¿Podrá Perú hacer frente a las extorsiones mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas?
¿Podrá Perú hacer frente a las extorsiones mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas?
Sputnik Mundo
Las Fuerzas Armadas de Perú comenzarán a actuar "en las calles y en el transporte" para combatir la extorsión, el delito que más ha crecido en el país... 04.08.2026, Sputnik Mundo
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, prevé apelar a las Fuerzas Armadas para combatir uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta el país: las extorsiones, atentados y sicariatos contra transportistas, por parte de grupos criminales que operan en Lima y alrededores.Durante un intercambio en vivo con seguidores de sus redes sociales, Fujimori reafirmó que durante su mandato "las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta con nuestra Policía", en el marco de los esfuerzos por combatir la criminalidad.Los delitos contra los transportistas se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para las fuerzas de seguridad peruanas. De acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, se registraron 214 atentados contra el transporte público entre 2024 y mayo de 2026, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos.El fenómeno se ha ido acrecentando con el tiempo, haciendo que entre enero y julio de 2026 se diera la misma cantidad de atentados que en todo el año anterior. Hasta el mes de mayo, el número de defunciones ha sido de 87.La dinámica de la extorsiónEn un diálogo con Sputnik, el consultor y analista en Seguridad Integral, Pedro Yaranga, explicó que este tipo de delincuencia surgió de parte de "organizaciones criminales transnacionales", pero poco a poco fue derivando hacia "pequeñas bandas locales".El especialista explicó que dichos grupos criminales de pequeño tamaño suelen conseguir un arma de fuego y, mediante conversaciones vía aplicaciones de mensajería, generan miedo en las empresas. Además, ahonda en que también recurren a la contratación de menores de edad para la comisión de asesinatos como forma de coerción.También consultado por este medio, el exviceministro de Seguridad Pública y miembro del instituto de investigación Aklla, Julio Corcuera, calificó al problema de las extorsiones a transportistas como "la pandemia de la pospandemia" en el país sudamericano, dado que desde 2021 en adelante este tipo de delitos ha tenido un crecimiento que genera un promedio de víctimas de 60 por cada 100.000 habitantes, alcanzando niveles de preocupación en algunas regiones del país como La Libertad, en el norte.El experto detalló que el mecanismo de este delito consiste en que organizaciones criminales amenazan a empresas de transporte para que les paguen "un cupo extorsivo" por atravesar los territorios que controlan. Así, ejemplificó: "Una empresa de transporte le puede estar pagando el primer tramo del recorrido a una organización, el segundo a otra, el tercero a otra y el cuarto a otra".El analista remarcó que, para hacerlo, las organizaciones deben valerse "del miedo" de empresas y transportistas, por lo que periódicamente "matan a choferes o cobradores para que se genere un terror en el gremio".¿Militares en el transporte?Aunque la presidenta no dio mayores detalles de su plan, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, dijo a la Agencia Andina que los operativos contra las extorsiones en el transporte serán permanentes y que incluirán la verificación de antecedentes en "puntos considerados críticos".El jefe policial confirmó además que la institución ya trabaja en una coordinación con las Fuerzas Armadas para delinear futuros planes conjuntos, tal como indicó la mandataria.Para Yaranga, la participación de militares en estas tareas podría ser "una buena medida disuasiva y de impacto visual", en caso de que se decida que efectivos militares operen dentro de las unidades de transporte. De todos modos, reconoció que este tipo de intervenciones pueden ser "poco sostenibles a largo plazo", dada la falta de preparación de los militares para tareas de investigación.En tanto, Corcuera coincidió en que la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas podría dificultar las operaciones y recordó que la militarización del combate al narcotráfico en otros países ocasionó un incremento de muertes y enfrentamientos.Además, apuntó, el despliegue de soldados de bajo rango en zonas en las que tienen un contacto cercano con el delito y organizaciones clandestinas con gran poder económico alimenta el riesgo de que "unidades pasen de