"El esquema de pensiones de las Universidades Públicas Estatales mexicanas es inoperante", advierte analista
© Foto : Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
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Las instituciones de educación superior en México mantienen regímenes de retiro fragmentados que han dejado a varias de estas casas de estudio en la quiebra. Expertos consultados por Sputnik coinciden en que una revisión es necesaria.
Esta semana, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dio a conocer que su Gobierno analiza los sistemas de pensiones de las Universidades Públicas Estatales (UPE), que le cuestan a dichas instituciones el 40% de la nómina en promedio. Sin embargo, algunas de ellas llegan al 90%.
La mandataria aseguró que se han detectado casos de personas que cobran doble y otros en los que el trabajador no aportó a su pensión.
Ante esta situación, detalló que se están revisando los esquemas vigentes para encontrar una manera de generar condiciones sustentables y justas.
Las declaraciones de la presidenta siguen al anuncio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que en agosto adelantó que solicitará un aumento presupuestal para 2027 con el fin de atender un déficit acumulado de 55.400 millones de pesos (cerca de 3.046 millones de dólares).
Además, se insertan en medio del debate que ha impulsado el Gobierno actual sobre las pensiones por las presiones fiscales que representan, así como por la necesidad de corregir las desigualdades en los múltiples esquemas de retiro que existen en el país latinoamericano.
"Por eso no es nada más el recurso para las pensiones, sino ver los mecanismos a través de los cuales se generaron estos esquemas de pensiones, algunos muy excesivos", destacó Sheinbaum.
Las universidades públicas en datos
En México hay un total de 35 Universidades Públicas Estatales, entre las que se encuentran la Universidad de Guadalajara (UDG), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad de Sonora (UNISON), la Universidad Veracruzana (UV) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el subsidio ordinario para el ejercicio 2026 que recibieron estas instituciones para sostener su operación corriente, gastos de nómina, servicios y actividades académicas asciende a 78.373 millones de pesos (unos 4.311 millones de dólares al cambio actual).
Al observar caso por caso, en el ejercicio referido, la UMSNH recibió un monto público de 4.854 millones 807.507 pesos (266.89 millones de dólares).
Esta institución, líder en el ámbito de las ciencias experimentales, se colocó en el ojo del huracán en marzo de 2025, cuando el gobernador de Michoacán (centro-occidente), Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que los exrectores Salvador Jara (2011-2014), Silvia Figueroa (2007-2011), Marco Antonio Aguilar Cortés (1999-2003) y Salvador Galván Infante (1994-1998), entre otros académicos, reciben una pensión de hasta 200.000 pesos mensuales (unos 11.000 al tipo de cambio actual).
A través de una gráfica que presentó ante los medios de comunicación, el edil aseguró que este tipo de jubilaciones alcanzan estos montos por varios factores.
"Un académico que recibe de la universidad su salario, pero que también recibe de Conacyt [ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (SECIHTI)] por ser investigador nivel uno, dos o tres, recibe 80.000 o 60.000 pesos (entre 3.280 y 4.370 dólares) de esa beca (...) al momento de que se jubila, alega que su salario integral incluye la beca (...) y entonces la universidad le tiene que pagar ese apoyo", expresó.
"Esto es insostenible. Está colapsado el sistema de jubilaciones de la Universidad Michoacana. Hay casi 500 trabajadores, trabajadoras, académicas, académicos, que desde hace siete u ocho años no se pueden jubilar, porque las jubilaciones las autoriza el Consejo Universitario y la Universidad no tiene recursos para esas jubilaciones", remarcó Ramírez Bedolla.
Un caso particular
Otro caso que ha sido objeto de escrutinio es el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ubicada en el centro-norte de la nación latinoamericana. De acuerdo con datos revelados por el medio local Astrolabio Diario Digital, sus tres últimos rectores: Manuel Fermín Villar Rubio (2012-2020), Marco García Valdez (2004-2012) y Jaime Valle Méndez (1995-2004) cobran pensiones vitalicias que, en conjunto, superan los 606.388 pesos mensuales (cerca de 32.930 dólares).
Lo anterior significa que, anualmente, la institución de educación superior, cuya Facultad de Medicina ocupa el puesto número cuatro a nivel nacional, destina 7.276.664 pesos (395.123 dólares) a las jubilaciones de los exfuncionarios referidos.
Si bien el monto representa aproximadamente el 0,24% del presupuesto que recibió esta casa de estudios en el ejercicio de 2026 (que asciende a 3.043 millones 123.250 pesos, es decir, 165,3 millones de dólares), contrasta con la pensión promedio que reciben los extrabajadores: apenas 3.000 pesos mensuales (cerca de 163 dólares al cambio actual), de acuerdo con la investigación de Astrolabio.
Una acción sensata
El llamado de Sheinbaum apunta a dos objetivos: hacer un uso más eficiente del presupuesto, como parte de la política de austeridad republicana que caracteriza a la Cuarta Transformación; así como a poner sobre la mesa que las pensiones tan elevadas impiden que se destinen recursos a nuevas plazas, a financiar investigaciones o al mismo gasto corriente, señaló en diálogo con Sputnik el doctor en economía Moritz Cruz Blanco, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM.
En palabras del experto, se trata de "un llamado sensato, sobre todo porque son pensiones que, algunas, son muy altas con respecto al promedio".
