Era el 12 de noviembre de 2019, cuando la senadora derechista ingresó al Palacio de Gobierno como autoproclamada presidenta transitoria de una convulsionada Bolivia
Menos de un año después, la segunda gobernante mujer de la historia boliviana parece más sola que nunca cuando habla por primera vez de la "recta final" de su gestión, que debió durar solo 90 días y excedió los plazos constitucionales por una curiosa sucesión de acuerdos políticos y pandemia.
Al superar esta semana una crisis de gabinete que develó fuertes pugnas entre sus colaboradores, la presidenta transitoria inició la última etapa de su Gobierno, alejada de sus aliados políticos iniciales que parecían apostar a sus propios planes electorales.
Desmarque partidario
"La actual crisis de Gobierno (…) es un tema interno del propio Gobierno y responde exclusivamente a criterios de distribución del poder de los que nunca hemos sido parte como organización", dijo el partido de Áñez, Demócratas, desmarcándose de la gestión que había apuntalado con Oscar Ortiz, su principal figura en el parlamento y en el gabinete.
Ortiz fue destituido sorpresivamente el 28 de septiembre del cargo de ministro de Economía, en el que había estado menos de tres meses, tras una disputa con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, hombre fuerte indiscutible del Ejecutivo, también exsenador pero de otro partido aliado gubernamental, Unidad Nacional (UN).
"Todos los miembros de Demócratas han tenido la libertad de participar, a título personal, en el Gobierno Nacional; pero nunca hemos participado institucionalmente de la entrada o salida de miembros del gabinete, aun cuando alguno de ellos fuese militante de nuestra organización", añadió.
El partido UN también se lavó las manos, lamentando como extraña la disputa dentro del gabinete de Áñez provocada por la decisión presidencial, alentada por el ministro Murillo, de privatizar una empresa distribuidora de electricidad que Morales nacionalizó una década atrás.
"Nunca fuimos parte de este Gobierno, pero siempre esperamos que cumpla su deber hasta el final con responsabilidad", escribió en Twitter el jefe de UN, el empresario Samuel Dorina Medina, quien era el candidato vicepresidencial de Áñez hasta que la presidenta, siendo evidente su falta de apoyo ciudadano, se bajó de la carrera electoral a mediados de septiembre.
Con todo, Demócratas y UN dieron el apoyo político más prolongado que tuvo Áñez en su corta gestión.
El expresidente Carlos Mesa (2003-2005), principal rival electoral de Morales, apoyó también abiertamente la asunción de Áñez, aunque se negó a sumarse al Gobierno transitorio y terminó convertido, en medio de la campaña proselitista, en duro crítico de la candidatura frustrada de la Presidenta y de la corrupción que manchaba a la transición.
Candidatura costosa
"Bajarse de la carrera electoral en plena campaña, siendo la candidata oficialista, y luego actuar deslealmente con el partido propio, como hizo Áñez, no puede ser gratis, tiene al menos el costo de la orfandad política", dijo a Sputnik el analista Vicente Guardia, docente de ciencias sociales de la Universidad Pública de El Alto.
Indicó que la renuncia a las elecciones dejó "colgados" a más de un centenar de candidatos parlamentarios de Demócratas y de otros partidos menores que se habían subido al carro presidencial.
La presidenta, sin mencionar ni mucho menos agradecer a Demócratas y a UN por su apoyo en los meses pasados, dijo al completar la recomposición de su gabinete ministerial, tras la salida de Ortiz y otros dos ministros, que abría la última etapa de su gestión.
"Hemos hecho el cambio para iniciar la recta final de la gestión, una recta final que vamos a consagrar a la creación de empleo", proclamó la senadora que dirigía uno de los gobiernos más inestables de la historia boliviana, a juzgar solo por los frecuentes cambios de ministros.
Esa inestabilidad y la frustrada apuesta electoral "parecen haber desgastado muy pronto la imagen de una mujer (…) que parecía proyectar una nueva esperanza para los bolivianos", dijo en una nota editorial el diario El Deber de Santa Cruz, referente de los sectores conservadores.
Jeanine Áñez debe entregar el mando a un presidente electo antes de fin de año, según una sentencia del Tribunal Constitucional que prolongó su gestión transitoria.