un lado a otro".El analista señaló, también, que el Gobierno de Fujimori puede encontrarse con un problema de cantidad de elementos, al buscar que las Fuerzas Armadas pasen a reforzar al mismo tiempo las cárceles, las fronteras y la seguridad en las calles. "La pregunta es: ¿hay tantos militares para todo esto?", subrayó.Por su parte, el criminólogo peruano Nicolás Zevallos Trigoso dijo a Sputnik que "más allá de las limitaciones y brechas que pueda tener, es la Policía la que tiene una formación orientada hacia temas criminales".En ese sentido, consideró que, aunque las Fuerzas Armadas peruanas pueden dar un "soporte importante en muchas zonas" del país, debería darse un "refuerzo en su formación" en caso de que se la quiera dedicar a funciones de seguridad interior. Por eso, para el experto lo mejor sería "apostar siempre por la Policía" para este tipo de tareas.Golpear donde más "duele"En cualquier caso, enfatizó Zevallos Trigoso, la clave está en el plan detrás de las intervenciones que el Gobierno de Fujimori pretende llevar a cabo.Tanto Yaranga como Corcuera coincidieron, en ese sentido, con que cualquier plan que pretenda ser efectivo contra las extorsiones y el crimen organizado debe atacar "los activos financieros de las bandas", un flanco que puede impactar más en las organizaciones que la detención de sus integrantes.Corcuera indicó que saturar con cientos de agentes una zona determinada puede disuadir a delincuentes comunes enfocados en el hurto, pero no impedir la actuación de bandas dedicadas a la extorsión, para lo que solo necesitan enviar mensajes telefónicos o a través de internet a las víctimas. A su vez, los pagos suelen no hacerse de forma presencial, sino a través de billeteras virtuales o transferencias digitales a cuentas a nombres de terceras personas.
Las Fuerzas Armadas de Perú comenzarán a actuar "en las calles y en el transporte" para combatir la extorsión, el delito que más ha crecido en el país, adelantó la presidenta Keiko Fujimori. Expertos consultados por Sputnik explicaron la dinámica de este tipo de delitos y advirtieron sobre las luces y sombras de desplegar militares en la tarea.
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, prevé apelar a las Fuerzas Armadas para combatir uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta el país: las extorsiones, atentados y sicariatos contra transportistas, por parte de grupos criminales que operan en Lima y alrededores.
Durante un intercambio en vivo con seguidores de sus redes sociales, Fujimori reafirmó que durante su mandato "las Fuerzas Armadas trabajarán de manera conjunta con nuestra Policía", en el marco de los esfuerzos por combatir la criminalidad.
"No solamente hemos aprobado que las Fuerzas Armadas colaboren con el INPE (Instituto Nacional Penitenciario) en la seguridad de los penales, sino que también, en los próximos días, estarán en las calles y también en el sistema de transporte", especificó.
Los delitos contra los transportistas se han convertido en uno de los mayores dolores de cabeza para las fuerzas de seguridad peruanas. De acuerdo con datos de la Fiscalía de la Nación, se registraron 214 atentados contra el transporte público entre 2024 y mayo de 2026, con un saldo de 152 fallecidos y 131 heridos.
El fenómeno se ha ido acrecentando con el tiempo, haciendo que entre enero y julio de 2026 se diera la misma cantidad de atentados que en todo el año anterior. Hasta el mes de mayo, el número de defunciones ha sido de 87.
En un diálogo con Sputnik, el consultor y analista en Seguridad Integral, Pedro Yaranga, explicó que este tipo de delincuencia surgió de parte de "organizaciones criminales transnacionales", pero poco a poco fue derivando hacia "pequeñas bandas locales".
El especialista explicó que dichos grupos criminales de pequeño tamaño suelen conseguir un arma de fuego y, mediante conversaciones vía aplicaciones de mensajería, generan miedo en las empresas. Además, ahonda en que también recurren a la contratación de menores de edad para la comisión de asesinatos como forma de coerción.
También consultado por este medio, el exviceministro de Seguridad Pública y miembro del instituto de investigación Aklla, Julio Corcuera, calificó al problema de las extorsiones a transportistas como "la pandemia de la pospandemia" en el país sudamericano, dado que desde 2021 en adelante este tipo de delitos ha tenido un crecimiento que genera un promedio de víctimas de 60 por cada 100.000 habitantes, alcanzando niveles de preocupación en algunas regiones del país como La Libertad, en el norte.
