Falta de apoyos para su reforma de seguridad tensiona a Kast y su coalición de Gobierno, dicen expertos
© AP Photo / Esteban Felix
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El escaso respaldo de legisladores opositores e incluso oficialistas a la reforma de seguridad propuesta por el Gobierno de Chile puede convertirse en un golpe político "grave" para el presidente José Antonio Kast, dijeron analistas políticos consultados por Sputnik. El episodio podría obligar al mandatario a rediseñar su coalición gubernamental.
Los intentos del mandatario sudamericano de atender los problemas de seguridad que atraviesa su país podrían transformarse en un duro golpe político para su gestión, en caso de no poder superar la resistencia de la oposición y parte del propio oficialismo a la reforma constitucional que promueve para combatir el crimen.
Con el objetivo de ampliar la presencia de las fuerzas de seguridad chilenas en las calles, Kast presentó a comienzos de agosto un plan de reforma con varias medidas contra la delincuencia como la designación de grupos criminales como "organizaciones terroristas" o establecer regímenes penitenciarios para líderes criminales.
Uno de los puntos fuertes del paquete de medida apuntaba a ampliar las potestades del Poder Ejecutivo para declarar "estados de excepción", permitiendo que se extiendan por más tiempo sin necesidad de aprobación parlamentaria y habilitando la participación de las Fuerzas Armadas en el territorio. No obstante, para este punto, el Gobierno requirió enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que necesitara una mayoría especial en ambas cámaras.
21 de agosto, 01:14 GMT
A pesar de ímpetu del Ejecutivo de Kast, la iniciativa comenzó a recibir rechazos en el seno del Poder Legislativo, incluso desde parlamentarios de partidos alineados al oficialismo. El senador Luciano Cruz-Coke del partido oficialista Evópoli, por ejemplo, aseguró ante medios chilenos que la reforma propuesta por el mandatario "raya en lo iliberal" y que "no es necesaria para avanzar en la agenda de seguridad".
A los cuestionamientos se sumó la senadora Vanessa Kaiser, una de las referentes del Partido Nacional Libertario, que también puso en duda que la reforma "resuelva los problemas de los chilenos". "Lo que se está proponiendo, a mi juicio, no va a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que estamos padeciendo en términos de delincuencia y crimen organizado", añadió.
Los sucesivos cuestionamientos de dirigentes de la derecha chilena consiguieron poner en duda que el Gobierno asegure los 29 votos que requiere en la Cámara Alta para aprobar la reforma constitucional e incluso los 26 necesarios para una aprobación ordinaria de los demás proyectos de ley que integran el paquete.
Así las cosas, medios chilenos informaron que el Gobierno decidió poner "en pausa" el envío del proyecto al Congreso para reabrir un espacio de negociación con los partidos y permitir aditivos o modificaciones al texto original.
¿Errores de cálculo de Kast?
En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Mella consideró que detrás del traspié hubo "un error de cálculo del Gobierno", que intentó reditar en materia de seguridad pública el camino que había recorrido con la megarreforma presentada meses antes en materia económica.
En aquel momento, recordó Mella, el Gobierno logró una aprobación relativamente rápida del proyecto apelando a una estrategia "de hechos consumados", al presentar al Congreso un texto ya definido y con medidas contundentes, presionando al Legislativo a proceder a su aprobación. Además, señaló, inició el trámite por la Cámara de Diputados, donde el apoyo del Partido de la Gente le permitió una primera victoria legislativa que facilitó el trámite en el Senado.
"El éxito de esa megarreforma influye en la decisión de cómo procesar las demandas en materia de seguridad, enviando un proyecto con elementos bastante radicales y generar presión a los parlamentarios a través de la opinión pública. Pero si bien funcionó bien con [ese proyecto], al parecer ha complicado mucho la discusión en el caso de la seguridad", señaló el politólogo.
También consultada por Sputnik, la analista política Nerea Palma calificó la estrategia del Gobierno en materia de seguridad como "muy ambiciosa", ya no por sus contenidos, sino por la necesidad de apostar por una reforma constitucional en momentos en que no cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso y su popularidad viene en baja en las encuestas.
