"Conocer lo sucedido a un ser querido es una necesidad y un derecho primordial de las familias de personas desaparecidas", dijo Macdonald, coordinadora de Protección de la delegación regional para México, América Central y Cuba en la inauguración de la reunión regional.
Más de un centenar de expertos en medicina legal de México, y especialistas invitados de Guatemala y EEUU asisten al 6º Encuentro Nacional de Servicios Médicos Forenses en la capital del país latinoamericano, donde hay registradas oficialmente más de 23.000 personas desaparecidos en ocho años de violencia del crimen organizado.
EL CICR trabaja en crear protocolos y procesos en materia de gestión de información sobre personas desaparecidas y personas fallecidas sin identificar.
"Las autoridades públicas tienen la responsabilidad y la obligación de efectuar una búsqueda eficaz y exhaustiva de las personas desparecidas y, en ese proceso, es posible que sean halladas sin vida", dijo a su turno Dina Alejandra Jiménez, experta del ámbito forense del CICR.
En estos casos, la adecuada gestión de los restos humanos, así como la aplicación de "buenas prácticas en materia forense para lograr su identificación, son fundamentales para dar una respuesta apropiada a las familias", dijo la funcionaria humanitaria en México, país que conmocionado por la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, tras una masacre perpetrada por narcos y policías confabulados con un alcalde en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado.
El CICR impulsa medidas "necesarias para que las familias, expuestas a traumas físicos, psicosociales y emocionales, así como a dificultades legales y económicas, reciban de las autoridades forenses un trato digno, información que les permita tomar decisiones y respuestas a sus inquietudes", dijo la experta.
Los debates técnico-científicos han sido organizados para "contribuir al fortalecimiento del sistema forense y a la implementación de mecanismos que cuenten con la información necesaria para la búsqueda de personas en México".
El gobierno de México se ha trenzado en amargas disputas con organismos internacionales como la ONU y la OEA que consideran que la desaparición forzosa es una práctica "generalizada", lo cual es rechazado por las autoridades federales.