¿Qué alcance tendrán las reformas propuestas por Kast para blindar la seguridad de Chile?
¿Qué alcance tendrán las reformas propuestas por Kast para blindar la seguridad de Chile?
Sputnik Mundo
El presidente de Chile, José Antonio Kast, impulsa una reforma constitucional para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y... 12.08.2026, Sputnik Mundo
El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el impulso de una nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), estrategia compuesta por más de 30 proyectos de ley con la intención de asegurar la presencia policial en "los 50 barrios más críticos del país" y aumentar penas a miembros de organizaciones criminales, entre otras acciones.Sin embargo, entre los puntos más sobresalientes del paquete, el mandatario incluyó la propuesta de reforma constitucional para habilitar al Estado a "reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas", establecer "regímenes penitenciarios diferenciados" para sus líderes y facilitar la incautación de sus bienes, por ejemplo.Asimismo, la reforma planteada por Kast permitirá al Gobierno chileno declarar estados de excepción por "graves alteraciones de seguridad pública" en barrios o "territorios capturados por organizaciones criminales" para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en apoyo a la Policía y en "tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico".¿Solución al problema de la inseguridad?En diálogo con Sputnik, el experto chileno en temas de seguridad, Eduardo Labarca, apuntó que, a pesar de que el Gobierno parece haberse "demorado mucho" en delinear un plan de seguridad, la batería de medidas demuestra que la Administración de Kast está "pegando con todo" en el combate a la criminalidad, con el control territorial y una mayor coordinación entre actores como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas como ejes principales.Aunque reconoció que los efectivos militares "no están preparados para el control público, sino para la guerra", consideró que su presencia para custodiar "lugares críticos" podría liberar a efectivos de Carabineros para un combate más efectivo contra las organizaciones criminales.También consultada por este medio, la analista política y especialista en seguridad Ana Vanessa Cárdenas apuntó que la presencia militar sí puede generar un efecto de "reducción inmediata de la criminalidad", aunque no se trata de una política que el Gobierno pueda mantener a largo plazo.Para la experta, la utilización de las Fuerzas Armadas no debería sustituir las capacidades policiales y debería instrumentarse con "objetivos muy claros", limitándose posiblemente a "protección de infraestructura crítica, fronteras o zonas donde las policías están sobrepasadas".En ese sentido, subrayó que si el Gobierno de Kast pretende una "reducción sostenible del crimen", debería acompañar la presencia militar con tareas de investigación policial, inteligencia y "persecución de la ruta del dinero" de las organizaciones, de manera de evitar que los grupos criminales "simplemente se desplacen hacia otros sectores o entren en un letargo hasta su regreso".Más herramientas contra el crimenPara Labarca, entre los componentes más destacables de las nuevas propuestas de Kast está la reforma que permitirá designar a organizaciones como "terroristas". Si bien el país sudamericano ya cuenta con una Ley Antiterrorista aprobada durante la gestión de Gabriel Boric (2022-2026), no existe actualmente un registro público de organizaciones, tal como propone la reforma defendida por Kast.Según el experto, con esta iniciativa el Gobierno apunta a "tener las herramientas legales para poder catalogar como terrorista a una organización", principalmente porque esto le permitiría "liberar recursos adicionales y poder realizar otro tipo de intervenciones", al darle a estos criminales la categoría de "enemigo del país".En opinión de Cárdenas, el Gobierno debería ser "muy riguroso con el uso de las definiciones", ya que confundir organizaciones terroristas con otras del crimen organizado, cuando no tienen los mismos objetivos, podría "terminar debilitando la propia estrategia del Estado".De todos modos, la analista valoró la importancia de que el Estado chileno "aumente sus capacidades", particularmente en lo que refiere al sistema penitenciario y la posibilidad de aislar a líderes criminales y "desarticular estructuras de mando" que funcionan desde los centros de reclusión.La académica recalcó que es preciso evitar que, como sucede en muchos países de América Latina, las cárceles funcionen como "centro de operaciones del crimen organizado", con líderes criminales que siguen operando tras las rejas.No obstante, y más allá de la efectividad que pudieran tener las medidas propuestas, Cárdenas advirtió que "es un error atribuir la falta de resultados a la ausencia de potestades legales", dado que el Gobierno de Kast ya contaba con un marco que le permitía avanzar sobre las organizaciones criminales.Por el contrario, la experta atribuyó la falta de resultados a que la respuesta del Gobierno a la criminalidad "no se ha dado de manera coordinada, oportuna y estratégica".Labarca, en tanto, defendió la importancia de que, además de las medidas anunciadas, se establezca en la Constitución "que la seguridad pública tiene que ser un deber del Estado", ya que eso facilitará el trabajo conjunto entre las instituciones y combatirá algunos posicionamientos políticos que, opinó, acaban por "entregarle más herramientas a los delincuentes".
El presidente de Chile, José Antonio Kast, impulsa una reforma constitucional para facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y declarar a organizaciones criminales como "terroristas". Expertos consultados por Sputnik valoraron la efectividad inicial de las medidas y el mayor control en las cárceles.
El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el impulso de una nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), estrategia compuesta por más de 30 proyectos de ley con la intención de asegurar la presencia policial en "los 50 barrios más críticos del país" y aumentar penas a miembros de organizaciones criminales, entre otras acciones.
