"Bolivia vive una transición política de un ciclo diferente gubernamental": ¿adónde van las tensiones en el país?
"Bolivia vive una transición política de un ciclo diferente gubernamental": ¿adónde van las tensiones en el país?
Sputnik Mundo
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta conflictos y dialoga con diversos sectores sociales, que muestran las tensiones entre las reformas que quieren... 18.04.2026, Sputnik Mundo
A cinco meses del inicio de su gestión, la Administración boliviana afronta más de media docena de frentes de tormenta, con diversos sectores sociales y empresariales. Como no se veía desde hacía 20 años, el Ejecutivo está lidiando con conflictos con sindicatos de choferes, organizaciones campesinas, indígenas, la Central Obreros Boliviana (COB) y hasta los empresarios exportadores. Está en la necesidad de conciliar, al menos, con la mayoría de estos actores para garantizar su gobernabilidad.En la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde le habían comprometido su apoyo al iniciar su gestión, en noviembre de 2025, tampoco dan respaldo a las leyes que Paz requiere para realizar las transformaciones estructurales que pretende imprimirle al país sudamericano.El 19 de abril, en cuatro de los nueve departamentos, se realizará el balotaje para elegir gobernador. En las cuatro regiones, hay uno de los candidatos que es afín al oficialismo. Si lograran imponerse en las urnas, contribuirían a la acumulación del poder territorial necesario para aplicar las políticas defendidas por el mandatario de turno.El conflicto más grave a la vista reside en la ley 1.720, que modifica el régimen de posesión de tierras para familias propietarias de pocas parcelas. Esto motivó el inicio de una marcha indígena campesina en el municipio de Porvenir, Pando, con destino a la ciudad de La Paz, sede del Gobierno. Exigen la anulación de esta normativa, que consideran peligrosa para los espacios donde siempre vivieron. A su paso suman popularidad y adhesiones.En síntesis, la ley 1.720 habilita que las pequeñas propiedades (inferiores a las 500 hectáreas) soliciten convertirse en medianas propiedades, de modo que puedan acceder a créditos bancarios para promover el desarrollo local.Según la Constitución, las pequeñas propiedades familiares son inembargables, por lo cual no pueden acceder a créditos. Si lo hicieran, podrían recibir financiamiento bancario, pero también estarían sujetas a expropiaciones, en caso de no lograr pagar las cuentas. Por ello se oponen las organizaciones campesinas indígenas.También la COB dejó las mesas de negociación con el Gobierno de Paz para apoyar el reclamo contra la ley 1.720. Los obreros, además, exigen un aumento de salarios del 20%, lo cual ya fue rechazado por empresarios y funcionarios gubernamentales.En las últimas semanas, sindicatos de choferes de La Paz y Oruro paralizaron estos departamentos para reclamar por la gasolina en mal estado, que ocasionó daños a miles de motores de vehículos en todo el país. El Gobierno se comprometió a pagar las cuentas con el mecánico, pero el trámite no tiene la celeridad necesaria y, sumado a ello, persiste la venta de combustibles desestabilizados en los surtidores. Los conductores advirtieron con ampliar las medidas de presión si no hay solución a este problema.Todo este complejo panorama deja algo en claro: en Bolivia se vive un momento de tensión entre dos fuerzas. Por un lado, Paz y sus aliados quieren implementar las reformas económicas necesarias para ejecutar su idea de Estado. Por el otro, variados sectores populares que se niegan a dar marcha atrás en las conquistas sociales de las dos últimas décadas, cuando gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS). Así lo explicaron a Sputnik analistas que no pierden de vista la foto completa.Desorden bolivianoEl analista Carlos Saavedra consideró que "hoy, el factor en común de la política boliviana es el desorden. Es un fenómeno muy característico de un momento de transición política, porque se ha derrumbado una hegemonía gigantesca", la que mantuvo al MAS en el poder entre 2006 y 2025.En este sentido, evaluó que "el mismo Gobierno todavía da la impresión de que no está terminando de estructurar sus lógicas de funcionamiento político interno, su manejo de crisis. Está terminando de engranar en un escenario que ha sido altamente dinámico".Para Saavedra, "lo único claro es que ha habido un derrumbe de ciclo partidario y hoy está en disputa esa transición. