Amenazas sobre las elecciones en Bolivia

Un mensaje llamó la atención a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 18 de octubre en Bolivia: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunido en Washington con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, escribió en su cuenta de Twitter su preocupación por un posible fraude en las elecciones.

​El mensaje fue publicado en el marco del viaje de Murillo a EEUU donde trascendió poco: la foto con Almagro, y una reunión con el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su visita fue "oficial", según declaró ante los cuestionamientos por su salida repentina del país.

Ambos hombres han sido claves en los acontecimientos golpistas. Almagro desempeñó un papel central desde la OEA, tanto en el punto inicial de la escalada golpista al poner en duda los resultados electorales del 20 de octubre, como en acelerar la caída de Morales el 10 de noviembre presentando el informe de la auditoría de forma adelantada.

Ese rol político de la OEA, así como la falta de veracidad de su análisis sobre el supuesto fraude, fue denunciado por varios estudios. Sin embargo, un año después, la OEA regresa a Bolivia encabezada por el mismo jefe de Misión de Observación Electoral que el año pasado: Manuel González, excanciller de Costa Rica.

En cuanto a Murillo, ha sido uno de los encargados principales de conducir la política de amenazas y persecuciones desde el Gobierno de facto. Designado desde el primer momento al frente del ministerio de Gobierno, se ha mantenido en un gabinete donde solo quedan siete de los 20 ministros del equipo original.

Su peso interno ha sido recientemente denunciado por Óscar Ortiz, ministro de Economía y Finanzas Públicas destituido el 29 de septiembre: "La presidenta Añez le ha entregado el futuro del Gobierno y del país al ministro Murillo, que es una persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde, que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes".

¿Por qué Murillo y Almagro comenzaron a hablar de fraude teniendo el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Misión de la OEA? "Ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o finalmente, como ocurrió en Honduras, hacer fraude electoral", denunció Luis Arce, candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo (MAS).

La declaración de Almagro junto a Murillo, en la recta final de las elecciones despertaron alertas acerca de la instalación y preparación de un posible escenario: la denuncia de un fraude el día de las elecciones para no reconocer una posible victoria en primera vuelta de Arce.

Amenazas

No son las únicas amenazas que pesan sobre el proceso electoral. Por un lado, aún sigue vigente la posibilidad de suspensión de la personería jurídica del MAS por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La resolución del TCP debería ser luego del 18, según afirmó Sergio Choque, diputado del MAS y presidente de la Cámara de Diputados, pero su posibilidad aún se mantiene.

Por otro lado, se han dado agresiones contra una caravana de campaña del MAS en el departamento de Santa Cruz, región donde tiene mayor fuerza Fernando Camacho, dirigente central durante la escalada del golpe de Estado, actualmente candidato a presidente.

​Tanto Camacho, como Murillo, han sido señalados por sus vínculos con organizaciones armadas, paramilitares, como la Unión Juvenil Cruceñista, y la Resistencia Cochala, que fueron desplegadas durante el golpe en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y en el mes de agosto contra las movilizaciones y bloqueos de los movimientos sociales que exigían que no fueran pospuestas las fechas electorales.

La posibilidad de un escenario de violencia ha sido anticipada en estos días por el Gobierno de facto. Añez, en CNN, afirmó que si Arce pierde las elecciones "no va a reconocer el resultado y va a querer incendiar el país". Murillo, por su parte, afirmó que el MAS tiene "armas de fuego", y que podría haber "sangre el 18 de octubre".

Murillo agregó, además, que en su viaje a EEUU abordó "temas bastante delicados que tienen que ver con la seguridad del Estado, referidas a las amenazas ante las elecciones", para lo cual "EEUU puede ayudar en varias cosas".

Acusar al MAS de violencia es una estrategia narrativa que fue utilizada desde el inicio del golpe: bajo ese argumento se dieron persecuciones, criminalización de dirigentes —como el mismo Evo Morales—, organizaciones y protestas. En este caso ocurre en un punto crítico, cuando está en juego el poder político.

"Ojalá que Murillo no esté recibiendo instrucciones de convulsionar al país", afirmó Arce. ¿Podría el Gobierno de facto desatar episodios de violencia, atribuirlos al MAS y luego utilizarlos como justificación para tomar medidas de excepcionalidad que puedan afectar la contienda electoral? Es la pregunta y amenaza que toma fuerza a medida que se acercan las elecciones.