"Esto causó y provoca problemas de sostenibilidad, no solamente de las pensiones, sino de todo el gasto de las universidades estatales. Sí debe de corregirse", destacó.
Obstáculos que van en aumento
Con él coincide Alejandra Macías Sánchez, economista y doctora en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, para quien la problemática tiene que verse a la luz del sistema previsional en general.
La académica, que se ha especializado en sostenibilidad fiscal y pensiones, ponderó en charla para este medio que el país está "gastando como 2,3 billones de pesos (aproximadamente 125.000 millones de dólares) en pensiones [contributivas], o al menos eso es lo que se proyecta para 2027".
"El problema es que son pensiones que siguen creciendo y que, con el envejecimiento [en aumento de la población], se va a hacer un problema todavía más grande", observó la experta.
Posteriormente, precisó que, en realidad, "no conocemos el tamaño del problema", toda vez que los 2,3 billones de pesos "son lo que conocemos más a nivel federal que a nivel estatal".
El sistema está fragmentado
Macías Sánchez retomó las palabras del economista mexicano Pedro Vásquez Colmenares, quien hace años realizó una investigación donde halló que, en México, "hay más de 1.000 subsistemas de pensiones, justamente por los federales que más o menos conocemos, más todos los que se crean a nivel estatal, municipal y las escuelas o universidades".
Dicho en otras palabras: "el sistema de pensiones mexicano está muy fragmentado y cada uno tiene leyes, requisitos y beneficios diferentes. Eso es lo que pasa con los estados, los municipios y las escuelas: no rige una sola ley", refirió.
En ese sentido, la experta sostuvo que no es descabellado que el gasto en pensiones al interior de las UPE haya dejado de ser sostenible, "porque incluso hay universidades que ya están quebradas, que no pueden pagar las pensiones, ni salarios, precisamente por sus sistemas de pensiones".
Esta situación, profundizó Macías Sánchez, puede llevar a las universidades a endeudarse, aunado a que se quedan sin recursos para capacitación de maestros o el mantenimiento de las instalaciones educativas.
"Hay un tema de opacidad muy importante (...), nadie las evalúa, las regula (...). Es muy buena idea que se vaya a revisar esta información y que se pueda depurar el número de personas que están ahí; va en línea con lo que hizo [la presidenta] este año con las pensiones doradas", consideró.
¿Qué factores permitieron estos esquemas?
La economista resaltó que el sistema de pensiones no es sostenible porque, "cuando se crearon estos esquemas, que son de reparto, la situación de la población era muy diferente".
"Había más niños, había más personas que iban a estar económicamente activas y menos adultos mayores. Las contribuciones de las personas trabajadoras alcanzaban, de alguna manera, para pagar las pensiones de estas personas adultas mayores, pero además vivían menos. Ahora vivimos mucho más tiempo después de la edad de retiro", detalló.
"La transición demográfica se ha juntado con que el uso de los recursos no ha sido tan transparente; había contribuciones para pensiones, pero se utilizaban para salud, por ejemplo, porque no alcanzaba", ahondó.
En este sentido, Cruz añadió que la situación actual "es una herencia de cuando las universidades crearon sus sistemas de pensiones, que fue de manera descentralizada, fragmentada y con regulaciones individuales de cada universidad, entre los funcionarios o las autoridades y los trabajadores, a través de los contratos colectivos".
De acuerdo con el investigador del IIE, "el contexto en el que se permitió esto es el que se vivió cuando nacieron esas universidades; podemos hablar de 1940 en adelante. Era un ambiente político distinto, donde el gobernador era cercano al rector y lo ponía [en el cargo]; sabemos que había un alineamiento sindical, en todos los aspectos, al partido hegemónico a cambio de recibir prebendas. Era una condición política que permitió el establecimiento de esos regímenes de pensiones".
14 de noviembre 2025, 07:02 GMT
El esquema es poco eficaz
"Esto ha hecho que hicieran lo que quisieran, en un ambiente completamente distinto al actual, tanto demográfica como económicamente. Se elaboraron programas de pensión que hoy son insostenibles (...), no se hizo ningún cálculo actuarial ni se generaron reservas", analizó el economista.
Así, en la actualidad, "ese sistema de pensiones es inoperante" y el Gobierno federal se ve fuertemente presionado por la vía de las jubilaciones, ya que "casi un cuarto del presupuesto del gasto se destina al pago" de este derecho, subrayó Cruz.
Por consiguiente, estimó que, si no crece el gasto público a través de una reforma fiscal progresiva, se debe corregir este sistema previsional insostenible, lo que implica ajustar cuando se trate de casos donde se está duplicando el pago o son muy elevados, así como en los casos en los que el monto es muy bajo.
"También tiene que analizarse la esperanza de vida y todo el sistema de cuentas individuales, porque hoy día todos quienes entran a trabajar tienen una cuenta individual. ¿Esto es compatible o no con los contratos colectivos? Habría que revisarlo", observó el analista.
Mientras que Macías Sánchez comentó la necesidad de una reforma de pensiones que dé lugar a una ley en la materia.
"Es necesario hacer una reforma a corto, mediano plazo, para ver cómo contenemos el gasto en pensiones", destacó.
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