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Bolivia registra su menor explotación gasífera en 20 años y pone en jaque la demanda nacional

© AP Photo / Juan KaritaDos soldados protegen el campo de gas de San Alberto
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Tras ser una potencia gasífera, Bolivia enfrenta la posibilidad de tener que importar gas natural para satisfacer la demanda interna. Pero la principal fuente de ingreso de divisas durante las últimas décadas provino, justamente, de su exportación. ¿Cómo podrá sortear el país esta complicada coyuntura energética?
La caída en la producción gasífera en Bolivia se convirtió en una bomba de tiempo que podría estallar dentro de dos o tres años, cuando el país se vea obligado a importar gas natural para satisfacer su demanda interna.
En las últimas décadas, los ingresos por la venta de hidrocarburos contribuyeron fuertemente a solventar la estructura del Estado. Pero sin la explotación necesaria en los pozos, tampoco se contarían con las divisas para honrar cualquier pago en mercados internacionales. Especialistas consultados por Sputnik remarcaron que la perspectiva hacia adelante no brinda esperanzas, debido a que la reactivación petrolera puede tomar hasta cinco años.
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Además, esta no es la única dificultad hacia el futuro. En Bolivia, el 70% de la energía eléctrica se produce en usinas que funcionan también con gas. La falta de este recurso podría configurar un panorama catastrófico y oscuro para las poblaciones, las ciudades y parte de la industria que asimismo depende del recurso gasífero para mantenerse activa.
La denominada "nacionalización de los hidrocarburos", en 2006, estableció las reglas de juego con las empresas privadas que hasta hoy se mantienen: el 82% de los ingresos por las ventas quedan en el país, mientras las corporaciones deben conformarse con el 18%. Para el Gobierno de Rodrigo Paz, este porcentaje tan bajo de ganancia empresarial desalienta la llegada de inversiones.
El nuevo Gobierno prepara proyectos de ley de Hidrocarburos y de Inversiones, de modo que el mercado nacional vuelva a ser atractivo para la llegada de corporaciones que extraigan los recursos subterráneos. Se prevé que el reparto de la renta petrolera se reformule en un 50% para el Estado boliviano y un 50% para los sectores privados, en sintonía con lo establecido en otras legislaciones sudamericanas para este rubro.
Según una investigación de la Fundación Jubileo, en el segundo semestre de 2026, el país se verá obligado a importar gas licuado de petróleo (GLP), porque los bajos volúmenes de butano y propano obtenidos de los pozos bolivianos ya no alcanzarían para llenar las garrafas, utilizadas sobre todo por las clases populares para cocinar sus alimentos. En este sentido, el exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos sostuvo en un conversatorio que las familias deben prepararse para volver a cocinar a leña.

Una crisis que tiende a acentuarse

En diálogo con Sputnik, el economista Fernando Romero explicó el panorama: "Todavía no hemos tocado fondo, porque no va a haber descubrimientos hidrocarburíferos importantes a corto plazo. Actualmente, tenemos una Ley de Hidrocarburos que ahuyenta la inversión extranjera estratégica. Lo gráfico simplemente como un globo que se ha pinchado y se ha ido desinflando. Y no va a parar de desinflarse hasta que le pongamos un parche".
En 2025, Bolivia extrajo 27,34 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), lo cual representa la cifra más baja desde 2006.
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Es un número muy lejano al obtenido en 2014, cuando se extrajeron más de 60 MMmcd. Representa una caída en la producción del 54% en la última década. Bolivia pasó de ser una potencia productora que recibía más de 5.000 millones de dólares al año, a contar apenas con 1.000 millones de regalías el año pasado.

"Esto es parte de un problema estructural, no es algo coyuntural. Es parte de una política hidrocarburífera energética que ha sido mezquina, muy limitante en el sentido de que no ha habido grandes descubrimientos ", comentó Romero.

El último gran hallazgo fue el del megacampo Mayaya X-1, el año pasado, durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025). Pero hasta que broten los recursos de este pozo en el norte del departamento de La Paz pueden pasar entre tres y cinco años. Por ello, el panorama, aunque aún no se perciba, puede tender a empeorar y afectar severamente a la población boliviana.
Romero graficó: "Siete de cada 10 focos que alumbran los hogares bolivianos son generados con gas natural. Si llegáramos al colapso, sería catastrófico y muy grave para la economía boliviana".
El Gobierno de Paz señaló a las presidencias de Evo Morales (2006-2019) y de Arce, porque se habrían dedicado a extraer los recursos existentes hasta secar los campos hidrocarburíferos, sin descubrir y poner en funcionamiento nuevos pozos. "En este lapso (2006-2025) se han generado 60.000 millones de dólares. Una cantidad estratosférica de recursos, que para cualquier país del mundo habría sido más que suficiente para lograr un desarrollo pleno", dijo el economista.
Pero Bolivia "no lo ha conseguido", sigue siendo un país pobre, con problemas fiscales y energéticos. Los anteriores Gobiernos hablaban de 'un mar de gas'. Pero esto ha desaparecido. Hemos perdido la oportunidad histórica de convertirnos en el corazón energético de Sudamérica", describió el analista, presidente del Colegio de Economistas del departamento de Tarija (sur).

