El Gobierno de Bolivia "busca generar una estabilidad social de facto" ante nuevas protestas, dice un experto
© AP Photo / Juan Karita
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Bolivia es un país reconocido por su constante movilización social, con protestas que no permiten saber si mañana se podrá transitar por sus principales carreteras. Para el Gobierno y el sector empresarial, esto implica un desincentivo para el turismo, incluso para el transporte internacional de mercancías.
Por estos y otros factores, la Asamblea Legislativa Plurinacional elaboró un proyecto de ley antibloqueos, que establece hasta 10 años de prisión para quienes obstaculicen la libre movilidad. Los asambleístas están mayormente de acuerdo en el espíritu de la normativa, pero aún debaten para afinar detalles y enfoques.
La principal discusión está en el punto que prevé 15 días para que las autoridades del Estado, en sus diferentes niveles, resuelvan el conflicto. Si no lo logran, el proyecto también establece penas y responsabilidades para alcaldes, gobernadores o funcionarios del Ejecutivo que no puedan desactivar las protestas. Para parte de los asambleístas, en los ámbitos nacionales o subnacionales no deberían cargar con culpas por las acciones que realicen quienes cierren vialidades.
Cerca de cumplir un año en el poder, el presidente Rodrigo Paz tiene una ventaja. Las organizaciones campesinas y obreras que en junio pidieron su renuncia aún no lograron rearticularse en el marco del estado de excepción que se extenderá hasta finales de diciembre.
El exmandatario Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores habían advertido con reiniciar sus manifestaciones el 13 de octubre con una marcha desde Caracollo, en el departamento de Oruro, hasta la ciudad de La Paz, ambas en el oeste del territorio, pero separadas por 170 kilómetros.
A última hora del 12 de octubre, los seguidores de Morales anunciaron que posponían la movilización hasta una fecha a definir. La vigencia del estado de excepción no permite bloquear, pero se puede marchar. Con este vericueto legal, los evistas pensaban caminar hasta la ciudad de El Alto, allí sumar manifestantes y finalmente llegar a La Paz para presionar al Gobierno.
🇧🇴 Gobierno de Bolivia "busca generar una estabilidad social de facto" ante nuevas protestas, dice experto 🧳 Bolivia es un país reconocido por su constante movilización social, con protestas que no permiten saber si mañana se podrá transitar por sus principales carreteras. Para el Gobierno y el sector empresarial, esto implica un desincentivo para el turismo, incluso para el transporte internacional de mercancías. 🪧 Por estos y otros factores, la Asamblea Legislativa Plurinacional elaboró un proyecto de ley antibloqueos, que establece hasta 10 años de prisión para quienes obstaculicen la libre movilidad. Los asambleístas están mayormente de acuerdo en el espíritu de la normativa, pero aún debaten para afinar detalles y enfoques. 👉 Mientras se evidencia la concentración de las organizaciones que impulsaron los 53 días de bloqueos, los seguidores y aliados del presidente Rodrigo Paz Paz en el órgano legislativo "están tratando de acelerar la mayor cantidad de leyes y decretos para generar una estabilidad social de facto", dijo a Sputnik el analista político Gabriel Campero. 🗣 "No es solo la ley antibloqueos. También se plantea la eliminación de la subvención a la gasolina y al GLP (Gas Licuado de Petróleo), lo que haría incrementar el precio de la garrafa de gas hasta una cifra exorbitante, lo cual no va a ser viable para la población", que aún en gran medida prepara sus alimentos de esta manera, destacó.
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 13, 2026
Los problemas aún no se solucionan
Mientras se evidencia la concentración de las organizaciones que impulsaron los 53 días de bloqueos, los seguidores y aliados de Paz en la Asamblea "están tratando de acelerar la mayor cantidad de leyes y decretos para generar una estabilidad social de facto", dijo a Sputnik el analista político Gabriel Campero.
"No es solo la ley antibloqueos. También se plantea la eliminación de la subvención a la gasolina y al GLP (Gas Licuado de Petróleo), lo que haría incrementar el precio de la garrafa de gas hasta una cifra exorbitante, lo cual no va a ser viable para la población", que aún en gran medida prepara sus alimentos de esta manera, destacó.
La eliminación de la subvención a los carburantes es parte del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.900 millones de dólares. De esta manera, los precios de la gasolina, el diésel y el gas estarían en concordancia con los mercados internacionales para inicios de 2027.
En este contexto, "están dadas todas las condiciones para que los asambleístas puedan llevar adelante la aprobación de una ley antibloqueos, con el pretexto de las movilizaciones que se van a iniciar y que están siendo anunciadas después de ampliados y asambleas", dijo Campero.
Para el analista, "los sectores que están reevaluando cuándo iniciar las medidas de presión, tratando de buscar una unidad global, la tienen muy difícil" por una mala lectura de Morales del actual contexto político, lo cual termina por aislar a los manifestantes.
En este sentido, "ahora vemos un replanteamiento por parte de estos bloques populares movilizados sobre qué dinámicas van a tomar para realizar sus medidas de presión", comentó Campero.
En los últimos días fueron detenidos dirigentes campesinos cercanos a Morales, como Nelson Virreira, por su participación en los 53 días de bloqueos.
Según Campero, "esta nueva etapa va a terminar siendo la estocada final para terminar de destruir las dirigencias, los liderazgos posibles y los nuevos líderes o nuevas dirigencias que estén intentando posicionarse para hacer una oposición mucho más fuerte de lo que se tiene en la actualidad en la Asamblea Legislativa".
Más sombras que luces
El Gobierno de Paz enfrentó protestas que paralizaron el país en dos ocasiones. En enero y entre mayo y junio de este año, por parte de sectores campesinos y obreros que rechazaban su rumbo económico.
Adalberto Ticona, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), comentó a Sputnik que este sector aún no se recuperó del desgaste que implicaron las anteriores movilizaciones. En este período, el Gobierno negoció con varias organizaciones por separado y así logró desactivar nuevos conflictos.
"El bloqueo nacional de caminos ha tenido luces y sombras, pero más sombras que luces. Han habido acuerdos por separado, con el magisterio por su lado, transportistas por su lado, la Federación de Mineros. Esas debilidades han generado la contrafuerza con desgaste".
"El sector campesino que se ha manifestado hasta los últimos días en las carreteras, hoy en día los campesinos están tipificados como narcoterroristas o como extremistas", añadió.
Para Ticona, "nuestra mala experiencia es que, lamentablemente, hemos tenido estos fracasos que nos dejan con sabor a nada, porque nosotros somos los que hemos dado el pecho, hemos dado la cara de frente, pero los otros sectores negociaron por sus propios intereses sectoriales".
Y consideró que la movilización de Morales fracasó antes de iniciarse el 13 de octubre, por la falta de coordinación con las organizaciones de base. "Tendría que ser una decisión orgánica, y eso parte desde la comunidad", aseveró. En este sentido, señaló que en los próximos días representantes de campesinos de todo el país se reunirán en Santa Cruz (centro) para evaluar los pasos a asumir.
También la Central Obrera Boliviana realizará un ampliado en la ciudad de Cochabamba (centro) el 15 de octubre.
Ticona expresó su inconformidad con la probable aprobación de la ley antibloqueos, porque los campesinos asumen medidas de presión cuando no queda otra opción.
"Los campesinos tenemos que vender, tenemos que suministrarnos de combustibles, suministrarnos de insumos. No hacemos las manifestaciones por capricho. Es por la falta de atención, la falta de decisiones de políticas públicas que un Gobierno debe cumplir", concluyó.
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