El máximo tribunal tiene la última palabra ante el acuerdo de un tribunal federal, que aceptó como bien fundada la "imposibilidad jurídica" de crear esa comisión, esgrimida por la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal), dijeron los abogados de las organizaciones civiles que defienden a las familias de las víctimas.
"Destacamos que la decisión del magistrado Sabino Pérez García (titular de ese tribunal) no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN pronunciarse en definitiva sobre la cuestión", dice el posicionamiento de los defensores.
Este miércoles 18 de julio, un tribunal unitario con sede en Reynosa, estado de Tamaulipas, a cargo del magistrado Pérez García, rechazó la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado del mismo circuito judicial, que ordenaba la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa.
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En un hito de la justicia mexicana, la creación de esa comisión fue dictaminada "como mecanismo extraordinario" para investigar el paradero de 43 estudiantes normalistas, desaparecidos tras los ataques a cinco autobuses repletos de alumnos, que causaron además la muerte de siete personas y más de 25 heridas distintos puntos de Iguala, 220 km al sur de la Ciudad de México.
Responsabilidad de Peña Nieto
Esta resolución contra la creación de una Comisión de la Verdad es consecuencia de una acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto al interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos presentados por la presidencia de la República", y otras oficinas del gobierno federal, denunciaron los abogados del jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el centro de análisis Fundar, el Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan, y el Servicio de Asesoría para la Paz.
"Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático", denuncian los abogados defensores.
Las organizaciones lamentan que ese tribunal "sucumbió a esta inusitada presión del Gobierno Federal y, aunque su resolución no se ha notificado a las víctimas, su acuerdo indica que estimó que el cumplimiento de la sentencia es imposible".
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La decisión judicial "lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso que había sido recuperada con la valiente sentencia", que ordenaba crear esa Comisión de la Verdad.
El acuerdo muestra que en México en el Poder Judicial "las sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder", puntualiza el posicionamiento ante el fallo.
