El término "territorio no incorporado" en EEUU "precedió los injerencismos" como el Plan Cóndor, dice experto
El término "territorio no incorporado" en EEUU "precedió los injerencismos" como el Plan Cóndor, dice experto
Sputnik Mundo
Tras invadir diversos enclaves de ultramar al final del siglo XIX, buena parte en América Latina, Washington ejerció un control administrativo que sería... 12.07.2026, Sputnik Mundo
La reciente conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el primero de los pasos en su largo proceso de emancipación del Imperio británico (que incluyó una guerra contra el Ejército inglés y la elaboración de una Constitución, entre otros hitos), volvió a poner en debate las numerosas contradicciones de un país que nació con la consigna casi exclusiva de la autodeterminación y que, apenas décadas después, se convertiría en la potencia con el mayor historial de injerencismo en la historia del mundo.Varios historiadores modernos pasan por alto que, incluso en aquellos años fundacionales, Washington era consciente de que esta paradoja ya existente afeaba la naciente reputación del país norteamericano, por lo que sus gobernantes buscaron implementar desde el inicio distintas estrategias para ocultar la naturaleza expansionista de EEUU (precisamente, uno de los textos clásicos que aborda este tema desde una perspectiva crítica se titula "Cómo esconder un imperio", del profesor Daniel Immerwahr).Claudia Veiroj, internacionalista egresada de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), le dijo a Sputnik que uno de los casos más notorios —y más relevantes para América Latina, incluso en la actualidad— de estos ardides es el uso deliberado del término "territorio" en lugar de "colonia" por parte de la clase política, los jueces y el cuerpo diplomático estadounidense para referirse a los enclaves internacionales que empezaban a gobernar.Eso explica, señaló Veiroj, la calculada maniobra de EEUU de utilizar una retórica altamente eufemística para ocultar en la medida de lo posible la política imperialista que comenzaba a llevar adelante, contradiciendo el posicionamiento de George Washington, cristalizado en la frase: "Nuestra causa es noble porque sienta las bases de una humanidad sobre los principios de la libertad". El colonialismo como doctrina legalEl andamiaje jurídico que codificó esta estrategia engañosa comenzó a articularse tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Vale aclarar que, si bien la transferencia de las colonias españolas a manos de Estados Unidos no fue un proceso uniforme, sino una mezcla de intervenciones militares, acuerdos a la fuerza y compensaciones económicas, la historiografía actual caracteriza este proceso como un saqueo anexionista bajo ropajes legales. Luego de vencer militarmente al Imperio español, que ya comenzaba a declinar, Washington obligó a Madrid a firmar el Tratado de París en diciembre de ese mismo año, consolidando así el traspaso forzoso de varias colonias con distinto valor estratégico. "En el Caribe y el Pacífico, los casos de Puerto Rico y Guam fueron directamente conquistas violentas, con la primera siendo España obligada a ser cedida sin resistencia y la segunda utilizada por Washington como base de reabastecimiento naval", explica Veiroj. En el caso de Filipinas, pese a que los revolucionarios locales estaban cerca de alcanzar la independencia, Washington negoció la compra con España por 20 millones de dólares de la época, haciéndose así de la más populosa de todas las colonias que obtendrían. Para muchos, esta maniobra fue vista como un intento de EEUU de hacer que Madrid hiciera el "trabajo sucio" de reprimir la resistencia filipina, para luego ellos tomar el control por la vía diplomática y presentarse ante el mundo sin haber causado derramamiento de sangre.En el caso de Hawái, archipiélago que nunca perteneció a España, fue un reino independiente. Su absorción se gestó desde 1893, cuando un grupo de empresarios azucareros estadounidenses, financiado por la Marina, dio un golpe de Estado y derrocó a la monarquía local para instaurar una república títere alineada con Washington. Inmediatamente después, y aprovechando el fervor expansionista provocado por el enfrentamiento contra Madrid, Estados Unidos anexionó ilegalmente la isla con el fin de asegurar el control absoluto de las rutas comerciales y militares en el océano Pacífico.La invención del "territorio no incorporado"La anexión de Filipinas, Guam, Samoa americana y Puerto Rico, entre otras islas, sumió al Gobierno estadounidense en un profundo dilema constitucional: cómo ejercer el control sobre millones de habitantes sin otorgarles la ciudadanía plena, y con la mayor apariencia legal posible. La solución a este desafío jurídico llegó con los denominados Casos Insulares, controversias decididas por la Corte Suprema de ese país en 1901. En un fallo histórico, el máximo tribunal judicial creó una ciudadanía de segunda clase al dictaminar que estas colonias eran en realidad "territorios no