Sin embargo, entre los puntos más sobresalientes del paquete, el mandatario incluyó la propuesta de reforma constitucional para habilitar al Estado a "reconocer oficialmente a determinadas organizaciones como criminales o terroristas", establecer "regímenes penitenciarios diferenciados" para sus líderes y facilitar la incautación de sus bienes, por ejemplo.
Asimismo, la reforma planteada por Kast permitirá al Gobierno chileno declarar estados de excepción por "graves alteraciones de seguridad pública" en barrios o "territorios capturados por organizaciones criminales" para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en apoyo a la Policía y en "tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico".
¿Solución al problema de la inseguridad?
En diálogo con Sputnik, el experto chileno en temas de seguridad, Eduardo Labarca, apuntó que, a pesar de que el Gobierno parece haberse "demorado mucho" en delinear un plan de seguridad, la batería de medidas demuestra que la Administración de Kast está "pegando con todo" en el combate a la criminalidad, con el control territorial y una mayor coordinación entre actores como Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas como ejes principales.
"El Gobierno está buscando mayor control territorial, que el Estado vuelva a estar presente y que no haya lugares en los que no pueda ingresar. Intervenir barrios críticos, fronteras, puertos", señaló el experto.
Aunque reconoció que los efectivos militares "no están preparados para el control público, sino para la guerra", consideró que su presencia para custodiar "lugares críticos" podría liberar a efectivos de Carabineros para un combate más efectivo contra las organizaciones criminales.
También consultada por este medio, la analista política y especialista en seguridad Ana Vanessa Cárdenas apuntó que la presencia militar sí puede generar un efecto de "reducción inmediata de la criminalidad", aunque no se trata de una política que el Gobierno pueda mantener a largo plazo.
Para la experta, la utilización de las Fuerzas Armadas no debería sustituir las capacidades policiales y debería instrumentarse con "objetivos muy claros", limitándose posiblemente a "protección de infraestructura crítica, fronteras o zonas donde las policías están sobrepasadas".
En ese sentido, subrayó que si el Gobierno de Kast pretende una "reducción sostenible del crimen", debería acompañar la presencia militar con tareas de investigación policial, inteligencia y "persecución de la ruta del dinero" de las organizaciones, de manera de evitar que los grupos criminales "simplemente se desplacen hacia otros sectores o entren en un letargo hasta su regreso".
Más herramientas contra el crimen
Para Labarca, entre los componentes más destacables de las nuevas propuestas de Kast está la reforma que permitirá designar a organizaciones como "terroristas". Si bien el país sudamericano ya cuenta con una Ley Antiterrorista aprobada durante la gestión de Gabriel Boric (2022-2026), no existe actualmente un registro público de organizaciones, tal como propone la reforma defendida por Kast.
Según el experto, con esta iniciativa el Gobierno apunta a "tener las herramientas legales para poder catalogar como terrorista a una organización", principalmente porque esto le permitiría "liberar recursos adicionales y poder realizar otro tipo de intervenciones", al darle a estos criminales la categoría de "enemigo del país".
En opinión de Cárdenas, el Gobierno debería ser "muy riguroso con el uso de las definiciones", ya que confundir organizaciones terroristas con otras del crimen organizado, cuando no tienen los mismos objetivos, podría "terminar debilitando la propia estrategia del Estado".
De todos modos, la analista valoró la importancia de que el Estado chileno "aumente sus capacidades", particularmente en lo que refiere al sistema penitenciario y la posibilidad de aislar a líderes criminales y "desarticular estructuras de mando" que funcionan desde los centros de reclusión.
"Un régimen penitenciario diferenciado para líderes de organizaciones criminales puede tener efectividad si implica aislar de manera efectiva, limitando las comunicaciones y el acceso a armas, además de tener un régimen de inteligencia penitenciaria, con claridad en el grado de peligrosidad de los internos y control financiero", explicó Cárdenas.
La académica recalcó que es preciso evitar que, como sucede en muchos países de América Latina, las cárceles funcionen como "centro de operaciones del crimen organizado", con líderes criminales que siguen operando tras las rejas.
No obstante, y más allá de la efectividad que pudieran tener las medidas propuestas, Cárdenas advirtió que "es un error atribuir la falta de resultados a la ausencia de potestades legales", dado que el Gobierno de Kast ya contaba con un marco que le permitía avanzar sobre las organizaciones criminales.
Por el contrario, la experta atribuyó la falta de resultados a que la respuesta del Gobierno a la criminalidad "no se ha dado de manera coordinada, oportuna y estratégica".
Labarca, en tanto, defendió la importancia de que, además de las medidas anunciadas, se establezca en la Constitución "que la seguridad pública tiene que ser un deber del Estado", ya que eso facilitará el trabajo conjunto entre las instituciones y combatirá algunos posicionamientos políticos que, opinó, acaban por "entregarle más herramientas a los delincuentes".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
El acceso al chat ha sido bloqueado por violación de las reglas.
Usted puede volver a participar dentro de∞.
Si no está de acuerdo con el bloqueo, utilice el formulario de contacto>
La discusión ha sido cerrada. Se puede participar en una discusión durante 24 horas después de la publicación de la noticia.
