Pese a abrogación de ley sobre propiedad de la tierra en áreas rurales, manifestaciones en Bolivia no cesan
Pese a abrogación de ley sobre propiedad de la tierra en áreas rurales, manifestaciones en Bolivia no cesan
Sputnik Mundo
El Gobierno de Bolivia logró calmar las protestas de indígenas y campesinos con la abrogación de la ley que modificaba el régimen de propiedad de la tierra... 15.05.2026, Sputnik Mundo
Los manifestantes, quienes llegaron en marcha a La Paz desde la Amazonía, ya regresan a sus comunidades. Pero ahora la Central Obrera Boliviana (COB) pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz.El mandatario boliviano firmó la abrogación de la ley 1720, la cual modificaba el régimen de propiedad de la tierra para familias de áreas rurales. Durante el último mes esta normativa generó protestas en todo el país, fundamentalmente por parte de organizaciones campesinas e indígenas. Así, el Gobierno nacional y sectores agroindustriales que apoyaban esta norma, esperaban finalizar las protestas en las principales carreteras del país, bloqueadas desde hace más de una semana. Sin embargo, persisten los reclamos de la COB, que ahora exige la renuncia del mandatario y sus ministros.En el Gobierno nacional sostienen que las actuales manifestaciones apuntan a desestabilizar el Ejecutivo. En la Asamblea Legislativa Plurinacional declararon que hay en marcha un "golpe de Estado" contra Paz, quien asumió la presidencia seis meses atrás. Él y quienes lo apoyan acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de estas maniobras antidemocráticas.En los últimos días, el Gobierno logró desactivar –al menos temporalmente– dos conflictos importantes. Uno con los sindicatos de choferes, que exigían la disponibilidad de gasolina y diésel de calidad en las estaciones de servicio. También pedían mayor celeridad para devolver los costos de arreglar los motores de miles de vehículos en todo el país, dañados por el combustible adulterado.Otro frente estaba ante la ley 1720. Por ello, cientos de indígenas y campesinos marcharon durante un mes desde el departamento amazónico de Pando (norte), en reclamo de su abrogación, lo cual lograron el 13 de mayo a la noche, con la firma de Paz. Este 14 de mayo, los manifestantes dejaban la ciudad de La Paz para volver a sus comunidades, mientras en las calles céntricas la Policía peleaba contra mineros muñidos de dinamita.Al Gobierno le resta resolver el problema con la COB y las organizaciones que ahora piden la renuncia de Paz quienes, según el Ejecutivo, responderían a órdenes y financiamiento del expresidente Morales. La Policía registró más de 60 puntos de protesta en todo el país, lo cual impide el tránsito de personas, alimentos y productos entre los principales departamentos del país, especialmente Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz.Entretelones de la abrogaciónMientras se alistaba para retornar a su comunidad, en el departamento amazónico de Beni, la dirigente campesina Vivian Palomeque dijo a Sputnik que la abrogación de la 1720 "ha sido un logro muy importante, con mucho sacrificio, con más de un mes de movilización desde lejos, desde nuestro territorio, lejos de nuestras familias, con dificultades también en la salud".La ciudad de La Paz (oeste), situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, afecta enormemente con el llamado mal de altura a quienes vienen de las tierras bajas.El Gobierno, asambleístas y agroindustriales reunidos en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptaron abrogar la 1720. Pero adelantaron que, en un plazo de dos meses, volverán a preparar una normativa con el mismo espíritu, aunque consensuada con indígenas y campesinos, para brindar salvaguardas a las pequeñas propiedades, que son inembargables, intransferibles y representan un patrimonio familiar para desarrollar sus culturas ancestrales y garantizar su seguridad alimentaria.Palomeque, secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos-Regional de Vaca Diez, de Beni, resaltó que "a pesar del logro vamos a estar atentos, porque no podemos confiarnos de los parlamentarios. La mayoría, cuando llegan a los curules no trabajan para el pueblo, como se comprometieron en campaña".La marcha indígena campesina llegó a La Paz el 4 de mayo. En un mes de caminata, no solamente tuvieron que enfrentar cansancio, dolores e inclemencias climáticas, además de la altura de los Andes. También en varios tramos, los negociadores designados por el Gobierno lograron arreglar con organizaciones o parte de los marchistas, por lo cual se reducía el volumen de la protesta y quedaba dañada la moral de las y los caminantes. Pero, al llegar a la ciudad de La Paz, recibieron un apoyo popular notable, también de la COB.Sobre el abanico de protestas que enfrenta el Gobierno, Palomeque