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar? Este bloque popular que antes gobernaba está interpelando de manera desordenada y sectaria al Gobierno. Y hay un Gobierno que tampoco ha terminado de articular un bloque de poder, que está disperso".Regreso neoliberalEl analista describió que la propuesta de Paz "significa un cambio a un modelo totalmente abierto de la economía neoliberal, que va a conservar algo del Estado Plurinacional. Va a haber cambios en todo el modelo económico institucional, va a haber cambios en el modelo político, en el orden simbólico".Así quedó evidenciado en el decreto 5.503, de diciembre de 2025, que finalmente fue abrogado por una contundente movilización nacional, que incluyó 70 puntos de bloqueo en todas las carreteras del país. En ese momento, "la COB estaba muy debilitada, pero al final logró fortalecerse y terminó negociando puntos importantes. Sin embargo, ahora ¿cuál va a ser la estrategia? Creo que la viabilidad política del Gobierno depende de que construya un gran acuerdo multinivel. Va a necesitar mucha estrategia política", explicó Saavedra.Y detalló que ese gran entendimiento debe expresarse en cinco niveles, "en cinco elementos. Se necesita un acuerdo parlamentario, porque al final ahí es donde se viabilizan las leyes y las medidas. Esta es una primera dimensión".Como segundo punto, se requiere un diálogo social "porque en este país puedes definir algo en el Parlamento, pero si tienes la calle incendiada no puedes gobernar. Se necesita un segundo acuerdo con las fuerzas sociales".Tercero, "necesitas un acuerdo territorial con gobernadores, con alcaldes, con fuerzas territoriales que son importantes". En cuarto lugar, "es importante un acuerdo económico. Y cuando hablo de economía, hay que distinguir muy bien. No estoy hablando solo del gran empresariado formal, porque en Bolivia hay lo que yo denomino fuerzas de la economía popular, que son muy poderosas: gremiales, transportistas, que representan una fuerza económica central".Y en quinto lugar, el Gobierno debería apuntar "a un acuerdo de poderes" que permita generar las condiciones para tener gobernabilidad.Empresarios en esperaPor último, pero no menos importante, está la posición del empresariado boliviano. El economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, compartió con Sputnik sus impresiones."El nuevo ciclo político trajo cambios profundos en dicho ámbito. Hubiera sido ideal que se dieran también en el campo económico. Pero el avance es lento y las decisiones de carácter estructural se están haciendo esperar", acotó."Si bien se ha avanzado en controlar la inflación, estabilizar el dólar y avanzar en el levantamiento de la subvención a los combustibles, resta mucho por hacer para superar el modelo económico que prevaleció en el país durante 20 años", expresó.Por tanto, "la gestión económica de Paz es auspiciosa, pero pudo haberse hecho mucho más, aprovechando de la legalidad de su elección y la legitimidad de su propuesta, en la que debería haber más mercado y menos Estado, esto es, que el sector privado nacional y extranjero sean los verdaderos protagonistas del desarrollo".Para ello, Rodríguez consideró que "resta avanzar en tres seguridades, lo que implica cambio de leyes, modernización de las instituciones y plena aplicación de la autoridad, para no volver a un pasado de marchas, bloqueos y chantajes al Órgano Ejecutivo a partir de acciones de hecho".Para el IBCE se deben garantizar tres seguridades:
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta conflictos y dialoga con diversos sectores sociales, que muestran las tensiones entre las reformas que quieren aplicar su Gobierno y sus aliados, mientras las organizaciones populares rechazan retroceder en las conquistas de las dos últimas décadas.
