Una nueva era en la lucha contra el narco en Bolivia: ¿cuáles son los planteamientos de Paz al respecto?
04:35 GMT 12.03.2026 (actualizado: 06:36 GMT 12.03.2026)
© AP Photo / Juan Karita
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El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, participó de la última Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, donde explicó la visión del presidente Rodrigo Paz para erradicar el flagelo de las drogas. La coordinación internacional y el ataque a redes de financiamiento de las organizaciones criminales están entre las claves.
Su propuesta, que deja atrás el accionar de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las últimas dos décadas, prevé contar con apoyo internacional, como lo demuestra el retorno al país de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA. También evidencia la necesidad de atacar al financiamiento de los cárteles y organizaciones delictivas, las cuales hoy cuentan con diversos negocios para blanquear sus capitales ilícitos en todo el mundo.
Asimismo, la nueva política antidrogas establece que los campesinos cocaleros se dediquen a otros cultivos, así como el apoyo a los consumidores y poblaciones vulnerables vinculadas a este delito transnacional.
"El problema mundial de las drogas ya no puede entenderse como un fenómeno aislado. Hoy enfrentamos una realidad compleja que conecta seguridad, salud pública, desarrollo sostenible, estabilidad financiera y gobernanza institucional", sostuvo Oviedo.
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El ministro evidenció que "las organizaciones criminales operan con lógica empresarial, diversifican mercados, tercerizan servicios ilícitos, reinvierten capital y explotan vacíos regulatorios". Por ello, resaltó que "el narcotráfico se articula con el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas, los delitos ambientales y el contrabando" Enfrentamos economías criminales convergentes que requieren respuestas igualmente integrales".
En este sentido, el ministro anunció los "cinco pilares estratégicos" a desarrollar por su ministerio.
"El primero está dirigido al fortalecimiento institucional y la cooperación internacional (...). El segundo acápite se basa en el control responsable de cultivos de hoja de coca, a través de sistemas de monitoreo permanente, mecanismos de trazabilidad y acciones dirigidas a reducir su desvío hacia economías ilícitas, complementadas con programas de desarrollo alternativo sostenible en concomitancia con la UNODC (la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito)", según un comunicado de la cartera gubernamental.
Según las Naciones Unidas, Bolivia tiene 31.000 hectáreas de coca, pero solamente 22.000 son legales, destinadas al consumo ancestral (al mascado o pijcheo) de la población boliviana, de fuerte raigambre quechua y aymara.
Ernesto Justiniano, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas (denominado popularmente "zar antidrogas"), estimó que la producción anual de cocaína en el país ronda las 300 toneladas. En este aspecto, el Gobierno boliviano manifestó que se prepara para erradicar 10.000 hectáreas de cultivos de coca.
Los pilares
El nuevo enfoque boliviano "incorpora el fortalecimiento de la planificación estratégica y la eficiencia operativa, la promoción de políticas de prevención desde una perspectiva de salud pública, además del refuerzo de la cooperación internacional y la integridad financiera para desmantelar estructuras criminales ligadas al narcotráfico", según el ministerio.
Tradicionalmente, Bolivia fue considerado un país productor —el tercero en importancia, por detrás de Perú y Colombia—, y también un territorio de tránsito, con Europa y EEUU como destino final. Pero el dinamismo de este mercado ahora es de ida y vuelta.
En diciembre de 2025 y enero de este año, en el aeropuerto internacional de Viru Viru (Santa Cruz, este) se incautaron 800 kilos de marihuana líquida, llegados desde la nación norteamericana.
El Ministerio de Gobierno alertó sobre "la expansión de las drogas sintéticas, la proliferación de precursores químicos y el uso de cadenas mundiales de suministro por parte del crimen organizado".
Según Oviedo, "la estabilidad del sistema internacional depende de su capacidad para adaptarse con inteligencia, preservar el consenso y fortalecer la cooperación entre los Estados".
La diferencia entre gobiernos
Diego Giacoman es un economista con experiencia en el diseño, administración y monitoreo de políticas públicas contra el narcotráfico. En un diálogo con Sputnik, analizó el plan de cinco pilares del Gobierno de Paz.
Comentó que, en los últimos años, los gobiernos del MAS "han presentado planes de Estado basados en los principios de control y erradicación de cultivos, de interdicción, de reducción de la demanda y de cooperación internacional".
