Desde hace más de 100 años el único 'enemigo' que ha tenido que enfrentar las fuerzas armadas y de seguridad de Chile es al pueblo. Es conocido que en las pocas ocasiones en que se han visto obligados a desafiar a un contrincante armado, han hecho gala de una cobardía inaudita, generalmente rehuyendo el combate. El propio dictador cuando fue atacado el 7 de septiembre de 1986, utilizó a su pequeño nieto como escudo para protegerse de las balas a pesar de encontrarse resguardado por el blindaje de su vehículo.
Otro tanto ocurre en Bolivia y en casi toda América Latina cuando tras la Independencia, las fuerzas armadas fueron transformadas en rastrera institución al servicio de la oligarquía. Después de recibir influencia inglesa y alemana para su configuración durante el siglo XIX, las corporaciones armadas devinieron en apéndices de Estados Unidos después de la irrupción de este país como primera potencia mundial en el siglo XX.
La guerra fría culminó, el enemigo comunista 'desapareció', pero el entramado de dominio y represión se mantuvo incólume hasta hoy. Los acontecimientos en Chile y Bolivia son expresión clara de que resulta muy difícil avanzar en la senda de la independencia real y la libertad si no se resuelve el denominado 'problema militar'.
En el otro lado, los casos de Cuba primero, y de Nicaragua y Venezuela después, muestran con prístina transparencia lo que ocurre cuando se desarrollan procesos de lucha en los que las fuerzas armadas como parte del pueblo son invaluables valladares de la defensa de la soberanía nacional y la preeminencia de los intereses populares por encima de cualquier otro.
Las circunstancias actuales hacen recordar aquella máxima de Lenin de que "el problema de la revolución es el problema del poder", así mismo retumba en nuestros oídos esa otra idea que escuchábamos de los que nos antecedieron en las luchas populares: "el Estado es un órgano de dominación de clase y sus principales instrumentos son las fuerzas armadas y el poder judicial".
Los recientes acontecimientos en Venezuela, Chile y Bolivia son expresión lúcida de que tales paradigmas subsisten en la disputa que las masas oprimidas enfrentan en el camino hacia su liberación. Las fuerzas armadas, una vez más, son el elemento que define en una u otra dirección el avance o retroceso —en términos políticos— de los procesos sociales.
Si eso falla se recurre a la instancia superior creada por Estados Unidos en América Latina para organizar golpes de Estado y darles legalidad cuando la potencia del norte así lo requiere. Ese instrumento denominado Organización de Estados Americanos (OEA) es el órgano imperial de fachada para realizar tales actos delictivos, con el lamentable aval por acción u omisión de todos los países miembros que con su presencia dan legitimidad a tales desmanes.
Esto tiene una explicación. El devenir del nuevo siglo que trajo la llegada al Gobierno de presidentes progresistas, también significó en muchos casos cambios importantes en la correlación de fuerzas a favor de la izquierda en los parlamentos. De esta manera, las disposiciones atingentes a la soberanía nacional, incluyendo instalación de bases militares, formación de las fuerzas armadas e influencia de Estados Unidos en los ejércitos de América Latina y el Caribe que deben ser decididas en el parlamento, comenzaron a ser limitadas por acción de miembros de los poderes legislativos provenientes de partidos populares y progresistas.
De esta manera, se comenzó a observar en nuestra geografía, el incremento de bases militares escondidas bajo el subterfugio de centros de cooperación policial, así mismo, se inició una etapa de ejercicios conjuntos de fuerzas policiales y de seguridad con contrapartes norteamericanas, pero que en todos los casos eran organizados y ejecutados por el Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos.
Según la Embajada de Estados Unidos la misión de esta base era "ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil", En el mismo artículo, CEPRID explica que "en septiembre de 2011, el Ministerio de Defensa de Chile firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Frazer, comandante del SOUTHCOM [Comando Sur de las fuerzas armadas de Estados Unidos]". A este efecto "Frazer propuso la creación de 'protocolos' para apoyar a países afectados por desastres naturales, proporcionándoles asistencia militar, pero esa fue una tapadera del verdadero objetivo del Fuerte Aguayo: entrenamiento a las fuerzas policiales y militares para reprimir a las organizaciones populares con el uso de los métodos más sofisticados, modernos y de elevada tecnología".
De la misma manera, se debe recordar la firma en marzo de 2011 de un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Chile y la Agencia Nacional para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), por el cual se entregaría asistencia y entrenamiento para actuar en escenarios de 'emergencia nacional' que conlleven a la instauración de un estado de excepción y la suspensión de garantías constitucionales.
Y continúa señalando: "En ese Consejo Militar, el comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba señaló sin ambages la necesidad de un análisis 'relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, dados los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad, al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar'. En otras palabras, los militares chilenos están y estarán en guerra con los mismos parámetros del fascismo pinochetista".
Nadie debe extrañarse ahora de la brutalidad pinochetista de este Gobierno, propia de su ADN represivo y sanguinario, al que se han plegado vergonzosamente todos los partidos de derecha estén o no en el Gobierno.