A cinco meses del inicio de su gestión, la Administración boliviana afronta más de media docena de frentes de tormenta, con diversos sectores sociales y empresariales. Como no se veía desde hacía 20 años, el Ejecutivo está lidiando con conflictos con sindicatos de choferes, organizaciones campesinas, indígenas, la Central Obreros Boliviana (COB) y hasta los empresarios exportadores. Está en la necesidad de conciliar, al menos, con la mayoría de estos actores para garantizar su gobernabilidad.
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En la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde le habían comprometido su apoyo al iniciar su gestión, en noviembre de 2025, tampoco dan respaldo a las leyes que Paz requiere para realizar las transformaciones estructurales que pretende imprimirle al país sudamericano.
El 19 de abril, en cuatro de los nueve departamentos, se realizará el balotaje para elegir gobernador. En las cuatro regiones, hay uno de los candidatos que es afín al oficialismo. Si lograran imponerse en las urnas, contribuirían a la acumulación del poder territorial necesario para aplicar las políticas defendidas por el mandatario de turno.
El conflicto más grave a la vista reside en la ley 1.720, que modifica el régimen de posesión de tierras para familias propietarias de pocas parcelas. Esto motivó el inicio de una marcha indígena campesina en el municipio de Porvenir, Pando, con destino a la ciudad de La Paz, sede del Gobierno. Exigen la anulación de esta normativa, que consideran peligrosa para los espacios donde siempre vivieron. A su paso suman popularidad y adhesiones.
En síntesis, la ley 1.720 habilita que las pequeñas propiedades (inferiores a las 500 hectáreas) soliciten convertirse en medianas propiedades, de modo que puedan acceder a créditos bancarios para promover el desarrollolocal.
Según la Constitución, las pequeñas propiedades familiares son inembargables, por lo cual no pueden acceder a créditos. Si lo hicieran, podrían recibir financiamiento bancario, pero también estarían sujetas a expropiaciones, en caso de no lograr pagar las cuentas. Por ello se oponen las organizaciones campesinas indígenas.
También la COB dejó las mesas de negociación con el Gobierno de Paz para apoyar el reclamo contra la ley 1.720. Los obreros, además, exigen un aumento de salarios del 20%, lo cual ya fue rechazado por empresarios y funcionarios gubernamentales.
En las últimas semanas, sindicatos de choferes de La Paz y Oruro paralizaron estos departamentos para reclamar por la gasolina en mal estado, que ocasionó daños a miles de motores de vehículos en todo el país. El Gobierno se comprometió a pagar las cuentas con el mecánico, pero el trámite no tiene la celeridad necesaria y, sumado a ello, persiste la venta de combustibles desestabilizados en los surtidores. Los conductores advirtieron con ampliar las medidas de presión si no hay solución a este problema.
Todo este complejo panorama deja algo en claro: en Bolivia se vive un momento de tensión entre dos fuerzas.
Por un lado, Paz y sus aliados quieren implementar las reformas económicas necesarias para ejecutar su idea de Estado. Por el otro, variados sectores populares que se niegan a dar marcha atrás en las conquistas sociales de las dos últimas décadas, cuando gobernó el Movimiento Al Socialismo (MAS). Así lo explicaron a Sputnik analistas que no pierden de vista la foto completa.
Desorden boliviano
El analista Carlos Saavedra consideró que "hoy, el factor en común de la política boliviana es el desorden. Es un fenómeno muy característico de un momento de transición política, porque se ha derrumbado una hegemonía gigantesca", la que mantuvo al MAS en el poder entre 2006 y 2025.
"Estamos en un momento de transición política de un ciclo diferente de Gobierno. Este desorden se expresa en el bloque gobernante, pero también en el bloque opositor. Por eso digo que el desorden es el común denominador", agregó.
En este sentido, evaluó que "el mismo Gobierno todavía da la impresión de que no está terminando de estructurar sus lógicas de funcionamiento político interno, su manejo de crisis. Está terminando de engranar en un escenario que ha sido altamente dinámico".