evaluó que "cada día más aumentan las medidas de presión. Consideramos que es con justa razón, porque el Gobierno no ha tenido voluntad ni capacidad política para dar solución a los reclamos. Más se ha enfrascado en hacer caso a un grupo de personas, quienes no son la mayoría".La líder campesina destacó que sus organizaciones avalaron con el voto en 2025 al ahora presidente Paz: "Apoyamos al binomio (Paz y su vicepresidente, Edmand Lara) para que haya un cambio en el país. Pero el cambio se dio en nuestra contra, vulnerando nuestros derechos".Sobre las acusaciones formuladas por el Gobierno, según las cuales la marcha estaba financiada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), además del expresidente Morales, Palomeque sostuvo: "Lo desmentimos, porque gracias a Dios hemos salido con nuestro propio sacrificio, con nuestra economía. En el camino se sumó el aporte importante de hermanos de Pando y Beni, quienes aportaron su granito de arena para fortalecer a la marcha, sobre todo en tema de alimentación y medicamentos"."Hemos salido por nuestra dignidad, por el respeto a nuestros derechos. No salimos financiados por nadie", agregó.La compleja cuestión agrariaJuan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra (una de las OSC señaladas por el oficialismo porque habría apoyado a la marcha), explicó a Sputnik que la decisión de abrogar la ley 1720 por parte del Gobierno, asambleístas y agroindustriales "refleja dos cosas. Primero, que en Bolivia el equilibrio en torno al tema agrario es muy frágil. No se puede plantear de la nada un cambio trascendental en la normativa agraria. Pero, si se hace, se debe dialogar con todos los sectores que puedan tener algún tipo de interés o que puedan verse afectados"."La ley 1720 no fue debidamente discutida y consensuada con la mayoría de la población rural, los campesinos y los indígenas del país. Esto ha desencadenado el conflicto, la marcha, la polarización y claramente se le ha salido de las manos al Gobierno. Es una lección importante a entender", añadió.Según la Constitución, vigente desde 2009, las pequeñas propiedades agrarias (hasta 500 hectáreas) son un bien familiar legalmente intocable. Pero la ley 1720 establecía que voluntariamente los propietarios podrían declararlas "medianas propiedades" para recibir créditos financieros destinados teóricamente a mejorar la producción de las tierras.Pero con este mecanismo, las tierras familiares dejaban de lado su carácter "inembargable". Si la familia campesina no podía pagar el crédito, eran plausibles de embargo, quedarían en manos de bancos que las venderían a quienes pudieran pagarlas, generalmente grandes empresarios terratenientes. Aquí se originó el conflicto.Según la Constitución, nadie puede poseer más de 5.000 hectáreas de tierra en Bolivia. Pero en una entrevista en abril con Sputnik, Chumacero había señalado que varios agroindustriales encontraron los vericuetos legales para amasar una mayor cantidad de terrenos.El director de la Fundación Tierra consideró que la ley abrogada era "inconstitucional". Sobre la normativa 1731, que abroga la 1720, mencionó que establece un plazo de dos meses para elaborar un nuevo proyecto dirigido a convertir la pequeña propiedad a mediana. "Ellos ya no hablan de acceso al crédito para el pequeño productor. Será directamente una ley de conversión. Esto refleja los verdaderos intereses que hay por detrás de la sanción de una ley sobre este tema", explicó.También observó que el nuevo proyecto se redactará en consenso con las "comisiones agrarias departamentales", cuyos integrantes aún no están definidos. Por ello, en este proceso podrían quedar nuevamente marginadas las organizaciones indígenas campesinas.Por ello, "está claro que la agroindustria no abandona su agenda e, inclusive con la abrogación, intenta mantener sus prerrogativas o el control para defender sus intereses de sector, de clase, de poder", aseguró."En Bolivia la tierra es un tema muy complejo. No es una cuestión meramente técnica. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la economía, con el Gobierno. Lo que pasa en el país es un claro reflejo de esto", subrayó.¿Ley con consensos?Al momento de promulgar la ley 1731, Paz sostuvo que era "resultado del diálogo, resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos. La ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley".Sin embargo, "tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores. Eso hará de esa nueva ley una ley fuerte, una ley justa, una ley equilibrada, una ley para todos los bolivianos, una ley para toda la patria", dijo el presidente.
El Gobierno de Bolivia logró calmar las protestas de indígenas y campesinos con la abrogación de la ley que modificaba el régimen de propiedad de la tierra para familias de áreas rurales.
