Prólogo
Bukele encabeza la nación caribeña desde hace menos de un año. Su plan de acción está encaminado a poner fin a la violencia que ahoga a El Salvador desde hace mucho tiempo.
El resultado de los comicios manifestó el hartazgo de los votantes, agotados de vivir en una nación consumida por la violencia. Hasta el día de hoy los salvadoreños están convencidos de que las cosas pueden cambiar. La mayoría no puede aguantar más la deplorable situación que atraviesa el país. Con tal de cumplir con las exigencias de la población, la Presidencia elaboró una estrategia para combatir el crimen que pasó a ser conocida como Plan Control Territorial.
El proyecto propone tomar prestados 109 millones de dólares del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE). Con el dinero se espera financiar instituciones de seguridad ciudadana como son la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de El Salvador. Las condiciones de financiación suponen un plazo de 20 años e incluyen un período de gracia de 3 años, y, además, una tasa de interés anual indicativa del 4,66%.
Está previsto que de esta manera el Gobierno ataje mejor la violencia en el país.
¿Cómo comenzó la crisis política actual?
El Legislativo aprobó un informe en el que declaró improcedente la convocatoria para tratar el crédito. La Asamblea Nacional tachó el ultimátum del presidente de violación de la separación de poderes del Estado. La respuesta de Bukele no se hizo esperar: se refirió a otro artículo de la Constitución, el 87, que supone que el pueblo tiene derecho a la insurrección para restablecer el orden constitucional.
Evidentemente, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se pusieron del lado del presidente porque se beneficiarían del plan de seguridad ofrecido por el Ejecutivo.
El ministro de Defensa salvadoreño, René Merino, quiso dejar claro el 8 de febrero que el Ejército es "apolítico", pero al mismo tiempo en una rueda de prensa llamó a los militares a "obedecer al presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada en todas las ocasiones y riesgos aun a costa de nuestras vidas".
El 9 de febrero, solo 28 de los 84 parlamentarios acudieron a la sesión extraordinaria. No alcanzaron el quorum mínimo de 43 diputados. Más tarde, Bukele ingresó en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa acompañado de los efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía. La entrada de los militares al Parlamento es un evento sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador.
Bukele advirtió que volvería a convocar a sus seguidores ante la sede del Parlamento si los diputados no aprueban en una semana el préstamo del BCIE. Las declaraciones y acciones del presidente salvadoreño causaron preocupación en algunos organismos internacionales y en una parte de la población del país centroamericano.
Entretanto, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador prohibió el 10 de febrero a Bukele convocar al Parlamento, a través del Consejo de Ministros, para aprobar la negociación del préstamo.
¿Dónde está la controversia?
"La crisis está provocada por las acciones muy poco responsables de parte del presidente de la República al querer, mediante la coacción, poder obligar a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a tomar decisiones en favor de lo que él diga", declaró a Sputnik Jorge Schafik Handal, miembro de FMLN y diputado por el departamento de Usulután para la Asamblea Legislativa.
Según el entrevistado, el presidente y el Gobierno quieren que la crisis desemboque en las condiciones idóneas para un autogolpe al estilo de lo hecho por Alberto Fujimori en 1992 en Perú. El autogolpe de aquel año acabó mal.
Además, añadió, de acuerdo con la información de la que disponen algunos miembros de la oposición, hay ciertas cosas que causan controversia. Y es que, según la oposición, la única empresa —Grupo SeguriTech Integral Security— que ha licitado para hacerse con el contrato de la instalación de 4.000 cámaras de videovigilancia —el proceso que forma parte del plan de seguridad Control Territorial— valoradas en más de 25 millones de dólares es la que pagó el viaje desde El Salvador a México a dos funcionarios gubernamentales, aseveró Schafik.
"Esa empresa ya tiene fama de que todas las licitaciones que gana las gana dando coimas para pagar favores. Otra cosa que nos levanta sospecha es que este viaje, que fue hace varios meses, a pesar de que estaba presente en la palestra pública, la pregunta es a qué fueron esos dos funcionarios a México en un 'jet' privado. El presidente nunca ha querido dar información sobre por qué fueron", explicó.
"La controversia es generada por los dos grupos parlamentarios contrarios a la línea del Gobierno de la República, que son FMLN y Arena. Básicamente este es un juego de ajedrez político en el cual la oposición, por parte de estos dos grupos, obedece más a una agenda política partidaria que a intereses de nación", pronunció.
La controversia se basa en los intereses partidistas de ambas formaciones, señala. "Quieren darle a entender al Gobierno que ellos tienen el control", añadió.
¿Es posible solucionar la crisis?
Salgado recordó que existía un acuerdo elaborado por una comisión que tenía que encargarse de emitir un dictamen para que el Plan Control Territorial llegase al pleno legislativo y se votara a favor. Allí estaban estampadas las firmas de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, "de repente" decidieron retirar dicho dictamen para que la votación no se celebrase pese a tener las firmas de todos los grupos parlamentarios, inclusive los de la oposición, puntualizó el miembro de GANA.
"Es una situación de revanchismo o de poder porque recientemente pidió el desafuero de un diputado con mucha influencia dentro del partido Arena. Esta ha sido la razón por la que tal vez han cambiado de idea. No hay una explicación lógica para decir por qué se saca de discusión y aprobación un dictamen que contaba con el apoyo de todos", destacó.
La crisis actual puede ser resuelta si FMLN y Arena acaban entendiéndose, puesto que no se están pidiendo recursos que vayan a desviarse —situaciones que se han dado en el pasado— ni recursos para terceras personas o para financiar otras situaciones que no tengan nada que ver con un tema específico como es la seguridad, señaló.
"Ante ese temor que podría verse suscitado, y que fue una realidad durante los gobiernos anteriores, está la claridad del destino de los recursos económicos que se están pidiendo. Creo que, por así decirlo, es una situación meramente política", concluyó Salgado.
Schafik, por su parte, está convencido de que la crisis actual se puede solucionar con diálogo, con información oportuna y con transparencia por parte del Gobierno a los requerimientos de la información que le está pidiendo la Asamblea, sostuvo, "y no querer venir a imponer que se legisle o que se solucione en determinada dirección, con determinado acento. Eso no es posible y eso no es correcto", añadió el diputado opositor.
La salida bien puede pasar por "la honestidad y la prontitud en dar los informes" para, así, aprobarlos en la primera fase del préstamo, que consiste en dar luz verde a las negociaciones. La segunda parte será aprobar el crédito, enfatizó el miembro del partido FMLN.
