El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en un dilema. Durante su campaña electoral aseguró que iba a impulsar el desarrollo de Bolivia, pero sin dañar el medio ambiente y con respecto a las comunidades locales. Pero, según informó Sputnik, la extracción gasífera es la más baja en las dos últimas décadas. La exportación de este recurso, otrora abundante en el país, garantizaba el ingreso de divisas. Por ello, el presidente está en la necesidad de abrir nuevos pozos hidrocarburíferos, aunque no es tan sencillo.
Uno de los pozos más importantes de Bolivia está a 1.500 metros del límite de la reserva natural de flora y fauna de Tariquía, en el departamento de Tarija, con 2,8 trillones de pies cúbicos (TCF). Hasta su llegada a la presidencia, en noviembre de 2025, la carrera política de Paz había pasado por la representación de este territorio al sur boliviano, célebre por su producción vitivinícola de calidad.
En Tarija, Paz fue concejal, alcalde y senador. Como burgomaestre, en 2019 había firmado una declaración para rechazar la explotación gasífera en Tariquía, un territorio de alta biodiversidad, donde se originan cursos de agua que se unen a los ríos Bermejo y Tarija.
Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019) se firmó un contrato con la empresa brasileña Petrobras para explotar la zona por un plazo de 40 años. Pero en ese momento encontraron la resistencia de las comunidades campesinas indígenas que viven al interior de la reserva natural.
El expresidente Luis Arce (2020-2025) también trató de ingresar al pozo, pero los funcionarios de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia) se encontraron con bloqueos, que se saldaron con la detención de 17 comunarios de Tariquía, bajo los cargos de asociación delictuosa y atentado contra la libertad de trabajo.
Del lado de los comunarios de Tariquía se pararon la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil y el Comité Cívico de Tarija, conformado por sectores empresariales e institucionales departamentales.
Hasta ahora, la Justicia boliviana determinó no avanzar en los procesos contra los comunarios de Tariquía, al considerar que hacían valer su derecho a la protesta. Asimismo, la defensoría, la comisión interamericana y otros sectores sociales llamaron a que se respete el Acuerdo de Escazú, que ordena al Estado proteger a los defensores de derechos y evitar la judicialización de su reclamo. Este documento tiene rango de ley en Bolivia desde 2021.
Sismo en el agua
María Nelly Coca Flores es una de las procesadas, de la comunidad Chiquiacá en la reserva natural. Dedicada a la apicultura, la mujer de 65 años tiene la determinación clara de defender su territorio hasta donde lo permitan sus fuerzas.
En los estudios previos al inicio de la explotación se realiza la llamada "exploración sísmica": los ingenieros entierran explosivos, que al estallar generan un temblor que les permite tomar una imagen precisa de dónde se hallan los hidrocarburos. Pero este método también puede afectar a los recorridos de las aguas subterráneas.
"Ya tenemos problemas por la sísmica que hicieron. Ya hay pérdida de muchas fuentes y ojos de agua. La (exploración) sísmica que hicieron causó deslizamientos de tierras. Cerros enteros se han deslizado y han tapado sembradíos. Eso es todo por mano del hombre", dijo Coca a Sputnik.
La señora Coca ya tiene dos demandas por defender su territorio. Una de 2024, durante el Gobierno de Arce, y otra de enero pasado: "Nos han vuelto a demandar, pero gracias a Dios esas demandas se han resuelto favorablemente para nosotros. La Justicia las ha desestimado por falta de pruebas para demostrar que somos una asociación delictuosa".
"Es grave que nos llamen 'delincuentes' y todas esas cosas por defender la vida", consideró.
El Gobierno de Paz sostuvo que el pozo a explotar está a 1.500 metros del límite de la reserva, el mismo argumento que utilizaron Morales y Arce en su momento. Pero según Coca, "alrededor del área protegida hay una zona de amortiguamiento, donde no se debe hacer ningún trabajo". Y agregó que el yacimiento "está donde tenemos la zona de recarga hídrica, las nacientes de agua. Esa es la preocupación más grande que tenemos".
Tariquía comprende un área cordillerana que se eleva hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. En estas alturas, las corrientes de aire frío y caliente se condensan para crear agua, la cual da inicio al río Chiquiacá. De allí "se proveen de agua todos los pobladores de la reserva (que cuenta con 22 comunidades y unos 4.000 habitantes); bebemos esa agua, regamos sembradíos, los animales también beben de esa agua y si no la defendemos, vamos a lamentarlo realmente con el tiempo, porque el agua va a ser contaminada y no va a servir".
Por ello, "desde 2018 estamos de pie defendiendo nuestra reserva. Y lo vamos a seguir haciendo, así tengamos un Gobierno de derecha o de izquierda o del partido que sea. "Simplemente defendemos la vida", sostuvo Coca.
Diversidad del territorio
En la reserva de Tariquía se registraron 609 especies vegetales, 58 de mamíferos —incluidos el jaguar y el oso andino—, 64 de peces y 241 de aves. Tiene una superficie de 246.870 hectáreas y fue creada en 1989.
Además del Domo Oso X-3, dentro de la reserva están los pozos Domo X-1 y Domo Oso X-2, que también estarían incluidos en el contrato a 40 años con la empresa brasileña, según los comunarios.
En enero pasado, Paz se refirió al caso de Tariquía y reiteró que, técnicamente, el pozo no está en el área protegida: "Dicen que habríamos dado un permiso para que se desarrolle un pozo gasífero dentro del reservorio. Eso no es verdad. Y algunos políticos están haciendo uso de temas medioambientales para hacer política", dijo.
"En la reserva de Tariquía no hay ningún pozo de gas que se esté desarrollando. Vamos a desarrollar muchos pozos en Bolivia, sí, para que la economía salga adelante, pero sin violar normas, sin violar el medio ambiente, cumpliendo la Constitución", agregó.
Otras energías
Magdalena Medrano es presidenta de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), una de las organizaciones de la sociedad civil que sigue de cerca el caso de Tariquía. Con el apoyo de ONU Mujeres, brindan asesoramiento legal a las mujeres campesinas indígenas de esta reserva natural y otras áreas protegidas amenazadas por megaproyectos de amplio porte.
Tarija es el departamento que concentra las mayores reservas hidrocarburíferas de Bolivia. De esta experiencia, varias comunidades indígenas y campesinas denunciaron afectaciones sobre todo a la potabilidad del agua de nacientes y ríos.
"Se ha visto en otras regiones cómo ha quedado el agua contaminada, porque las empresas no ejecutan medidas de mitigación y de prevención. Ahora no hay garantías de que el agua de Tariquía quedará en condiciones aceptables para el riego y para la vida de la biodiversidad", dijo a Sputnik.
Medrano reflexionó sobre la situación apretada del Gobierno de Paz para obtener hidrocarburos y, por consiguiente, divisas: "Se deben buscar otras alternativas al gas y al petróleo. Se debe encarar un cambio de matriz energética, sin explotar los recursos fósiles, para utilizar energías limpias que podrían generar más beneficios".
Para la presidenta de LIDEMA, se debe desarrollar la energía solar, aprovechando la alta radiación que se concentra en valles y el Altiplano boliviano. "Nos estamos aferrando a una explotación de hidrocarburos que es mucho más cara y antieconómica, con relación a las energías alternativas. Así se podría resolver el problema de energía en el país".
Coca, defensora de Tariquía, sintetizó: "El agua es vida. Si no tenemos agua, de nada nos sirve tener todo el dinero del mundo. Tenemos que pensar en nuestras generaciones venideras y dejarles un legado, al menos un ambiente sano con agua que se pueda beber".
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