Situación política del presidente de Perú compromete su Plan de Seguridad, advierten expertos
Situación política del presidente de Perú compromete su Plan de Seguridad, advierten expertos
Sputnik Mundo
El mandatario peruano, José Jerí, anunció un Plan de Seguridad Ciudadana que apunta a mejorar los resultados en el combate al crimen, una de las mayores... 14.02.2026, Sputnik Mundo
Inmerso en una crisis política que amenaza con hacer avanzar una moción de censura en su contra en el Congreso, Jerí centra sus esfuerzos en un nuevo Plan Nacional de Seguridad y Convivencia para afrontar la crisis de criminalidad que se ha consolidado como una de las preocupaciones de los peruanos."Hoy ratificamos nuestro compromiso en fortalecer la respuesta ante la criminalidad organizada y la delincuencia común", aseveró el presidente luego de presentar el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, un organismo conformado por ministerios y gobiernos regionales para abordar los problemas de seguridad del país.Si bien el Gobierno no dio mayores detalles de las acciones a desarrollar, sí adelantó que el plan se centrará en mejorar la "coordinación" entre las fuerzas del orden y las diferentes reparticiones estatales. Además, pone énfasis en la mejora de las estadísticas sobre crímenes prioritarios como la extorsión y los homicidios, además de definir "intervenciones diferenciadas por territorio y tipo de delito".En diálogo con Sputnik, el criminólogo peruano y director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos Trigoso, advirtió que el problema detrás del anuncio presidencial es que "se pone una valla muy alta para el poco tiempo disponible", recordando que Jerí gobernará apenas hasta el próximo 28 de julio.En ese sentido, consideró que el mandatario peruano debería haber apuntado a "un plan mucho más concreto y acotado", que además "tenga claro el presupuesto que se va a necesitar para cerrar las brechas que permitan ponerlo en marcha".También consultado por Sputnik, el experto peruano en seguridad y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo recordó que, además de un mandatario de transición, Jerí afronta intentos de vacancia en su contra, lo que complica aún más que cuente con las herramientas institucionales necesarias para lograr resultados concretos en el combate contra el crimen.El experto puso en duda, en ese marco, la efectividad de algunas medidas implementadas por el Gobierno actual, como los aumentos de penas a los delitos de extorsión y sicariato, el endurecimiento de las políticas migratorias del país o mayores controles dentro de las cárceles."Cualquiera de estas medidas podría tener cierto tipo de razonabilidad, pero se toman de manera aislada, no están integradas en una estrategia, no apuntan a modificar estructuras de lucha contra el crimen. Mientras se sigan presentando de manera desarticulada, no van a tener efecto y terminan fortaleciendo la presencia del crimen", aseguró Liendo.Por su parte, Zevallos Trigoso recordó que Perú viene "de años de incrementos de penas sin que hayan demostrado ser eficientes", por lo que se hace necesario que los aumentos en las condenas lleven de la mano "un aparato eficaz" y no el actual, con "demasiadas brechas y limitaciones operativas y técnicas".El criminólogo apuntó algo similar en cuanto a las medidas de mayores controles penitenciarios previstas por Jerí. Para el experto, incrementar los controles es necesario, pero "no pasa solo por hacer requisas", sino que es necesario "ampliar sus capacidades de cobertura, además de mejorar los servicios y atención".Atacar el lavado de activos y la corrupciónLiendo, especializado en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, señaló la necesidad de "reformas estructurales" que modifiquen la concepción sobre los delitos para "pasar de la seguridad ciudadana, que es una seguridad de barrio, a un concepto de seguridad nacional que ponga en una proporción realista el fenómeno que se está viviendo".En ese sentido, Liendo enfatizó que "el crimen trasnacional organizado ya está en el Perú" y que incluso "se está agravando a partir de la presencia militar de EEUU en América Central y el Caribe" y el conflicto armado y participación estadounidense en Ecuador, por ejemplo. El contexto ha llevado, de acuerdo con el experto, a que estén "cambiando las rutas de la ilegalidad económica en un escenario de competencia geopolítica global en el que tienen presencia todas las potencias hegemónicas del mundo".Así las cosas, Liendo defendió que el problema del crimen organizado tiene una "naturaleza híbrida" que debería obligar a las autoridades peruanas a, por ejemplo, actuar no solo en el territorio sino también atender "las cadenas de lavado de activos, el financiamiento de campañas políticas con dinero oscuro, la corrupción de funcionarios en los más altos niveles y hasta la infiltración en las fuerzas de seguridad".Para Liendo, la profundidad de acción que exige la crisis de seguridad peruana se choca contra la coyuntura que rodea al Gobierno de Jerí, un excongresista que llegó a la Presidencia de forma sorpresiva tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025).El experto, que aspira a alcanzar un lugar en la Cámara de Diputados por el partido Avanza País, afirmó que el próximo Gobierno peruano "va a tener que hacer cosas realmente prácticas, pero al mismo tiempo muy firmes para enfrentar este problema".
El mandatario peruano, José Jerí, anunció un Plan de Seguridad Ciudadana que apunta a mejorar los resultados en el combate al crimen, una de las mayores preocupaciones de la población. Expertos consultados por Sputnik advirtieron sobre el poco tiempo que le queda al presidente y la falta de una mirada "estructural" sobre la seguridad nacional.