En ese marco, atribuyó el riesgo en el que incursiona el Gobierno de Kast a "la presión que ha tenido en los últimos meses por presentar una propuesta de seguridad" que resuelva los problemas de criminalidad en el país y que enmiende un error comunicacional del ministro de Seguridad, Martín Arrau, que apenas asumir su cargo aseguró que el programa de seguridad del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026) era "suficiente" para atender la situación.
"Leo esta reforma como un intento de dar un golpe en la mesa y decir 'esto es lo que se está proponiendo en seguridad'", apuntó la experta, para quien la iniciativa consigue "mover el cerco" de las potestades del Poder Ejecutivo a la hora de convocar estados de excepción con "bastante discrecionalidad".
Aliados que "cobran caro" su apoyo
Para Palma, la resistencia de legisladores de partidos oficialistas al proyecto desnuda las diferencias políticas que se arrastran desde las elecciones, particularmente con los partidos que apoyaron la candidatura de Evelyn Matthei en primera rueda y, pese a explícitas diferencias políticas con el Partido Republicano, terminaron aceptando respaldar a Kast en el balotaje.
La analista señaló que la reforma constitucional propuesta por el Gobierno calza precisamente en esas diferencias entre "la derecha tradicional" y el sector de Kast.
Esa discrepancia también puede tener un correlato en la opinión pública, razonó Palma, por lo que podría enfrentar al Gobierno de Kast con un sector de sus votantes que, aunque tiene a la seguridad como preocupación número uno, no apoyaría una reforma constitucional en el entendido de que "es un intento de avanzar tres escalones más arriba" de lo necesario.
Para Mella, los matices en la derecha chilena han generado que muchos de los partidos oficialistas en el Congreso hayan comprendido que pueden "cobrar caro por la negociación parlamentaria", colocando exigencias cada vez mayores para asegurar su voto a favor de los proyectos del Gobierno.
Palma, en tanto, subrayó que incluso cuando la reforma de seguridad acabe siendo aprobada, la necesidad de introducir modificaciones puede ser leída como "la primera derrota" política del Gobierno de Kast, tanto desde los contenidos como "desde lo táctico y estratégico".
Esto puede volverse particularmente importante teniendo en cuenta que el Gobierno chileno todavía está en su primer año de gestión, el momento que se presupone más factible para introducir modificaciones y aprobar leyes clave para el período de Gobierno.
"Si ya hay un traspié en los primeros cinco meses de Gobierno con una reforma de esta magnitud, eso condiciona necesariamente cualquier tipo de reforma relevante a futuro", sentenció.
Una crisis del "diseño de Gobierno"
Mella refirió que el episodio de la reforma de seguridad termina de poner en tensión el "diseño del Gobierno", que no se basa en una coalición consolidada sino en una negociación caso a caso con cada partido en función de los proyectos a aprobar. Para el politólogo, el Gobierno de Kast está comprendiendo "el riesgo y los límites de eficacia" de este modelo, asumiendo que los partidos oficialistas cobrarán cada vez más "caros" sus apoyos.
De hecho, advirtió que la posibilidad de que el proyecto de reforma en seguridad acabe siendo descartado por el Ejecutivo o, al menos, seriamente modificado puede resultar en un golpe político "grave" para el Gobierno de Kast, que deberá rearmar su estructura política para evitar nuevos reveses en el futuro.
"Creo que esto obliga al presidente Kast a tomar una decisión de cambio de gabinete profundo de aquí a fin de año en el que probablemente deba aparecer un diseño más de Gobierno de coalición, con ministros que sean militantes de partidos y no ministros independientes como sucede ahora", argumentó el analista político.
Mella señaló que, desde su asunción, el presidente chileno apostó a un diseño de Gobierno centrado en su propia figura y sin un anclaje claro de los partidos oficialistas en el Ejecutivo. Así, optó por figuras independientes para sus ministerios que no solo no involucraron a los partidos políticos en la gestión, sino que incluso dificultaron la coordinación entre los propios ministerios y la Presidencia.
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