El objetivo sería impedir un regreso del MAS al Gobierno en Bolivia, algo que está en gran parte atado a la posibilidad de que Arce gane el 18 de octubre con más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el siguiente candidato, con lo que evitaría así una segunda vuelta.

Primera y segunda vuelta

Arce encabezó todas las encuestas desde que fue presentado como candidato. Una de las razones fue la división de los actores de derecha que fueron parte, con roles diferenciados, del golpe de Estado: Fernando Camacho, Jorge Quiroga, Carlos Mesa y Jeanine Añez.

Esos actores, cohesionados en octubre y noviembre alrededor del objetivo del derrocamiento de Evo, se volvieron a dividir una vez que el gobierno de facto logró asentarse, y, sobre todo, cuando Añez decidió anunciar su candidatura presidencial, algo que no formaba parte del acuerdo interno y provocó enfrentamientos.  

El MAS, en contraste con esa fragmentación, logró articularse alrededor del binomio de Arce y David Choquehuanca, con respaldo de los movimientos sociales, indígenas, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB). 

La incapacidad de los candidatos de derecha de construir una plataforma común fue una de las razones de las postergaciones electorales del 3 de mayo al 2 de agosto, luego al 6 de septiembre y, finalmente, el 18 de octubre. Esa situación de fragmentación trajo el anuncio de Añez el 18 de septiembre de no presentarse como candidata y así evitar una mayor dispersión del voto.

Su renuncia a la candidatura sucedió dos días después de ser publicados los números de la encuestadora Ciesmori que arrojaron una victoria del MAS en primera vuelta. Su retirada trajo el resultado esperado: en la nueva encuesta de la misma empresa, revelada el 1 de octubre, Arce ya no ganaría en primera vuelta, sino que iría a segunda vuelta ante Mesa. En cuanto a Camacho quedaría tercero, y Quiroga, lejos, quinto.

Sin embargo, una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) del 2 de octubre arrojó que Arce, con una diferencia pequeña, ganaría en primera vuelta, con 44,4% de votos contra 34,0% de Mesa. En cambio, en caso de darse una segunda vuelta, la encuesta indica que el ganador sería Mesa, por un margen de dos puntos.

La apuesta para evitar el regreso del MAS a la presidencia se centra entonces en lograr llegar a la segunda vuelta, prevista para el 29 de noviembre. Esa posibilidad se jugará, según indican las encuestas, por un margen pequeño de votos. 

El poder

El Gobierno de facto enfrentó una paradoja: perdió respaldo social a medida que postergó las elecciones para impedir el regreso del MAS y avanzar en su proyecto económico. El tiempo, en lugar de favorecer a Añez, amplió su rechazo social. El MAS, en cambio, se mantuvo cohesionado, no sin tensiones, y se benefició de los malos resultados de la gestión golpista.

En el los meses de la presidencia de Añez crecieron los índices de pobreza en un contexto agravado por la pandemia, quedó expuesto el plan de privatizaciones de empresas estatales, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y escándalos de corrupción como la compra de respiradores con sobreprecio.

El despido de Ortiz evidenció parte de esa trama. La causa fue, según denunció, por no haber firmado un decreto que abría la puerta a la privatización de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba: "No estoy dispuesto a firmar ningún decreto que vaya contra el ordenamiento jurídico o no tenga el suficiente respaldo legal", declaró.

La situación económica es, de hecho, con 55,4%, el principal problema que deberá resolver el próximo gobierno, según arroja la encuesta del CELAG. Le sigue la crisis sanitaria, con 20,5%; la corrupción, con 19,8%, y el conflicto político, con 4,6%. Arce, quien fue ministro de Economía con Morales, tiene una carta importante que mostrar por sus logros en ese tiempo.

¿Está dispuesto el bloque de poder nacional e internacional que tramó y encabezó el golpe a perder el Gobierno por los votos menos de un año después de su victoria? Esa es tal vez la principal pregunta que circula desde que fue derrocado Morales. Las amenazas sobre el proceso electoral abarcan tanto los días anteriores a las elecciones, como el desarrollo mismo de la jornada, y las horas y días siguientes.

La contienda del 18 será central para el país y América Latina. El golpe de Estado en Bolivia implicó un punto de inflexión en un continente marcado por una ofensiva de las derechas articuladas con —o desde— la política exterior estadounidense. La forma en la cual transcurre la elección y el resultado será un capítulo central en este ciclo de enfrentamientos.