¿Qué factores impulsaron realmente la reducción del déficit en el presupuesto de Ecuador?
¿Qué factores impulsaron realmente la reducción del déficit en el presupuesto de Ecuador?
Sputnik Mundo
Entre enero y junio de 2026, el déficit se redujo exponencialmente a 31 millones de dólares, una cifra que contrasta con los 1.757 millones registrados en... 14.07.2026, Sputnik Mundo
El viento a favor de los factores externosEl presupuesto del Estado tuvo ingresos por 12.220 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 23%. Desde la perspectiva oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, este incremento responde al plan de eficiencia fiscal, el cual ha permitido estabilizar las cuentas de la caja central, reducir el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos y reabrir el acceso a líneas de financiamiento multilateral. Sin embargo, al desglosar las cifras de ingresos y gastos, la sostenibilidad de esta consolidación queda bajo la lupa de los expertos. El primer motor de la reducción del déficit radica en el mercado petrolero internacional, fuertemente presionado por tensiones geopolíticas globales. El aumento de ingresos que tiene el país hasta ahora es debido a que el barril de petróleo se ha disparado por encima de lo que las autoridades habían previsto para este año. Por su parte, Josué Daniel Puma Muñoz, experto en economía del desarrollo, explica para este medio que los ingresos petroleros pasaron de representar el 4% de los totales a capturar el 10%."Como cualquier ingreso que deviene de un proceso extractivo, es altamente vulnerable. Depende desde los procesos internacionales, de competitividad externa y de decisiones políticamente costosas sobre combustibles, como el caso de la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel", analiza.¿Superávit real o ficticio?El superávit se produce cuando los ingresos superan a los gastos en un período determinado. La contraparte del recorte del déficit, según los analistas, no es una mayor eficiencia, sino una paralización de la inversión en infraestructura."El Gobierno central está utilizando en este momento la subejecución presupuestaria como un factor de ajuste. Tienen asignados un poco más de 2.000 millones de presupuesto general, lo cual hasta la fecha y a mitad del año han ejecutado menos del 30%", expone Criollo.El experto agrega la comparación histórica de este declive: "Si tú comparas la inversión pública en el 2025, llegó al 1,3% del PIB. Para tener una referencia, en el 2013 llegaba al 6,2%. Son cinco puntos de caída en estos 12 años". Ante ello, califica el escenario actual de crítico al señalar que "a estas alturas solo existe un 0,9% del PIB comprometido para inversión pública"."El déficit fiscal es una decisión política y, en este caso, sí se llega a un superávit (...) porque la informalidad laboral ha crecido por los cielos, porque no hay obra pública, porque hay una serie de restricciones desde el nivel estatal; ese superávit es ficticio", afirma.Los informes de rendición de cuentas del Gobierno defienden que la prioridad del gasto se ha reorientado hacia el "Plan Fénix" de seguridad y al gasto social focalizado. Según datos de la ejecución presupuestaria del sector público, el rubro de transferencias monetarias para bonos de protección social incrementó en un 12% en el primer semestre, buscando mitigar los impactos en las familias vulnerables."Pateada hacia adelante"En el plano tributario, el peso recae fuertemente sobre el consumo. Desde el 1 de abril de 2024, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió del 12% al 15% tras la reforma tributaria impulsada por el presidente. Para el Gobierno, esta decisión era indispensable para "enfrentar el conflicto armado interno y garantizar los ingresos que coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas". Las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) validan que la recaudación por IVA creció en más de 400 millones de dólares en lo que va del año.Según Puma, el plan fiscal actualizado del Gobierno proyecta una mayor dependencia de ingresos tributarios: de los 26.000 millones de dólares que se prevén para el 2026, 18.000 se espera que vengan de impuestos (casi el 70% del total). No obstante, el analista matiza el costo social.El tercer factor de contención del déficit es el diferimiento de las obligaciones contractuales. Puma desvela que el equilibrio nominal se sostiene mediante deudas impagas. El experto señala que parte del problema se administra mediante diferimiento territorial, viviendo en esta constante "pateada del problema hacia adelante". Criollo y Puma coinciden en que esta estructura dibuja una clara predilección en la asignación de recursos."La política fiscal está priorizando el servicio de la deuda sobre la formación de capital público; esto va a afectar en infraestructura, en obra pública, en empleo, en construcción, contratación con proveedores, inversión territorial y capacidad de los propios Gobiernos autónomos descentralizados", concluye Puma.
Entre enero y junio de 2026, el déficit se redujo exponencialmente a 31 millones de dólares, una cifra que contrasta con los 1.757 millones registrados en 2025. El Gobierno presenta este resultado como un hito de sostenibilidad y ordenamiento financiero, pero analistas económicos debaten si responde a un cambio estructural o a causas transitorias.
