto nadie lo pone en duda [en Rumanía]", concluyó la experta.