Como novedad de lo presentado por Oviedo, el especialista observó que ahora "la parte de interdicción se ha desagregado en dos: lo que sería denominado 'planificación estratégica', por un lado; y la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, lavado de activos, en general la parte financiera, por otro lado".
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Aunque hasta ahora no evidencia un cambio sustancial con las políticas del MAS, "sí se puede ver un giro de 180 grados en términos de la geopolítica de las drogas y de la guerra contra las drogas", según el especialista, como quedó en claro con la conformación del Escudo de las Américas, creado por la Secretaría de Guerra de EEUU e integrado por 17 naciones continentales, Bolivia entre ellas.
"Nos alineamos con la política estadounidense, que es eminentemente beligerante y militarista. Ya han mostrado lo que están dispuestos a hacer (...); hay también señales de apertura o ampliación de bases militares en la región", explicó Giacoman.
En este punto, el analista detectó "un cambio sustancial que tiene eminentemente un sustento político ideológico".
En este sentido, Giacoman evaluó el rol de la DEA en los ataques a embarcaciones en el Caribe presuntamente vinculadas al "narcoterrorismo", aunque EEUU nunca presentó datos fehacientes ni pruebas.
"El operativo militar en las costas del Caribe ha sido definido desde la política institucional de la DEA. Podemos reconocer que esta intervención militar se está llevando adelante a través de la [agencia estadounidense], que es la intervención militar de carácter geopolítico, la cual tiene implicancias profundas geopolíticas de carácter ideológico".
El escándalo de las "narcomaletas"
Este caso afectó también al Gobierno de Paz, ya que la encargada de recibir el cargamento fue la exdiputada Laura Rojas, quien también se postulaba para diputada departamental en las elecciones del 22 de marzo de este año por una agrupación aliada al presidente. Por la misma querella, también fue detenido el juez Hebert Zeballos.
El hecho "parece reflejar indicios de actividades poco transparentes de funcionarios o de instituciones públicas, lo cual tampoco sería una novedad. Más aún tomando en cuenta que, a pesar del nuevo Gobierno, muchas de las instituciones del Estado no han cambiado aún sus personales técnicos operativos", evaluó Giacoman.
Durante su campaña presidencial, Paz se había mostrado abierto a legalizar e industrializar la marihuana para usos médicos y terapéuticos, sentido en el cual ya avanzaron Uruguay y decenas de estados de EEUU, donde hay una floreciente industria destinada a darle valor agregado a la planta psicoactiva.
Pero, desde su llegada al Gobierno, no volvió a mencionar el tema, posiblemente porque en varios estamentos del Estado boliviano aún campea una visión punitivista sobre el consumo de esta hierba, consideró Giacoman.
"EEUU ha cambiado, ha reclasificado el cannabis de la lista uno de sustancias peligrosas a la lista tres de sustancias no peligrosas", comentó.
No obstante, en suelo boliviano "se siguen realizando operativos de interdicción (del cannabis) que poco o ninguna mella hacen en las organizaciones criminales, aunque sí tienen un alto costo social en términos de privación de libertad de poblaciones vulnerables", opinó el analista.
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Y agregó: "Hay evidencia científica respecto del uso del cannabis que demuestra que es mucho más eficiente regular esta sustancia para evitar problemas de salud pública". No obstante, el Gobierno "a veces prefiere evitar la confrontación, que puede implicar la reacción adversa de sectores conservadores".
El cuarto pilar del plan gubernamental contempla el apoyo a las personas con problemas de consumo de sustancias ilícitas. En este sentido, Giacoman contó que integra el proyecto Ser Ajayu, dedicado "a la gestión de conocimiento para el desarrollo de políticas públicas; asimismo, se cuenta con un centro de rehabilitación para personas con trastornos adictivos".
Lo novedoso del enfoque consiste en que las personas con adicciones no son tratadas con medicamentos de farmacéuticas, sino que apela a los conocimientos en medicina tradicional de los pueblos indígenas bolivianos, a partir del tratamiento con hierbas consideradas curativas. "Existen plantas que pueden ayudar a superar este tipo de trastornos de adicción", explicó.
El proyecto, que no prescinde de la ciencia moderna, no solo apunta al tratamiento de trastornos adictivos, "sino también la depresión, la ansiedad, incluso trastornos de alimentación y del sueño, que pueden ser abordados desde el uso responsable de plantas denominadas enteógenos", afirmó.
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