El viento a favor de los factores externos
El presupuesto del Estado tuvo ingresos por 12.220 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 23%. Desde la perspectiva oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, este incremento responde al plan de eficiencia fiscal, el cual ha permitido estabilizar las cuentas de la caja central, reducir el riesgo país por debajo de los 1.000 puntos y reabrir el acceso a líneas de financiamiento multilateral.
Sin embargo, al desglosar las cifras de ingresos y gastos, la sostenibilidad de esta consolidación queda bajo la lupa de los expertos. El primer motor de la reducción del déficit radica en el mercado petrolero internacional, fuertemente presionado por tensiones geopolíticas globales.
"Los ingresos petroleros crecieron un 54% respecto al año pasado en este mismo periodo, enero a junio. Esto es por todo lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, la guerra de Estados Unidos e Irán", detalla para Sputnik el economista y analista Gonzalo Criollo Galván.
El aumento de ingresos que tiene el país hasta ahora es debido a que el barril de petróleo se ha disparado por encima de lo que las autoridades habían previsto para este año. Por su parte, Josué Daniel Puma Muñoz, experto en economía del desarrollo, explica para este medio que los ingresos petroleros pasaron de representar el 4% de los totales a capturar el 10%.
"Como cualquier ingreso que deviene de un proceso extractivo, es altamente vulnerable. Depende desde los procesos internacionales, de competitividad externa y de decisiones políticamente costosas sobre combustibles, como el caso de la eliminación del subsidio a la gasolina y el diésel", analiza.
El superávit se produce cuando los ingresos superan a los gastos en un período determinado. La contraparte del recorte del déficit, según los analistas, no es una mayor eficiencia, sino una paralización de la inversión en infraestructura.
"El Gobierno central está utilizando en este momento la subejecución presupuestaria como un factor de ajuste. Tienen asignados un poco más de 2.000 millones de presupuesto general, lo cual hasta la fecha y a mitad del año han ejecutado menos del 30%", expone Criollo.
El experto agrega la comparación histórica de este declive: "Si tú comparas la inversión pública en el 2025, llegó al 1,3% del PIB. Para tener una referencia, en el 2013 llegaba al 6,2%. Son cinco puntos de caída en estos 12 años". Ante ello, califica el escenario actual de crítico al señalar que "a estas alturas solo existe un 0,9% del PIB comprometido para inversión pública".
"El déficit fiscal es una decisión política y, en este caso, sí se llega a un superávit (...) porque la informalidad laboral ha crecido por los cielos, porque no hay obra pública, porque hay una serie de restricciones desde el nivel estatal; ese superávit es ficticio", afirma.
Los informes de rendición de cuentas del Gobierno defienden que la prioridad del gasto se ha reorientado hacia el "Plan Fénix" de seguridad y al gasto social focalizado. Según datos de la ejecución presupuestaria del sector público, el rubro de transferencias monetarias para bonos de protección social incrementó en un 12% en el primer semestre, buscando mitigar los impactos en las familias vulnerables.
En el plano tributario, el peso recae fuertemente sobre el consumo. Desde el 1 de abril de 2024, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) subió del 12% al 15% tras la reforma tributaria impulsada por el presidente.
Para el Gobierno, esta decisión era indispensable para "enfrentar el conflicto armado interno y garantizar los ingresos que coadyuven a la sostenibilidad de las finanzas públicas". Las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) validan que la recaudación por IVA creció en más de 400 millones de dólares en lo que va del año.
Según Puma, el plan fiscal actualizado del Gobierno proyecta una mayor dependencia de ingresos tributarios: de los 26.000 millones de dólares que se prevén para el 2026, 18.000 se espera que vengan de impuestos (casi el 70% del total). No obstante, el analista matiza el costo social.
"El IVA tiende a tener un efecto regresivo porque grava el consumo y puede afectar proporcionalmente más a hogares de ingresos medios e ingresos bajos. Entonces, presentarlo como un proceso de mejora de la economía, mejora de la gestión del Estado, es de por sí peligroso", advierte.
El tercer factor de contención del déficit es el diferimiento de las obligaciones contractuales. Puma desvela que el equilibrio nominal se sostiene mediante deudas impagas. El experto señala que parte del problema se administra mediante diferimiento territorial, viviendo en esta constante "pateada del problema hacia adelante". Criollo y Puma coinciden en que esta estructura dibuja una clara predilección en la asignación de recursos.
"La política fiscal está priorizando el servicio de la deuda sobre la formación de capital público; esto va a afectar en infraestructura, en obra pública, en empleo, en construcción, contratación con proveedores, inversión territorial y capacidad de los propios Gobiernos autónomos descentralizados", concluye Puma.
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