Falta de inversiones

Desde el sector empresarial compartieron la preocupación por el futuro energético y también económico del país. Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), consideró que la denominada "nacionalización" de 2006 convirtió a la nación en "un país no atractivo para la inversión, motivo por el cual la exploración bajó y, con ello, la producción, a la par que la demanda interna y para efectos de contrabando de salida aumentaba, lo que nos llevó a esta lamentable situación".

"En 2006 todo era alegría, pero ello nos llevó a la debacle, con un negativo impacto para el país que, increíblemente, hoy es tan dependiente del abastecimiento externo, que un 90% del diésel y 60% de la gasolina que consumimos deviene de una dolorosa sangría de dólares, por su importación", agregó.

A finales de 2025, el presidente Paz decidió eliminar la subvención a los carburantes, que en 2025 implicó pérdidas para el Estado por 3.500 millones de dólares. Pero las tarifas preferenciales aún se mantienen para el GLP. La garrafa, por ejemplo, cuesta 22,50 pesos bolivianos (alrededor de tres dólares). Parte de ellas se van ilegalmente a la vecina Perú, donde se las llega a vender por 100 pesos bolivianos (unos 15 dólares).
Quitar la subvención que aún persiste para las garrafas impactaría negativamente en la economía de las familias bolivianas, que utilizan el gas todavía subvencionado para preparar alimentos en poblaciones donde todavía no llegan las conexiones de gas domiciliario.
El Gobierno de Paz prepara una nueva ley para intentar sortear este escenario tan adverso que se avecina. Para el gerente del IBCE, "Bolivia precisa con urgencia no solo una nueva ley de Hidrocarburos, sino también una moderna ley de inversiones y una ley laboral realista, acorde a los tiempos que vive el mundo, para que nuestra geografía entre en el radar de los grandes inversionistas, para lo cual la condición mínima indispensable a garantizar sería un buen trato al capital extranjero, en términos de seguridad jurídica en el tiempo; impuestos razonables acordes al riesgo de la inversión y, algo no menor, como es la paz social".
En otras palabras, "para que Bolivia vuelva a ser atractiva y pueda captar capitales desde el exterior, primero se debe dejar de lado la ideología que produce perniciosas actitudes chauvinistas y nacionalizadoras. En segundo término, lo que podamos ofrecer a nuestros futuros socios internacionales no solo deberá empatar, sino superar las mejores condiciones que otros países les están ofreciendo, conscientes de que de nada vale tener recursos naturales si no se cuenta con el capital, la tecnología y el know-how, además de aprovecharlos sosteniblemente", sostuvo Rodríguez.
Romero, por su parte, coincidió en que la nueva legislación para el sector "sería el camino correcto, pero también hay un tema político muy importante. Se ha visto en las últimas semanas un quiebre evidente entre el Gobierno y la principal fuerza opositora en la Asamblea Legislativa", la Alianza Libre, liderada por el expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), de perfil más liberal que el implementado por el presidente Paz.
"Si la Asamblea no se pone de acuerdo para establecer nuevas condiciones, estamos ante la crónica de una muerte anunciada, porque el país se verá muy pronto obligado a importar gas natural", agregó el economista.
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Actualmente, la demanda interna de Bolivia ronda los 15 a 16 MMmcd. El resto, unos 11 MMmcd, se exportan a Brasil. En marzo próximo se prevé que Paz se reunirá con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien podría apoyar por medio de la empresa Petrobras para que el país salga de esta complicada coyuntura energética.
Un dato que no es menor: en el país existen reservas gasíferas, pero a menudo se encuentran con la oposición de las comunidades locales, campesinas e indígenas, que rechazan los pasivos ambientales que dejaría en sus territorios la explotación hidrocarburífera. En enero pasado, el Gobierno junto a Petrobras intentaron ingresar a la reserva natural de Tariquía, en Tarija, donde se hallarían importantes pozos sin explotar. Pero tuvieron que dar marcha atrás ante la resistencia de la población local. Es otro aspecto que deberán necesariamente contemplar las nuevas normativas para el sector.
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