Retiro de la subvención al diésel en Bolivia "se debería haber implementado de otra manera", dice experto
Retiro de la subvención al diésel en Bolivia "se debería haber implementado de otra manera", dice experto
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El Gobierno de Rodrigo Paz quitó la subvención al diésel, lo cual ahorraría al Estado 660 millones de dólares al año. Pero los precios de alimentos y del... 22.09.2026, Sputnik Mundo
La eliminación de la subvención al diésel, decretada por el presidente Rodrigo Paz, se tradujo en el inmediato y desmedido aumento de precios de alimentos y del transporte público, los cuales en algunos casos llegaron a duplicarse. El Gobierno propuso medidas para amortiguar el impacto, como convertir los motores de los vehículos para que funcionen a gas. Mientras tanto, abrió negociaciones con sindicatos de choferes, además de que desplegó cientos de policías y militares en las carreteras del país para evitar bloqueos. "Si es necesario el uso de la policía y de los militares, lo haremos", advirtió el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.Se dirigía sobre todo a las organizaciones campesinas y a la Central Obrera Boliviana (COB), que anunciaron reuniones para estas horas, en las que podrían determinar el inicio de medidas de presión. Hasta finales de 2026 se mantendrá en el país el estado de excepción que se impuso en junio pasado para terminar con las protestas y bloqueos liderados por choferes, obreros y campesinos contra el Gobierno de Paz.Luego de anunciar el fin de esta subvención, el pasado 18 de septiembre, el presidente viajó a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de mantener encuentros bilaterales, sobre todo con autoridades del Gobierno de Donald Trump. Por ello, el diálogo con los choferes quedó en manos de los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Trabajo, William Bascopé.Paz afirmó que el diésel se venderá al precio internacional, a 17,95 pesos bolivianos (1,83 dólares). Sostuvo que así el Estado se ahorrará 55 millones de dólares semanales. "Hemos decidido que el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera", dijo el presidente.Este 21 de septiembre, el ministro Zamora dijo en una reunión con choferes: "Se ha tomado una decisión real, heroica. Más facilito era no tomar la decisión y que el país se vaya al tacho, sin futuro".Compromiso con el FMIEl Gobierno suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.900 millones de dólares. Una de las cláusulas del documento establece que para 2027 se eliminarán las subvenciones, también a la gasolina y al gas.Según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, todavía "no está en agenda" eliminar las subvenciones restantes. Pero reconoció que se encuentran "bajo análisis".Y explicó: "Bolivia está en su tercer año de recesión económica y está saliendo de 53 días de bloqueos, lo cual ha generado presiones cambiarias e inflacionarias. Es una economía que está desacelerada y ha generado un sinfín de problemas tanto al sector público como al privado".Con el retiro de la subvención al diésel, el Estado se ahorraría 660 millones de dólares anuales. Pero "esto no soluciona por sí solo la crisis estructural que sufre Bolivia".Romero detalló que se trata de "una economía que importa el 90% de su diésel, una economía que no tiene los dólares suficientes para comprar combustibles del exterior y que hace más de 10 años está en un franco descenso en su sector energético e hidrocarburífero".Por ello, "creo que en términos generales se está pasando la factura del sector público al sector privado, lo cual va a recaer con mayor peso en empresas, familias y hogares de bajos ingresos", comentó. El Gobierno también anunció medidas para amortiguar el golpe, como el incremento de bonos sociales y reducciones impositivas. Para Romero, estos paliativos "van en contracorriente, porque por un lado se habla de austeridad financiera al eliminar la subvención del diésel, pero por otro lado se incrementa la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Pepe; además, se aumenta el periodo de alivio tributario y se elimina el impuesto a la importación de bienes de capital. Si se hace una diferencia entre lo que se ahorra y lo que se gasta, casi no se compensa".Para el economista, "se debería mantener total o parcialmente la subvención para el transporte público y para aquellas actividades económicas que están relacionadas directamente con los alimentos. Porque a las horas de haberse conocido