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¿Qué prioridades tiene Bolivia en el plan millonario para apoyar a comunidades indígenas de la Amazonía?

© AP Photo / Juan KaritaAmazonía de Bolivia.
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El Gobierno del país sudamericano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el proyecto "Salvaguardando los Sistemas de Vida de la Selva Amazónica de Bolivia", que cuenta con una inversión de 150,6 millones de dólares.
Los recursos se destinarán para proteger la biodiversidad y los territorios de comunidades indígenas de la Amazonía, en los departamentos de La Paz (oeste), Beni (norte), Pando (norte) y Santa Cruz (este).
Este programa contará con 18,7 millones de dólares del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) y otros 131,8 millones de "cofinanciamiento de instituciones públicas, cooperación internacional, organizaciones sociales y socios estratégicos", según el Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua del país sudamericano.
La iniciativa se implementará en más de 25 municipios amazónicos, en 18 áreas protegidas y 20 territorios indígenas. Desde la dependencia local, estimaron que alcanzará a 400.000 comunarias y comunarios hacia 2032.
El ministro del área, Óscar Justiniano, sostuvo que "la Amazonía necesita una mirada con lupa para hacer respetar el uso de suelo y frenar los intereses que buscan deforestar. Nuestro compromiso es firme: garantizaremos que la asistencia técnica llegue directamente a las bases, protegiendo las áreas naturales y dándoles a los pueblos indígenas la autonomía y las condiciones para salir adelante".
La región en juego ha tenido como principales amenazas la deforestación, incendios y la contaminación minera y con agrotóxicos. Ante ello, quienes viven en esta región compartieron con Sputnik sus impresiones sobre el nuevo plan.
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Un inexistente acercamiento gubernamental

Bertha Bejarano es una líder histórica del movimiento indígena del oriente boliviano. Fue presidenta de la Central Étnica de los Pueblos Mojeños del Beni (CPEMB) y también fue asambleísta por su pueblo.
"En las áreas protegidas y los territorios indígenas donde vivimos, quizás mucha gente lo va a ver muy bueno. Los recursos están llegando a través del municipio. Pero a mí me habría gustado que recogieran las propuestas propias de los pueblos indígenas, no una imposición de allá arriba", dijo en diálogo con este medio.
Bejarano agregó que quienes diseñaron el plan "no conocen nuestra realidad. No saben ellos cómo los pueblos indígenas conservamos nuestro monte, cómo gracias al territorio nosotros tenemos el aire puro".
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La activista evaluó que un programa para el desarrollo de las comunidades indígenas requeriría antes que nada "la construcción caminos vecinales, para que saquemos la producción". Además, "brindar asistencia técnica para que la gente pueda contrarrestar muchas plagas, muchas situaciones críticas que enfrentamos los pueblos indígenas".
También se necesita mejorar la provisión de agua para los cultivos y el consumo humano. "Hay comunidades que no cuentan con agua, eso afecta a la producción", refirió.
Pero "el Gobierno decide en su escritorio, cuando debería bajar y hablar con las dirigencias de los pueblos indígenas para recoger las verdaderas prioridades".
En este sentido, Bejarano señaló que, desde las esferas gubernamentales, "no pueden definir nuestro sistema de vida. Nosotros ya hemos definido nuestra realidad".

Cambio de modelo

Vincent Vos es un biólogo con una extensa trayectoria en la investigación de la Amazonía boliviana.
En entrevista para este medio, se manifestó a favor de la ejecución de programas de conservación, pero "mientras sigamos con los mismos modelos de desarrollo, las cosas no van a cambiar".
"Si Bolivia sigue apostando a la extracción de minerales e hidrocarburos, y sobre todo la ampliación de las fronteras agropecuarias, que son la supuesta solución a la crisis económica, se va a seguir nomás deforestando, quemando, continuando con la invasión de territorios indígenas y áreas protegidas. Eso se ve y está más fuerte que antes", agregó.
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Vos observó que 18,7 millones de dólares vienen del GEF, mientras los 131,8 restantes "será aportado como contraparte de los municipios".
El biólogo alertó sobre el bajo impacto que tendrían los 150 millones de dólares, ejecutados en un plazo de siete años. "Con 20 hectáreas de un sistema de producción agroforestal no se va a revertir toda la tendencia climática y ambiental de la región. Hay una diferencia enorme entre lo que la gente necesita, lo que el medioambiente requiere y lo que realmente se logra ejecutar".
"Después de considerar gastos operativos y personal de coordinación y todo esto, no van a poder hacer nada. ¿Cuánto le va a tocar a cada comunidad? ¿10 pesos (0,90 dólares) o algo así? Es un peso por hectárea que no va a servir para nada, ni para apagar un incendio", aseveró.

Compra y venta de humo

Un tema polémico desde hace años en la Amazonía es el de los bonos de carbono. Es un mecanismo ideado en la ONU para comprar o vender créditos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI, por sus siglas en inglés). En este sistema, una tonelada de dióxido de carbono que no llega a la atmósfera equivale a un crédito.
La Amazonía, con sus amplios bosques, capta toneladas de carbono por año, que ahora son monetizadas.
El PNUD afirmó que con el nuevo programa se logrará "la gestión mejorada de 7,9 millones de hectáreas de áreas protegidas, la restauración de más de 92.000 hectáreas, y prácticas sostenibles aplicadas en 5,3 millones de hectáreas. Esto permitirá mitigar más de 32 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente".
Vos explicó en qué consisten los mercados de carbono. "Son un instrumento para reconocer los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Se paga un bono a organizaciones, territorios, instancias que frenan la deforestación, que ayudan a reforestar".
Si una empresa de Europa, por ejemplo, compra bonos de carbono en Sudamérica, tiene una mayor cuota para emitir GEI de sus fábricas.
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El expresidente Evo Morales (2006-2019) rechazaba este mecanismo, fundamentalmente porque –en su análisis– limitaba las posibilidades de desarrollo del país sudamericano, al convertirlo en un mero cuidador de árboles.
Bejarano, por su parte, se pronunció en contra de estos mercados, sobre todo porque los beneficios no llegarían a las comunidades. "Esto sería ya lo peor que puede pasarle a los pueblos indígenas. Hay muchos territorios que nosotros cuidamos. Y aseguro que, si hay venta de carbono, la Gobernación y el Gobierno municipal van a darnos migajas", reflexionó.
Pero si se llega a esta instancia, "los pueblos indígenas no van a permitir que el Gobierno vuelva a meter la mano", dijo la dirigente mojeña.
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