El Gobierno de México ha emitido una lista de más de 23.000 desparecidos desde
2007, pero no ha distinguido los casos que involucran a agentes del
Estado, tipificados por "desapariciones forzadas", un delito de lesa
humanidad que no prescribe nunca, y en esos casos hay "casi inexistencia
de condenas", con solo seis casos sentenciados.