este decreto, los precios en mercados, ferias y centros de abasto han subido. No por temas económicos, sino por temas especulativos".Los autobuses de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, funcionan en un 40% a diésel. El resto se desplaza con gasolina o gas. Sin embargo, allí, como en todas las ciudades bolivianas, los choferes pasaron de cobrar tres pesos bolivianos a seis, unos 50 centavos de dólar en la cotización actual. El Gobierno pidió a alcaldías y gobernaciones que controlen los aumentos desmedidos de precios. Romero evaluó que con esta medida la inflación de 2026 llegará al 20%.Malestar socialEl analista Gabriel Campero coincidió en que la quita de la subvención al diésel generará inflación, "lo cual va a generar una situación de inestabilidad a nivel social. Los productos de la canasta básica van a incrementarse mucho más, debido a la logística interna regional que manejan con gasolina”, que también se acomodaría a los precios internacionales en los próximos meses.Este factor "va a generar un malestar generalizado en el sector del transporte, pero también en las juntas vecinales, organizaciones de amas de casa y otros sectores que van a ver su modo de vida afectado", mencionó Campero.Para el analista, si lo anterior se traduce en protestas, las fuerzas de seguridad "no van a dar abasto" para contenerlas. Llegado a este punto, Campero observó que "no se generan propuestas o alternativas en el bloque opositor. En cambio, la misma derecha plantea radicalizar mucho más las propuestas de Paz".Para el analista, "plantear un referéndum sobre 'si usted está de acuerdo con la subvención' hubiera sido mucho más democrático que ejecutar la quita". Otra opción habría pasado por aumentar impuestos a sectores empresariales para que no resultaran tan afectadas las familias bolivianas, agregó.Pero "la oposición que responde al bloque popular no tiene la capacidad de plantear otras alternativas, más allá de oponerse y decir que está mal", sostuvo Campero.
El Gobierno de Rodrigo Paz quitó la subvención al diésel, lo cual ahorraría al Estado 660 millones de dólares al año. Pero los precios de alimentos y del transporte público se duplicaron en muchos casos. Analistas explicaron a Sputnik las medidas a tomar para evitar la afectación de las familias bolivianas.
La eliminación de la subvención al diésel, decretada por el presidente Rodrigo Paz, se tradujo en el inmediato y desmedido aumento de precios de alimentos y del transporte público, los cuales en algunos casos llegaron a duplicarse.
El Gobierno propuso medidas para amortiguar el impacto, como convertir los motores de los vehículos para que funcionen a gas. Mientras tanto, abrió negociaciones con sindicatos de choferes, además de que desplegó cientos de policías y militares en las carreteras del país para evitar bloqueos. "Si es necesario el uso de la policía y de los militares, lo haremos", advirtió el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.
Se dirigía sobre todo a las organizaciones campesinas y a la Central Obrera Boliviana (COB), que anunciaron reuniones para estas horas, en las que podrían determinar el inicio de medidas de presión. Hasta finales de 2026 se mantendrá en el país el estado de excepción que se impuso en junio pasado para terminar con las protestas y bloqueos liderados por choferes, obreros y campesinos contra el Gobierno de Paz.
Luego de anunciar el fin de esta subvención, el pasado 18 de septiembre, el presidente viajó a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas, además de mantener encuentros bilaterales, sobre todo con autoridades del Gobierno de Donald Trump. Por ello, el diálogo con los choferes quedó en manos de los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Trabajo, William Bascopé.
Paz afirmó que el diésel se venderá al precio internacional, a 17,95 pesos bolivianos (1,83 dólares). Sostuvo que así el Estado se ahorrará 55 millones de dólares semanales. "Hemos decidido que el diésel costará lo mismo que nos cuesta comprarlo afuera", dijo el presidente.
Este 21 de septiembre, el ministro Zamora dijo en una reunión con choferes: "Se ha tomado una decisión real, heroica. Más facilito era no tomar la decisión y que el país se vaya al tacho, sin futuro".
Compromiso con el FMI
El Gobierno suscribió un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un préstamo de 1.900 millones de dólares. Una de las cláusulas del documento establece que para 2027 se eliminarán las subvenciones, también a la gasolina y al gas.