Los manifestantes, quienes llegaron en marcha a La Paz desde la Amazonía, ya regresan a sus comunidades. Pero ahora la Central Obrera Boliviana (COB) pide la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El mandatario boliviano firmó la abrogación de la ley 1720, la cual modificaba el régimen de propiedad de la tierra para familias de áreas rurales. Durante el último mes esta normativa generó protestas en todo el país, fundamentalmente por parte de organizaciones campesinas e indígenas. Así, el Gobierno nacional y sectores agroindustriales que apoyaban esta norma, esperaban finalizar las protestas en las principales carreteras del país, bloqueadas desde hace más de una semana.
Sin embargo, persisten los reclamos de la COB, que ahora exige la renuncia del mandatario y sus ministros.
En el Gobierno nacional sostienen que las actuales manifestaciones apuntan a desestabilizar el Ejecutivo. En la Asamblea Legislativa Plurinacional declararon que hay en marcha un "golpe de Estado" contra Paz, quien asumió la presidencia seis meses atrás. Él y quienes lo apoyan acusaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) de estar detrás de estas maniobras antidemocráticas.
🌳 🇧🇴 Pese a abrogación de ley sobre propiedad de la tierra en áreas rurales, manifestaciones en Bolivia no cesan
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En los últimos días, el Gobierno logró desactivar –al menos temporalmente– dos conflictos importantes. Uno con los sindicatos de choferes, que exigían la disponibilidad de gasolina y diésel de calidad en las estaciones de servicio. También pedían mayor celeridad para devolver los costos de arreglar los motores de miles de vehículos en todo el país, dañados por el combustible adulterado.
Otro frente estaba ante la ley 1720. Por ello, cientos de indígenas y campesinos marcharon durante un mes desde el departamento amazónico de Pando (norte), en reclamo de su abrogación, lo cual lograron el 13 de mayo a la noche, con la firma de Paz. Este 14 de mayo, los manifestantes dejaban la ciudad de La Paz para volver a sus comunidades, mientras en las calles céntricas la Policía peleaba contra mineros muñidos de dinamita.
Al Gobierno le resta resolver el problema con la COB y las organizaciones que ahora piden la renuncia de Paz quienes, según el Ejecutivo, responderían a órdenes y financiamiento del expresidente Morales. La Policía registró más de 60 puntos de protesta en todo el país, lo cual impide el tránsito de personas, alimentos y productos entre los principales departamentos del país, especialmente Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz.
Entretelones de la abrogación
Mientras se alistaba para retornar a su comunidad, en el departamento amazónico de Beni, la dirigente campesina Vivian Palomeque dijo a Sputnik que la abrogación de la 1720 "ha sido un logro muy importante, con mucho sacrificio, con más de un mes de movilización desde lejos, desde nuestro territorio, lejos de nuestras familias, con dificultades también en la salud".
La ciudad de La Paz (oeste), situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar, afecta enormemente con el llamado mal de altura a quienes vienen de las tierras bajas.
El Gobierno, asambleístas y agroindustriales reunidos en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) aceptaron abrogar la 1720.
Pero adelantaron que, en un plazo de dos meses, volverán a preparar una normativa con el mismo espíritu, aunque consensuada con indígenas y campesinos, para brindar salvaguardas a las pequeñas propiedades, que son inembargables, intransferibles y representan un patrimonio familiar para desarrollar sus culturas ancestrales y garantizar su seguridad alimentaria.
Palomeque, secretaria ejecutiva de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos-Regional de Vaca Diez, de Beni, resaltó que "a pesar del logro vamos a estar atentos, porque no podemos confiarnos de los parlamentarios. La mayoría, cuando llegan a los curules no trabajan para el pueblo, como se comprometieron en campaña".
La marcha indígena campesina llegó a La Paz el 4 de mayo. En un mes de caminata, no solamente tuvieron que enfrentar cansancio, dolores e inclemencias climáticas, además de la altura de los Andes. También en varios tramos, los negociadores designados por el Gobierno lograron arreglar con organizaciones o parte de los marchistas, por lo cual se reducía el volumen de la protesta y quedaba dañada la moral de las y los caminantes. Pero, al llegar a la ciudad de La Paz, recibieron un apoyo popular notable, también de la COB.
Sobre el abanico de protestas que enfrenta el Gobierno, Palomeque evaluó que "cada día más aumentan las medidas de presión. Consideramos que es con justa razón, porque el Gobierno no ha tenido voluntad ni capacidad política para dar solución a los reclamos. Más se ha enfrascado en hacer caso a un grupo de personas, quienes no son la mayoría".