Inmerso en una crisis política que amenaza con hacer avanzar una moción de censura en su contra en el Congreso, Jerí centra sus esfuerzos en un nuevo Plan Nacional de Seguridad y Convivencia para afrontar la crisis de criminalidad que se ha consolidado como una de las preocupaciones de los peruanos.
"Hoy ratificamos nuestro compromiso en fortalecer la respuesta ante la criminalidad organizada y la delincuencia común", aseveró el presidente luego de presentar el plan ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, un organismo conformado por ministerios y gobiernos regionales para abordar los problemas de seguridad del país.
Si bien el Gobierno no dio mayores detalles de las acciones a desarrollar, sí adelantó que el plan se centrará en mejorar la "coordinación" entre las fuerzas del orden y las diferentes reparticiones estatales.
Además, pone énfasis en la mejora de las estadísticas sobre crímenes prioritarios como la extorsión y los homicidios, además de definir "intervenciones diferenciadas por territorio y tipo de delito".
En diálogo con Sputnik, el criminólogo peruano y director del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos Trigoso, advirtió que el problema detrás del anuncio presidencial es que "se pone una valla muy alta para el poco tiempo disponible", recordando que Jerí gobernará apenas hasta el próximo 28 de julio.
"Como Gobierno, es totalmente legítimo que se propongan este tipo de medidas, pero otra cosa es la pertinencia y posibilidad de ponerlas en marcha. Le quedan cuatro meses, tiempo insuficiente para un plan de tan largo alcance", valoró el experto.
En ese sentido, consideró que el mandatario peruano debería haber apuntado a "un plan mucho más concreto y acotado", que además "tenga claro el presupuesto que se va a necesitar para cerrar las brechas que permitan ponerlo en marcha".
También consultado por Sputnik, el experto peruano en seguridad y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo recordó que, además de un mandatario de transición, Jerí afronta intentos de vacancia en su contra, lo que complica aún más que cuente con las herramientas institucionales necesarias para lograr resultados concretos en el combate contra el crimen.
El experto puso en duda, en ese marco, la efectividad de algunas medidas implementadas por el Gobierno actual, como los aumentos de penas a los delitos de extorsión y sicariato, el endurecimiento de las políticas migratorias del país o mayores controles dentro de las cárceles.
"Cualquiera de estas medidas podría tener cierto tipo de razonabilidad, pero se toman de manera aislada, no están integradas en una estrategia, no apuntan a modificar estructuras de lucha contra el crimen. Mientras se sigan presentando de manera desarticulada, no van a tener efecto y terminan fortaleciendo la presencia del crimen", aseguró Liendo.
Por su parte, Zevallos Trigoso recordó que Perú viene "de años de incrementos de penas sin que hayan demostrado ser eficientes", por lo que se hace necesario que los aumentos en las condenas lleven de la mano "un aparato eficaz" y no el actual, con "demasiadas brechas y limitaciones operativas y técnicas".
El criminólogo apuntó algo similar en cuanto a las medidas de mayores controles penitenciarios previstas por Jerí. Para el experto, incrementar los controles es necesario, pero "no pasa solo por hacer requisas", sino que es necesario "ampliar sus capacidades de cobertura, además de mejorar los servicios y atención".
"Mientras se piense que la cárcel es un lugar donde encerrar a los delincuentes y no se piense en el control, seguirán siendo un espacio de coordinación y formación de la delincuencia", sostuvo.
Atacar el lavado de activos y la corrupción
Liendo, especializado en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, señaló la necesidad de "reformas estructurales" que modifiquen la concepción sobre los delitos para "pasar de la seguridad ciudadana, que es una seguridad de barrio, a un concepto de seguridad nacional que ponga en una proporción realista el fenómeno que se está viviendo".
En ese sentido, Liendo enfatizó que "el crimen trasnacional organizado ya está en el Perú" y que incluso "se está agravando a partir de la presencia militar de EEUU en América Central y el Caribe" y el conflicto armado y participación estadounidense en Ecuador, por ejemplo.
El contexto ha llevado, de acuerdo con el experto, a que estén "cambiando las rutas de la ilegalidad económica en un escenario de competencia geopolítica global en el que tienen presencia todas las potencias hegemónicas del mundo".
Así las cosas, Liendo defendió que el problema del crimen organizado tiene una "naturaleza híbrida" que debería obligar a las autoridades peruanas a, por ejemplo, actuar no solo en el territorio sino también atender "las cadenas de lavado de activos, el financiamiento de campañas políticas con dinero oscuro, la corrupción de funcionarios en los más altos niveles y hasta la infiltración en las fuerzas de seguridad".
Para Liendo, la profundidad de acción que exige la crisis de seguridad peruana se choca contra la coyuntura que rodea al Gobierno de Jerí, un excongresista que llegó a la Presidencia de forma sorpresiva tras la destitución de Dina Boluarte (2022-2025).
"Todo indica que ni el presidente ni el Gobierno están en condiciones de enfrentar este problema en el corto plazo. No solo porque estamos en un período electoral a menos de 60 días de las elecciones, sino porque las personas más capaces no se van a involucrar con un gobierno que se ve débil, fragmentado, de salida y que está generando inestabilidad política", reflexionó.
El experto, que aspira a alcanzar un lugar en la Cámara de Diputados por el partido Avanza País, afirmó que el próximo Gobierno peruano "va a tener que hacer cosas realmente prácticas, pero al mismo tiempo muy firmes para enfrentar este problema".
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