Según el vocero presidencial, José Luis Gálvez, todavía "no está en agenda" eliminar las subvenciones restantes. Pero reconoció que se encuentran "bajo análisis".
En diálogo con Sputnik, el economista Fernando Romero evaluó las implicancias de la nueva medida, que consideró necesaria: "Desde una perspectiva estrictamente fiscal y energética, la subvención era una de las causas del déficit fiscal. Pero pienso que se debería haber implementado de otra manera y en otro momento".
Y explicó: "Bolivia está en su tercer año de recesión económica y está saliendo de 53 días de bloqueos, lo cual ha generado presiones cambiarias e inflacionarias. Es una economía que está desacelerada y ha generado un sinfín de problemas tanto al sector público como al privado".
Con el retiro de la subvención al diésel, el Estado se ahorraría 660 millones de dólares anuales. Pero "esto no soluciona por sí solo la crisis estructural que sufre Bolivia".
Romero detalló que se trata de "una economía que importa el 90% de su diésel, una economía que no tiene los dólares suficientes para comprar combustibles del exterior y que hace más de 10 años está en un franco descenso en su sector energético e hidrocarburífero".
Por ello, "creo que en términos generales se está pasando la factura del sector público al sector privado, lo cual va a recaer con mayor peso en empresas, familias y hogares de bajos ingresos", comentó. El Gobierno también anunció medidas para amortiguar el golpe, como el incremento de bonos sociales y reducciones impositivas.
Para Romero, estos paliativos "van en contracorriente, porque por un lado se habla de austeridad financiera al eliminar la subvención del diésel, pero por otro lado se incrementa la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Pepe; además, se aumenta el periodo de alivio tributario y se elimina el impuesto a la importación de bienes de capital. Si se hace una diferencia entre lo que se ahorra y lo que se gasta, casi no se compensa".
Para el economista, "se debería mantener total o parcialmente la subvención para el transporte público y para aquellas actividades económicas que están relacionadas directamente con los alimentos. Porque a las horas de haberse conocido este decreto, los precios en mercados, ferias y centros de abasto han subido. No por temas económicos, sino por temas especulativos".
Los autobuses de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, funcionan en un 40% a diésel. El resto se desplaza con gasolina o gas. Sin embargo, allí, como en todas las ciudades bolivianas, los choferes pasaron de cobrar tres pesos bolivianos a seis, unos 50 centavos de dólar en la cotización actual. El Gobierno pidió a alcaldías y gobernaciones que controlen los aumentos desmedidos de precios. Romero evaluó que con esta medida la inflación de 2026 llegará al 20%.
Malestar social
El analista Gabriel Campero coincidió en que la quita de la subvención al diésel generará inflación, "lo cual va a generar una situación de inestabilidad a nivel social. Los productos de la canasta básica van a incrementarse mucho más, debido a la logística interna regional que manejan con gasolina”, que también se acomodaría a los precios internacionales en los próximos meses.
Y aseguró que "toda la cadena que actualmente estaba abastecida por la subvención va a terminar por incrementarse y va a ser insostenible para las familias".
Este factor "va a generar un malestar generalizado en el sector del transporte, pero también en las juntas vecinales, organizaciones de amas de casa y otros sectores que van a ver su modo de vida afectado", mencionó Campero.
Para el analista, si lo anterior se traduce en protestas, las fuerzas de seguridad "no van a dar abasto" para contenerlas. Llegado a este punto, Campero observó que "no se generan propuestas o alternativas en el bloque opositor. En cambio, la misma derecha plantea radicalizar mucho más las propuestas de Paz".
Para el analista, "plantear un referéndum sobre 'si usted está de acuerdo con la subvención' hubiera sido mucho más democrático que ejecutar la quita". Otra opción habría pasado por aumentar impuestos a sectores empresariales para que no resultaran tan afectadas las familias bolivianas, agregó.
Pero "la oposición que responde al bloque popular no tiene la capacidad de plantear otras alternativas, más allá de oponerse y decir que está mal", sostuvo Campero.
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