La líder campesina destacó que sus organizaciones avalaron con el voto en 2025 al ahora presidente Paz: "Apoyamos al binomio (Paz y su vicepresidente, Edmand Lara) para que haya un cambio en el país. Pero el cambio se dio en nuestra contra, vulnerando nuestros derechos".
Sobre las acusaciones formuladas por el Gobierno, según las cuales la marcha estaba financiada por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), además del expresidente Morales, Palomeque sostuvo: "Lo desmentimos, porque gracias a Dios hemos salido con nuestro propio sacrificio, con nuestra economía. En el camino se sumó el aporte importante de hermanos de Pando y Beni, quienes aportaron su granito de arena para fortalecer a la marcha, sobre todo en tema de alimentación y medicamentos".
"Hemos salido por nuestra dignidad, por el respeto a nuestros derechos. No salimos financiados por nadie", agregó.
La compleja cuestión agraria
Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra (una de las OSC señaladas por el oficialismo porque habría apoyado a la marcha), explicó a Sputnik que la decisión de abrogar la ley 1720 por parte del Gobierno, asambleístas y agroindustriales "refleja dos cosas. Primero, que en Bolivia el equilibrio en torno al tema agrario es muy frágil. No se puede plantear de la nada un cambio trascendental en la normativa agraria. Pero, si se hace, se debe dialogar con todos los sectores que puedan tener algún tipo de interés o que puedan verse afectados".
"La ley 1720 no fue debidamente discutida y consensuada con la mayoría de la población rural, los campesinos y los indígenas del país. Esto ha desencadenado el conflicto, la marcha, la polarización y claramente se le ha salido de las manos al Gobierno. Es una lección importante a entender", añadió.
Según la Constitución, vigente desde 2009, las pequeñas propiedades agrarias (hasta 500 hectáreas) son un bien familiar legalmente intocable. Pero la ley 1720 establecía que voluntariamente los propietarios podrían declararlas "medianas propiedades" para recibir créditos financieros destinados teóricamente a mejorar la producción de las tierras.
Pero con este mecanismo, las tierras familiares dejaban de lado su carácter "inembargable". Si la familia campesina no podía pagar el crédito, eran plausibles de embargo, quedarían en manos de bancos que las venderían a quienes pudieran pagarlas, generalmente grandes empresarios terratenientes. Aquí se originó el conflicto.
Según la Constitución, nadie puede poseer más de 5.000 hectáreas de tierra en Bolivia. Pero en una entrevista en abril con Sputnik, Chumacero había señalado que varios agroindustriales encontraron los vericuetos legales para amasar una mayor cantidad de terrenos.
El director de la Fundación Tierra consideró que la ley abrogada era "inconstitucional". Sobre la normativa 1731, que abroga la 1720, mencionó que establece un plazo de dos meses para elaborar un nuevo proyecto dirigido a convertir la pequeña propiedad a mediana. "Ellos ya no hablan de acceso al crédito para el pequeño productor. Será directamente una ley de conversión. Esto refleja los verdaderos intereses que hay por detrás de la sanción de una ley sobre este tema", explicó.
También observó que el nuevo proyecto se redactará en consenso con las "comisiones agrarias departamentales", cuyos integrantes aún no están definidos. Por ello, en este proceso podrían quedar nuevamente marginadas las organizaciones indígenas campesinas.
"Estas disposiciones están pensadas para evitar que el debate sea totalmente amplio. Pretenden que el debate más bien se concentre alrededor de unas cuantas organizaciones que serían de los más grandes productores y, por lo tanto, mantendrían cierto nivel de control por parte de la agroindustria en este debate para generar una nueva ley", advirtió Chumacero.
Por ello, "está claro que la agroindustria no abandona su agenda e, inclusive con la abrogación, intenta mantener sus prerrogativas o el control para defender sus intereses de sector, de clase, de poder", aseguró.
"En Bolivia la tierra es un tema muy complejo. No es una cuestión meramente técnica. Tiene que ver con el poder, tiene que ver con la economía, con el Gobierno. Lo que pasa en el país es un claro reflejo de esto", subrayó.
¿Ley con consensos?
Al momento de promulgar la ley 1731, Paz sostuvo que era "resultado del diálogo, resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos. La ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley".
Sin embargo, "tenemos que tratar una nueva normativa para todo el país, una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores. Eso hará de esa nueva ley una ley fuerte, una ley justa, una ley equilibrada, una ley para todos los bolivianos, una ley para toda la patria", dijo el presidente.
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