El experto detalló que el mecanismo de este delito consiste en que organizaciones criminales amenazan a empresas de transporte para que les paguen "un cupo extorsivo" por atravesar los territorios que controlan. Así, ejemplificó: "Una empresa de transporte le puede estar pagando el primer tramo del recorrido a una organización, el segundo a otra, el tercero a otra y el cuarto a otra".
"Tenemos empresas de transporte público que le pagan a cuatro o cinco organizaciones criminales solamente por el hecho de transitar por, entre comillas, su zona, como si ejerciera una especie de control territorial", añadió.
El analista remarcó que, para hacerlo, las organizaciones deben valerse "del miedo" de empresas y transportistas, por lo que periódicamente "matan a choferes o cobradores para que se genere un terror en el gremio".
¿Militares en el transporte?
Aunque la presidenta no dio mayores detalles de su plan, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, dijo a la Agencia Andina que los operativos contra las extorsiones en el transporte serán permanentes y que incluirán la verificación de antecedentes en "puntos considerados críticos".
El jefe policial confirmó además que la institución ya trabaja en una coordinación con las Fuerzas Armadas para delinear futuros planes conjuntos, tal como indicó la mandataria.
Para Yaranga, la participación de militares en estas tareas podría ser "una buena medida disuasiva y de impacto visual", en caso de que se decida que efectivos militares operen dentro de las unidades de transporte. De todos modos, reconoció que este tipo de intervenciones pueden ser "poco sostenibles a largo plazo", dada la falta de preparación de los militares para tareas de investigación.
"En el caso de que los militares pudieran usar sus armas, podrían neutralizar delincuentes, pero se pierde el ánimo de investigación al no ser policías", opinó.
En tanto, Corcuera coincidió en que la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas podría dificultar las operaciones y recordó que la militarización del combate al narcotráfico en otros países ocasionó un incremento de muertes y enfrentamientos.
Además, apuntó, el despliegue de soldados de bajo rango en zonas en las que tienen un contacto cercano con el delito y organizaciones clandestinas con gran poder económico alimenta el riesgo de que "unidades pasen de un lado a otro".
El analista señaló, también, que el Gobierno de Fujimori puede encontrarse con un problema de cantidad de elementos, al buscar que las Fuerzas Armadas pasen a reforzar al mismo tiempo las cárceles, las fronteras y la seguridad en las calles. "La pregunta es: ¿hay tantos militares para todo esto?", subrayó.
Por su parte, el criminólogo peruano Nicolás Zevallos Trigoso dijo a Sputnik que "más allá de las limitaciones y brechas que pueda tener, es la Policía la que tiene una formación orientada hacia temas criminales".
En ese sentido, consideró que, aunque las Fuerzas Armadas peruanas pueden dar un "soporte importante en muchas zonas" del país, debería darse un "refuerzo en su formación" en caso de que se la quiera dedicar a funciones de seguridad interior. Por eso, para el experto lo mejor sería "apostar siempre por la Policía" para este tipo de tareas.
Golpear donde más "duele"
En cualquier caso, enfatizó Zevallos Trigoso, la clave está en el plan detrás de las intervenciones que el Gobierno de Fujimori pretende llevar a cabo.
"El asunto clave es el plan, qué cosa se quiere proteger y si se quiere controlar rutas o territorios. Esa es la pregunta que hay que trasladar al Gobierno", subrayó.
Tanto Yaranga como Corcuera coincidieron, en ese sentido, con que cualquier plan que pretenda ser efectivo contra las extorsiones y el crimen organizado debe atacar "los activos financieros de las bandas", un flanco que puede impactar más en las organizaciones que la detención de sus integrantes.
Corcuera indicó que saturar con cientos de agentes una zona determinada puede disuadir a delincuentes comunes enfocados en el hurto, pero no impedir la actuación de bandas dedicadas a la extorsión, para lo que solo necesitan enviar mensajes telefónicos o a través de internet a las víctimas. A su vez, los pagos suelen no hacerse de forma presencial, sino a través de billeteras virtuales o transferencias digitales a cuentas a nombres de terceras personas.
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