incorporados", una invención semántica que definía a las islas bajo la fórmula de lugares que "pertenecen a, pero no forman parte de" los Estados Unidos (esta sentencia perdería vigencia solo en el caso de Filipinas y recién en 1946, cuando el archipiélago finalmente obtuvo su independencia).El experto señala que este "colonialismo institucionalizado" llevado adelante por Estados Unidos ha permitido que el Pentágono mantenga puertos y bases operacionales alrededor del mundo para su despliegue militar, eludiendo los costos políticos que implicaría la representación formal de estos habitantes [Puerto Rico, Guam y Samoa Americana, junto con las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte, siguen bajo la soberanía del país norteamericano]. A la vez, también logran evitar las críticas en foros de gran visibilidad como las Naciones Unidas al, técnicamente, no mantener colonias, sino "territorios". La existencia de este sistema imperialista bien entrado el siglo XXI choca con los valores democráticos y de autodeterminación que EEUU dice sostener, señala Paullier, quien recuerda que Francia, inspirada en esta trampa de Washington, rebautizó a sus colonias —como la Guayana y Martinica— llamándolas "departamentos de ultramar" pocos años después."La vigencia de un modelo colonialista encubierto contradice la defensa que Washington dice hacer de la libertad alrededor del mundo", afirmó el experto, quien recordó que, en la actualidad, millones de estadounidenses residentes en estas jurisdicciones carecen del derecho a votar por presidente y no cuentan con representación con voto en el Congreso, aunque sí están obligados a pagar impuestos. "Es un trato similar al que recibían los ciudadanos norteamericanos cuando estaban gobernados por la Corona británica y que instigó la Revolución", apuntó el analista.
Tras invadir diversos enclaves de ultramar al final del siglo XIX, buena parte en América Latina, Washington ejerció un control administrativo que sería crucial para su posterior política injerencista. "La vigencia de este modelo colonialista encubierto contradice la defensa que Washington dice hacer de la libertad", le dijeron expertos a Sputnik.
La reciente conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el primero de los pasos en su largo proceso de emancipación del Imperio británico (que incluyó una guerra contra el Ejército inglés y la elaboración de una Constitución, entre otros hitos), volvió a poner en debate las numerosas contradicciones de un país que nació con la consigna casi exclusiva de la autodeterminación y que, apenas décadas después, se convertiría en la potencia con el mayor historial de injerencismo en la historia del mundo.
Varios historiadores modernos pasan por alto que, incluso en aquellos años fundacionales, Washington era consciente de que esta paradoja ya existente afeaba la naciente reputación del país norteamericano, por lo que sus gobernantes buscaron implementar desde el inicio distintas estrategias para ocultar la naturaleza expansionista de EEUU (precisamente, uno de los textos clásicos que aborda este tema desde una perspectiva crítica se titula "Cómo esconder un imperio", del profesor Daniel Immerwahr).
Claudia Veiroj, internacionalista egresada de la Universidad de la República Oriental de Uruguay (UDELAR), le dijo a Sputnik que uno de los casos más notorios —y más relevantes para América Latina, incluso en la actualidad— de estos ardides es el uso deliberado del término "territorio" en lugar de "colonia" por parte de la clase política, los jueces y el cuerpo diplomático estadounidense para referirse a los enclaves internacionales que empezaban a gobernar.
"Históricamente, a lo largo de su expansión global, EEUU ha buscado evitar la nomenclatura imperialista para diferenciarse de las ocupaciones europeas clásicas", dijo la especialista, quien explicó que, debido a que la identidad estadounidense —y su presunto excepcionalismo— se forjó en una guerra de independencia contra el Imperio británico, asumir abiertamente el estatus de metrópoli colonial habría quebrado el mito fundacional de Washington como faro de la independencia.
Eso explica, señaló Veiroj, la calculada maniobra de EEUU de utilizar una retórica altamente eufemística para ocultar en la medida de lo posible la política imperialista que comenzaba a llevar adelante, contradiciendo el posicionamiento de George Washington, cristalizado en la frase: "Nuestra causa es noble porque sienta las bases de una humanidad sobre los principios de la libertad".
El colonialismo como doctrina legal
El andamiaje jurídico que codificó esta estrategia engañosa comenzó a articularse tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Vale aclarar que, si bien la transferencia de las colonias españolas a manos de Estados Unidos no fue un proceso uniforme, sino una mezcla de intervenciones militares, acuerdos a la fuerza y compensaciones económicas, la historiografía actual caracteriza este proceso como un saqueo anexionista bajo ropajes legales.