Para Saavedra, "lo único claro es que ha habido un derrumbe de ciclo partidario y hoy está en disputa esa transición. ¿Hacia dónde va el país? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar? Este bloque popular que antes gobernaba está interpelando de manera desordenada y sectaria al Gobierno. Y hay un Gobierno que tampoco ha terminado de articular un bloque de poder, que está disperso".
El analista describió que la propuesta de Paz "significa un cambio a un modelo totalmente abierto de la economía neoliberal, que va a conservar algo del Estado Plurinacional. Va a haber cambios en todo el modelo económico institucional, va a haber cambios en el modelo político, en el orden simbólico".
Así quedó evidenciado en el decreto 5.503, de diciembre de 2025, que finalmente fue abrogado por una contundente movilización nacional, que incluyó 70 puntos de bloqueo en todas las carreteras del país.
En ese momento, "la COB estaba muy debilitada, pero al final logró fortalecerse y terminó negociando puntos importantes. Sin embargo, ahora ¿cuál va a ser la estrategia? Creo que la viabilidad política del Gobierno depende de que construya un gran acuerdo multinivel. Va a necesitar mucha estrategia política", explicó Saavedra.
Y detalló que ese gran entendimiento debe expresarse en cinco niveles, "en cinco elementos. Se necesita un acuerdo parlamentario, porque al final ahí es donde se viabilizan las leyes y las medidas. Esta es una primera dimensión".
Como segundo punto, se requiere un diálogo social "porque en este país puedes definir algo en el Parlamento, pero si tienes la calle incendiada no puedes gobernar. Se necesita un segundo acuerdo con las fuerzas sociales".
Tercero, "necesitas un acuerdo territorial con gobernadores, con alcaldes, con fuerzas territoriales que son importantes". En cuarto lugar, "es importante un acuerdo económico. Y cuando hablo de economía, hay que distinguir muy bien. No estoy hablando solo del gran empresariado formal, porque en Bolivia hay lo que yo denomino fuerzas de la economía popular, que son muy poderosas: gremiales, transportistas, que representan una fuerza económica central".
Y en quinto lugar, el Gobierno debería apuntar "a un acuerdo de poderes" que permita generar las condiciones para tener gobernabilidad.
Por último, pero no menos importante, está la posición del empresariado boliviano. El economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, compartió con Sputnik sus impresiones.
"El nuevo ciclo político trajo cambios profundos en dicho ámbito. Hubiera sido ideal que se dieran también en el campo económico. Pero el avance es lento y las decisiones de carácter estructural se están haciendo esperar", acotó.
"Si bien se ha avanzado en controlar la inflación, estabilizar el dólar y avanzar en el levantamiento de la subvención a los combustibles, resta mucho por hacer para superar el modelo económico que prevaleció en el país durante 20 años", expresó.
Por tanto, "la gestión económica de Paz es auspiciosa, pero pudo haberse hecho mucho más, aprovechando de la legalidad de su elección y la legitimidad de su propuesta, en la que debería haber más mercado y menos Estado, esto es, que el sector privado nacional y extranjero sean los verdaderos protagonistas del desarrollo".
Para ello, Rodríguez consideró que "resta avanzar en tres seguridades, lo que implica cambio de leyes, modernización de las instituciones y plena aplicación de la autoridad, para no volver a un pasado de marchas, bloqueos y chantajes al Órgano Ejecutivo a partir de acciones de hecho".
Para el IBCE se deben garantizar tres seguridades:
1.
Jurídica: implica la estricta aplicación de la ley, respeto a las instituciones, nuevas leyes en materia de inversión, hidrocarburos, minería, impositiva y laboral.
2.
Mercados: la libre exportación y el combate al contrabando.
3.
Trabajo público-privado: para mejorar la productividad y competitividad en temas como la plena aplicación de la biotecnología en el agro, la desburocratización y facilitación de trámites, así como contar con personal técnico capacitado en las entidades públicas.
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