"Lima se está volviendo muy insegura": extorsiones a choferes y comerciantes ponen en alerta a Perú
"Lima se está volviendo muy insegura": extorsiones a choferes y comerciantes ponen en alerta a Perú
Sputnik Mundo
Las extorsiones a transportistas y comerciantes en Lima llevaron al Gobierno a declarar la emergencia en 14 distritos, mientras las protestas continúan. En... 02.10.2024, Sputnik Mundo
Una creciente ola de extorsiones a transportistas y otros comerciantes en varios distritos de la ciudad de Lima pone en alerta a la capital peruana y obliga al Gobierno de Dina Boluarte a reforzar la presencia policial y acudir, a través de un decreto de emergencia, al apoyo de las Fuerzas Armadas.La crisis recrudeció el 26 de septiembre, cuando la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a un paro de actividades que, según medios peruanos, logró un 98% de adhesión en las 50 empresas de transporte y puso en jaque la movilidad de Lima durante esa jornada.Los trabajadores aseguran que grupos criminales les exigen pagos diarios de hasta 20 soles (5,38 dólares) a cada unidad para poder circular por las calles. En caso de no querer pagar, los trabajadores son agredidos y en ocasiones asesinados. Un relevamiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú da cuenta de que tres choferes fueron asesinados solo en el mes de septiembre y ya son nueve las víctimas fatales de las extorsiones durante 2024.En efecto, el fenómeno también afecta a otros rubros, como la construcción y las bodegas, como se conoce a los pequeños almacenes. Cinco dirigentes del gremio de la construcción fueron asesinados en 2024 y unos 9.000 bodegueros denunciaron amenazas en lo que va del año. Otro reporte de la organización Insight Crime indica que las extorsiones en Perú se dispararon entre 2021 y 2023, período en el que pasaron de 4.761 a 22.396, es decir, crecieron un 370%.Manco explicó que las extorsiones son impulsadas tanto desde grupos criminales grandes, que buscan cobrar peajes o "cupos" a las mayores empresas de transportes, como desde pequeñas bandas locales que quieren asegurarse cierto control de un barrio o una zona específica.Muchas de estas bandas han logrado implementar lo que Manco y muchos peruanos ya denominan como "terrorismo urbano", al utilizar métodos extremos para amedrentar a los trabajadores como disparar a las unidades o incluso, consignó el experto, amenazar a los transportistas con la colocación de granadas debajo de los autobuses.Falta de un "plan de seguridad" contra las extorsionesA raíz de las protestas de los transportistas, el Gobierno peruano decidió declarar estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días. Durante ese período, las autoridades podrán implementar toques de queda en esos barrios, hacer allanamientos y detenciones en la vía pública. Además, la Policía Nacional de Perú contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.El experto se mostró crítico con la respuesta brindada por el Gobierno, afirmando que "la tarea de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional y no la seguridad interna", por lo que los efectivos militares tienen "una preparación y un rol distintos" a los que exige la tarea de combatir este tipo de delincuencia. También lamentó que la cantidad de policías en Perú "es insuficiente" y tampoco puede apoyarse totalmente en los cuerpos de "seguridad ciudadana" que funcionan en la capital peruana para dar apoyo a la Policía.Asimismo, consideró que algunas de las medidas inmediatas dispuestas por el Gobierno parecen poco efectivas y más bien son la forma en la que la Administración de la presidenta, Dina Boluarte, buscó acallar las protestas. En ese sentido, cuestionó el anuncio del Ministerio de Transporte, Raúl Pérez Reyes, de instalar cámaras de videovigilancia en más de 24.000 unidades de transporte para hacer un monitoreo en tiempo real ante posibles asaltos o amenazas. Según Manco, a los integrantes de las bandas "no les interesa si los graban, si salen sus caras. No es disuasivo porque cometen sus actos aun con las cámaras alrededor".En ese sentido, el experto dio la razón a los reclamos de transportistas y empresarios acerca de que la ley 32.108, aprobada en julio de este año, aumentó las exigencias para poder considerar a una banda como organización criminal y complicó los requisitos para hacer allanamientos. "No se está asegurando a la población, sino que se está facilitando a las bandas cometer sus fechorías y volver a hacer lo mismo en el futuro", apuntó.Al tiempo que los transportistas ya anuncian un nuevo paro para el 3 de octubre como consecuencia de su descontento con la respuesta del Gobierno, Manco reflexionó sobre el impacto que la nueva crisis de seguridad puede tener sobre Dina Boluarte y el clima político en el país. Para el experto, el debate político en Perú comienza a derivar hacia "el reclamo de acciones más punitivas" e incluso hacia dirigentes políticos más radicales en discurso.En esa línea, consideró que muchos peruanos pueden terminar acercándose a discursos como el de Antauro Humala, líder del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), quien defiende la idea de reprimir con mano dura la corrupción en el país. Del otro lado, el electorado podría volcarse nuevamente hacia el fujimorismo, representado tanto por Keiko Fujimori o su hermano Kenji, bajo la idea de que podrían reprimir el crimen como Alberto Fujimori (1990-2000) lo hizo durante su mandato.