Luego de vencer militarmente al Imperio español, que ya comenzaba a declinar, Washington obligó a Madrid a firmar el Tratado de París en diciembre de ese mismo año, consolidando así el traspaso forzoso de varias colonias con distinto valor estratégico. "En el Caribe y el Pacífico, los casos de Puerto Rico y Guam fueron directamente conquistas violentas, con la primera siendo España obligada a ser cedida sin resistencia y la segunda utilizada por Washington como base de reabastecimiento naval", explica Veiroj.
En el caso de Filipinas, pese a que los revolucionarios locales estaban cerca de alcanzar la independencia, Washington negoció la compra con España por 20 millones de dólares de la época, haciéndose así de la más populosa de todas las colonias que obtendrían. Para muchos, esta maniobra fue vista como un intento de EEUU de hacer que Madrid hiciera el "trabajo sucio" de reprimir la resistencia filipina, para luego ellos tomar el control por la vía diplomática y presentarse ante el mundo sin haber causado derramamiento de sangre.
En el caso de Hawái, archipiélago que nunca perteneció a España, fue un reino independiente. Su absorción se gestó desde 1893, cuando un grupo de empresarios azucareros estadounidenses, financiado por la Marina, dio un golpe de Estado y derrocó a la monarquía local para instaurar una república títere alineada con Washington. Inmediatamente después, y aprovechando el fervor expansionista provocado por el enfrentamiento contra Madrid, Estados Unidos anexionó ilegalmente la isla con el fin de asegurar el control absoluto de las rutas comerciales y militares en el océano Pacífico.
La invención del "territorio no incorporado"
La anexión de Filipinas, Guam, Samoa americana y Puerto Rico, entre otras islas, sumió al Gobierno estadounidense en un profundo dilema constitucional: cómo ejercer el control sobre millones de habitantes sin otorgarles la ciudadanía plena, y con la mayor apariencia legal posible. La solución a este desafío jurídico llegó con los denominados Casos Insulares, controversias decididas por la Corte Suprema de ese país en 1901.
En un fallo histórico, el máximo tribunal judicial creó una ciudadanía de segunda clase al dictaminar que estas colonias eran en realidad "territorios no incorporados", una invención semántica que definía a las islas bajo la fórmula de lugares que "pertenecen a, pero no forman parte de" los Estados Unidos (esta sentencia perdería vigencia solo en el caso de Filipinas y recién en 1946, cuando el archipiélago finalmente obtuvo su independencia).
"Este malabarismo verbal, producto de un fuerte lobby por parte del Departamento de Estado ante la Corte Suprema (que se supone opera independientemente), tenía como objetivo decirle al mundo que EEUU no era un imperio salvaje como el francés, español y británico, sino un administrador temporal que actuaba bajo los límites de la ley. Claramente, fue un engaño que precedió los injerencismos de la Guerra Fría, el Plan Cóndor y hasta el accionar actual en Oriente Medio", dijo a Sputnik Diego Paullier, internacionalista egresado de la ORT.
El experto señala que este "colonialismo institucionalizado" llevado adelante por Estados Unidos ha permitido que el Pentágono mantenga puertos y bases operacionales alrededor del mundo para su despliegue militar, eludiendo los costos políticos que implicaría la representación formal de estos habitantes [Puerto Rico, Guam y Samoa Americana, junto con las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte, siguen bajo la soberanía del país norteamericano].
A la vez, también logran evitar las críticas en foros de gran visibilidad como las Naciones Unidas al, técnicamente, no mantener colonias, sino "territorios". La existencia de este sistema imperialista bien entrado el siglo XXI choca con los valores democráticos y de autodeterminación que EEUU dice sostener, señala Paullier, quien recuerda que Francia, inspirada en esta trampa de Washington, rebautizó a sus colonias —como la Guayana y Martinica— llamándolas "departamentos de ultramar" pocos años después.
"La vigencia de un modelo colonialista encubierto contradice la defensa que Washington dice hacer de la libertad alrededor del mundo", afirmó el experto, quien recordó que, en la actualidad, millones de estadounidenses residentes en estas jurisdicciones carecen del derecho a votar por presidente y no cuentan con representación con voto en el Congreso, aunque sí están obligados a pagar impuestos. "Es un trato similar al que recibían los ciudadanos norteamericanos cuando estaban gobernados por la Corona británica y que instigó la Revolución", apuntó el analista.
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