De acuerdo con la cadena, la decisión correspondiente fue tomada por el Gabinete tras la declaración del primer ministro, Sorin Grindeanu, de que no quiere que la sociedad rumana sea dividida.
El presidente rumano, Klaus Werner Iohannis, presentó el mismo día ante el Tribunal Constitucional una demanda en la que argumentaba que los cambios en el Código Penal debían ser canceladas ya que representaban "por un lado, un conflicto entre el Gobierno y entre el sistema de justicia y el Parlamento por el otro".
Las protestas arrancaron en Rumania el pasado 22 de enero, a raíz de la propuesta de amnistiar a una serie de presos vinculados a procesos de corrupción, con el objetivo de reducir la superpoblación carcelaria.
Los cambios preveían la amnistía a los condenados cuyos acciones ilegales dañaron la economía nacional por al menos 200.000 de leu (unos 48.000 dólares).