Las extorsiones a transportistas y comerciantes en Lima llevaron al Gobierno a declarar la emergencia en 14 distritos, mientras las protestas continúan. En diálogo con Sputnik, el analista Martín Manco cuestionó la falta de un "plan de seguridad" y afirmó que el problema podría tener repercusiones en las próximas elecciones.
Una creciente ola de extorsiones a transportistas y otros comerciantes en varios distritos de la ciudad de Lima pone en alerta a la capital peruana y obliga al Gobierno de Dina Boluarte a reforzar la presencia policial y acudir, a través de un decreto de emergencia, al apoyo de las Fuerzas Armadas.
La crisis recrudeció el 26 de septiembre, cuando la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó a un paro de actividades que, según medios peruanos, logró un 98% de adhesión en las 50 empresas de transporte y puso en jaque la movilidad de Lima durante esa jornada.
Los trabajadores aseguran que grupos criminales les exigen pagos diarios de hasta 20 soles (5,38 dólares) a cada unidad para poder circular por las calles. En caso de no querer pagar, los trabajadores son agredidos y en ocasiones asesinados. Un relevamiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú da cuenta de que tres choferes fueron asesinados solo en el mes de septiembre y ya son nueve las víctimas fatales de las extorsiones durante 2024.
"Es un tema que se arrastra desde hace años, pero que ahora se está haciendo más visible y no solo afecta al transporte, sino también a los pequeños comercios y emprendedores de otros rubros. Esto se está arrastrando y está generando un clima de caos", dijo a Sputnik el analista político y en temas de seguridad Martín Manco.
En efecto, el fenómeno también afecta a otros rubros, como la construcción y las bodegas, como se conoce a los pequeños almacenes. Cinco dirigentes del gremio de la construcción fueron asesinados en 2024 y unos 9.000 bodegueros denunciaron amenazas en lo que va del año. Otro reporte de la organización Insight Crime indica que las extorsiones en Perú se dispararon entre 2021 y 2023, período en el que pasaron de 4.761 a 22.396, es decir, crecieron un 370%.
Manco explicó que las extorsiones son impulsadas tanto desde grupos criminales grandes, que buscan cobrar peajes o "cupos" a las mayores empresas de transportes, como desde pequeñas bandas locales que quieren asegurarse cierto control de un barrio o una zona específica.
Muchas de estas bandas han logrado implementar lo que Manco y muchos peruanos ya denominan como "terrorismo urbano", al utilizar métodos extremos para amedrentar a los trabajadores como disparar a las unidades o incluso, consignó el experto, amenazar a los transportistas con la colocación de granadas debajo de los autobuses.
Falta de un "plan de seguridad" contra las extorsiones
A raíz de las protestas de los transportistas, el Gobierno peruano decidió declarar estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao por 60 días. Durante ese período, las autoridades podrán implementar toques de queda en esos barrios, hacer allanamientos y detenciones en la vía pública. Además, la Policía Nacional de Perú contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El experto se mostró crítico con la respuesta brindada por el Gobierno, afirmando que "la tarea de las Fuerzas Armadas es la seguridad nacional y no la seguridad interna", por lo que los efectivos militares tienen "una preparación y un rol distintos" a los que exige la tarea de combatir este tipo de delincuencia. También lamentó que la cantidad de policías en Perú "es insuficiente" y tampoco puede apoyarse totalmente en los cuerpos de "seguridad ciudadana" que funcionan en la capital peruana para dar apoyo a la Policía.
Asimismo, consideró que algunas de las medidas inmediatas dispuestas por el Gobierno parecen poco efectivas y más bien son la forma en la que la Administración de la presidenta, Dina Boluarte, buscó acallar las protestas. En ese sentido, cuestionó el anuncio del Ministerio de Transporte, Raúl Pérez Reyes, de instalar cámaras de videovigilancia en más de 24.000 unidades de transporte para hacer un monitoreo en tiempo real ante posibles asaltos o amenazas. Según Manco, a los integrantes de las bandas "no les interesa si los graban, si salen sus caras. No es disuasivo porque cometen sus actos aun con las cámaras alrededor".
"No veíamos estas acciones de terror desde los años 80 o 90. Cada vez se ha ido agudizando más y Lima se está volviendo una ciudad muy insegura. Esto no se soluciona solamente con poner policías sino que hay que tener un plan de seguridad para ir contra estas bandas, lograr su captura y que las normas permitan una adecuada sanción", analizó Manco.
En ese sentido, el experto dio la razón a los reclamos de transportistas y empresarios acerca de que la ley 32.108, aprobada en julio de este año, aumentó las exigencias para poder considerar a una banda como organización criminal y complicó los requisitos para hacer allanamientos. "No se está asegurando a la población, sino que se está facilitando a las bandas cometer sus fechorías y volver a hacer lo mismo en el futuro", apuntó.
Al tiempo que los transportistas ya anuncian un nuevo paro para el 3 de octubre como consecuencia de su descontento con la respuesta del Gobierno, Manco reflexionó sobre el impacto que la nueva crisis de seguridad puede tener sobre Dina Boluarte y el clima político en el país. Para el experto, el debate político en Perú comienza a derivar hacia "el reclamo de acciones más punitivas" e incluso hacia dirigentes políticos más radicales en discurso.
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